Camps y consellers se rebajan su sueldo un 15%

VALENCIA.- El vicepresidente segundo y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, avanzó hoy que la reducción de sueldos también afectará a los miembros del Gobierno y a los altos cargos de la Generalitat, que se producirá "en los mismos términos" que la efectuada en la Administración del Estado, de forma que el presidente, Francisco Camps, los vicepresidentes y los consellers rebajarán sus retribuciones un 15 por ciento, en tanto que el resto de altos cargos de la Generalitat lo harán entre un 10 y un 8 por ciento.

Gerardo Camps compareció en rueda de prensa al término de la reunión del pleno del Consell, en el que se aprobó el decreto ley del Gobierno valenciano por el que se determina la aplicación de las medidas extraordinarias decretadas por el Gobierno para reducir el déficit público. El titular de Economía precisó que los secretarios autonómicos verán su sueldo reducido un 10 por ciento, un 9 por ciento los subsecretarios y un 8 por ciento los directores generales.

Así, el presidente de la Generalitat cobrará 67.615 euros, en tanto que el sueldo del jefe del Ejecutivo estatal se queda en 78.185 euros, el de Cataluña en 141.225 euros y el de Andalucía 68.981. El salario de los consellers valencianos será de 57.599 euros, mientras que los ministros cobran 77.483, en tanto que en Cataluña los sueldos de los consejeros alcanzan los 107.000 euros y en Andalucía los 68.000 euros.

Subrayó que, con estas rebajas de salario, los altos cargos de la Generalitat "serán los que tengan las retribuciones más bajas de todo el Estado", de forma que, en algunos casos, percibirán sueldos inferiores a altos funcionarios como jefes de área, o, en el caso de la Conselleria de Sanidad, directores de hospitales o jefes de enfermería. Explicó que la diferencia del sueldo de un secretario autonómico y de un conseller "va a ser de 16 euros al mes".

Camps afirmó que la "propuesta alternativa" del Consell para contener el gasto era "mejor" ya que suponía que los altos cargos del resto de autonomías situaran sus salarios al nivel de la valenciana, que es de los más bajos, pero "el problema es que nadie nos ha seguido". "Hemos decidido dar el mayor de los ejemplos", y, por ello, "hacemos exactamente igual que hace el Gobierno de España, sólo que ellos cobran más que nosotros, igual que sucede en otros gobiernos autonómicos", insistió.

Gerardo Camps remarcó que con este decreto "damos legalmente cumplimiento a lo que el Gobierno socialista impone a las administraciones autonómicas" y "en los mismos términos" que el Ejecutivo, y "lo hacemos por la irresponsabilidad y la incompetencia" de José Luis Rodríguez Zapatero, "principal causante de la situación que vive este país", subrayó. Reiteró que el Gobierno valenciano "no tenía entre sus previsiones reducir el salario de los empleados públicos".

El decreto ley aprobado hoy modifica determinados artículos de la Ley de Presupuestos relativos a los gastos de personal. Gerardo Camps subrayó que el Consell ha optado por aplicar la reducción del 5 por ciento en el conjunto de la base salarial de los empleados públicos "exactamente igual que lo hace el Gobierno de España".

No obstante, apuntó que en el caso de los funcionarios de la Comunitat Valenciana "van a tener algo de mejora al no ser necesario que el complemento específico disminuya un 5 por ciento de forma lineal, como si ocurre en el caso de la Administración General de España".

Las retribuciones básicas --compuestas por sueldo base y trienios-- trasladan directamente los nuevos importes para los meses de junio a diciembre, así como la paga extraordinaria de diciembre. Las complementarias, que son competencia de la Generalitat, deben alcanzar la reducción global establecida del 5 por ciento.

Para ello, se aplicará una rebaja del 5 por ciento del complemento de destino, "con lo que se mantienen en los mismos niveles e importes que establece la Administración del Estado para su personal", y el resto de retribuciones de carácter complementario se minoran entre un un 3 y un 4 por ciento para llegar a la reducción global del 5 por ciento anual. Esta reducción afecta a todos los sectores de personal al servicio de la Generalitat.

