miércoles, 13 de junio de 2012

.Los bancos pequeños en apuros tendrán que quebrar para que salgan el resto adelante

BRUSELAS.- La Unión Europea pedirá a España como condición para recibir el rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros pactado el pasado fin de semana que cierre las entidades problemáticas cuya quiebra no desestabilice la economía.

   "No tenemos por qué salvar a todos los bancos si no es estrictamente necesario", ha asegurado un alto funcionario europeo. "Hay casos en que habrá que liquidar entidades", ha agregado.
   Ningún banco con problemas recibirá ayuda hasta que no presente un plan de reestructuración que garantice su viabilidad futura sin subvenciones y limite las distorsiones de competencia.
   Además, las entidades que pidan fondos públicos deberán abonar un interés de al menos el 8,5% (frente a entre el 3% y el 4% que pagará España por la ayuda europea). El objetivo de este tipo "casi prohibitivo" es empujar a los bancos a intentar al máximo lograr la recapitalización a través de mecanismos de mercado, con la venta de activos o fusiones.
   "Si alguna entidad por los mecanismos de mercado no llega a cubrir esas necesidades y se considera que su liquidación podría tener un impacto sistémico en la economía española ahí habría intervención pública, con condiciones muy estrictas", han explicado las fuentes consultadas.
   La UE quiere "evitar al máximo que se utilice dinero público", de modo que "si hay entidades que deben quebrar, quebrarán".
   Bruselas cree que pude haber actores en el mercado, tanto nacionales como internacionales, interesados en adquirir activos en el mercado bancario español. Aunque en estos momentos ninguna operación puede considerarse libre de riesgo, "hay inversiones que pueden ser prometedoras" porque la crisis terminará y el sistema financiero español resulta "interesante" por su proyección en otras regiones del mundo como América Latina.
   "Puede interesar a los inversores que quieran apostar a largo plazo", señalan las fuentes.

Almunia, de acuerdo

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de  Competencia, Joaquín Almunia, ha apostado también por una liquidación ordenada de entidades financieras no viables y ha considerado que es una opción normal que ya ha sido adoptada por diferentes países europeos.
   El vicepresidente de la CE ha señalado que es "lógico" que se opte por una liquidación ordenada cuando el coste de reestructurarla y vender sus activos es superior. "Tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza" ante este tipo de medidas, ha recalcado.
   "Cuando el coste de reestructurar y de poner en un lugar más seguro a una entidad es superior al coste de liquidar esa entidad de manera ordenada y de vender sus activos, de distribuirlos entre otras partes del sector financiero, pues es lógico que en nombre de los contribuyentes, en nombre de quienes pagan el rescate, se prefiera una liquidación ordenada a no mantener a costa del dinero público una entidad que no alcanza los niveles de viabilidad mínimos", ha concretado.

Almunia insinúa que el Banco de Valencia está encaminado hacia la liquidación

BRUSELAS.- España podría necesitar la liquidación de uno de sus bancos rescatados, dijo el miércoles el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, añadiendo que la liquidación de un banco es preferible si los costes de rescatarlo son demasiado altos para los contribuyentes.

