España recaudaría 3.000 millones al año con un peaje para camiones

MADRID.- El Estado recaudaría unos 3.000 millones de euros anuales mediante el cobro de un peaje al transporte de mercancías por circular por las carreteras españolas de gran capacidad, la denominada 'Euroviñeta', según un estudio del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

El informe señala además que este gravamen permitiría mejorar la eficiencia del transporte por carretera y reducir el impacto medioambiental que genera esta actividad.

Para ello, los ingenieros consideran que los recursos de la 'Euroviñeta' podrían destinarse a mantener la red viaria, a apoyar la reestructuración del sector de transporte por carretera e incluso a incentivar la compra de vehículos nuevos, menos contaminantes, con la consiguiente mejora medioambiental.

En su estudio 'Una política de inversión en infraestructuras en tiempos de escasez', el Colegio de Ingenieros reconoce que la imposición de esta tasa elevaría los precios de los productos, pero garantiza que el impacto de este incremento en la economía sería "insignificante".

"En resumen, la 'Euroviñeta' constituye un instrumento de gran utilidad para la obtención de recursos para mantener la red viaria en condiciones óptimas de utilización y eficiencia, gestionar el tráfico y reducir la congestión, el consumo energético y la siniestralidad", concluye el informe. "Y todo ello con un mínimo impacto en la economía del país", añade.

Los ingenieros subrayan además que en la actual coyuntura de crisis y recorte de inversión en obra pública, los ingresos que se obtendrían con este peaje son "imprescindibles" para financiar todas las obras de la red viaria que las Administraciones no pueden acometer, pese a ser rentables socioeconómicamente, por no disponer de suficientes recursos.

El Colegio de Ingenieros calcula el importe anual de recaudación a partir de la imposición de una tasa media de 10 céntimos de euro por kilómetro de más de 3,5 toneladas de peso en carga máxima en las autopistas, las autovías libres, las carreteras desdobladas y carreteras paralelas a las vías tarificadas.

La 'Euroviñeta', que el próximo mes de octubre comienza a aplicar Portugal, ya se cobra en Alemania, Suiza y Austria "con resultados altamente satisfactorios y efectos económicos muy positivos", según el estudio.

Por contra, el Ministerio de Fomento ya ha asegurado que no contempla "en esta Legislatura" imponer en España ningún peaje por el uso de autovías y autopistas en servicio y actualmente gratuitas para los ciudadanos.

En este sentido, los ingenieros destacan que "los vehículos españoles que circulan por estos países están siendo gravados, pero no así los vehículos extranjeros que transitan por España".

Por todo ello, el Colegio de Ingenieros considera "insoslayable" la implantación de la Euroviñeta en España. "El retraso en su aplicación perjudica a nuestro país y evita la obtención de unos ingresos sostenidos y previsiblemente estables para las Administraciones Públicas", advierte esta institución.

Peralta firma el aval que respalda la candidatura de Alarte en las primarias del PSPV

VALENCIA.- El delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, ha firmado este viernes el modelo oficial de aval con el que apoya la candidatura del secretario general del PSPV, Jorge Alarte, en el proceso de primarias para designar al candidato de la formación a la Presidencia de la Generalitat.

Peralta, militante de la agrupación socialista de Ciutat Vella, en la ciudad de Valencia, ha mostrado de esta forma, con su rúbrica, el apoyo formal a Jorge Alarte, según ha informado en un comunicado el grupo de apoyo al secretario general del PSPV.

Alborch pide a Barberá que "deje de entorpecer" la revitalización del barrio y dé licencias de rehabilitació

VALENCIA.- La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, ha exigido este viernes a la alcaldesa Rita Barberá que dé "marcha atrás en su empecinamiento destructor, que deje de entorpecer la voluntad de revitalización del Gobierno de España y que conceda licencias de rehabilitación" en el barrio de El Cabanyal.

"Estoy convencida, y lo estábamos antes, de que no hay ningún tipo de decisión del Ministerio de Cultura que impida que se concedan y se tramiten las licencias. Está claro que la declaración de expolio no puede suponer la paralización de lo que supone recuperación y rehabilitación del barrio", ha destacado la dirigente socialista tras conocer el informe elaborado por la Abogacía del Estado sobre la decisión del equipo de gobierno de suspender licencias en el ámbito afectado por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar a raíz de la orden del Ministerio de Cultura que obliga a la suspensión de la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez al considerar que supondría un expolio del patrimonio.

