Crisis en la corrupción / Javier Ortiz

La crisis está afectando también al gremio de los políticos corruptos, particularmente a escala municipal, y aún más particularmente en las zonas turísticas. Tal como están las cosas, hay en la actualidad muchos más alcaldes y concejales dispuestos a venderse que gente adinerada dispuesta a comprarlos.

En realidad, políticos vendidos, lo que se dice vendidos, yo no he conocido nunca a ninguno. He tenido noticia, eso sí, de muchos políticos alquilados por horas, para tal o cual faena concreta. Políticos de usar y tirar, como quien dice. Lo cual me ha parecido siempre muy sensato por parte de quienes les pagan.

Si el corruptor compra un político, ¿qué hace con él cuando no tiene en qué emplearlo? ¿Lo pone a que le arregle el jardín, o a que le cuide a los niños cuando sale a cenar con su señora? Funciona mucho mejor el contrato por obra: el político hace esta o la otra recalificación de terrenos, o autoriza la apertura de tal o cual hotel situado a un palmo de la orilla del mar, en flagrante violación de la Ley de Costas, o desoye las quejas por la insoportable bulla que arma la superdiscoteca de moda en la playa, que no deja dormir a nadie en 500 metros a la redonda… cobra su parte alícuota y sanseacabó.

Ambas partes salen ganando: el sobornador porque puede olvidarse del sobornado y dedicarse a sus cosas, y el sobornado porque queda libre para ofrecerse a otros hipotéticos alquiladores. Es lo que se llama el libre mercado.

Pero en esto que ha llegado la crisis económica, con particular gravedad en el gremio de la construcción, y en parte del turismo, lo que ha entrañado un frenazo muy importante de muchas iniciativas inmobiliarias, incluidas las de improbable legalidad. Y los alcaldes y concejales que ya le habían cogido gusto al cohecho, y que habían montado su tren de vida contando con la cadencia habitual de sobornos, se ven pillados. Se angustian: ¿tendrán que renunciar al yate, al casino, a las francachelas?

Conozco suficientes munícipes decentes y entregados abnegadamente a su tarea como para prohibirme cualquier amago de generalización frívola. Hablo sólo de los corruptos. Pero es que son un montón.

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Un frente olvidado: el comercio mundial necesita avales / S. McCoy

Para mucho de ustedes el Baltic Dry Index es un completo desconocido. Sin embargo, es éste uno de los indicadores cuya evolución servirá para orientar a los estrategas acerca del momento de la crisis en el que nos encontramos. No tiene demasiada ciencia. Se trata de un agregado que valora el coste medio de transportar mercancías secas a través de 26 de las principales rutas navieras mundiales. Aparte de servir como referencia de precios, cumple otros cometidos. Ayuda a la formación de los precios futuros de las materias primas no agrícolas; anticipa la mayor o menor fortaleza de la producción industrial; actúa como indicador adelantado de la salud económica global. De ahí su importancia.

Pues bien, el Baltic Dry, como tantas otras medidas de la salud del sistema, se ha colapsado. Ha sufrido una caída superior al 90% en los últimos meses hasta situarse ligeramente por encima de los 1.000 dólares. Aun reconociendo que se trata de una referencia extremadamente volátil, a la mayoría de los observadores les ha sorprendido la brutalidad de la caída. Algunos de ellos la achacan a la caída de la demanda agregada, especialmente de algunas naciones como China. Un argumento obvio y que casa con la situación de desaceleración planetaria que vivimos.

Sin embargo, un elemento adicional comienza a cobrar peso entre los distintos analistas. Los fletes caen porque el mercado de cartas de crédito, documentarias o no, ha muerto. Los bancos temen abrir este tipo de instrumentos a favor de clientes cuya solvencia puede resultar sospechosa, por una parte. La institución financiera del vendedor se niega a aceptarlos ante la incertidumbre que rodea a cualquier banco emisor, por solvente que aparentemente sea hoy día, por otra. Y, por último, las entidades confirmadoras, en esencia, han desaparecido. Todo lo que no sea comercio entre filiales o entre socios consolidados y solventes simplemente no se otorga ni se acepta. Y ante la ausencia de esa garantía de pago del comprador, el barco no sale del puerto y las tarifas se hunden.

