VALENCIA.- El Síndic de Comptes de la Comunitat
Valenciana, Rafael Vicente Queralt, ha advertido de que los
ayuntamientos valencianos carecen de recursos para afrontar sus gastos
generales, durante la presentación del Informe de la Cuenta General de
Entidades Locales correspondiente a 2010, en la Comisión de Hacienda de
las Corts este jueves.
Este informe recoge y analiza la información
económico-financiera de las 576 entidades locales (el 87 por ciento del
total) que han remitido sus cuentas a la Sindicatura en el plazo
establecido, que en esta ocasión se adelantó al 31 de diciembre de 2011,
lo que ha permitido culminar el informe en abril y ahora ser presentado
a los diputados.
La situación económica se ha reflejado en que el remanente de
tesorería para gastos generales de los ayuntamientos ha pasado a ser
negativo en 120,25 millones de euros, lo que supone una disminución del
1.758 por ciento respecto a 2009, cuando se situaba en 7,25 millones de
euros. De hecho, un total de 171 municipios presenta un remanente de
tesorería para gastos generales negativo. El resultado presupuestario
ajustado ha descendido un 56 por ciento hasta situarse en 109,18
millones de euros.
El análisis financiero y patrimonial refleja que los
municipios de la Comunitat Valenciana vieron reducidos sus ingresos en
749 millones de euros, lo que supone un 14 por ciento respecto al año
anterior, mientras sus gastos lo hicieron en un 6 por ciento (284
millones).
Del total de entidades analizadas, 496 son municipios, lo que
supone el 92 por ciento del total y el 91 por ciento de la población.
Este porcentaje es sensiblemente inferior al del año anterior, que se
situó en el 97 por ciento de la población, debido a que grandes
municipios como Gandia, Mislata, Orihuela y Sueca no presentaron sus
cuentas a la fecha de emisión de este Informe y Crevillent y Torrent lo
hicieron con posterioridad.
La no incorporación de las cuentas de estos grandes
ayuntamientos y la modificación en la estructura presupuestaria aprobada
por el Ministerio de Economía y Hacienda ha provocado que el análisis
comparativo entre 2009 y 2010 "no sea homogéneo", y que haya sido
"imposible" comparar aspectos como las obligaciones reconocidas a nivel
de área de gasto y los derechos reconocidos.
En conjunto, los municipios han visto recortado su presupuesto
inicial de ingresos en un 10 por ciento. Todos los impuestos han
descendido excepto el IBI, que ha aumentado un 6 por ciento tras crecer
un 10 por ciento el ejercicio anterior, y el IIVTNU (Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana), que se ha
visto incrementado en un 13 por ciento.
El gasto público por habitante se ha recortado en un 7 por
ciento hasta 1.069 euros. Los municipios de Castellón mantienen el mayor
nivel, con 1.150 euros, seguidos de los de Valencia (1.116 euros), y
Alicante (984 euros). Del mismo modo, los ayuntamientos castellonenses
invierten 307 euros por habitante, frente a los 251 de Valencia y a los
196 de Alicante.
La carga financiera por habitante ha aumentado un 42 por
ciento, sobre todo en los municipios valencianos, que ha pasado de 87 a
149 euros (un 71 por ciento más). En Castellón ha disminuido desde los
71 euros a los 67, mientras en Alicante ha aumentado desde 57 a 61. El
endeudamiento por habitante se sitúa en 585 euros, lo que supone un 1
por ciento más que el año anterior. El crédito a largo plazo se ha
mantenido en torno a los 2.500 millones de euros, mientras a corto ha
disminuido un 40%, hasta 207,68 millones.
En cuanto a la presión fiscal, ésta se mantiene en niveles
similares a los de 2009, con 546 euros por habitante, siendo los
habitantes de los municipios de Castellón los que soportan una mayor
presión (633 euros), seguidos de Alicante (564 euros) y Valencia
(511euros).
Las comprobaciones globales sobre los estados presupuestarios
han reflejado que 413 entidades locales (el 71 por ciento) presentan
incidencias. La más frecuente ha sido el resultado presupuestario
ajustado negativo, que afecta a 223 entidades locales (38,7 por ciento )
y que indica un deterioro de la situación económica. La falta de
estimación del importe de dudoso cobro en el remanente de tesorería es
la segunda incidencia más común, al afectar a 207 entidades locales.
En sus recomendaciones, la Sindicatura insiste en la necesidad
de tener en cuenta el principio de prudencia en la estimación de los
derechos de difícil cobro. En este sentido, señala, "las deudas que las
distintas administraciones públicas tengan con las entidades locales no
deben ser excluidas en la estimación de los derechos de difícil cobro".
En cuanto al balance y la cuenta de resultados, la incidencia más
frecuente se debe a la existencia del fondo de maniobra negativo que la
presentan 164 entidades locales (28 por ciento del total).
Queralt considera que es "significativo" el aumento de
entidades que han presentado sus cuentas en el plazo preceptivo, un 70
por ciento frente al 39 por ciento del ejercicio anterior. Pero, no
obstante, se mantiene "el incumplimiento en los plazos relativos al
ciclo presupuestario". De hecho, el 80 por ciento de los organismos no
aprobó el presupuesto en el plazo legal.
La sindicatura insiste en sus recomendaciones en la necesidad
de que se cumplan los plazos legales y solicita a la Generalitat que
haga uso de la facultad que le otorga la Ley de Régimen Local y
establezca como requisito para la concesión de subvenciones y ayudas la
presentación de la cuenta General, debidamente aprobada, a la
Sindicatura de Comptes.