Alborch ha señalado que este informe es una "nueva esperanza para los vecinos del barrio, da la razón a sus legítimas demandas y avala la tesis de los socialistas valencianos y del Ministerio de Cultura, pues la orden ministerial que paraliza la prolongación de Blasco Ibáñez al considerar que constituiría un expolio al patrimonio sólo implica la suspensión de las licencias de obra que destruyan el patrimonio existente".

"El espíritu de la ley y de la declaración de expolio está clarísimo: se tiene que mantener el barrio en condiciones. Lo único que ha impedido la declaración de expolio ha sido la destrucción del barrio. Todo lo demás son maniobras dilatorias. Parece que a la alcaldesa le guste el conflicto en lugar de resolver los problemas", ha lamentado la representante socialista, para quien el Ayuntamiento "no se puede amparar en la orden ministerial para denegar licencias de rehabilitación e impedir obras que están dentro del espíritu de defensa del patrimonio que inspira la propia orden".

"Como los socialistas valencianos demostramos ayer con la presentación de La Pepri, otro Cabanyal es posible", ha apuntado Alborch, para quien Barberá es "la principal responsable de la situación que registra el barrio en la actualidad".

"Si Barberá persiste en denegar licencias de rehabilitación quedará claro que su único interés es castigar a los vecinos y prolongar su sufrimiento", ha asegurado.

El juez ordena a Mediapro que reanude el acceso de Canal 9 a la señal de los partidos de Liga

BARCELONA.- El juzgado de lo mercantil nº 7 de Barcelona ha resuelto ordenar a Mediapro que reanude el acceso por parte de Televisión Valenciana (TVV) a la señal correspondiente a la retransmisión en abierto de los partidos del Campeonato Nacional de Liga de Primera División que se emitan en La Sexta, así como de dos partidos del Campeonato de Copa de Su Majestad el Rey, "en los términos acordados en el contrato suscrito por las partes el 25 de agosto de 2006", según ha informado este viernes en un comunicado Radiotelevisión Valenciana (RTVV).

El juez también acuerda en resolución, de ayer mismo, ordenar a Mediapro que facilite a TVV los resúmenes informativos correspondientes a las jornadas del Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda División y del Campeonato Copa de S.M. El Rey, así como la señal correspondiente de la retransmisión en abierto de los partidos del Campeonato Nacional de Liga de Segunda División A.

El auto, contra el que no cabe recurso, también especifica que el acceso de los medios técnicos y humanos de TVV a los estadios de fútbol "no puede ser cumplimentada por Mediapro, sino por los titulares de tales estadios".

La resolución responde a la demanda de medidas cautelares previas planteadas por TVV, a través del despacho de abogados Cuatrecasas, esta misma mañana en el juzgado mercantil número 7 de Barcelona.

Televisión Valenciana (TTV) denunció públicamente a finales del pasado agosto que Mediapro estaba impidiendo "sin previo aviso directo" el acceso de los equipos de TVV a los estadios de fútbol de Primera y Segunda División A, desde el inicio de la Liga 2010/201, y señalaba que, según el contrato firmado por ambas partes el 25 de agosto de 2006, la cadena ostenta los derechos de transmisión en abierto hasta el final de esta temporada de un partido de fútbol por jornada de Primera División, así como los derechos de emisión de los resúmenes de los partidos de Primera y Segunda de cada jornada y el derecho de transmisión de un partido de fútbol por jornada de Segunda División.

Asimismo, TVV recalcaba que Mediapro se encuentra en una situación de concurso de acreedores y que, según el estado de cuentas que ellos mismos presentaron ante el juzgado, la cadena pública valenciana figuraba como el segundo principal acreedor con la cantidad reconocida de 25 millones de euros, mientras que consta como deudor con la cantidad de 10 millones de euros.

TVV atribuía la situación a los "diversos intentos" por parte de Mediapro para que la cadena autonómica valenciana renovara el contrato, a lo que se había negado a realizar "en los términos en los que se le ha planteado".