Se trata de una derivada adicional de la crisis que arrastramos los últimos quince meses. En la medida en que los bancos no se fían unos de otros ni siquiera para prestarse a día en el interbancario, no es de extrañar que mantengan una reticencia extrema para actuar en un negocio intensivo operativamente y de poco margen como éste. Y su negativa tiene un impacto sustancial tanto sobre la capacidad productiva de muchas empresas, que sobrevivirán en la medida en que puedan ir liquidando inventarios, como sobre la viabilidad de las propias navieras que, a los precios actuales, se quedan muy lejos de cubrir costes lo que desincentiva adicionalmente su actividad en un momento, además, en que, para su desgracia, gran parte de los encargos de buques que hicieron durante los años de bonanza están a punto de serles entregados, si la financiación de su construcción lo permite, que está por ver.

El problema, aunque aparentemente colateral en la prensa diaria, es nuclear para evitar un deterioro adicional de la situación. Como señalaba UBS en un informe citado por la ya archiconocida por todos ustedes Naked Capitalism, que es la que mejor ha cubierto, desde mi modesto punto de vista, este tema, “si la financiación al comercio internacional, permanece cerrada, veremos cierres masivos de fábricas alrededor del globo y nos veremos abocados inevitablemente a una depresión mundial; si, por el contrario, consigue reactivarse, el precio de las materias primas recuperará su alegría ante la imperiosa necesidad de reconstruir inventarios que habrá”. Un razonamiento con cuya primera parte, la determinante a los efectos que nos ocupa, es complicado disentir, la verdad

Concluyo. Resulta curioso cómo, en la era de la globalización, los intercambios comerciales han sido los grandes olvidados de las distintas administraciones, que no han establecido guía alguna para garantizar su correcto funcionamiento. Ni de forma directa, ni a través de la adecuada instrucción a las rescatadas y semi nacionalizadas entidades financieras que son, en última instancia, los valedores de una operativa diaria de la que depende la supervivencia de muchos agentes económicos. Es verdad que los frentes se multiplican.

Pero no es menos cierto que, si de lo que se trata es de poner el foco en la economía real, no se puede estar colaborando, por omisión, a su estrangulamiento. Una adecuada política de avales públicos, estatales o supranacionales cuando fuera el caso, a aquellas compañías que acrediten sobrada capacidad de pago debería ser más que suficiente. No mucho más. Insisto, no es hora de fotos para la posteridad ni de grandes soluciones interplanetarias. Es momento de solucionar los problemas de los ciudadanos. Y éste, sin lugar a dudas, es uno de ellos. Y muy importante, no les quepa la menor duda.

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Leroy Merlin inaugura su primera 'tienda verde' en Gandia

GANDÍA.- La empresa Leroy Merlin inauguró hoy su primera 'tienda verde' en la localidad valenciana de Gandia, que representa "la primera gran superficie de distribución de España y Europa que incorpora el mayor número de medidas sostenibles en construcción, gestión y utilización responsable de recursos naturales", según indicaron fuentes de la compañía en un comunicado.

Leroy Merlin Gandia es la primera tienda de la compañía en España y Europa en aplicar en sentido global el proyecto Leroy Merlin Verde, una iniciativa "en constante proceso de revisión, mejora y perfeccionamiento de medidas sostenibles aplicadas a la construcción de sus tiendas en base a la viabilidad tecnológica y económica de su implantación", explicaron las mismas fuentes.

La nueva tienda, que pretende dar servicio a unos 280.000 personas, está ubicada en el Polígono Comercial Benieto y cuenta con una superficie de 7.000 metros cuadrados de sala de venta y 10.300 metros cuadrados de superficie construida sobre terreno propiedad de Leroy Merlin.

Este espacio ha supuesto una inversión de 20 millones de euros y da empleo a un equipo de 200 colaboradores oriundos de la comarca valenciana de la Safor, de los que 154 son puestos directos, con un 100 por cien de contratación fija. Además, ha supuesto la generación de otros 46 empleos indirectos.

