viernes, 24 de mayo de 2024

La Unió insta a no aprobar ningún plan de empresa de puertos que bonifiquen productos agroalimentarios no deficitarios



VALENCIA.- La Unió ha instado a Puertos del Estado a no aprobar ningún plan de empresa de los puertos españoles que bonifique productos agro-alimentarios importados no deficitarios en España o que se encuentren en una situación de crisis.

"Las grandes empresas importadoras, muchas de ellas de aquí, deben pagar lo que les corresponda por la utilización de una infraestructura pública como son los puertos", ha indicado la organización en un comunicado.

La Unió ha apuntado que en los datos de 2024 se detecta que buena parte de las importaciones que entraban por puertos valencianos se está desviando sobre todo hacia el puerto de Cartagena, ante el anuncio de las eliminaciones de las bonificaciones portuarias a los cítricos importados desde Castellón (en la imagen) y Valencia.

Así, ha explicado que "las importaciones han desestabilizado al final la campaña con precios a la baja tanto en fresco como para industria, hasta el punto de que vayamos a acabar la campaña bastante mal".

En este sentido, La Unió ha criticado "la insensibilidad" de la Autoridad Portuaria de Cartagena, cuyo Consejo de Administración ha decidido mantener las bonificaciones de los cítricos importados de terceros países "en el contexto de una de las mayores crisis del sector del limón de los últimos años".

Según La Unió, más de 400.000 kilos de limón se quedarán sin recoger en las zonas productoras españolas, entre ellas la provincia de Alicante, durante esta campaña "desastrosa para los productores que observan además con incredulidad como el precio entre lo perciben y lo que pagan los consumidores en los lineales de los supermercados se dispara más de un 1.300%, el producto con un mayor desequilibrio entre origen y destino".

La Unió ha señalado que en la última década las importaciones de cítricos de otros países terceros por puertos españoles las encabeza Argentina con 521.703 toneladas --buena parte de ellas de limones-- y "todo ello pese al cierre de sus exportaciones varias campañas por problemas fitosanitarios". Le sigue Marruecos con 231.377 toneladas, Egipto con 197.402, Uruguay con 108.271 y Sudáfrica con 103.478 toneladas.

Durante 2023 llegaron a España a través de sus puertos más de 199.000 toneladas de cítricos importados, el año con mayor volumen desde que hay registros, 1,29 millones si se extiende a la última década.

El puerto de Algeciras es por dónde más cítricos de fuera entraron el pasado año, 73.845 toneladas, seguido del de Cartagena con 64.776 toneladas, Castellón con 37.883 y Valencia con 8.221, ha detallado la organización agraria.

"Este auge evidente de las importaciones es uno de los factores del giro de 180 grados experimentado en la segunda parte de la campaña citrícola con una caída importante de precios para los productores que llegaba además tras un comienzo bastante razonable", ha afirmado.

Por ello, La Unió ha reclamado a la Unión Europa "reciprocidad en todos los acuerdos comerciales con terceros países" y una "revisión del impacto de los tratados firmados con algunos países como Egipto, Turquía, Sudáfrica y Marruecos".

También ha defendido la organización un endurecimiento de los protocolos de sanidad vegetal para evitar la entrada de plagas, la ampliación del tratamiento de frío a mandarinas, limones y pomelos y no solo para naranjas de Sudáfrica, la desaparición de las bonificaciones en los puertos españoles que facilitan una entrada de cítricos foráneos como es el caso de Algeciras y Cartagena por donde entra una gran parte de estos, así como un aumento del control y vigilancia fitosanitaria de los puestos de inspección fronterizos (PIF).

La Universitat de València aprobará tres convenios con universidades palestinas

 VALENCIA.- El Consell de Govern de la Universitat de València (UV) aprobará el próximo martes, 28 de mayo, los primeros tres convenios acordados con universidades palestinas.

