miércoles, 18 de diciembre de 2024

Compromís celebra que "la justicia actúe" por la gestión de la dana: "Mazón y su equipo deben pagar por su negligencia"


VALENCIA.- El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha valorado positivamente que "la justicia comience a actuar" por la gestión de la dana que, en su opinión, "solo tiene un responsable: Carlos Mazón ('president' de la Generalitat) y el gobierno del PP".

"Por la dignidad de nuestras instituciones y por la reparación a las víctimas y a sus familias, esto no puede quedar en nada. Mazón y su equipo deben pagar por todo el mal que han causado con su negligencia".

Así lo ha manifestado después de que Fiscalía haya informado a favor de que se abra una investigación sobre la gestión del Consell, dirigido por Carlos Mazón, y otros excargos en la dana del 29 de octubre que ha dejado un balance de 223 víctimas mortales, tres desaparecidos, 80 pueblos de la provincia de Valencia afectados y daños materiales millonarios.

Baldoví, en declaraciones remitidas a los medios, ha asegurado que "todos los valencianos sabemos que muchas de las muertes por la dana eran evitables si hubieran alertado a tiempo". 

"Y solo hay un responsable: Carlos Mazón y el gobierno de Partido Popular", ha recalcado.

Es por eso por lo que Compromís considera "una buena noticia que la justicia comience a actuar", con el objetivo que "tanto Mazón como su gobierno respondan ante los tribunales".

En su escrito, la fiscal entiende que la causa debe seguir en un juzgado ordinario hasta ver si hay indicios "fundados" contra el 'president', la única persona aforada, para decidir si se eleva al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).

La Sala acordó acumular en la misma causa las siete denuncias y querellas interpuestas hasta el pasado viernes 13 de diciembre contra Carlos Mazón por la gestión de la dana al considerar que tratan "sobre los mismos hechos".

La resolución judicial, contra la que cabía recurso, dispone abocar la decisión sobre la causa al pleno de la Sala de lo Civil y Penal, que está integrado por la presidenta de la propia Sala y del TSJCV, Pilar de la Oliva, y por otros cuatro magistrados, conforme a las normas de reparto.

Por su parte, fuentes de la Generalitat han recalcado este martes que la Fiscalía "ni atribuye ni señala ninguna conducta concreta" contra Mazón en la gestión de la dana y por ese motivo el Ministerio Público pide que la investigación se mantenga en un juzgado ordinario y no en el TSJCV, que es el único competente para juzgar finalmente al 'president' dada su condición de aforado", recuerdan. 

 Fiscalía ha informado a favor de que se abra una investigación sobre la gestión del Consell, dirigido por Carlos Mazón, y otros excargos en la dana del 29 de octubre que ha dejado un balance de 223 víctimas mortales, tres desaparecidos, 80 pueblos de la provincia de Valencia afectados y daños materiales millonarios. 

En su escrito, la fiscal entiende que la causa debe seguir en un juzgado ordinario hasta ver si hay indicios "fundados" contra el 'president', la única persona aforada, para decidir si se eleva al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).

La Generalitat recalca que la Fiscalía "ni atribuye ni señala ninguna conducta concreta" contra el 'president' de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, en la gestión de la dana y por ese motivo el Ministerio Público pide que la investigación se mantenga en un juzgado ordinario.

Compromís critica la "inoperancia" del Consell en presupuestos y augura que "los tienen escondidos y con más recortes"

  VALENCIA.- Compromís en Les Corts denuncia "la inoperancia y la incapacidad manifiesta del gobierno de Carlos Mazón para cumplir con una de sus principales responsabilidades: la elaboración y presentación del proyecto de presupuestos para cada ejercicio". Es más, augura que "tienen unos presupuestos escondidos" y que incluirán "más recortes".

"Esta inexistencia de un proyecto de presupuestos en tiempo y forma no solo evidencia el fracaso y la inestabilidad de un gobierno de derechas sin rumbo, sino que supone una grave irresponsabilidad en un momento crítico para el pueblo valenciano", señala el diputado Carles Esteve en alusión a la dana.

En un comunicado, el parlamentario de Compromís advierte que "apenas quedan dos semanas para que acabe el año y todavía no sabemos a día de hoy si el gobierno de Mazón será capaz de presentar una propuesta de presupuestos mínimamente viable para el año 2025".