El director de Desarrollo de Leroy Merlin, José Luís Azañón, destacó que Gandia representa un "importante paso" de la estrategia de expansión de la empresa, ya que, por un lado, se da cobertura a la vivienda del litoral mediterráneo y, por otro, constituye uno de los "primeros eslabones de todo un gran proyecto de responsabilidad medioambiental del que la empresa se siente especialmente orgullosa de poner en marcha".

Asimismo, el director general de Leroy Merlin, Daniel Iriarte, apuntó que esta empresa "desea adoptar aquellas medidas que contribuyan a minimizar el impacto medioambiental de nuestra actividad económica y a garantizar el uso de las medidas tecnológicas de más reciente implantación".

El número de tiendas de Leroy Merlin en la Comunidad Valenciana asciende a siete, situadas en Alicante, Alboraya, Aldaia, Massanassa, la Pobla de Vallbona, Gandia y Castellón, con lo que da empleo a más de 1.300 puestos de trabajo, de los que un 92% corresponden a empleo fijo.

Las placas solares instaladas en la cubierta de Leroy Merlin Gandia generan 100 kilowatios de potencia. Así, la producción anual de la planta será de 162.421 kilowatios por hora, lo que equivale al consumo de 61 hogares españoles.

Asimismo, se disminuirá el consumo de agua mediante la recogida y aprovechamiento de las aguas pluviales y de condensación de las máquinas de climatización. El agua recuperada se utilizará en urinarios e inodoros, así como en el riego de parterres y jardines.

Del mismo modo, se implantarán en la nueva tienda medidas encaminadas al ahorro de energía como un sistema de iluminación eficiente, una mejora de aislamientos y el control integral del edificio.

Además, Leroy Merlin ha presentado el proyecto pedagógico Eco-opciones, un conjunto de productos y soluciones que contribuyen a la utilización eficiente y sostenible de recursos naturales básicos como el agua y la energía; productos que contribuyan a crear hogares y jardines más sanos; y productos para el aprovechamiento de energías renovables.

En libertad la alcaldesa, el edil y el abogado del Ayuntamiento de San Fulgencio

ORIHUELA.- La alcaldesa de San Fulgencio, la socialista Trinidad Martínez, el concejal de Seguridad, Juan Antonio Gamuz, también del PSPV-PSOE, y el abogado y asesor municipal Juan Antonio Ramos han quedado hoy en libertad tras prestar declaración judicial ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Orihuela. Los tres mantienen su condición de imputados.

Bajo esta misma situación ha quedado el abogado y asesor municipal Juan Antonio Ramos Calabria, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Los tres mantienen su condición de imputados en la causa abierta "para la investigación de presuntos delitos urbanísticos" y deberán comparecer en el juzgado cada quince días para firmar, según han añadido las citadas fuentes.

El abogado de ambos ediles, José Pardo Geijo, ha apuntado que "no hay nada de corrupción urbanística", pues, según ha añadido, "aquí todo es un problema de dogmática penal, es decir, saber si lo que ha pasado -hecho que ha eludido explicar- es delito o no".

"A mi juicio, no es delito y no procedía ante el juzgado realizar las detenciones", según el abogado, quien ha afirmado que "no hay corrupción política".

Por su parte, el abogado de Juan Antonio Ramos Calabria, José Miguel Porras, ha indicado que "no hay imputación por cargos de cohecho, tramas urbanísticas de las que se hablan o de esa naturaleza de delitos".

La alcaldesa y el letrado, por un lado, y el edil, por otro, fueron conducidos a las 12,30 horas en dos coches camuflados de la Policía hasta el garaje de los juzgados oriolanos, desde donde fueron trasladados a otras dependencias judiciales.

Asimismo, está previsto que los otros tres detenidos en la misma operación -otro concejal socialista y dos ediles independientes- comparezcan mañana ante la juez.