A lo largo de los últimos meses, la universidad valenciana ha contactado con un total de 13 instituciones de educación superior que desarrollan su actividad en Palestina para expresarles su "solidaridad ante la intervención militar de Israel en Gaza" y "ofrecer la colaboración académica con la Universitat de València a través de convenios de colaboración".

Las universidades An-Najah National University, Palestinian Ahliya Universiy y Hebrón University serán las tres primeras universidades con las cuales la Universitat de València firmará acuerdos de colaboración después de la intervención militar de Israel en Gaza, detalla la entidad que dirige la rectora Mavi Mestre en un comunicado.

Mestre y el Consell de Direcció de la Universitat propondrán al Consell de Govern, que se reunirá este próximo martes día 28 de mayo en sesión ordinaria, la autorización preceptiva para la firma de estos convenios que ya han realizado todos los pasos de tramitación previos, incluyendo el informe favorable de los servicios jurídicos de la Universidad.

La UV contó, entre el año 1995 y 2020 con convenio de colaboración con la An-Najah National University, que será renovado, y, entre los años 2013 y 2020, con la Universidad de Palestina. Ambos convenios finalizaron su periodo de vigencia y no se renovaron por falta de actividad en aquellos momentos.

Después del inicio de la intervención militar israelí en Gaza, reiteradamente condenada por el Consell de Govern desde el mes de octubre de 2023 y del acuerdo logrado al Claustro de la UV el pasado 22 de febrero, el vicerrectorado de Internacionalización y Multilingüismo de la Universitat de València, siguiendo indicaciones de la rectora Mavi Mestre, inició los contactos con un total de 13 universidades palestinas.

En estas comunicaciones, la Universitat los expresó su solidaridad con la difícil situación que estaban atravesando, dado que en numerosos casos las instalaciones y edificios universitarios han sido fuertemente afectados por las acciones militares israelíes, impidiendo el correcto funcionamiento de las actividades universitarias.

En concreto, la Universitat de València ha contactado con las siguientes universidades: An-Najah National University, Hebron University, Palestine Ahliya University, Al-Aqsa University, Israa University-Gaza, Universidad de Palestina, Al-Quds, Betlem, Birzeit, Politècnica de Palestina, Àrab-Americana, Ibrahimieh y Al-Azhar-Gaza.

Desde la UV señalan que "la difícil situación que atraviesa la población de Gaza como consecuencia de las acciones bélicas de Israel está dificultando el contacto con estas universidades". 

En cualquier caso, apuntan, "la Universitat de València continúa trabajando en el despliegue de convenios de colaboración que contribuyan a ayudar en la comunidad universitaria palestina".

Los convenios marco de colaboración que se aprobarán en el Consell de Govern tendrán que desarrollarse, posteriormente, en convenios específicos que establezcan los programas de colaboración y cooperación entre las universidades.

La 'Acampada Palestina' de la UPV se mantendrá en el campus hasta alcanzar un "acuerdo satisfactorio" con el Rectorado

 VALENCIA.- La Acampada Palestina de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha anunciado que continuará su protesta en el Campus de Vera hasta alcanzar un "acuerdo satisfactorio" con el Rectorado que incluya "medidas efectivas y útiles" contra el conflicto entre Palestina e Israel.

Así lo han manifestado este viernes integrantes de la acampada en una comparecencia ante los medios de comunicación en el Ágora de la universidad, donde desde hace 12 días permanecen en torno a 70 estudiantes en tiendas de campaña.

El movimiento estudiantil ha reclamado una respuesta "clara y efectiva" ante la situación en la Franja de Gaza: "De aquí no nos movemos hasta que nos den lo que pedimos. Queremos que nuestra universidad, a partir de ahora, tenga las manos limpias en este genocidio".

Hasta la fecha, el colectivo ha mantenido tres reuniones con el Vicerrectorado para abordar la continuidad de la protesta en el Campus de Vera. Sin precisar detalles sobre los encuentros, han criticado la "pasividad" y el "silencio institucional" de la UPV.

En este sentido, han pedido que la universidad cese su colaboración con universidades israelíes en el marco del programa Erasmus+ y también con empresas con intereses en el país.