"Esto se suma --denuncia-- a que desde antes de la dana la consellera responsable de Hacienda y de los presupuestos, Ruth Merino, no ha comparecido en Les Corts, generando toda la incertidumbre posible".

A su juicio, esta situación es "peor todavía si tenemos en cuenta que Merino, siempre que ha tenido ocasión, ha dejado clara su defensa de los recortes de los servicios públicos".

Todo ello "hace pensar", para el diputado de Compromís, que "tienen unos presupuestos escondidos y que, pese a las consecuencias de la dana, tienen previstos más recortes todavía de los que ya hemos visto".

Por contra, defiende que ante la situación de emergencia "se hace más evidente que nunca la necesidad de unos presupuestos que garanticen una respuesta eficiente y ágil por parte de la administración pública".

 "Pero en vez de trabajar por las necesidades de las personas afectadas, el Consell está paralizado y es incapaz de gestionar con un mínimo de responsabilidad y empatía", asevera.

Esteve también señala a Vox como "cómplice" de esta situación: "El PP no continuaría gobernando sin el apoyo de Vox, que es el socio necesario en esta desastrosa gestión. El pueblo valenciano merece un gobierno que trabaje para garantizar los servicios públicos, proteger a las personas más vulnerables y responder con eficacia ante las adversidades y, como está quedando más que comprobado, con PP y Vox nunca será así".

El TS confirma la clausura del tramo ferroviario Tarancón-Utiel de la línea Aranjuez-Valencia

 VALENCIA.- La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso presentado por una decena de ayuntamientos contra el acuerdo del Consejo de Ministros, de 21 de febrero de 2023, de clausurar el tramo ferroviario Tarancón-Utiel de la línea 03-310 Aranjuez-Valencia Fuente de San Luis, que se confirma por no ser disconforme a derecho.

El tribunal destaca que la parte recurrente se ha limitado a alegar la supuesta ilegalidad del acto recurrido sin aportar elementos probatorios concretos que acrediten la arbitrariedad o la vulneración de derechos, por lo que no existe fundamento legal que justifique su anulación.

En relación a la rentabilidad económica, la sentencia recoge el informe de la empresa estatal INECO que describe el estado actual de la línea evidenciando el débil tráfico que soporta la infraestructura y señala su estado de conservación deficiente, con limitaciones significativas de velocidad debido al deterioro acumulado. 

Asimismo, se analiza la disminución de población en las zonas afectadas desde 2009 y la constante caída de la demanda de usuarios.

Este documento añade, según explica el Supremo, que la línea no alcanza los umbrales mínimos establecidos en el acuerdo del Consejo de Ministros de 2017, especialmente en cuanto a la ratio de compensación por viajero y recurrencia.

Respecto a la justificación social del cierre de la línea, la sentencia explica que no deriva del informe de INECO, sino en especial del Protocolo General de Actuación para el desarrollo de un proyecto integral de movilidad, desarrollo territorial y transformación urbana en la provincia de Cuenca, asociado al cambio de uso del tramo Tarancón-Utiel de la línea entre Aranjuez y Valencia Fuente de San Luis, de fecha de 9 de marzo de 2022, suscrito por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Cuenca, el Ayuntamiento de Cuenca y ADIF, y que fue objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado el día 25 de mayo de 2022.

La Sala destaca que se trata de un acuerdo consensuado fruto de la colaboración y cooperación entre diversas Administraciones Públicas, todas ellas afectadas por la decisión final de cierre.

El tribunal concluye que del análisis de las alegaciones formuladas en el periodo de consulta por diversas corporaciones representativas de los intereses de sus respectivas poblaciones, así como del contenido del Protocolo de Actuación, se desprende que el Consejo de Ministros ha dispuesto de la información suficiente para poder adoptar la decisión de la clausura del tramo ferroviario Tarancon-Utiel desde la perspectiva de la valoración del interés social.

Así, del examen del Protocolo se infieren varios aspectos sociales positivos relacionados con las propuestas de actuación tras la clausura de la línea ferroviaria Aranjuez-Cuenca-Utiel. 

Estos incluyen mejoras en la movilidad regional incrementando los servicios ferroviarios AVANT en la línea de alta velocidad Madrid-Cuenca-Albacete, y extensión de servicios alternativos de transporte público en las localidades afectadas.