"Caso Bigastro"

Por otra parte, la Policía ha comunicado a primera hora de esta tarde a la juez de guardia de Orihuela que los cuatro detenidos en Bigastro -el alcalde del municipio, el socialista José Joaquín Moya, el secretario del Consistorio, y dos empresarios locales- serán puestos a disposición judicial mañana, a partir de las 9.00 horas, según informaron en un comunicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La detención del primer edil de Bigastro se produjo el pasado martes, 28 de octubre, por parte de efectivos de la Guardia Civil, que practicaron varios registros en su despacho municipal y en su vivienda particular, y después lo trasladaron a las dependencias del cuartel de Jacarilla.

Desde el pasado mes de febrero agentes de la Guardia Civil venían acudiendo al Ayuntamiento cada quince días para reclamar documentación municipal sobre las subastas y permutas de suelo municipal en zona verde. Este terreno, más de cinco mil metros cuadrados se convirtió después en suelo para zona industrial.

El equipo contra los delitos urbanísticos de la Guardia Civil y la juez del juzgado número 3 de Orihuela investigan una permuta de suelo de 1.600 metros en abril de 2005. A cambio de ese suelo municipal el empresario que lo adquirió entregó un local valorado en 180.000 euros en la calle La Purísima, de Bigastro.

Según pudo conocer el periódico "Información" fue el propio alcalde el que propuso informalmente al empresario realizar la permuta, y no al revés, para hacerse con el citado local para el patrimonio local.

Tanto el primer edil como el secretario del Ayuntamiento y los dos empresarios locales permanecen detenidos desde el pasado martes a la espera de pasar a disposición judicial.

La Guardia Civil está siguiendo la pista del patrimonio inmobiliario y de las cuentas bancarias del alcalde de Bigastro y ex senador socialista, que ha sido suspendido de militancia en el PSPV.

A Moya se le imputan los delitos de cohecho, malversación y contra la ordenación del territorio en relación a la subasta de unas parcelas de zonas verdes para suelo industrial y la contraprestación de uno de los adjudicatarios.

Las pesquisas se centrarían, al margen del presunto delito contra la ordenación del territorio por realizar el cambio de uso del suelo sin modificar el Plan General, en el modo de pago empleado de ese dinero al empresario y el destino final de ese abono.

Además estas adjudicaciones de suelo que la Guardia Civil investiga en el marco de la operación por la que se ha detenido al alcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, se realizaron con precios tasados con cuatro años de desfase. Se concretaron en 2005 con trabajos de tasación fechados en 2001.

José Joaquín Moya ha mantenido el control de los asuntos urbanísticos locales desde finales de los noventa hasta el actual mandato haciendo compatible la Alcaldía con la delegación de Urbanismo.

A raiz de este procedimiento el juzgado habría autorizado meses atrás una investigación exhustiva del patrimonio personal del primer edil y de todos los miembros de su familia.

La "operación Bigastro" podría aumentar su nómina de arrestados con al menos un par de personas más una vez concluyan las diligencias de investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil.

Ramos Calabria, asesor legal de San Fulgencio y Bigastro

El abogado murciano Juan Antonio Ramos Calabria fue detenido en el marco de la operación desplegada por la Policía Nacional en San Fulgencio.

El despacho murciano de abogados de este experto en administración local, urbanismo y derecho administrativo, es conocido en la Vega Baja por ofrecer asesoramiento legal a varios ayuntamientos, sobre todo representando los intereses de esos municipios en asuntos urbanísticos.

Es el caso de San Fulgencio y Bigastro, aunque se trata tan solo de una coincidencia y los asuntos investigados en ambos municipios no tendrían nexos de unión, según fuentes cercanas al caso.

El arresto de Ramos Calabria causó gran sorpresa en el ámbito de la administración local. Esta consultoría vela por salvarguardar la legalidad urbanística y administrativa de muchas actuaciones.

De hecho todavía a primera hora de la mañana de ayer se apuntaba en Bigastro la posibilidad de que este abogado fuera el que defendiera al alcalde José Joaquín Moya y al secretario interventor municipal Antonio Saseta, arrestados en la denominada Operación Bigastro.