España, cuya banca va a ser rescatada por los socios europeos por hasta 100.000 millones de euros, está esperando a la aprobación final de la Comisión Europea para la reestructuración de tres bancos nacionalizados -- NCG Banco (Novagalicia), Catalunya Caixa (CX) y Banco de Valencia.
La también nacionalizada Bankia todavía tiene que solicitar aprobación formal para su plan de recapitalización.
"Si no me equivoco, uno de los tres, según las intenciones de las autoridades españolas, está encaminado hacia una liquidación para que no sea una preocupación constante tras la reestructuración", dijo Almunia durante una entrevista en la que no identificó las entidades.
"En cada análisis de cada institución financiera siempre intentamos estimar el coste alternativo de una liquidación", dijo Almunia, que está a cargo de hacer cumplir las normas de ayudas estatales.
Una portavoz de Economía respondió a las declaraciones de Almunia señalando que "el Gobierno español no tiene intención de liquidar ninguna entidad financiera y reitera que su objetivo es sanear, recapitalizar y privatizar las que se encuentran bajo tutela del Estado".
De las tres entidades mencionadas por Almunia, Banco de Valencia es la que dispone de una red y un volumen de depósitos más bajo y la más barata en términos de liquidación.
Banco de Valencia, que en su día ya fue abandonada a su suerte por su accionista BFA-Bankia, contaba con activos a marzo de 21.646 millones de euros y declara depósitos de clientes de 11.583 millones de euros con 427 oficinas y 2.200 empleados.
NCG Banco cuenta con 1.049 oficinas y 6.300 empleados y gestiona depósitos de 46.677 millones de euros. CX, con activos de 75.000 millones de euros, tiene 1.200 oficinas y 7.184 empleados.
"Si los costes de liquidación son menores para los contribuyentes que el rescate y reestructuración de una institución, optamos por una liquidación. Optamos por una liquidación ordenada de la entidad", dijo Almunia.
Intervenido en noviembre de 2011, un día después de las elecciones generales, Banco de Valencia recibió el compromiso del estatal FROB de aportarle 1.000 millones de euros en capital y 2.000 millones en una línea de crédito.
Además, los dos últimos decretos de saneamientos inmobiliarios establecen unas necesidades de 1.800 millones de euros brutos.
Las necesidades estimadas para CX rondan los 4.500 millones de euros y las de NCG, 4.400 millones de euros.
Tras declarar pérdidas de más de 800 millones de euros en 2011, Banco de Valencia registró un quebranto de 189 millones de euros con un margen de intereses de 65 millones que puso de manifiesto que por cada euro ingresado perdía tres. Además, el agujero de Banco de Valencia ha sido uno de los que más repercusión social ha tenido y el estatal FROB ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula directiva del banco por supuestas irregularidades en la gestión.
Representantes de las tres entidades nacionalizadas, cuyos procesos de subasta se aplazaron recientemente poco antes del anuncio de una auditoría independiente al sector bancario nacional, negaron estar en un proceso de liquidación.
En el momento del aplazamiento de las subastas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo que el caso del banco valenciano era "distinto" al de las otras dos entidades, dado su menor tamaño.
La idea de liquidación de una entidad está en línea con lo recomendado por la Unión Europea para la concesión de ayudas al sector en casos de entidades no viables.
"Una liquidación ordenada o el troceo de los activos de un banco fallido siempre deberían considerarse cuando un banco no pueda volver de manera creíble a la viabilidad a largo plazo", indica la normativa europea.

El colapso de la eurozona afectaría al turismo

FRANCFORT.- Un colapso de la zona euro tendría un efecto paralizante en las aerolíneas y grupos hoteleros de Europa, debido a que los consumidores y las empresas reducirían sus presupuestos de viaje y los precios se derrumbarían, dijo la consultora del mercado Euromonitor International.

En el peor de los casos, es decir, una disolución desordenada de la zona euro, Euromonitor indicó que el número de turistas que entran en los países europeos caería hasta un 11 por ciento, en medio de una profunda recesión y graves consecuencias para la economía mundial.
El gasto de los turistas se reduciría a un ritmo aún mayor, de un 17,3 por ciento, con los consumidores a la busca de ofertas y la baja demanda impactando en los precios, dijo en un informe basado en las conclusiones de una revisión de crisis económicas previas en tiempos de inestabilidad macroeconómica.
Un escenario menos severo sería una salida de Grecia, mientras que el resto de la eurozona quedaría intacto. Este panorama generaría una caída del 2,8 por ciento en el número de turistas, según estimó Euromonitor.
Si no ocurre ninguna de estas alternativas, la llegada de turistas a la zona euro caería un 0,7 por ciento este año, agregó.
Los griegos afrontan unas elecciones clave el domingo, que algunos temen que desencadene su salida del euro. Un quinto de los ingresos económicos del país provienen del turismo. Otros creen que Grecia podría beneficiarse de una salida de la zona euro, tras una caída del 15 por ciento en los ingresos turísticos en el primer trimestre de 2012.
El operador turístico británico Thomas Cook, que compite con TUI Travel, entre otros, dijo el mes pasado que prevé un aumento de las reservas a Grecia si la economía abandona la divisa común, ya que las vacaciones en la nación mediterránea serían más baratas.
En un derrumbe total de la zona euro, los hoteles verían un colapso del 15 por ciento de sus ingresos. El gasto en pasajes aéreos caería casi un 20 por ciento, con las compañías reduciendo los billetes baratos y los turistas cancelando sus planes u optando por trenes o autocares para ahorrar dinero.
"El impacto macroeconómico de una desintegración de la zona euro sería catastrófico", agregó.
Sin embargo, aerolíneas de bajo coste como Ryanair y EasyJet sufrirían mucho menos que compañías de bandera como la alemana Lufthansa o la británica British Airways, ya que se quedarían con los pasajeros más preocupados por el coste.