Además, el acuerdo busca adecuar, según explica la resolución, el tramo Tarancón-Utiel de la línea de ferrocarril convencional a un uso distinto que permita obtener un valor sostenible, tanto de su configuración como de su ubicación territorial y de sus valores ambientales, sociales y culturales realizando diversas actuaciones.

Entre los actos previstos incluyen la conversión en una 'vía verde' destinada a peatones y ciclistas, o cualquier otro uso alternativo que pueda determinarse a nivel local, y se prevé promover la generación de riqueza y la creación de nuevas actividades económicas en torno a esta infraestructura, la puesta en valor de los apeaderos históricos, la integración urbana de suelos ferroviarios desafectados en varios municipios y la creación de una vía de comunicación urbana en una parte del tramo afectado.

A juicio de esta Sala, estas medidas buscan transformar el impacto de la clausura en oportunidades para el desarrollo social y económico de la región, lo que justifica el cierre de la vía de ferrocarril desde la perspectiva de la rentabilidad no solo económica, sino también, y en especial, social.

El Consell percibe una "guerra" entre Morant y Bernabé por ver "quién es la próxima candidata" del PSPV a la Generalitat

 VALENCIA.- El Consell ha asegurado que existe una «guerra» entre la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, por ver «quién es la próxima candidata» del PSPV-PSOE a la Presidencia de la Generalitat y ha lamentado que fruto de esa situación se produzca un «cruce de cifras» y una «contradicción» entre «los propios representantes del Gobierno» en cuanto a las ayudas por la dana.

De este modo lo ha manifestado la vicepresidenta primera, portavoz y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, en la rueda de prensa tras el pleno del Consell de este martes, en la que ha lamentado que Bernabé «en las últimas semanas vaya elevando el tono de sus declaraciones» y ha considerado que, con ello, la delegada del Gobierno lo que pretende es «buscar su espacio en las próximas elecciones».

Así, ha sostenido que Bernabé y Morant están «en la carrera para ver quién va a liderar o quién va a ser la próxima candidata» del PSPV a la Presidencia de la Generalitat. «En ese juego, la delegada del Gobierno ejerce más de candidata o de posible candidata del Partido Socialista que de delegada, elevando el tono en declaraciones que están absolutamente fuera de lugar», ha señalado.

En este punto, ha advertido a Bernabé de que es «la codirectora de un Cecopi que está en marcha, dada la situación de emergencia que todavía tenemos» por la dana. «Lo era el día 29 --de octubre-- y sigue siéndolo en el día de hoy», ha remarcado Camarero, que ha considerado «un poco incomprensible algunas de las declaraciones que hace» la delegada del Gobierno, dado que conoce «en primera persona todo lo que se produce ahí».

Por ello, ha reclamado al Gobierno de España «transparencia y rigor» con las ayudas a los afectados por la dana. «Lejos de que estemos trasladando bulos para que no se presenten, lo que queremos --desde la Generalitat-- es que cuantas más personas afectadas y empresas pidan esas ayudas, mejor», ha asegurado.

La vicepresidenta del Consell ha defendido que el Gobierno valenciano, a diferencia del Ejecutivo central, es «transparente» y dice «cuántas ayudas hemos ido aprobando».

Susana Camarero ha hecho hincapié en que fruto de la «guerra que se trae Diana Morant cuando se pasea por Valencia los fines de semana» y Pilar Bernabé existe un «cruce de cifras» y ha lamentado esa «contradicción entre los propios representantes del Gobierno»: «Morant dice que el Gobierno de España ha activado 16.000 millones y Bernabé que son 1.800».

Frente a ello, ha argumentado que la Generalitat «quiere saber cuál es la realidad, cómo son esas ayudas, cuáles son las ayudas directas que se ha dado y que aclaren si es verdad o mentira que el ICO plantea intereses, que deja tres meses sin intereses y que, a partir de los tres meses, las personas que vayan al ICO tienen que pagar». 

«¿Es verdad o mentira? Esa es la pregunta directa que le hacemos», ha afirmado.

«¿Es verdad o mentira que personas que han perdido sus vehículos tienen que pagar el IVA? 

¿Es verdad o mentira que todas las personas que reciban ayudas de sus empresas van a tener que pagar ese IRPF?», ha preguntado Camarero, que ha emplazado al Gobierno a «aclarar» todas estas cuestiones y ha exigido «transparencia en las medidas y rigor».