El abogado Ramos Calabria, que figura como profesor universitario de la UCAM, y miembros de su equipo han estado presentes en el Ayuntamiento de San Fulgencio, durante casi todas las jornadas de la semana pasada en maratonianas reuniones con miembros del equipo de gobierno.

El letrado no llegó a hacer declaraciones sobre el fondo de este asunto derivado de la difusión de un vídeo en el que el concejal Manuel Barrera aceptaba dinero de supuestos promotores.

Esta firma también especializada en asesoramiento a empresas también fue aludida en su día como la contratada por el Ayuntamiento de Orihuela para realizar informes sobre el pliego de condiciones del concurso de recogida de basuras de Orihuela en 2006, paralizado por las grabaciones en las que se hablaba de un presunto amaño del concurso a cambio de dinero.

Su despacho ha representado también durante meses los intereses del alcalde del PP de Totana imputado por presuntas irregularidades urbanísticas.

Valencia entre las comunidades con peor calidad sanitaria, según enfermos crónicos

MADRID.- Madrid, Castilla y León, Valencia, Murcia y Asturias son las comunidades autónomas donde más ha empeorado la atención sanitaria en el último año, mientras que el 'polo opuesto' se encuentran Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y País Vasco, según se desprende del estudio 'La salud del sistema' realizado entre enfermos crónicos por la Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas y la Universidad Complutense de Madrid.

En el caso de Madrid, los usuarios valoran negativamente aspectos como las listas de espera para acceder a un especialista, el tiempo de espera para conocer los resultados de los análisis o las listas de espera para una intervención quirúrgica. Este último aspecto obtiene la nota más baja de todo el territorio nacional.

Según señaló en la presentación del estudio en la sede de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios de Madrid (CECU), la vicepresidenta de esta asociación, Ana Etchenique, estos datos reflejan que, "a pesar de lo que diga Esperanza Aguirre, sí se está privatizando la sanidad".

"La sanidad pública es fundamental, sobre todo para las personas con escasos recursos económicos", insistió. Etchenique también pronosticó que la situación "no se va a poder recuperar en 40 años" y arremetió contra los hospitales nuevos abiertos en la comunidad. "Son sólo ladrillos", aseveró.

El líneas generales, la mayoría de los encuestados afirma que la situación de la sanidad "está igual ahora que hace un año". De cara al futuro, un 39,5 por ciento cree que la situación permanecerá estable mientras que un 16,2 por ciento opina que el sistema empeorará.

El documento también refleja la alta valoración que tienen los usuarios del sistema sanitario a nivel nacional, con 7 puntos sobre 10. Las mujeres tienen una percepción algo más negativa del funcionamiento del sistema sanitario en comparación con los hombres.

Entre Los aspectos más valorados por los usuarios se encuentran la confianza y seguridad que transmiten los médicos. En este sentido, el presidente de la Coalición de Ciudadanos con Enfermedades Crónicas, José Antonio Herrada, explicó que la percepción del sistema sanitario "es buena" mientras que los encuestados tienen una visión "más negativa" de la gestión.

Además, el estudio constata que la media de espera en una consulta es de 31 minutos en toda España. País Vasco es la comunidad con el menor tiempo, con una media de 26 minutos, mientras que Castilla-La Mancha se sitúa en el polo opuesto, con una media de 39 minutos. También aparecen a la cola Andalucía, Galicia y Madrid.

Por otro lado, los participantes en el estudio explicaron que, en la presente edición, no han tenido en cuenta el impacto de la Ley de Dependencia, una circunstancia que sí aparecerá reflejada en el próximo informe. De todos modos, lamentaron que las ayudas "no estén llegando" y recordaron que las familias "son las que se están haciendo cargo de los dependientes".

Herrada también denunció que la actual Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud "no cumple sus objetivos". "La ley no está para hacer más cómoda la gestión, sino para ayudar a los usuarios", aseguró. Por último, reclamó más atención para los enfermos crónicos.

El Banco de España aboga por reformar el modelo financiero internacional para evitar futuras crisis

VALENCIA.- El director general de regulación del Banco de España, José María Roldán, apostó hoy por reformar el modelo financiero internacional (que llamó modelo originar para distribuir) para que la próxima crisis económica no sea "igual o de la misma intensidad" que la actual.