Respecto al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del reconocimiento de Palestina, han asegurado que es una "postura incompleta" y "no satisfactoria", ya que reconoce a "dos Estados".

 "No la vemos con buenos ojos".

Por su parte, fuentes de la UPV han mostrado su "preocupación" ante los actos vandálicos y pintadas en las paredes de varios edificios del Campus de Vera con frases como 'UPV patrocina un genocidio'.

Al mismo tiempo, han manifestado la "total adhesión" de la UPV al comunicado de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) respecto a las acampadas a favor de Palestina en los campus universitarios.

La UPV ha precisado que la protesta es una "ocupación no autorizada", pese a ello, ha apuntado que ofrece el "espacio necesario a la libertad de expresión" y reclama una "solución inmediata al terrible conflicto y catástrofe humanitaria".

Respecto a los participantes en la acampada, ha señalado que "no quieren ser identificados" y ha calificado de "muy preocupantes" los "intentos de agitación" de personas externas a la UPV hacia un "reducido grupo" de estudiantes.

La Comunitat gana 37 empresas por cambio de sede social en el primer trimestre y lidera la facturación gracias a Ford

 


MADRID.- Un total de 1.501 empresas han trasladado su sede social a otra comunidad durante el primer trimestre de 2024, un 3% menos que el año anterior, aunque superan en un 42% los datos de los tres últimos meses de 2023, según el 'Estudio sobre Cambios de Domicilio' publicado este viernes por Informa D&B. De estas, 37 realizaron el cambio a la Comunitat Valenciana, autonomía que, además, lidera la facturación gracias al traslado de Ford España.

Según se recuerda en el informe, los cambios de domicilio experimentaron un importante crecimiento en 2017 como consecuencia de referéndum independentista, llegando hasta 6.276 en el acumulado de 2018. El año pasado terminó con un total de 5.240 traslados, la cuarta cifra más alta desde 2015.

La directora de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese, ha explicado que Madrid y Cataluña son las comunidades que más movimientos de empresas registran en el primer trimestre, aunque la primera es la que tiene un mayor saldo positivo entre llegadas y salidas, añade 181, mientras que Cataluña es la que más resta, 84.

Tras Madrid, los mayores saldos positivos en este primer trimestre son para la Comunitat Valenciana, que añade 37 compañías, y Baleares, que suma 18. Murcia, Galicia, Melilla, Castilla y León y Ceuta también ganan empresas por los cambios de domicilio estos meses.

Las 181 que gana Madrid son la mayor cifra positiva alcanzada y superan a las 31 que añadía durante los tres primeros meses de 2023. Es también la comunidad que más movimientos registra, han llegado 572 sociedades y se han marchado 391.

El 23% de las empresas que han llegado a Madrid en el primer trimestre tiene su origen en Cataluña y un 21% en Andalucía. La comunidad a la que más empresas madrileñas deciden trasladarse es Cataluña, el 21%, y tanto Andalucía como la Comunitat Valenciana reciben un 16% cada una.

Atendiendo a las ventas declaradas por las sociedades que se han mudado en el primer trimestre, Valencia es la que más añade por estos cambios de domicilio, 7.625 millones de euros. Esto se debe a que se ha ubicado en la comunidad Ford España, con unas ventas de cerca de 7.522 millones de euros, procedente de Madrid, según se especifica en el estudio.

Valencia aplicará la suspensión cautelar de licencias de apartamentos turísticos y limitará los megacruceros


VALENCIA.- La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado este viernes que aplicará en el conjunto de la ciudad la suspensión cautelar de licencias para apartamentos de uso turístico situados en comunidades de propietarios y en bajos comerciales durante un año prorrogable a otro. Asimismo, ha avanzado su idea de limitar en 2026 la llegada de megacruceros a la capital valenciana.

La primera edil ha realizado este anuncio durante su participación en el encuentro 'Somos +' organizado por el diario Las Provincias. Catalá (PP) ha afirmado que «frente a la pasividad» del anterior ejecutivo local, formado por Compromís y PSPV, el suyo, integrado por PP y Vox, está «haciendo cosas» y actuando ante el fenómeno en crecimiento de los apartamentos turísticos.