Gerardo Camps también explicó que no se modifica la contribución al Plan de Pensiones para los empleados de la Generalitat. Asimismo, se prevé una excepción para el personal del grupo E, cuyas retribuciones complementarias se reducirán un 1 por ciento.

También se mantienen las bases de cotización de los empleados públicos encuadrados en el Régimen General de Seguridad Social, que serán las mismas que las correspondientes al mes de mayo de 2010, salvo que por sus retribuciones pudiera corresponder una mayor cuantía.

Por lo que se refiere al personal laboral, su masa salarial disminuirá un 5 por ciento con efectos 1 de junio de 2010, a excepción de la paga extraordinaria de junio. Del mismo modo, no se aplicará ninguna minoración al personal laboral cuyas retribuciones por jornada completa no alcancen 1,5 veces el salario mínimo interprofesional fijado por el Real Decreto Ley del Gobierno.

El Decreto Ley contempla también su aplicación a los organismos autónomos y a las entidades de derecho público en los mismos términos que para el resto de personal al servicio de la Generalitat, sólo se exceptúa el personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles, porque así se establece en la norma estatal, aseveró Gerardo Camps. El personal eventual "también reduce sus salarios como el resto de empleados públicos".

Además, el decreto suspende "parcialmente", con efectos de 1 de junio de 2010, todos los acuerdos y pactos sindicales firmados en el ámbito del personal funcionario y estatutario en los términos necesarios para la correcta aplicación de las reducciones salariales porque es una "cuestión de lógica, ya que no puedo estar subiendo retribuciones y bajándolas a la vez", y "legal", puesto que el Gobierno estatal "nos dice que su real decreto entra en vigor sobre la masa salarial del momento", indicó Gerardo Camps, quien especificó que la Administración del Estado podría llevar a los tribunales a la autonomía que decidiera subir esa masa salarial.

El conseller especificó que los acuerdos que no hayan entrado en vigor, entre los que se encuentra la extensión de la carrera profesional para los funcionarios públicos que contempla la futura ley de la Función Pública, quedan "congelados" hasta 2012, cuando "estos dos años de reducción y congelación salariales hayan pasado. Lo hace la Administración del Estado y los gobiernos de las comunidades autónomas y no cabe otra manera de hacerlo ni legalmente ni lógicamente", insistió.

Se reducen el resto de retribuciones complementarias para el personal de la administración del Consell, el docente no universitario, el de la administración de justicia y el que está al servicio de las instituciones sanitarias alrededor de un 3,5 por ciento, para alcanzar la cifra global del 5 por ciento anual.

Además, se reduce el complemento de productividad en aquellos colectivos en los que se aplica, como son la justicia y la sanidad, en un 5 por ciento. El decreto también se aplicará a la enseñanza concertada y al personal de las universidades públicas.

Desarticulado un taller clandestino de elaboración de ropa, donde se explotaba a trabajadores

VALENCIA.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un taller textil clandestino, ubicado en Valencia, dedicado al cosido de las prendas de vestir, en el que varios ciudadanos latinoamericanos presuntamente eran explotados laboralmente, según informó la Jefatura Superior en un comunicado.

Agentes del Grupo II de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsificación Documental (UCRIF), con la colaboración de Policía Local de Valencia e Inspección Regional de Trabajo, detuvieron el pasado martes a un hombre de 40 años, de origen boliviano, considerado como el encargado del taller, como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, así como a otros cinco empleados, de origen nicaragüense, paraguayo, argentino y costarricense, por Infracción a la Ley de Extranjería.

Los policías realizaron un registro en el taller en donde intervinieron diversa documentación. Las investigaciones se iniciaron cuando los policías tuvieron conocimiento de la existencia de un local en Valencia en el que presuntamente se estaba explotando laboralmente a ciudadanos de origen latinoamericano.

Durante las investigaciones, los policías averiguaron que se trataba de un taller dedicado al sector textil, concretamente al cosido de prendas de vestir, especialmente uniformes escolares, así como que en el mismo estaban trabajando ciudadanos de origen latinoamericano, los cuales realizaban largas jornadas de trabajo.