"Es necesaria la reforma", señaló Roldán durante su intervención en el XVII Congreso de Auditores que se celebra estos días en Valencia, donde señaló que no es el modelo que se ha aplicado en España porque no consideró rentable tras analizar la posible creación y consolidación del mismo.

No obstante, señaló que la globalización financiera obliga a España a preocuparse por la evolución y reforma de este modelo, ya que hoy en día "el problema de una hipoteca en Tenneesee acaba produciendo problemas en bancos de cualquier otro lugar".

Así, hizo unas recomendaciones para abordar el cambio de este modelo, empezando por la necesidad de que los elementos financieros complejos no reciban el mismo rating que otros tradicionales porque implican riesgos diferentes y aportan mayor inestabilidad.

En esta misma línea, apostó por reducir la complejidad de los elementos financieros, ya que ha sido esa misma complejidad la que ha supuesto que, en la actualidad y tras un año desde el comienzo de las turbulencias financieras, aún no se puedan situar con exactitud las pérdidas de la crisis económica.

"La complejidad es excesiva, hay que avanzar hacia una reducción aunque suponga un descenso del volumen de negocio de alguna entidad", señaló Roldán, quien también apostó también por mejorar la información de mercado en un momento en el que cada vez es más difícil combinar "transparencia y operatibilidad".

Asimismo y aunque lo consideró prematuro, valoró la posibilidad de que las entidades que conceden créditos se queden con una parte en lugar de titulizarlos y repartirlos para que asuman también ellos parte del riesgo.

No obstante y a pesar de todo, reconoció que no es posible acotar bien las reformas que hay que llevar a cabo porque aún se siguen descubriendo consecuencias negativas de la crisis y porque los países aún están recibiendo los "últimos latigazos" de este periodo.

Los auditores españoles reclaman a los órganos de gobierno más compromiso para prevenir el blanqueo de capitales

VALENCIA.- Los auditores de cuentas reclamaron hoy más compromiso a los órganos de gobierno de las entidades españolas con los sistemas de prevención de blanqueo de capitales, así como en la realización de unos manuales internos más concretos y el desarrollo de las aplicaciones informáticas necesarias para prevenirlo.

Según indicó el socio director de la división de gestión de riesgos y auditoría interna de Ernst&Young, José Luis Solís, durante su intervención en el XVII Congreso de Auditores que se está celebrando estos días en Valencia, los órganos de gobierno "no se están tomando en serio" la prevención del blanqueo de capitales. "Hay que conseguir que lo hagan", indicó.

A su juicio, España está "en el buen camino", aunque es necesario que los órganos de gobierno de las entidades den más prioridad a la adopción de medidas de control de prevención del blanqueo de capitales, las doten de personal con la formación necesaria y adopten medidas técnicas para evitar "malas prácticas", ya que la cantidad de dinero que se blanquea en el mundo es realmente elevada. "Es el equivalente al presupuesto americano", advirtió.

Para Solís, se trata de "sentido común", de entender los negocios que se tienen y los clientes con los que se trabaja para determinar los riesgos y tomar las medidas adecuadas que permitan minimizar o reducir la exposición al riesgo.

"Nuestros órganos rectores no se lo creen", indicó Solís, tras resaltar, una vez más, la necesidad de adoptar medidas para colaborar en la eliminación de "la lacra" que supone el blanqueo de capitales, y elaborar para los auditores un sistema propio "tan exigente" como el que se requiere a los clientes, ya que la reputación, el asesoramiento y la confianza son las marcas de la auditoría.

Por otra parte, en la sesión técnica sobre 'La independencia del auditor: ¿hacia dónde vamos?', el miembro del consejo directivo del ICJCE y socio de KPMG, César Ferrer, afirmó que la independencia es un valor antes que una obligación y se mostró partidario, en línea con la Unión Europea e IFAC, de un cambio de enfoque de la cultura de la independencia en España basada en reglas y prohibiciones hacia otra basada en principios y valores.