De este modo, ha dado a conocer que en el pleno ordinario de mayo que el consistorio celebrará el próximo martes, su equipo impulsará una iniciativa, a través de un punto extraordinario, para acordar «la suspensión cautelar de licencias» de apartamentos de uso turístico «durante un año prorrogable a otro para evitar la proliferación de este fenómeno que afecta a las grandes ciudades».

Desde el equipo de gobierno de Catalá han precisado que esa suspensión afectará a los alojamientos de ese tipo situados en comunidades de propietarios y en bajos comerciales y no a los edificios completos de apartamentos turísticos, cuya actividades es equiparables a la de un hotel. Asimismo, han recordado que El Cabanyal tiene su propia regulación y que en Ciutat Vella ese tipo de licencias está suspendido.

«Compromís y el PSPV-PSOE hablan todos los días de apartamentos turísticos y no hicieron nada en ocho años» más que «un acuerdo para flexibilizar las normas y que se abrieran en bajos comerciales», ha expuesto la responsable municipal, que ha señalado que «si hoy Valencia tiene eso es porque PSPV y Compromís en 2018 lo permitieron».

Igualmente, la alcaldesa ha indicado que el anterior ejecutivo no puso en marcha equipos de inspección para los apartamentos turísticos y ha destacado que el suyo ha impulsado cuatro. 

«Se han hecho 197 inspecciones en los primeros meses y se han emitido 160 órdenes de cierre», ha agregado.

Por otro lado, preguntada tras su conferencia sobre si el turismo de cruceros es bueno o malo para Valencia, María José Catalá ha respondido que «depende del crucero». Tras ello, ha considerado que «las ciudades flotantes son malas» y ha avanzado que «en 2026 se va a limitar la posibilidad de que esos megacruceros vengan a la ciudad de Valencia».

«En el año 2026 los megacruceros, las ciudades flotantes, dejarán de venir a Valencia», ha resaltado la alcaldesa, que ha apostillado que «los cruceros más reducidos, de otro tipo de perfil y que evidentemente generan una riqueza en la ciudad, se mantendrán».

Educación denuncia el acuerdo de plantillas firmado por el Botànic por "carecer" de controles y presupuesto

 VALENCIA.- La Conselleria de Educación, Universidades y Empleo ha comunicado este viernes la denuncia ante las organizaciones firmantes del acuerdo de plantillas firmado el pasado año por el gobierno del Botànic cuando estaba ya en funciones.

La decisión se ha tomado, según explica el departamento de Campanar, tras «analizar el acuerdo y comprobar que carecía de los controles necesarios, de los informes de impactos oportunos y de presupuesto para su aplicación».

 Así, tras una solicitud formulada por la Dirección de Personal Docente a la Abogacía de la Generalitat, esta ha concluido que se trata de una «disposición de carácter general que es nula de pleno derecho».

Al respecto, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha considerado que la actual Conselleria «no tiene más remedio que denunciar este acuerdo en busca garantizar un marco de seguridad jurídica para el profesorado y por eso vamos a proceder a dejarlo sin efecto».

 «Eso no quiere decir que no haya plantillas adecuadas en los centros, todo lo contrario, las plantillas están garantizadas», subraya.

«Es importante para el profesorado --continúa-- que haya un marco jurídico adecuado para garantizar su seguridad en el futuro, cosa que con el marco jurídico empleado por el anterior gobierno no existe. Por eso nos vemos obligados a dejarlo sin efecto».

Según informan fuentes de Educación, el informe de la Abogacía destaca que «los criterios adoptados y la ampliación de las plantillas comprometen créditos plurianuales que alcanzan a toda la legislatura» y que «resulta evidente que dicha decisión afecta a la programación de la política de inversión educativa que, por su trascendencia y alcance, parece exceder de lo que debe considerarse un despacho ordinario».