Como consecuencia de las investigaciones, los policías realizaron un registro en el taller, con la colaboración de la Inspección Regional de Trabajo y de la Policía Local, en el que identificaron a un total de ocho personas, entre las que se encontraba el encargado del taller, que fue detenido como presunto autor de un delito contra el derecho de los trabajadores. Otras cinco personas fueron detenidas por Infracción a la Ley de Extranjería.

Los detenidos tras ser oídos en declaración, fueron puestos en libertad, aunque tienen la obligación de comparecer ante la Autoridad Judicial cuando sean requeridos para ello.

El CESE busca reequilibrar la cadena alimentaria

VALENCIA.- El Comité Económico y Social Europeo (CESE) se reunió hoy en Valencia con representantes europeos de todos los eslabones de la cadena alimentaria para "corregir los desequilibrios" existentes y "estabilizar" las fuerzas de todos los agentes, con medidas como la creación un seguro de ingresos que limite las pérdidas de los agricultores o la "reinterpretación" de las leyes de competencia para evitar "abusos" en la composición de los precios.

La jornada 'Claves para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria', organizada por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) y el CESE, contó con la participación de los presidentes Asaja y AVA-Asaja, Pedro Barato y Cristóbal Aguado, así como de numerosas personalidades del ámbito económico valenciano y de representantes de los Gobiernos central y autonómico.

Camps recalcó que "a pesar de las dificultades actuales, el campo es presente y futuro no solo de la Comunitat Valenciana y de España, sino también de Europa" porque "Europa sin el campo, sin la agricultura, prácticamente no tendría razón de existir". Así, abogó por fomentar la competitividad y capacidad de generar empleo del sector y por garantizar la "estabilidad económica" del agricultor.

"Necesitamos que la agricultura sea un lugar atractivo" y "una salida potente, de nivel, fuerte y de mucho prestigio social" para los jóvenes, subrayó Camps, quien señaló que todos los valencianos tienen "alma de agricultor, lo que significa trabajo de sol a sol, esfuerzo, compromiso con la tierra e intentar ver siempre una oportunidad a un obstáculo y una posibilidad a una circunstancia de complejidad", pero "siempre lealmente con el resto de los españoles".

Por su parte, Pedro Barato exigió "medidas urgentes, que algunas no cuestan ni dinero", para afrontar la "falta de rentabilidad de las explotaciones" agropecuarias españolas, así como la modificación de la legislación comunitaria y nacional para "sancionar los abusos que se están cometiendo en la composición de los precios".

"Necesitamos unos precios con los que todo el mundo pueda vivir", recalcó el presidente de Asaja, quien señaló que "hace falta mucha claridad".

"No digo que haya que intervenir como en el siglo XIX, pero sí actuar para que haya esa transparencia", con medidas como el "establecimiento de precios mínimos en base al coste de la producción", como sucede para calcular el coste del seguro agrario.

Cristóbal Aguado reivindicó que "la política agraria común (PAC) y las leyes de competencia tienen que adaptarse o reinterpretarse" para que no haya "ciudadanos de primera y de segunda", y destacó que "hay una mayoría de países de la UE que piensan que ha llegado el momento de intervenir", con iniciativas como "crear un seguro de rentas".

Al respecto, celebró "cómo ha evolucionado en el último año y medio" la opinión de los responsables de la Comisión Europea sobre esta cuestión, hasta considerar ese seguro como "algo que es interesante estudiar y aplicar dentro de la PAC".

"La Comisión Europea ya está debatiéndolo" y "en sus documentos ya hace referencia a que hay que estudiar un seguro de ingresos porque puede ser una de las garantías que se pongan en marcha para garantizar más estabilidad en la cadena alimentaria", dijo.

"Esa apertura antes no existía", aseveró Aguado, quien explicó que "ese seguro de ingresos no es un seguro de garantía de renta, sino un seguro que podría limitar las pérdidas" de los agricultores, para que únicamente se arriesguen a sufrir "pérdidas asumibles, pero no a perderlo todo" y tener que abandonar su profesión y la explotación.