Durante su intervención, Ferrer se refirió a dos elementos clave relativos a la independencia de los profesionales de la auditoría de cuentas: el Código de Ética de la IFAC y la transposición de la Octava Directiva a la legislación española. "Es una oportunidad que no podemos perder para ponernos al mismo nivel de los países europeos que tienen normas de calidad basadas en principios y valores", indicó.

Por su parte, el socio de PricewaterhouseCoopers y miembro del Consejo Directivo del ICJCE, Carlos Quintós, se refirió a la sentencia del Tribunal Supremo que exime a las auditoras del delito del cliente, y aseguró que se trata de una sentencia muy importante para toda la profesión, puesto que servirá de base para la jurisprudencia del Supremo, que debe ser respetada por todos los tribunales de justicia.

En este sentido, destacó que se trata de la primera sentencia del Supremo sobre responsabilidad extracontractual de auditores por negligencia, y resaltó que ha sido dictada por todos los magistrados y que revoca y deja sin efecto la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2000, que había servido de base a toda una serie de reclamaciones contra los auditores.

Asimismo, desde PricewaterhouseCoopers recordaron que la responsabilidad del auditor no es objetiva, sino que se rige por el sistema general de responsabilidad y, en casos de reclamaciones de terceros, por las reglas de responsabilidad extracontractual, que requieren la existencia de una actuación culpable o negligente del auditor, la existencia de un daño veraz y cuantificable o una relación de causalidad directa entre la actuación culpable y negligente y el daño causado.

Finalmente, insistieron en que la sociedad de auditoría únicamente debe ser responsable dentro de los límites de su contribución real y sin ser responsable solidario con los causantes directos del perjuicio.

Valencia crea un registro de demandantes de VPP para informarles de nuevas promociones

VALENCIA.- El Ayuntamiento de Valencia ha creado el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas de Protección Pública (VPP) con el fin de facilitar, a todos los interesados en la adquisición de estas viviendas, información detallada y actualizada sobre las promociones de Aumsa.

El concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, y la concejala delegada de Juventud, Beatriz Simón, presentaron este nuevo servicio "informativo, ágil y gratuito", que se enmarca "en la política de facilitar el acceso a la vivienda", especialmente a los jóvenes.

La creación de este registro, que se aprobará mañana viernes en la reunión de la Junta de Gobierno Local, responde a un compromiso electoral del PP, y permitirá que los demandantes de VPP puedan conocer, a través del móvil o por internet, todas las promociones de Aumsa.

El edil de urbanismo explicó que, tras los acuerdos adoptados con los agentes urbanizadores de las nuevas zonas residenciales de Moreras y Patraix, las personas inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de VPP recibirán información de las 660 viviendas que se construirán en los próximos años. Además, adelantó que Aumsa adjudicará viviendas de "forma inmediata".

Bellver señaló que la inscripción en este registro no presupone la adjudicación de una vivienda e indicó que para apuntarse sólo hay que rellenar unos formularios municipales.
Información sobre los requisitos

En el momento de la inscripción se informará a los interesados sobre los requerimientos mínimos para acceder a una VPP, que el consistorio verificará tras formalizar la petición de una vivienda, dentro del plazo estipulado en cada caso, para cada promoción.

Las inscripciones en el registro se podrán formalizar, a partir del próximo viernes, y tendrán una validez de un año, con posibilidad de renovación. Se realizarán a través de la web del Ayuntamiento de Valencia, que en el área de Urbanismo contará con un apartado dedicado exclusivamente al Registro.

También se podrá acceder a este recurso mediante la web de Juventud y en las instalaciones de Aumsa, ubicadas en la Antigua Senda de Senent, y de la Delegación de Juventud, que en la calle Campoamor cuenta con una Oficina de Vivienda.

Una vez realizada la inscripción, el interesado recibirá un mensaje de confirmación de alta en el registro, y posteriormente recibirá noticias de las próximas adjudicaciones, un aviso sobre la apertura del plazo para solicitar la vivienda y otro para recordarlo cuando sólo queden tres días del citado periodo.