En su última comparecencia pública, el director general de RTVV, José López Jaraba, señalaba el 10 de septiembre que habría fútbol en Canal 9 y avanzaba que no se produciría "ningún problema porque la situación se va a reconducir ya que hay un contrato vigente reconocido por ambas partes".

Dirigentes socialistas exigen a Camps que suspenda de militancia a alcaldes del PP beneficiados de mociones de censura

VALENCIA.- Portavoces y secretarios generales del PSPV de municipios de la Comunitat en los que el PPCV "ha realizado operaciones de transfuguismo violando así el acuerdo firmado en 2006" han exigido este viernes al presidente de la Generalitat y de los 'populares' valencianos, Francisco Camps, que expulse y suspenda de militancia a los concejales o alcaldes 'populares' que se han beneficiado de mociones de censura que "atentan contra la democracia".

Asimismo, los secretarios generales de Mislata, Carlos Fernández; El Puig, Eugeni Ruiz; Dénia, Paqui Viciano; Calpe, Lluis Serna; y la Vila-Joiosa, Gaspar Lloret, así como el concejal socialista en La Vall de Laguar, Juan José Puchol, en un comunicado conjunto, han pedido a Camps la adopción de medidas disciplinarias y la apertura de expediente, así como la retirada de los cargos con los que el jefe del Consell "ha premiado a los tránsfugas".

Los dirigentes socialistas han exigido a Camps que "acabe con su cinismo vergonzante" y que "exija el cumplimiento estricto del Pacto Antitransfuguismo en aquellos municipios en los que el PPCV ha avalado mociones de censura para arrebatar alcaldías, violando así el acuerdo firmado en 2006" y han precisado que es el caso de El Puig (Valencia), Dénia (Alicante), La Vila Joiosa (Alicante), Calp (Alicante), La Vall de Laguar (Alicante) y Mislata (Valencia).

Del mismo modo, han condenado que el presidente de la Generalitat "no sólo ha avalado estas mociones de censura, sino que ha premiado, condecorado y recompensado a quienes las han protagonizado". En este sentido, han asegurado que la alcaldesa "tránsfuga" de Dénia, Ana Kringe, "sólo cuatro meses después de arrebatar la Alcaldía al PSOE, fue premiada con un cargo en la Ejecutiva Regional del PPCV, al situarla Camps al frente de la secretaría de Cooperación de su partido".

También el actual alcalde de La Vila Joiosa, Jaime Lloret, "ha sido nombrado recientemente presidente local del PP en este municipio", han manifestado, y han añadido que, de igual manera, el actual primer edil "tránsfuga" de Mislata, Manuel Corredera, "quien no fue expedientado tras la moción de censura, actualmente ocupa un puesto de vocal en el Comité Ejecutivo Provincial del PPCV, además de ser diputado provincial y responsable del área de Educación".

"No toleramos que Camps, el presidente de un partido que jamás ha denunciado ante la Comisión Antitransfuguismo las mociones de censura de las que se ha beneficiado, que nunca ha adoptado ningún tipo de medida disciplinaria contra los concejales o alcaldes 'populares' tránsfugas y que autoriza y jalea las mociones de censura, permitiendo que se aplauda en los plenos municipales en los que se pisotean las bases de la democracia, se atreva a dar lecciones de ningún tipo", han subrayado los secretarios generales y concejales del PSPV.

Greenpeace seguirá denunciando la "ilegalidad" de la posible ubicación en Zarra

VALENCIA.- Greenpeace ha manifestado este viernes su rechazo a la posible ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Zarra y ha anunciado que seguirá denunciando la "ilegalidad" de este proyecto en los Tribunales y el "carácter antidemocrático" del proceso emprendido por el Ministerio de Industria, al mismo tiempo que animará a la ciudadanía a continuar con la movilización ciudadana.

La organización ecologista, en un comunicado, ha comentado que el proceso desarrollado por el Ministerio de Industria "ha vulnerado la legislación vigente sobre participación del público en materias ambientales", motivo por el que la entidad inició un contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional.

Asimismo, la organización ecologista ha hecho hincapié en la "peligrosidad" de esta instalación y en la "necesidad" de poner en marcha "un plan urgente de cierre progresivo de las nucleares con el fin de reducir la producción de los residuos radiactivos y generar un amplio consenso social territorial y político".

