lunes, 2 de abril de 2012

Compromís critica el gasto de hasta 4.000 euros mensuales en alimentación para el comedor del Palau de la Generalitat


VALENCIA.- La diputada autonómica de Compromís Mireia Mollà ha denunciado que el comedor del Palau de la Generalitat tiene un gasto de hasta 4.000 euros mensuales en alimentación. Dicho comedor se utiliza para atender actos protocolarios y otras reuniones. 

   Mollà se ha expresado de esta manera en un comunicado con motivo de una respuesta parlamentaria. En este sentido, la diputada ha explicado que formuló por escrito una cuestión el pasado mes de enero en la que pidió al Consell que explicara "cómo se justificaba la compra de alimentos por una cantidad tan exagerada durante el año 2011, según se registra en el programa presupuestario 221.07".
   Así, ha afirmado que los gastos mensuales en alimentación van "desde los 1.500 euros --en los meses de vacaciones-- hasta los 4.000 euros".
   A la pregunta de Compromís de cómo se justifica la compra de alimentos por una cantidad "tan desorbitada" y por el destino del dinero de la caja fija, el vicepresidente del Consell, José Císcar, recuerda que el Palau de la Generalitat dispone de un comedor para atender "actos protocolarios" así como para otras reuniones que, por sus características "se considera conveniente realizar" en estas dependencias.
   Asimismo, explica que cuando se llevan a cabo actos protocolarios, se trata, "en la medida de lo posible", de cubrir las necesidades con los servicios propios de personal y cocina de Presidencia, y con la compra de alimentos, "en gran parte perecederos".
    La diputada de Compromís ha lamentado que Císcar "no haya hecho ninguna referencia al gasto que se hace desde la caja fija, un dinero sobre el que el Consell no informa a las Corts y que podría suponer que la cifra de la alimentación para el comedor de Presidencia sobrepasara los 30.000 euros al año".
   "La justificación de este gasto desorbitado en comidas y la negativa a informar sobre a qué se destina el dinero de la caja fija evidencia que el Gobierno de Fabra sigue la misma estela que sus antecesores y que la austeridad y la transparencia a las que tanto apela no son más que mentiras a las que nos tiene acostumbrados el PP", ha agregado Mollà.

El CVC pide que la Ley de RTVV garantice la credibilidad informativa

VALENCIA.- El Consell Valencià de Cultura (CVC) reclama que la futura Ley de Radio Televisión Valenciana garantice "la credibilidad, objetividad y pluralidad informativa" del ente autonómico, al tiempo que recomienda no tramitar la norma hasta que no se conozca el alcance del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que está previsto aplicar.   