Blasco asegura que renunciará a su cargo si es imputado

VALENCIA.- El portavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, ha mostrado su disposición "total y absoluta a renunciar al cargo en caso de que se produzca una imputación" en la conocida como 'causa de cooperación', según ha indicado en un comunicado emitido por el grupo parlamentario 'popular' en las Cortes.

   Al mismo tiempo, ha señalado que, en el supuesto de que se produzca esa imputación, "ésta es siempre una garantía procesal para el ciudadano en su legítimo derecho de defensa ante los tribunales de justicia".
   Blasco ha expresado "nuevamente", como ha destacado que ya ha hecho "siempre a lo largo de este proceso", la "confianza total" en el funcionamiento de la justicia, en la "presunción de inocencia" y en el "derecho a una defensa justa y sin juicios paralelos", ha señalado en el comunicado.
   El síndic del PP puso el martes su cargo como portavoz del grupo 'popular' en las Cortes a disposición del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "decisión que no fue aceptada al no haber una imputación formal".
Alberto Fabra, ha agradecido al portavoz del grupo parlamentario 'popular' en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, el "sacrificio" de apartarse "momentáneamente" de sus funciones "para no eclipsar el debate parlamentario", después de que este martes la juez que instruye la causa por el presunto fraude en las ayudas a la cooperación considerara que se podría imputar a Blasco "hechos de naturaleza delictiva" cuando estaba al frente de la extinta Consejería de Solidaridad y Ciudadanía.
   Fabra ha asistido a la habitual reunión del grupo parlamentario de su partido en las Cortes antes de la celebración del pleno de la cámara. Esta reunión, que ha comenzado a las 10.00 horas, ha tenido lugar en la sala Vinatea y Fabra ha estado flanqueado por el secretario general del PPCV, Serafín Castellano, y al otro lado por Blasco, según han explicado fuentes del grupo popular.
   El presidente de la Generalitat ha explicado la situación después de que la jueza haya solicitado a las Cortes la acreditación de que Blasco es diputado, y por tanto aforado, antes de una presumible imputación en el caso de cooperación, puesto que la instrucción correspondería al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
   Fabra ha dado las gracias al portavoz 'popular' "por su labor al frente del grupo parlamentario", y al mismo tiempo, le ha agradecido su "sacrificio de apartarse para no eclipsar el debate parlamentario", según las mismas fuentes. Tras las palabras del presidente, se ha escuchado un aplauso masivo hacia Blasco.
   Tras la reunión, se han dirigido a las 10.26 horas al hemiciclo de las Cortes, donde Blasco se ha esperado en la puerta a que llegara Fabra acompañado por la consejera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson. Blasco se ha unido al grupo en el que también estaban Antonio Clemente y el consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré. Ninguno ha querido hacer declaraciones ante los medios de comunicación.
   Ya sentados en su escaño, Blasco se ha mostrado tenso ante los periodistas gráficos y nadie se ha acercado a su escaño a hablar con él, a excepción del portavoz adjunto, Rafael Maluenda, que ejercerá de síndic y que le ha tendido la mano.
   Desde la bancada socialista se ha podido escuchar algún comentario ante la posible imputación de Blasco en el caso de cooperación. "Éste se va a quedar a vivir aquí porque aquí su condición es inviolable. Esta noche llamará a Telepizza", han ironizado desde las filas del PSPV.

El Gobierno valenciano dice que los casos de corrupción son "aislados"

VALENCIA.-   El consejero de Justicia y Bienestar Social del gobierno valenciano, Jorge Cabré, ha asegurado este miércoles que desde el Gobierno valenciano "se están adoptando todas las decisiones para que haya absoluta transparencia y nadie pueda dudar de la cooperación al desarrollo valenciano". En este sentido, se ha referido al caso que investiga el juzgado 21 de Valencia sobre la supuesta trama de desvío de fondos de cooperación internacional y ha apuntado que la Justicia es "lenta pero efectiva".