"Además de ignorar el rotundo rechazo social, territorial, institucional y político al cementerio nuclear en esas comunidades autónomas, el Gobierno parece empecinado en seguir adelante con un proceso que vulnera la legislación vigente en materia de participación pública", ha declarado el responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo.

Asimismo, la entidad ecologista ha destacado que "a la vista de las decenas de manifestaciones y concentraciones celebradas contra el cementerio nuclear y tras la aprobación en ese mismo sentido de multitud de declaraciones institucionales de todos los Gobiernos autonómicos con municipios candidatos y sus respectivos Parlamentos, así como de Diputaciones provinciales, Consejos Comarcales y Ayuntamientos, es obvio que no existe consenso alguno a favor del ATC". Según Greenpeace, "lo que resulta evidente es que este proyecto ha generado ya un amplio rechazo social, territorial y político".

Greenpeace considera que el ATC es una instalación "muy peligrosa" y ha añadido que los procesos de manipulación y almacenaje de los elementos de combustible nuclear que se ubicarían en el interior del cementerio "implican riesgos de accidente, además de la contaminación radiactiva rutinaria que se produciría, incluida la emisión de gases radiactivos al exterior".

Además, ha explicado que los residuos radiactivos se tendrían que transportar desde cada central hasta el cementerio en tren o por carretera, "lo que expondría a la ciudadanía al riesgo de escape radiactivo en caso de accidente o sabotaje".

Por otra parte, el 'Centro Tecnológico Asociado' "sería en realidad una instalación experimental nuclear para investigar con técnicas de transmutación, lo que provocaría riesgos adicionales de accidentes y la generación de nuevos residuos radiactivos", ha asegurado la formación.

Del mismo modo, el colectivo ha asegurado que "los residuos radiactivos de alta actividad son un producto inevitable de las centrales nucleares". Además, ha indicado que la industria nuclear "los ha producido irresponsablemente sin saber qué hacer con ellos durante sus más de 50 años de existencia".

"Son un producto muy peligroso, debido a su elevado potencial radiotóxico y a su alto nivel de radiactividad, que persiste durante cientos de miles de años", ha manifestado Greenpeace, quien ha añadido que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha calculado el coste de su gestión en España, solo hasta 2070, en más de 13.000 millones de euros "de dinero público".

El Gobierno puntúa Zarra como mejor emplazamiento para el ATC, pero no la da aún por ganadora

MADRID.- La Comisión Interministerial encargada de elegir el emplazamiento más adecuado para el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares ha presentado un informe ante el Consejo de Ministros en el que la candidatura de Zarra (Valencia) obtiene la mejor puntuación.

En todo caso, el informe no prejuzga como ganadora a ninguna candidatura, sino que expone una valoración conforme a varios criterios, con el objetivo de que sea el Consejo de Ministros el que adopte la decisión final, explicaron en fuentes gubernamentales.

En el informe aparece una clasificación de los ocho emplazamientos más adecuados, que son, por orden descendente, Zarra (374 puntos, conforme a los criterios de puntuación asignados), Ascó (Tarragona, 370 puntos), Yebra (Guadalajara, 357 puntos) y Villar de Cañas (Cuenca, 350 puntos).

Estos cuatro emplazamientos disponen de las ofertas de terreno más "idóneas", y la puntuación técnica asignada muestra "escasa diferencia entre ellos", advierten las fuentes. Los otros cuatro emplazamientos son "válidos", aunque no tan "idóneos", según la terminología empleada.

Estos cuatro emplazamientos con puntuaciones más bajas son Congosto de Valdavia (Palencia, 324 puntos), Melgar de Arriba (Valladolid, 320 puntos), Santervás de Campos (Valladolid, 319 puntos) y Albalá (Cáceres, 300 puntos).

Zarra obtiene una calificación de "muy bueno" en once de las veinte categorías evaluadas, incluidas las de calificación urbanística, topografía, actividades nucleares o distancia de transporte, entre otras. Nueva categorías reciben la calificación de "bueno".

El segundo mejor clasificado es Ascó, con catorce categorías consideradas "muy buenas" y otras seis como "buenas". Yebra tiene once "muy buenos", pero un "aceptable", en calificación urbanística, mientras que Villar de Cañas suma cuatro "aceptables".