   El pleno del Consell Valencià de Cultura (CVC), reunido el viernes pasado, en sesión extraordinaria, dio luz verde a este informe sobre el anteproyecto de Ley de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), que aprobó la Generalitat en diciembre del año pasado.
    En el documento, elaborado a petición de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat, la institución consultiva remarca la importancia de la ley para garantizar un servicio público que aúne credibilidad, objetividad y pluralidad informativa. "La calidad informativa --argumenta-- se basa en la radical separación de los hechos de las opiniones, y que solo los principios de veracidad, comprobación, testimonio, prueba y contraste de las fuentes, consiguen el equilibrio informativo en aras de la necesaria objetividad".
   Así, el CVC argumenta que el servicio público no ha de "luchar solo por la audiencia, sino que debería intentar ser ejemplar en la protección de la infancia, la programación infantil y educativa, además de fomentar la ciencia y el progreso cultural y de normalización lingüística".
   En esta línea, considera que "la neutralidad general que reclama muy específicamente un modelo de radio y televisión públicas se podría reforzar, introduciendo en el sistema controles de calidad exigentes y Consejos informativos al estilo de RTVE".
   Además, en su apartado preliminar, señala que, "ante la inminencia de un ERE sobre la actual plantilla, del que a día de hoy se desconocen todos los detalles, así como ante la modificación prevista de la Ley 7/2010, General de Comunicación Audiovisual, no parece conveniente tramitar el actual texto legislativo sin tener una información real sobre el alcance de estos nuevos parámetros", ya que "la falta de esa información puede conducir a errores que pondrían en riesgo la aplicación de esta norma en un futuro próximo".
   El órgano consultivo agrega, sobre la política de personal, que convendría que en el preámbulo de la ley se hiciese referencia a los derechos y obligaciones de todos los profesionales de las artes y las ciencias de la televisión, así como de los periodistas, dentro de un marco de pluralidad y libertad informativa.
   También recomienda que la ley defina las necesidades de personal que estructuralmente tendrá el Grupo para marcar el criterio que oriente a la hora de fijar el tamaño de su plantilla y que privilegie como objetivos de la empresa tanto la producción propia como la formación continua de los profesionales y adaptación a nuevos métodos y formatos de producción, con el fin de dar un servicio público cada vez mejor.
   Un aspecto que el CVC califica como "positivo" es la introducción del Contrato Programa, aunque insta a que los servicios previstos se orienten también a dar a conocer la riqueza y diversidad de todo el ámbito territorial y que se introduzcan en el articulado de la ley otras posibles vías de financiación y comercialización.
   Respecto a la producción propia, anima al Grupo RTVV SA a impulsarla, al tiempo que consideramos adecuado mantener la importancia de la publicidad para su financiación no pública, dado que su eliminación pondría en riesgo todo el proyecto, especialmente en unos momentos de crisis, aunque sugiere que ésta sea en valenciano. Precisamente, el CVC propone, para el fomento de la lengua propia,  que se amplíe la emisión en valenciano a toda la programación de los canales del grupo.
   En cuanto a la gestión, pide clarificar diversos artículos, como el  punto 1 del Artículo 7 en el que se expresan las distintas formas de gestión o el que se refiere a que la televisión autonómica podrá prestar servicios de telecomunicaciones a terceros. Igualmente, y tras leer el punto 4 del artículo 7, anima a su eliminación "por el riesgo económico que se pueda causar al erario público".
   También tilda de "inadecuada" la posibilidad de crear fundaciones, puesto que "la TV y la Radio son actividades muy claras y definidas, que a nuestro entender no necesitan de ninguna fundación para ejercer su labor".
   En la misma línea, no cree pertinente que se faculte a la Dirección General a contratar gastos o inversiones de hasta "5 millones de euros al año" sin el conocimiento y la aprobación del Consejo. "Es una cantidad muy elevada, que, si además se recurre al procedimiento de adjudicaciones parciales, puede dar lugar a sorpresas que echen por tierra todo el Contrato Programa", argumenta el CVC, que precisa que la cantidad debe ser "mucho más baja y razonable". Esta recomendación es, también, aplicable a los apartados o) y s) del artículo 22, donde se habla de las funciones del Director General.
   "Nos parece mucho más razonable que, respecto a este punto nos atengamos a lo acordado por el consejo de Administración de RTVE que ha revocado la autorización al Director General para poder contratar libremente hasta 7 millones de euros, reduciendo la cifra hasta los quinientos mil, siendo las cantidades superiores supeditadas al conocimiento y competencia del Consejo de Administración. Esta afirmación cabe reiterarla respecto a los contenidos de los apartados o) y s) del artículo 22", detalla.
   El CVC reclama asimismo una mayor información de la llamada 'Junta General', en la que ve una "laguna jurídica" que hay que eliminar especificando la composición de dicho organismo, "que debería conformarse con los Consejeros que nombra el Parlamento Valenciano y se constituyen como Consejo de Administración, que es el que toma todas las decisiones".    
   Finalmente, la institución solicita la protección y la promoción del archivo de RTVV, plantea a la Generalitat la necesidad de declararlo Bien de Interés Cultural, o una figura similar de la ley de patrimonio, para asegurar su permanencia y aboga por que la ley introduzca la obligación de compartir con el archivo de la Filmoteca Valenciana políticas de fomento de la cultura cinematográfica y acuerdos de cesión de materiales.

Ford Almussafes interrumpe su fabricación hasta el día 16 al unir cuatro jornadas del ERE a las vacaciones de Pascua

VALENCIA.- La planta de Ford en Almussafes ha interrumpido su producción de vehículos hasta el día 16 al unir cuatro jornadas de aplicación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de suspensión temporal aprobado en enero, desde este lunes hasta el jueves, a las vacaciones de Pascua inicialmente previstas.