Aguado urgió a dar "viabilidad económica rápidamente" a todos los actores de la cadena y destacó la importancia de que el CESE incorpore las conclusiones de la jornada de hoy al dictamen que presentará en septiembre, a petición del Parlamento y la Comisión Europea, con "medidas correctoras" que "serán tenidas muy en cuenta por los legisladores comunitarios".

Por su parte, el secretario general de Eurocommerce en Bruselas, Xavier Durieu, garantizó que la gran distribución considera la jornada de Valencia como "una oportunidad para ayudar al sector agrario, y es bienvenida, pero no de un modo proteccionista, sino para intentar ayudarles a estabilizar su renta y, sobre todo, para que sean también competitivos".

Valoró también que la CE haya decidido estudiar los precios de la cadena alimentaria, aunque hizo hincapié en la responsabilidad de los intermediarios en las subidas de precio que experimenta el producto desde el origen hasta que llega a la gran distribución, dado que "el margen de beneficio del comercio oscila entre el 2 y el 4 por ciento, debido a la fuerte competencia del sector, y el margen comercial de los grandes productores entre el 10 y el 25 por ciento".

Criticó, en este sentido, que "a menudo, el populismo de las instituciones europeas conduce a criticar el comercio sin tener en cuenta y olvidándose de aquellos actores que están entre los agricultores y el comercio".

"La cuestión a plantearse es si queremos proteger a un sector o aumentar su competitividad", sentenció Durieu, quien se mostró de acuerdo con modificar la normativa europea de la competencia para garantizar la estabilidad de los agricultores.

Por último, el subdirector general de Estructura de la Cadena Agroalimentaria del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, José Miguel Herrero, destacó las actuaciones del Gobierno para garantizar la "transparencia" y "vertebración" de la cadena alimentaria, así como su intención de restablecer el "equilibrio de fuerzas" en la misma. Exigió también que se establezca un "equilibrio normativo" en todos los países de la UE en materia de competencia.

Uno de cada tres euros licitados por el Gobierno Central son actuaciones en la Comunitat, según Peralta

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana es, dentro del conjunto del Estado, el destino prioritario de las licitaciones de obra pública del Gobierno de España, según un informe de SEOPAN del que informó hoy el delegado del Ejecutivo central, Ricardo Peralta. Así, dijo que uno de cada tres euros licitados por el Gobierno de España lo han sido en relación con actuaciones referidas a la Comunitat.

Asimismo, aseguró que, dentro de las licitaciones llevadas a cabo en la Comunitat, al Gobierno de España le corresponde el 50,2 por ciento de las mismas, "porcentaje que triplica el del 14,6 por ciento de la Generalitat".

Según este informe, el Gobierno de España ha licitado en obras en la Comunitat un porcentaje del 32,7 por ciento del total de sus licitaciones en el conjunto del Estado, es decir, que uno de cada tres euros licitados por el Gobierno de España lo han sido en relación con actuaciones referidas a la Comunitat.

Peralta manifestó que estos datos "ponen de manifiesto la absoluta carencia de fundamento objetivo en la cantinela acerca de la inventada discriminación del Gobierno de España hacia la Comunitat Valenciana" por parte de "portavoces del PP y de la Generalitat".

Asimismo, indicó que si atendemos a la administración responsable total de licitaciones correspondiente a actuaciones destinadas a la Comunitat, el 50,2 por ciento de la licitación de obra pública en el primer cuatrimestre de este año corresponde al Gobierno Central, frente al 14,6 por ciento de la Generalitat y el 35,2 por ciento de la administración local.

Así, afirmó, 5 de cada 10 euros que se han invertido en las infraestructuras que necesita la Comunitat lo ha sido por el Gobierno de España.

También indicó que el porcentaje de licitación de obra pública supera en 27,6 puntos la media de inversión del Gobierno en el conjunto del Estado (22,6 por ciento).

En cuanto a la administración local, señaló que los datos acreditan "de forma indirecta, el protagonismo inversor del Gobierno de España, ya que el incremento de inversión de los ayuntamientos responde fundamentalmente a los 1.400 millones de euros invertido en total por los fondos estatales de 2009 y 2010".