Al margen de los detalles de evaluación, el informe concluye que, "desde un punto de vista técnico, los terrenos propuestos por todos los municipios candidatos se consideran viables para la realización del proyecto".

La deuda de las CC AA se dispara un 26,5% hasta junio y un 11,4% la de ayuntamientos

MADRID.- La deuda de las comunidades autónomas aumentó un 26,5% en el segundo trimestre del año en comparación con igual periodo de 2009, hasta registrar 104.083 millones de euros (el 9,8% del PIB), la cifra más alta de toda la serie histórica, según datos del Banco de España.

De esta forma, el endeudamiento autonómico se ha acentuado como consecuencia de la crisis económica, que está provocando un incremento de los gastos y una caída muy importante de la recaudación.

Los datos del Banco de España muestran además que desde el año 1995, el endeudamiento de las regiones no ha parado de crecer, batiendo en cada ejercicio récords históricos, a pesar del compromiso de estabilidad presupuestaria adquirido en los últimos años.

La comunidad autónoma con mayor volumen de deuda en el primer trimestre fue nuevamente Cataluña, con 28.769 millones de euros, cantidad que representa el 27,6% del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades.

Después de Cataluña, se situó la Comunidad Valenciana (16.280 millones de euros), que vuelve a ocupar el segundo lugar por delante de Madrid, cuya deuda ascendió a 12.592 millones de euros. Entre las tres, acumulan el 55,3% del total del endeudamiento regional.

A continuación, figuran Andalucía (11.472 millones de euros), Galicia (5.544 millones), Castilla-La Mancha (4.829 millones), País Vasco (3.925 millones), Baleares (3.822 millones), Castilla y León (3.450 millones de euros), Canarias (3.395 millones), Aragón (2.612 millones), y Murcia (1.827 millones).

Completan la lista Navarra (1.545 millones), Extremadura (1.341 millones), Asturias (1.309 millones), La Rioja (689 millones) y Cantabria (682 millones).

En cuanto a la evolución de la deuda, ninguna comunidad autónoma logró reducir su endeudamiento respecto al pasado año, destacando el incremento del 186% en el caso de País Vasco, el 55% de Canarias, el 51,1% de Navarra o el 50,2% de Murcia.

Tomando el ratio deuda/PIB, Comunidad Valenciana vuelve un trimestre más a situarse a la cabeza de la deuda autonómica, con un volumen que alcanza el 16% de su PIB, seguida de Cataluña (14,7%), Baleares (14,5%), Castilla-La Mancha (13,7%), y Galicia (10,1%), todas ellas por encima de la media (9,8%).

Los porcentajes son menores en La Rioja (8,8%), Navarra (8,4%), Canarias (8,2%), Andalucía (8%), Aragón (8%), Extremadura (7,6%), Murcia (6,7%), Madrid (6,6%), Castilla y León (6,1%), País Vasco (6%), Asturias (5,7%) y Cantabria (5%).

Por su parte, las corporaciones locales arrojaron una deuda de 36.413 millones de euros en el segundo trimestre en relación a igual periodo de 2009, el equivalente al 3,4% del PIB, lo que representa un aumento del 11,4% sobre el mismo periodo del ejercicio precedente.

Del total de la deuda de las corporaciones locales, la mayor parte (29.253 millones) corresponde a los ayuntamientos, con un incremento del 11,4%, y de esta cifra, 14.779 millones pertenecen a capitales de provincia.

La deuda de los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes (Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza) alcanzó los 10.792 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,1%.

Destaca, sobre todo, el incremento del 19,3% de la deuda del consistorio de Barcelona, que sumó 794 millones de euros, y el de Valencia, que elevó su endeudamiento un 12,3%, hasta los 862 millones de euros.

La deuda del Ayuntamiento de Madrid (7.145 millones) es superior al de todas las comunidades excepto Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. Además, es casi diez veces superior a la deuda del ayuntamiento de Barcelona.

Alerta en casi toda la Península por las tormentas, incluidas Alicante, Valencia y Castellón

MADRID.- La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes, chubascos y tormentas localmente fuertes en la Península, que podrían ser muy fuertes en puntos del centro, nordeste peninsular, área del Estrecho y en Andalucía oriental. Un total de 39 provincias están en alerta naranja o amarilla ante el riesgo de que se produzcan fuertes precipitaciones acompñadas de granizo y aparato eléctrico a lo largo del día. Solo quedan fuera de la alerta Galicia, Cantabria, Asturias y Canarias y parte de Baleares.