«Nos encontramos con una situación similar a la ocurrida con los expedientes del Pla Edificant que también fueron firmados por el Botànic estando en funciones, excediendo así las competencias y comprometiendo partidas presupuestarias para el Gobierno actual», ha explicado el secretario autonómico de Educación.

El acuerdo de plantillas fue firmado por la Conselleria que entonces dirigía Raquel Tamarit y los sindicatos, a los que se ha dado cuenta esta mañana de la denuncia.

McEvoy ha explicado que según la memoria económica que acompañó el Acuerdo de Primaria en el 2023 «se utilizaron recursos reservados para el Programa de Acción para la Mejora (PAM), y para el 2024 se previeron también fondos reservados para el citado programa, en concreto el doble».

«Hay que recordar que el PAM es un programa anual que depende de la dirección general de Innovación e Inclusión Educativa, y por el que se dota a los centros para llevarlo a cabo de unos recursos personales, que nada tiene que ver con el acuerdo de plantillas».

«La voluntad de la Conselleria es dialogar y negociar con las fuerzas sindicales para conseguir un acuerdo de plantillas bien hecho, con los informes pertinentes, el presupuesto y las garantías jurídicas necesarias y esperamos dar los primeros pasos con los sindicatos en los próximos días con la convocatoria de una Mesa Sectorial y la elaboración de una orden que mejore el acuerdo», ha concluido.

Bruselas abre expediente a España por no incorporar normas de pago de peajes en carretera



BRUSELAS.- La Comisión Europea (CE) abrió este viernes un procedimiento de infracción contra España y otros quince Estados miembros por no haber incorporado plenamente a sus normativas la directiva comunitaria que estipula el uso de peajes en las carreteras para financiar el mantenimiento y el desarrollo de la red viaria europea.

En concreto, Bruselas envió una carta de emplazamiento -que es el primer paso en el procedimiento de infracción de la Unión Europea (UE)- a España, Bélgica, Bulgaria, Irlanda, Grecia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia.

Según informó la Comisión Europea, estos países no comunicaron la plena transposición a su legislación nacional de las nuevas normas revisadas en la materia antes de la fecha límite, que fue el pasado 25 de marzo.

La directiva, que se adoptó originalmente en 1999, establece normas comunes sobre el pago de tasas basado en los peajes (tasa que se basa en la distancia) y viñetas (que se basa en el tiempo) por la circulación de vehículos en las carreteras.

Estas normas estipulan que los costes de construcción, explotación y mantenimiento de las infraestructuras pueden recuperarse mediante peajes y viñetas.

En 2022, las normas se modificaron para incluir a los turismos y los pequeños vehículos pesados, y para ordenar la internacionalización de los costes externos ligados a la contaminación atmosférica.

Así, la directiva introdujo un nuevo sistema que obliga a los Estados miembros a imponer pagos basados en las emisiones de CO2 de los vehículos pesados, una medida encaminada a descarbonizar el transporte de mercancías por carretera fomentando el despliegue de vehículos pesados con menores emisiones.

Los dieciséis países expedientados tienen ahora dos meses para responder a la carta de emplazamiento del Ejecutivo comunitario y completar la transposición de la directiva revisada.

De lo contrario, la Comisión puede decidir emitir un dictamen motivado, que es el segundo paso en el procedimiento de infracción comunitario.

El Gobierno plantea a las CCAA una plataforma estatal para controlar el auge de los pisos turísticos

 MADRID.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha planteado a las comunidades autónomas la creación de una plataforma estatal y única de datos para 2025 que, en colaboración con el Ministerio de Industria y Turismo, ofrecerá datos públicos y homologables con la UE sobre pisos turísticos, alquiler de temporada o alquiler de habitaciones.

Para ello, Rodríguez ha reunido este viernes a los responsables de vivienda de cada una de las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla en una conferencia sectorial para plantear la creación de dicha plataforma y analizar la proliferación de apartamentos turísticos y su impacto sobre la vivienda.