El informe, recalcó, "acredita las reiteradas afirmaciones de esta Delegación del Gobierno en el sentido de que es el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el principal factor de modernización de la Comunitat Valenciana, con un protagonismo muy superior al del Gobierno autonómico".

Medio centenar de personas se concentra en Valencia para protestar por el recorte anunciado por el Consell

VALENCIA.- Medio centenar de personas se concentraron hoy frente al Palau de la Generalitat valenciana durante la celebración del pleno del Consell para manifestar su oposición al decreto ley aprobado por el Gobierno valenciano --en aplicación de los ajustes salariales previstos en el decreto ley que aprobó el Gobierno central-- que prevé recortar los sueldos del personal del sector público en la Comunitat e "incumple" los acuerdos alcanzados con los sindicatos.

Los manifestantes, convocados por Intersindical Valenciana, criticaron esta "nueva imposición" puesto que en Mesa General celebrada ayer "no se negoció el decreto ley", al contrario, agregaron, "el Gobierno valenciano no presentó documento, por lo que no se ha cumplido el trámite legal de negociación de las retribuciones salariales previstas en la legislación vigente".

En este sentido, Intersindical Valenciana se opone a "todos los recortes de derechos laborales, económicos o sociales y de las plantillas de los servicios públicos". Por eso, el sindicato ha convocado la jornada de huelga del próximo martes, 8 de junio, y las manifestaciones que tendrán lugar en la Delegación del Gobierno y Subdelegaciones de Alicante y Castellón.

El PP usa información falsa para atacar a las fiscales del 'caso Gürtel'

MADRID.- El PP arrojó ayer tinta de calamar sobre el caso Gürtel, extendiendo la falsedad de que el Tribunal Supremo había demostrado la actuación irregular y al margen de la ley de las dos fiscales que investigan el caso desde el principio, según 'El País'.


El presidente valenciano, Francisco Camps, implicado en la trama corrupta, y los diputados Federico Trillo, estratega jurídico del PP, y Esteban González Pons, portavoz de esa formación política, salieron ayer en tromba contra las dos fiscales y llegaron a sugerir que el proceso judicial abierto hace 15 meses, y que ha costado el cargo a una decena de dirigentes populares, entre ellos el tesorero nacional, Luis Bárcenas, podría ser anulado por la actuación supuestamente ilegal de las dos fiscales.

La interpretación de Trillo , Camps y González Pons, según indicaron ayer desde el PP, se basa en la noticia publicada ayer mismo en diversos medios sobre una providencia del juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro, que supuestamente demostraría la actuación irregular de las dos fiscales.

Esas informaciones llevaron a Trillo, que no tenía ni había leído la providencia del juez, a asegurar que el caso Gürtel iba a dar un "giro copernicano". En una nota oficial remitida por el PP, Trillo declaraba: "Ha tenido que ser el Tribunal Supremo quien demuestre a las dos fiscales que habían violentado la presunción de inocencia y que habían actuado de manera sectaria, al margen de la ley, al ocultar la prueba que exculparía al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps".

El Supremo aclaró a El País que no tiene abierta ninguna diligencia contra las fiscales del caso Gürtel y, por tanto, no habría podido demostrar nada.

La información en la que Trillo basa sus acusaciones sostiene que el juez Barreiro, que instruye la querella contra Garzón por supuestos pinchazos ilegales en la cárcel a implicados en la trama, ha pedido documentación para investigar si las fiscales ocultaron pruebas a favor de Camps, y si pusieron el caso en manos de Garzón pese a que correspondía someterlo a reparto.

Esta decisión de Barreiro supondría, según esta información falsa, que se habría admitido a trámite la querella presentada contra las dos fiscales por Ignacio Peláez, el abogado de uno de los miembros de la red corrupta. Sin embargo, esa querella no se ha admitido a trámite por el momento, y tampoco corresponde al magistrado Barreiro resolver sobre esa cuestión, según el Supremo.

Las dos providencias, firmadas efectivamente por Barreiro los días 27 y 28 de mayo, no pretenden investigar la actuación de las fiscales, ni la ocultación de pruebas ni el reparto del caso. Pretenden indagar, en general, sobre la orden de Garzón de intervenir comunicaciones en la cárcel. Saber si fue legal.