   Así lo han confirmado fuentes de la empresa, que han recordado que la factoría valenciana produce actualmente unos mil vehículos al día, unas 750 unidades de CMAX y el resto, de Fiesta.
   Según el secretario general de UGT en la planta, Carlos Faubel, ese período sin fabricación de vehículos se aprovechará para iniciar una parte de las obras necesarias en la planta para comenzar la fabricación de la furgoneta Ford Transit Connect.
   Desde la empresa indican que el número de afectados por esos paros temporales será "similar" al de las anteriores, unos 2.250 trabajadores, mientras que los sindicatos consideran que podría ser "algo superior" y superar los 3.000 empleados.
   Faubel explicó que el paro afecta a la producción de vehículos y a áreas como pintura, carrocería y montaje, mientras que la planta de motores fabricará con normalidad.
   La Generalitat valenciana aprobó a principios de enero ese ERE, acordado entre la dirección de la planta y los sindicatos de la factoría, que afectará a un máximo de 4.959 trabajadores de las plantas de fabricación de vehículos y sus departamentos auxiliares durante 39 días en 2012 y que tendrá como periodo de vigencia desde el 16 de enero hasta el 14 de octubre.
   En concreto, el documento aprobado recogía que esos 39 días sin fabricación se distribuyan once en el primer trimestre, nueve en el segundo y los 19 restantes en el tercero, hasta el 11 de octubre, y se agrupen siempre "en torno a los periodos vacacionales".
   La empresa achaca ese ERE, que deja fuera a los trabajadores de la planta de motores, a la "necesidad de readaptar sus instalaciones a la llegada de nuevos modelos" y a la previsión de que la demanda de automóviles en Europa siga "débil" en 2012.

Alarte renuncia a la portavocía del PSPV en las Corts en una semana de "traspaso de poderes"

VALENCIA.- El exsecretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha renunciado a su cargo como portavoz parlamentario del grupo socialista en las Corts Valencianes, en una semana de "traspaso de poderes" en los diferentes estamentos de la formación socialista valenciana, también en el grupo parlamentario. 

   Según han confirmado fuentes del grupo socialista, Alarte ha presentado este lunes por escrito en las Corts la renuncia a su cargo en la portavocía del grupo. Alarte ha permanecido en el cargo alrededor de nueve meses.
   Aunque Alarte fue elegido secretario general en 2008, no pudo estrenarse en las Corts hasta 2011, tras conseguir el acta de diputado en las elecciones autonómicas. Su voz en el parlamento valenciano fue durante la legislatura anterior el vicepresidente segundo de la Mesa, Ángel Luna.
   Algo parecido le va a suceder al actual líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, quien no tiene acta de diputado en las Corts y deberá confiar este papel a uno de los parlamentarios de un grupo socialista que fue configurado principalmente por Jorge Alarte.  
   Por su parte, fuentes del entorno del nuevo secretario general del PSPV, Ximo Puig, han explicado que tras la victoria del alcalde de Morella, es "tradición" que aquellas personas con un cargo dentro del partido, lo pongan a disposición de la nueva dirección. Así, esta será una semana de "traspaso de poderes" en la organización socialista.  
   En el caso de Alarte, éste ni siquiera se planteó la posibilidad de poner su cargo en la portavocía a disposición de la nueva dirección, sino que prometió renunciar al puesto --algo que ayer ya comunicó a Puig-- por considerar que se encuentra en una situación de "debilidad política" frente al PP, según han apuntado las citadas fuentes.
   La situación de Alarte como portavoz "no beneficia" al partido socialista. Por eso, y "cumpliendo su palabra", este lunes ha  presentado su renuncia.
   De esta manera, será la portavoz adjunta Cristina Moreno la que, por el momento, se encargue de las funciones de portavoz. Mientras, la estructura del grupo sigue "funcionando en funciones" y los cambios que se puedan dar los decidirá la nueva ejecutiva "con calma y tranquilidad", han señalado las mismas fuentes.

EUPV reclama la dimisión de todos los cargos públicos imputados en la trama Gürtel

VALENCIA.- La coordinadora de EUPV y portavoz de esta formación política en las Corts Valencianes, Marga Sanz, ha reclamado la dimisión de todos los cargos públicos imputados en el 'caso Gürtel' "para no dañar más la imagen de las instituciones democráticas, y que en este caso afecta a la Mesa de las Corts Valencianes".

   Sanz se ha expresado en estos términos en un comunicado tras conocer que el magistrado José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la causa abierta por los presuntos delitos de financiación irregular del PPCV, electoral y falsedad mercantil, dentro del 'caso Gürtel', ha imputado en el procedimiento a la exconsellera de Turismo y actual secretaria primera de la Mesa de las Corts, Angélica Such.
   Para la dirigente de EUPV, "la imputación de Such confirma que la Conselleria de Turismo fue uno de los epicentros donde la supuesta trama corrupta captaba importantes fondos públicos".
   Marga Sanz considera que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "tiene que dejar de amparar las múltiples imputaciones por corrupción y no permitir que se repita con otros cargos públicos el nefasto espectáculo que dio el expresidente Francisco Camps sentándose en el banquillo de los acusados".
   Además, en su opinión, "la Conselleria de Turismo, y singularmente el contrato de Fitur, resultan paradigmáticos de cómo algunas instituciones valencianas fueron puestas a disposición de la trama Gürtel por el Partido Popular".