La creación de esta plataforma emana del Reglamento europeo sobre la Recogida e Intercambio de datos relacionados con servicios de alquiler y alojamientos de larga duración, en vigor desde este mes de mayo, y que mandata a los estados miembros a aprobar dicha plataforma, con datos homologables en toda la UE.

"Disponemos de una normativa vigente en el seno de la Unión Europea que nos va a permitir a las administraciones públicas contar con mejores datos para poder afrontar este fenómeno, para perseguir el fraude que también se da en torno a este fenómeno", ha subrayado Rodríguez.

Los representantes de las comunidades autónomas han dado la bienvenida al registro estatal y, en su mayoría, han pedido que la propuesta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se ponga en marcha cuanto antes, según un comunicado del Ministerio de Vivienda.

Así, Rodríguez quiere "acelerar los trámites" para poner la plataforma en marcha y permitir que España sea "pionera", es decir, una de los primeros estados de la Unión Europea en lanzar una plataforma de este tipo.

El objetivo del Ministerio es que de forma colaborativa se puedan implementar todas las medidas necesarias que impliquen la priorización del uso residencial de la vivienda frente a cualquier otro.

Aumento "significativo" de los pisos turísticos 

Diversos informes nacionales e internacionales indican que en España se está produciendo un incremento "muy significativo" de los pisos turísticos, que "está afectando a la reducción de oferta en el mercado residencial y aumento de su precio".

En esta línea, la ministra ha destacado el incremento del 80% entre 2010 y 2018 de los pisos turísticos, que a su vez está afectando al número de viviendas disponibles para la residencia habitual y está influyendo sobre el precio de las mismas. "Nos sentimos concernidos", ha señalado Rodríguez.

Según la titular de Vivienda, "para afrontar este fenómeno, necesitamos datos públicos y oficiales para dar respuesta a esta situación y perseguir el fraude".

Por último, la ministra ha planteado "qué modelo de ciudades queremos" en relación a la agenda urbana, y ha asegurado que defiende "el turismo sostenible", pero priorizando el acceso a la vivienda de uso habitual.

"Nosotros abogamos por un turismo de calidad, sostenible y desestacionalizado. Es un sector importantísimo en nuestro país, pero que hay que conciliar cuando esto entra en confrontación con el desarrollo de las vidas íntimas y personales y con el derecho a la vivienda. Un turismo que llegue a zonas donde todavía no había llegado, pero se hace necesaria la regulación cuando afectando al acceso a la vivienda", ha subrayado también la ministra.

Además de Isabel Rodríguez, los consejeros autonómicos y los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a la reunión también han asistido: la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau; el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas; el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero; y la directora general de la entidad pública empresarial de Suelo (SEPES), Leire Iglesias.

El puerto de Cartagena mantiene las bonificaciones a los cítricos importados en plena crisis del limón


 CARTAGENA.- Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos critica la insensibilidad de la Autoridad Portuaria de Cartagena, cuyo Consejo de Administración ha decidido mantener las bonificaciones de los cítricos importados de terceros países en el contexto de una de las mayores crisis del sector del limón de los últimos años.

Más de 400.000 kilos de limón se quedarán sin recoger en las zonas productoras españolas durante esta campaña desastrosa para los productores que observan además con incredulidad como el precio entre lo perciben y lo que pagan los consumidores en los lineales de los supermercados se dispara más de un 1.300%, el producto con un mayor desequilibrio entre origen y destino.

En este contexto, durante la sesión celebrada el pasado 13 de mayo, los consejeros y consejeras del Puerto de Cartagena acordaron, entre otras cosas, que tráficos como las frutas y las hortalizas de importación mantengan un 15% de bonificación y así lo han trasladado en su propuesta enviada a Puertos del Estado en el marco de su plan de empresa para 2025.

Unión de Uniones insta a Puertos del Estado a no aprobar ningún plan de empresa de los puertos españoles que bonifique productos agroalimentarios importados no deficitarios en España o que se encuentren en una situación de crisis. “Las grandes empresas importadoras, muchas de ellas de aquí, deben pagar lo que les corresponda por la utilización de una infraestructura pública como son los puertos”, indica la organización. 