En este punto, y «dentro de este rigor», ha instado al Ejecutivo central a que «no hable» del Consorcio de Compensación de Seguros «en primera persona como si fuese una ayuda del Gobierno de España», dado que esta entidad «se compone de las primas del dinero de cada uno pagamos nuestros seguros y también de lo que han pagado los asegurados».

Además, ha reclamado que se abonen esos seguros con «la mayor agilidad posible» porque ese dinero es «imprescindible para que 120.000 personas que han perdido sus vehículos puedan comprarse unos nuevos».

 «Lo que tendrían que hacer es instar, como hacemos nosotros, a que agilicen las ayudas y que vengan lo antes posible», ha señalado.

En cuanto a las ayudas, ha cargado contra la ayuda aprobada por el Consejo de Ministros de 283 millones de euros para las Rodalies de Cataluña, ha asegurado que le gustaría que el Gobierno tuviese «la misma agilidad» en las destinadas a una «catástrofe natural» como la dana de Valencia, por lo que ha exigido «menos ayudas a otras comunidades que no tienen esta emergencia y más a la auténtica emergencia que es la que tenemos» en la Comunitat Valenciana.

«Supongo que las Rodalies de Cataluña son muy importantes, pero más lo son las vías de comunicación, las ayudas directas a las personas, a las infraestructuras de tantos y tantos municipios afectados por la dana. Porque si hay una emergencia en este país en este momento es la que sufren las familias, los comercios, las industrias y las zonas afectadas por la dana», ha recalcado.

El Banco de España eleva al 3,1% su previsión de crecimiento del PIB en 2024

 MADRID.- El Banco de España ha revisado en tres décimas al alza su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español tanto en 2024 como en 2025, hasta el 3,1% y el 2,5%, respectivamente, mientras que ha mantenido sin cambios su perspectiva para 2026, en el 1,9%, y ha advertido sobre una ligera desaceleración en 2027, con un avance del 1,7%.

En su último informe trimestral de la economía española, el organismo ha destacado que, tras el elevado dinamismo de la actividad registrado en el tercer trimestre, los indicadores disponibles apuntan a que el ritmo de expansión del PIB se mantendría "robusto" en el último trimestre del año, pese al impacto negativo --previsiblemente transitorio-- que la DANA, que afectó a varias provincias españolas a finales de octubre, habría tenido sobre la actividad económica en las últimas semanas.

Por ello, el Banco de España ha elevado en tres décimas sus estimaciones para la tasa de crecimiento del producto en 2024, hasta el 3,1%, debido al efecto "arrastre positivo" que resulta de los nuevos datos de la Contabilidad Nacional Trimestral publicados por el Instituto Nacional de Estadística a finales de septiembre y a un dinamismo de la actividad en el segundo semestre del año "más intenso de lo esperado".

En concreto, el crecimiento del PIB en el cuarto trimestre podría situarse entre el 0,6% y el 0,7% en términos intertrimestrales. Estas tasas, cuya estimación está rodeada de una "elevada incertidumbre", ya incorporan el posible impacto negativo de la DANA sobre la actividad económica, que restaría entre una y dos décimas al crecimiento del PIB en el trimestre en curso.

En todo caso, el Banco de España prevé que este impacto negativo sea "eminentemente transitorio" y se verá compensado, además, en los primeros meses de 2025 por el impulso fiscal procedente de las diversas medidas de apoyo, "en tanto en cuanto se lleve a cabo un despliegue ágil y efectivo de dicho apoyo".

Por su parte, la tasa de avance del PIB prevista para 2025 también se revisa al alza en tres décimas, hasta el 2,5%, como resultado del efecto arrastre positivo asociado a un vigor de la actividad en los últimos trimestres de 2024 mayor que el anticipado, y al mayor crecimiento previsto ahora para el PIB durante el primer semestre de 2025.

De acuerdo con las proyecciones, el crecimiento del PIB en el período 2024-2027 se sustentará en el dinamismo de la demanda interna. En particular, el consumo privado será la rúbrica con una mayor aportación al avance de la actividad en este período, fruto de la evolución favorable que se proyecta para la renta disponible, el empleo y la confianza de los hogares, así como del incremento poblacional previsto.

Por su parte, la formación bruta de capital --inversión--, que es el componente de la demanda cuya recuperación con respecto a los niveles previos a la pandemia exhibe un mayor retraso -en particular, en su vertiente privada-, aumentaría su aportación al crecimiento del PIB en los próximos trimestres, resultado de un mayor despliegue de los fondos NGEU y de unas mejores condiciones de financiación.

