VALENCIA.- Llanera revela en el informe económico presentado al juzgado de lo mercantil de Valencia que tramita su suspensión de pagos, que su crisis se agudizó por la paralización de los planes de actuación integral (PAI) en 2006 por parte de la Generalitat, revela "Levante".
La empresa asegura que también le ha perjudicado la nueva ley estatal del suelo.
Por su parte, el presidente de la patronal de la construcción, Juan Eloy Durá, afirma que la crisis provocará 30.000 pérdidas en empleo.
La constructora Llanera justifica la presentación del concurso en el juzgado, para suspender pagos a los acreedores, en base a la paralización de los proyectos de desarrollo urbanístico (PAI) decretada por el Consell en 2006 y a la entrada en vigor en julio de 2007 de la nueva Ley del Suelo, aprobada por el Gobierno socialista. Al menos, éstas son dos de las causas que se exponen en el acta firmada por el Consejo de Administración el pasado 27 de septiembre en Xàtiva, tres días antes de acudir al juzgado.
En el punto 4 de este documento, que consta en el procedimiento concursal abierto por el juzgado de lo mercantil número 2 de Valencia el pasado 1 de octubre, Llanera expone las «Causas de la crisis y medidas ya adoptadas para remediarla», que se resumen en la «situación de insolvencia inminente» de Llanera SL al depender de les negocios del resto de las compañías del grupo.
En su análisis de la desaceleración del sector en general, no escapan el Banco de España, cuyos «consejos -dice- han generado un endurecimiento financiero», el Fondo Monetario Internacional o la Unión Europa, por sus informes sobre la «amenaza de la ´burbuja inmobiliaria´ en España».
La desaceleración urbanística se singulariza con la compra de suelo en el Brosquil de Cullera, por parte de su filial Aldalondo SL, «en primera línea de costa, por importe de 77 millones de euros». Explica que «el desarrollo urbanístico del suelo se ralentiza» y, a ello, se une la «financiación a corto plazo» y la «dificultad de renegociar la deuda en el momento actual». Ese préstamo corrió a cargo de Bancaja y constituye el grueso de la deuda de más de 90 millones que la inmobiliaria mantiene en estos momentos con la entidad financiera.
En cuanto a la intervención estatal en la crisis, Llanera denuncia el «proceso de expropiación del Estado» sobre unos terrenos en Pinedo, también en primera línea. El suelo se compró con una edificabilidad de 21.000 metros cuadrados para uso terciario según el PRUG de la Albufera aprobado por el Ayuntamiento de Valencia.
La compañía desembolsó 12 millones de euros. No obstante, el Ministerio de Medio Ambiente expropió la propiedad a su filial Descans Les Marines por sólo un millón de euros. Aunque la empresa lo ha recurrido, en estos momentos tiene una «deuda vencida con el Banco de Valencia por 1.000.000 de euros».
Respecto a Llanera Urbanismo e Inmobiliaria, la empresa carga contra el Consell al explicar que «los desarrollos urbanísticos del suelo que la empresa tiene en cartera han sufrido retrasos imprevisibles por la entrada en vigor de nueva normativa urbanística, que ha alargado considerablemente los plazos de desarrollo».
Ello se ve agravado por la «crisis inmobiliaria y la paralización del desarrollo de proyectos urbanísticos que acontece durante el año 2006». En ese momento, se produjo una paralización de PAIs por parte del Consell tras el relevo de Rafael Blasco por Esteban González Pons en la Conselleria de Territorio.
En Llanera Construcciones, Obras y Proyectos, basa su bancarrota en la imposibilidad de asumir los gastos de personal, en concreto, un equipo altamente cualificado formado por 35 personas que «elevaron de forma importante el coste de estructura de la actividad».
Ello provoca un «desfase significativo en la cartera de cobros y pagos» a lo largo de 2007, al «no renovarse las líneas de financiación de circulante a corto plazo por importe de 15 millones de euros» y se extiende el «rumor de que el Grupo tiene problemas de liquidez».- (EPI)
MADRID.- El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, conversó ayer por teléfono con el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, para interesarse por la situación de las zonas afectadas por la tromba de agua caída a lo largo del día.