En el transcurso de la última década las importaciones de cítricos de otros países terceros la encabezan Argentina con 521.703 toneladas -buena parte de ellas de limones- y todo ello pese al cierre de sus exportaciones varias campañas por problemas fitosanitarios. Le sigue Marruecos con 231.377 toneladas, Egipto con 197.402, Uruguay con 108.271 y Sudáfrica con 103.478 toneladas.

Durante 2023 llegaron a España a través de sus puertos más de 199.000 toneladas de cítricos importados, el año con mayor volumen desde que hay registros, 1,29 millones si se extiende a la última década.

El puerto de Algeciras es por dónde más cítricos de fuera entraron el pasado año, 73.845 toneladas, seguido del de Cartagena con 64.776 toneladas, Castellón con 37.883 y Valencia con 8.221. En los datos de este 2024 se detecta también que buena parte de las importaciones que entraban por puertos valencianos se está desviando sobre todo hacia el puerto de Cartagena, ante el anuncio de las eliminaciones de las bonificaciones portuarias a los cítricos importados desde Castellón y Valencia.

Este auge evidente de las importaciones es uno de los factores del giro de 180 grados experimentado en la segunda parte de la campaña citrícola con una caída importante de precios para los productores que llegaba además tras un comienzo bastante razonable.

“Las importaciones han desestabilizado al final la campaña con precios a la baja tanto en fresco como para industria, hasta el punto de que vayamos a acabar la campaña bastante mal”, asegura Unión de Uniones, quien insiste en reclamar a la Unión Europa "reciprocidad en todos los acuerdos comerciales con terceros países" y una “revisión del impacto de los tratados firmados con algunos países como Egipto, Turquía, Sudáfrica y Marruecos". 

También defiende la organización un endurecimiento de los protocolos de sanidad vegetal para evitar la entrada de plagas, la ampliación del tratamiento de frío a mandarinas, limones y pomelos y no solo para naranjas de Sudáfrica, la desaparición de las bonificaciones en los puertos españoles que facilitan una entrada de cítricos foráneos como es el caso de Algeciras y Cartagena por donde entra una gran parte de estos, así como un aumento del control y vigilancia fitosanitaria de los puestos de inspección fronterizos (PIF). 

En este sentido, Unión de Uniones reitera a todos los puertos españoles que supriman las bonificaciones a las importaciones de productos de terceros países que sean sensibles aquí.

Prueba de contradicción / Guillermo Herrera *


Vivimos en un mundo que se está reduciendo al absurdo para provocar una reacción contraria. La sociedad actual está experimentando un proceso de reducción al absurdo debido a la multiplicación de comportamientos distópicos que tarde o temprano se ponen en evidencia por sí mismos, y esto podría conducir a un regreso al sentido común. 

Esto es como un círculo vicioso una situación repetitiva y problemática en la que se encuentra atrapado un sistema, donde cada acción alimenta y perpetúa el problema.

Muchas tendencias, comportamientos y decisiones contemporáneas parecen ilógicas, irracionales o contraproducentes. Esta percepción puede surgir de varios factores, como la polarización política, la desinformación, la cultura de la cancelación y la superficialidad en el discurso público, entre otros. 

La división creciente entre diferentes grupos políticos puede llevar a un ambiente donde es casi imposible el diálogo y el compromiso en políticas esenciales debido a la intensa rivalidad partidista. Además, la práctica de ‘cancelar’ a personas o entidades por opiniones o acciones polémicas puede limitar la libertad de expresión y promover la censura en una cultura de la cancelación sin oportunidad de redención.

Además, la superficialidad en el discurso público conduce a la simplificación excesiva de temas complejos y a la prevalencia de lemas y frases virales sobre el análisis profundo en memes y tuits en lugar de debates informados y matizados. Refleja un aumento de la polarización, la desigualdad, la intolerancia o la falta de racionalidad en la toma de decisiones a nivel social. 