   Cabré se ha expresado de esta manera en la sesión de control al Consell en las Cortes Valencianas con motivo de la pregunta formulada por la diputada socialista Clara Tirado en relación a las actuaciones que ha realizado el Gobierno valenciano para "depurar las responsabilidades políticas", tras conocerse el contenido del sumario de la instrucción del caso de cooperación.
   En esta línea, el titular de Justicia ha afirmado que se trata de "casos aislados" y "no merece la cooperación que por ellos se dé una imagen" negativa de ella. Por ello, ha apostado por que cuando le pregunten por la cooperación "en sentido negativo" su respuesta será en "positivo".
   La diputada socialista, Clara Tirado, sin embargo, ha criticado que hace 18 meses que denunció el caso y dio "todos los detalles de una trama" que afecta al actual portavoz del PP en las Cortes valencianas y exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, presente en el hemiciclo. "Entiendo que cuando lo denuncié, lo primero que deberían haber hecho es ir a la Consejería a comprobar" la veracidad de estas informaciones, ha dicho porque ahora han sido "ratificadas" por el juzgado número 21 de Valencia, ha apostillado.
   Tirado ha acusado al PP y al Consell de haber pasado 18 meses "tapando el escándalo y colaborando con la trama", y "poniendo velas al santo a ver si no imputaban a Blasco, por el pánico que le tienen. No han hecho nada, ni cuando los amigos de Blasco hablaban de violar diputadas, o eran racistas. No hicieron nada".
   La parlamentaria socialista, asimismo, ha criticado la "incongruencia" del PP porque "mantienen a diputados implicados en los peores casos de corrupción" y a otro que califican de talibanes a los profesores, "lo despachan", ha dicho en relación al que fuera director general de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva de la Conselleria de Educación, Mariano Vivancos.
   Tirado ha insistido en que, mientras a Vivancos le han "apartado" por llamar "talibanes" a los profesores, a Carlos Fabra, "imputado por graves delitos, le hacen presidente de Aerocas"; a Alfonso Rus, que llamó "gilipollas" a los profesores, "le hacen candidato a la presidencia del PP de la provincia de Valencia"; a Sonia Castedo, que "pactó el plan urbanismo de Alicante, le hacen candidata a la Alcaldía de Alicante". Por tanto, "como ya sabemos cómo funcionan las cosas en el PP, señor Blasco repita conmigo: ta-li-ban", ha concluido.
   Por otro lado, el socialista José Manuel Sánchez ha preguntado a la consejera de Educación, Formación y Empleo, María José Catalá, por las causas por las que han "impedido" al Server hacer efectivo el reintegro de 200.000 euros adeudados por la Federación Valenciana de Asociaciones de Vecinos (Favcova).
   Sánchez ha explicado que el Consell lleva cinco años con esta deuda pendiente y lo ha atribuido que el PP "mira hacia otro lado" en este caso porque "nos encontramos en otro caso de saqueo a las arcas públicas bajo el amparo del PP".
   Al respecto, ha denunciado que los 'populares' "se ha dedicado a potenciar a golpe de talonario determinadas asociaciones para construir una red clientelar que le sirva para sus intereses". Sánchez ha apuntado que el Gobierno valenciano ha destinado "12 millones de euros para entidades bajo el paraguas de Central Ciudadana y Favcova" con el "mismo modus operandi que en cooperación".  
   La consejera de Educación ha respondido que desde el Gobierno valenciano "vamos a exigir hasta el último euro" a esta entidad y, para ello, "el Server ha iniciado los procesos de reintegro en los plazos correspondientes" para que no incurra en prescripción.
   De esta manera, ha explicado que el Server ha instruido ya cuatro expedientes para pedir las cantidades adeudadas. De hecho, ha añadido, ya se ha hecho efectivo la incautación del aval que se pide cuando se otorgan estas ayudas. Català ha remarcado que el Servef "está cumpliendo todos los requisitos legales" para efectuar el reintegro de las ayudas. "Desde el Servef está cumpliendo taxativamente con la Ley General de Subvenciones", ha afirmado.