En las dos providencias, Barreiro solicita al Tribunal Superior de Justicia de Madrid diversa documentación para dirimir el caso de las escuchas en la cárcel. De hecho, en una de las providencias, en la que el juez admite recabar documentación que solicitan las partes, deniega precisamente que se tome declaración a las dos fiscales de Anticorrupción que investigan el caso, algo que había pedido el abogado Ignacio Peláez.

Este letrado, que solicitó la declaración de las fiscales como testigos en la causa, cambió de idea el pasado 24 de mayo y decidió querellarse contra ellas porque supuestamente ocultaron una prueba que favorece a Camps. Se refiere a una conversación de Pablo Crespo, número dos de la trama, en la que este señala que el presidente valenciano sí se pagó sus famosos y polémicos trajes.

Sin embargo, documentos oficiales de las tiendas de ropa, testimonios de los empleados del establecimiento y otras conversaciones y pruebas incluidas en el sumario, como el pen drive del contable de la trama, demuestran todo lo contrario: que la trama corrupta fue la que pagó los trajes a Francisco Camps.

Luna: 'Las mentiras de Trillo dejan a Camps en ridículo ante la opinión pública'

VALENCIA.- El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Ángel Luna, manifestó este viernes en un comunicado que las "mentiras urdidas" por el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, han colocado "nuevamente" al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en una situación de "ridículo" ante la opinión pública.

El portavoz socialista se refirió así a las acusaciones del PP por la presunta ocultación de pruebas en el proceso abierto contra Camps por su supuesta implicación en el caso 'Gürtel'.

Según Luna, las "falsedades" de Trillo, "especialista en enredar procedimientos judiciales", le permiten a Camps un alivio que no llega "ni a las 24 horas".

"Por mucho que se empeñe Camps, la prueba a la que hace referencia, que no pasa de ser una conversación de uno de los imputados que no aclara nada, se enfrenta al conjunto de evidencias documentales y testificales que ya recogió Flors en su auto y que se reiteran por los empleados de la tienda de ropa estos días", señaló.

A juicio de Luna, el presidente de la Generalitat no debería olvidar que su principal problema no es el asunto de los trajes, sino la "colección de ilegalidades" cometidas por el Consell bajo su amparo.

Por último, el diputado socialista calificó la estrategia de Camps de "permanente huida hacia delante", lo que coloca al PP "más cerca de los corruptos que de los ciudadanos en una situación en la que la sociedad está exigiendo a su clase política mayores dosis de responsabilidad para salir cuanto antes de la crisis".

Barberá, increpada por un grupo de vecinos de Benimaclet

VALENCIA.- Con pitos, gritos y abucheos. Así recibieron ayer miércoles a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, alrededor de 30 vecinos del barrio de Benimaclet presentes el VII Festival de la Tapa.

La presencia de Barberá en esta cita culinaria, organizada por la Asociación de Comerciantes y Profesionales de Benimaclet, encendió los ánimos en una parte de los jóvenes asistentes.

Al grito de 'fuera, Rita, de Benimaclet', los inesperados manifestantes acompañaron a la alcaldesa con una sinfonía de pitos durante el recorrido de la comitiva municipal. La alcaldesa fue increpada desde las ventanas y balcones. Y también a pie de calle.

Cerveza en mano, uno de los críticos se dirigió directamente a la alcaldesa. El joven, de 19 años, le preguntó por el "amiguito del alma de Camps", en alusión a Álvaro Pérez 'El Bigotes'. De nuevo, Gürtel salió a escena.

La respuesta de la alcaldesa fue tajante. Según este joven [porque en el vídeo no se aprecian correctamente las palabras exactas], Barberá le indicó que "iría a la cárcel si seguía diciendo mentiras". El chaval le replica: "Quien va a ir a la cárcel eres tú". La edil de Playas, Lourdes Bernal, le reprendió reclamándole respeto. Los pitos continuaron.

No todo fueron abucheos, ni mucho menos. Muchos de los presentes aplaudieron a la edil valenciana. Como de costumbre, Barberá ofreció saludos y abrazos. Al final, división de opiniones, según 'El Mundo'.