Por otro lado, el consumismo y la superficialidad cultural conduce a la priorización de lo superficial y material sobre valores más profundos y significativos a consecuencia de la obsesión por la fama y la riqueza como objetivos de vida predominantes, eclipsando valores como la empatía, la integridad y el conocimiento.

DEFINICIÓN

La reducción al absurdo, también conocida como prueba por contradicción o argumento ad absurdum, es un método de demostración lógica utilizado para probar la veracidad de una proposición mediante la demostración de que su negación conduce a una contradicción o a un resultado absurdo.

La reducción al absurdo es un método lógico utilizado en filosofía para demostrar la validez de una proposición al mostrar que su negación conduce a una contradicción o a una conclusión absurda. En resumen, la reducción al absurdo es un método demostrativo ampliamente utilizado en filosofía para establecer la validez de proposiciones al reducir su negación al absurdo, mostrando así su necesaria verdad dentro del sistema filosófico.

La reducción al absurdo también se utiliza en política como una técnica argumentativa para desacreditar a una oposición política mostrando que, si se siguiera hasta sus últimas consecuencias, llevaría a resultados indeseables. Este método se puede aplicar tanto en debates políticos como en el análisis de políticas públicas.

 En un sentido más amplio, la reducción al absurdo se podría aplicar a la crítica de posiciones políticas que, al ser llevadas hasta sus últimas consecuencias lógicas, muestran sus limitaciones o contradicciones internas. Esto puede ocurrir cuando se invierten los papeles y un partido político adopta argumentos que antes criticaba en otro.

https://es.wikipedia.org/wiki/Reductio_ad_absurdum

DEMENCIA POLÍTICA

La expresión "demencia política" describe comportamientos, decisiones o posturas de individuos o grupos en el ámbito político que se perciben como irracionales, extremas o perjudiciales. Este término no se refiere a una condición psiquiátrica, sino que es más bien una crítica hacia acciones políticas que se consideran imprudentes, irresponsables o fuera de la lógica común.

Cuando un político o un gobierno toma decisiones que parecen completamente desconectadas de la realidad o peligrosas para la estabilidad de una nación, se puede hablar de "demencia política". Por ejemplo, se podrían calificar de esta manera políticas económicas que llevan al colapso financiero de un país. 

La falta de diálogo y la imposibilidad de trabajar juntos por el bien común son síntomas de esta situación. La polarización extrema y la incapacidad para llegar a acuerdos básicos, se pueden calificar de "demencia política".

Respecto a los comportamientos autocráticos, los líderes que adoptan decisiones dictatoriales, que restringen libertades civiles, y que manipulan las instituciones democráticas para mantenerse en el poder, también se puede acusar de "demencia política"

Estos comportamientos incluyen a menudo promesas irrealizables y el fomento de divisiones sociales. Políticos que utilizan discursos populistas y demagógicos para ganar apoyo, sin importar las consecuencias a largo plazo, se pueden ver bajo una "demencia política".

LA LEY DEL PÉNDULO

La "Ley del Péndulo Político" describe la naturaleza cíclica de la política, donde los cambios en el poder tienden a alternar entre extremos opuestos a lo largo del tiempo. Este fenómeno sugiere que después de periodos de dominio político de un cierto partido, ideología o enfoque, la opinión pública y el poder político cambian al final hacia el extremo opuesto.

Este ciclo de oscilación actúa como un mecanismo de equilibrio en la democracia, permitiendo que diferentes visiones y enfoques tengan su oportunidad en el poder. La idea es que la política y las preferencias del electorado tienden a moverse en ciclos.

 Por ejemplo, después de un periodo de gobierno conservador, es probable que la opinión pública se incline hacia políticas más liberales, y viceversa. Este fenómeno se atribuye a la reacción natural de la sociedad hacia los excesos o problemas que surgieron durante el periodo de dominio político anterior.

 Por ejemplo, un gobierno demasiado intervencionista puede llevar a un cambio más liberal.

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