En Andalucía, seis provincias -Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga Sevilla-, están en alerta naranja debido a las lluvias de hasta 30 litros en una hora mientras que en Almería y Huelva la AEMET ha activado la alerta amarilla donde se esperan precipitaciones que pueden alcanzar los 15 litros.

En las provincias aragonesas de Huesca, Teruel y Zaragoza la alerta naranja obedece a lluvias que en una hora podrán llegar a los 30 litros por metro cuadrado. Además de las tormentas, las precipitaciones acumuladas en una hora podrán alcanzar de 25 a 30 litros por metro cuadrado en Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.

Las lluvias serán también muy intensas en Segovia y Soria en donde la AEMET ha informado de alerta naranja por tormentas y lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado, mientras que en Avila, Burgos, Salamanca y Valladolid se encuentran en alerta amarilla por precipitaciones que podrían alcanzar los 15 litros.

En Cataluña, las lluvias acompañadas de tormentas han hecho activar la alerta naranja en Lleida y Tarragona donde se esperan precipitaciones de hasta 35 litros por metro cuadrado en una hora. También está activada la alerta amarilla por lluvias en Barcelona y Girona.

En las Comunidades de Madrid, donde la pasada madrugada se produjeron fuertes tormentas, Navarra, La Rioja, en las provincias de Castellón y Valencia y en la ciudad autónoma de Ceuta la AEMET ha informado de alerta naranja por precipitaciones que pueden llegar hasta los 30 litros. Además están en alerta amarilla Alicante, Badajoz, Cáceres (escenario de una fuerte tromba de agua la pasada noche ), Alava, Guipúzcoa, Vizcaya, Murcia y la ciudad autónoma de Melilla.

La Dirección General de Protección Civil aconseja a los conductores disminuir la velocidad, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua. Si comienza a llover de manera torrencial, hay que tener en cuenta que existe riesgo de inundación, por lo que no se deben atravesar ni a pie ni en vehículo los tramos inundados.

Ante el riesgo de tormentas, Protección Civil recomienda situarse cerca de los edificios para protegerse de la caída de rayos y recuerda a los conductores que un vehículo cerrado puede ser un buen refugio. Si la tormenta sorprende en el campo, hay que evitar correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, o debajo de los árboles.

El Gobierno mandará en los ríos si no hay acuerdo entre las CC AA

MADRID.- El Consejo de Ministros tiene previsto dar hoy luz verde al real decreto que regula la aprobación de los planes de cada cuenca hidrográfica. En la norma, el Ejecutivo se reserva el derecho de aprobar la planificación o prorrogar planes existentes (de 1998), si no hay acuerdo entre las autonomías afectadas. Los planes fijan los consumos y los caudales ecológicos, adelanta hoy 'El País'.

El texto tiene especial relevancia en la cuenca del Júcar, donde Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana mantienen una dura pugna. La primera autonomía pide trocear la cuenca existente, como dictó el Tribunal Supremo en 2005.

El argumento del alto tribunal es que los ríos que nacen y mueren en una sola comunidad deben ser gestionados por la autonomía, como dicta la Constitución. Con ese criterio, la actual cuenca del Júcar, que va de Tarragona hasta Alicante, quedaría dividida en una decena de pequeñas cuencas con poco caudal gestionadas por la Comunidad Valenciana.

La demarcación del Júcar comprendería solo al río y sus afluentes, y la mayor parte de la misma estaría en Albacete. Valencia y Sagunto, por ejemplo, quedarían fuera del Júcar pese a que actualmente beben de ese río. El Ejecutivo valenciano pidió a cambio que también se crease una cuenca en Albacete sin salida al mar.

El Ministerio de Medio Ambiente ve muy difícil conciliar los intereses autonómicos en ese territorio y puede prorrogar la planificación actual.

Sus responsables consideran que se debe buscar el consenso en la planificación hidrográfica, pero recuerdan que consenso no es sinónimo de unanimidad. Si no hay acuerdo, y ante la exigencia de la Comisión Europea, que pide recibir ya los planes, prevé sacarlos próximamente a exposición pública para alegaciones cuenca a cuenca.