En cuanto a la inflación, el Banco de España prevé que disminuirá desde una tasa promedio del 3,4% en 2023 hasta el 2,9% en 2024, el 2,1% en 2025 y el 1,7% en 2026. Esta desaceleración reflejaría una moderación gradual de la inflación subyacente --que pasaría de una tasa promedio del 4,1% en 2023 al 2,9% en 2024, el 2,3% en 2025 y el 1,9% en 2026--.

En 2027, la tasa de inflación general volvería a repuntar, hasta el 2,4%, como consecuencia de la introducción prevista de un nuevo régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, que afectará al transporte por carretera, a la calefacción de los hogares y a algunas industrias no cubiertas por el sistema en vigor y generará, previsiblemente, "un notable incremento de los precios energéticos y de la inflación general".

Respecto al mercado laboral, el Banco de España prevé que, frente al incremento del 3% registrado en 2023, el empleo aumente un 2,1% en 2024 y se ralentice al 1,6% en 2025, al 1,1% en 2026 y alcance una tasa cercana al 1% en 2027.

Estos avances, menores que los proyectados para el PIB, serían compatibles con un relativo dinamismo de la productividad en los próximos años, que permitiría reducir, en parte, la brecha que se ha abierto desde el estallido de la pandemia de COVID-19.

La tasa de paro, por su parte, continuará reduciéndose gradualmente durante los próximos años. Tras bajar del 11,5% en 2024, al 10,8% en 2025 y al 10,4% en 2026, la tasa conseguirá situarse por debajo del 10% en 2027 (9,9%).

En sus nuevas proyecciones, el Banco de España ha elevado en una décima sus estimaciones sobre el déficit para 2024, hasta el 3,4% del PIB, lo que suponen cuatro décimas por encima respecto a las proyecciones del Gobierno (3%), por los mayores gastos por las medidas de la DANA, si bien el director general de Economía del Banco de España, Ángel Gavilán, ha indicado que esto no debería propiciar la apertura del protocolo de déficit excesivo por parte de Bruselas.

En concreto, el organismo estima que estas medidas implicarían un incremento del gasto de en torno al 0,5% del PIB, que se repartiría entre 2024 y 2025.

No obstante, se mejoran las perspectivas de déficit para 2025 desde el 3,1% hasta el 2,9% y para 2026, desde el 3,2%, hasta el 2,7%, porcentaje que se mantendría en 2027, por lo que España conseguiría bajar del 3% exigido por las reglas fiscales europeas en el horizonte de proyección.

La reforma fiscal actualmente en tramitación parlamentaria implicaría un aumento de los recursos públicos del 0,3% del PIB en 2025, magnitud que se iría reduciendo en años posteriores como consecuencia del carácter temporal de algunas de dichas iniciativas y por el efecto contrapuesto sobre los ingresos públicos que tendría la propuesta de rebaja progresiva del tipo impositivo para las pequeñas empresas.

En cuanto a las previsiones de deuda sobre el PIB, para 2024 las proyecciones son del 103,1%, mejores respecto al 105,4% anterior; del 102,6% en 2025 (inferior al 105,4% de la anterior previsión), del 102,5% en 2026 (por debajo al 106,3% a la pasada estimación) y del 101,8% en 2027.

En el ámbito internacional, la principal fuente de riesgo emana de un posible giro en las políticas económicas por parte de la nueva Administración estadounidense en los próximos meses, tras la llegada de Donald Trump.

En todo caso, el Banco de España explica que un hipotético aumento generalizado de los aranceles, la exposición comercial directa de España a Estados Unidos es menor que la que se observa en el promedio del área del euro y, por ejemplo, en Alemania y en Italia.

También continúa siendo relevante la incertidumbre procedente de los conflictos bélicos en Ucrania y Oriente Medio y, además, estarían ganando relevancia los riesgos asociados con la inestabilidad política y la debilidad económica en algunos países europeos, como Francia y Alemania.

En el ámbito nacional, cabe destacar la incertidumbre sobre la velocidad con la que el proceso desinflacionario discurrirá a lo largo de estos años y sobre la senda de recuperación de la inversión empresarial.

Asimismo, existe también incertidumbre en relación con el curso futuro de la política fiscal, dado que el cumplimiento estricto del plan fiscal implicaría un riesgo a la baja para la actividad.