Rato renuncia a la indemnización de 1,2 millones en Bankia

MADRID.- El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha renunciado a la indemnización por importe de 1,2 millones de euros que le correspondía en virtud de una de las cláusulas del contrato suscrito con la entidad financiera.

   Rato ha dirigido una carta al actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, en la que solicita que no le sean aplicadas las obligaciones establecidas en la cláusula octava de su contrato, que le impedía trabajar en una entidad financiera durante los dos años posteriores a su salida.
   En la carta, fechada el 12 de junio, Rato pide "que se manifieste expresamente por la sociedad la renuncia a su aplicación, con todas las consecuencias que de ello se derivan, incluida la no percepción (...) de la indemnización prevista en la citada cláusula".
   El contrato que vinculaba a Rato con Bankia, suscrito el pasado 6 de septiembre de 2011, contenía un pacto de no concurrencia post-contractual, cuya aplicación correspondía a la entidad recientemente nacionalizada.
   Si Bankia acepta la propuesta de Rato, el exdirector gerente del FMI quedaría libre para fichar por cualquier otra entidad financiera, sin necesidad de esperar dos años como establecía dicha cláusula.   
   Rato, quien presentó su dimisión al frente de Bankia y su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA) el pasado 7 de mayo, ganó 2,34 millones de euros en el ejercicio 2011. En concreto, percibió 2,05 millones por su labor en Bankia, otros 254.000 euros por su trabajo en la matriz de la cotizada y otros 40.000 euros de Caja Madrid.
   Esta retribución de Rato en 2011 se situó en la banda baja de las correspondientes a los presidentes de las cinco mayores entidades financieras españolas. Sólo figuraría por debajo el presidente del Popular, Ángel Ron, con 1,234 millones.
   El Gobierno limitó los sueldos de los consejeros directivos y alta dirección de las entidades con ayudas articuladas a través de préstamos recibidos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 1, hasta un máximo de 600.000 euros anuales.
   Esta renuncia de la indemnización sucede a la aceptación por parte del director financiero de Bancaja, Aurelio Izquierdo, de revisar sus derechos de pensión acumulados que ascienden a 13,9 millones de euros.
   El plan de saneamiento dirigido por el sustituto de Rato, José Ignacio Goirigolzarri, para recapitalizar Bankia contempla ayudas públicas por importe de 19.000 millones de euros para garantizar su viabilidad.

El FROB deberá cubrir la ampliación por 1.000 millones de Banco de Valencia

MADRID.- El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tendrá que cubrir la práctica totalidad de los 1.000 millones de euros de ampliación de capital de Banco de Valencia tras cerrarse el periodo de suscripción preferente y el periodo de asignación de acciones adicionales con una suscripción mínima, informó la entidad intervenida por el Banco de España a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   Banco de Valencia prevé ampliar capital hasta 1.000 millones de euros, mediante la emisión de 5.000 millones de acciones acumulables e indivisibles de 0,20 euros de valor nominal. Los títulos de la entidad cerraron este miércoles a un precio de 0,155 euros.
   El periodo de suscripción preferente y de solicitud de acciones adiciones (primera vuelta) se cerró con una suscripción de 7,75 millones de acciones ordinarias de nueva emisión de la entidad, que representa el 0,1551% de la ampliación de capital.
   Por su parte, en el periodo de asignación de acciones adicionales (segunda vuelta) se solicitaron 420 acciones, que representan el 0,0000084% de la ampliación.
   En la medida en que en la primera y segunda vuelta de la ampliación no ha sido suscrita por accionistas legitimados e inversores hasta un importe igual o superior al importe de la reducción de capital previa, un importe de 24,62 millones de euros, "no resulta de aplicación el supuesto extraordinario de retirada de órdenes de suscripción previsto", indicó la entidad.
   Así, se abre ahora el periodo de asignación de nuevas acciones al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) o al FROB. En el caso en que el FGD decidiese no suscribir estas acciones o finalizara el plazo de suscripción sin haber sido suscritas, el FROB suscribiría las acciones nuevas no suscritas que correspondan de conformidad con el Plan de Reestructuración que apruebe el Banco de España, en el plazo de cinco días naturales siguientes a la fecha de finalización del plazo inicial de 45 días.