El juez de la causa de financiación de 'Gürtel' rechaza una querella del PP

VALENCIA.- El magistrado José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la causa abierta por los presuntos delitos de financiación irregular del PPCV, electoral y falsedad mercantil, dentro del 'caso Gürtel', ha decidido rechazar la querella interpuesta por el PP para ejercer la acción popular al considerar que esta formación no concreta "mínimamente" los hechos por los que se ejercita la acción penal ni tampoco se dirige contra ninguna persona aforada ante este tribunal.

   Así lo determina en un auto de fecha de este lunes, en el que acuerda no tener "por formulada válida y jurídicamente" la querella ni por personado en concepto de acusación popular al PP. Contra esta decisión, de 15 páginas, puede interponerse recurso de reforma y/o de apelación, aunque en ese caso, al carecer de efecto suspensivo, no tendrá condición de parte y se le notificarán solamente las resoluciones que afecten a la tramitación del recurso.
   El instructor en el TSJCV requirió la presentación de una nueva querella tras estudiar la personación que existía en la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, parte de la cual, le habían remitido. El PP recurrió esa decisión, pero el magistrado insistió en que la ley exigía la presentación de una nueva querella en la que se señalara con exactitud los hechos y las personas contra las que se ejercería la acción popular.
   Inicialmente, la formación anunció un recurso a la sala, aunque desistió y presentó una nueva querella --con fecha 22 de marzo-- con la que solicitaba su personación como acción popular contra el considerado presunto cabecilla de la 'trama Gürtel', Francisco Correa, y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez.
   El PP alegaba en el escrito que se formulaba la querella para "coadyuvar" en la averiguación y persecución de hechos presuntamente delictivos contra Orange Market, en la persona de sus administradores de hecho y de derecho --Pérez y Correa-- y, al modo de la que presentó en el TSJM, dirigida además contra Pablo Crespo y Antoine Sánchez, añadía: "sin perjuicio de hacerla extensiva a aquellas otras, respecto de las cuales, en el curso de las investigaciones, se dedujeran aquellas responsabilidades, así como a cuantas personas físicas o jurídicas hayan participado en los hechos delictivos objeto de la querella, como autores (directores, cooperadores o inductores), cómplices o encubridores".
   El PP sostenía que a través de los hechos presuntamente delictivos recogidos en el procedimiento "se procede a deteriorar ante los ciudadanos e instituciones la fiabilidad y confianza en el PP y, en consecuencia, a sus componentes y representantes en las instituciones públicas, por lo que la posible existencia de los hechos delictivos, objeto de la causa, realizados en aquellos fines y amparados en pretendidas e inexistentes vinculaciones con el partido", suponen "un agravio directo" a la formación.
   Asimismo, sostenía que "cualquier actividad en que se acuda, invoque o presuma de cualquier influencia o relación con el PP, para la consecución de actos ilícitos, implica un perjuicio directo" para la formación y da lugar "a las consecuentes responsabilidades y acciones que le corresponden contra aquellos que, abusando de su relación con la misma, hayan realizado aquellas actuaciones fraudulentas que directamente le perjudican".
   El magistrado instructor señala en el auto que en el proceso penal, quien pretenda personarse en una causa y ejercer la acción penal, debe especificar los "concretos hechos" y "contra qué personas determinadas" dirige su acción, en especial si se trata de un procedimiento "cuyo objeto lo han constituido múltiples hechos cometidos en distintos territorios y que en su devenir procesal se ha ido fragmentando en distintos procedimientos de los que conocen diversos órganos judiciales, sin que en estas circunstancias pueda entenderse como adecuada una personación como acusación que carezca de concreción, deslocalizada y que pueda entenderse válida para cualquier tiempo, lugar y procedimiento".
   Por ello, considera que en la actual querella presentada por el PP "no concurren los requisitos legalmente establecidos" para poder tenerla por "válidamente formulada". Así, sostiene que a pesar de los antecedentes procesales y la evolución de la instrucción, que ya conlleva una "específica conformación" del objeto procesal, en la querella "no se concretan mínimamente" los hechos por los que se ejercita la acción, cuando es "legalmente exigible una relación circunstanciada".
   En este sentido, indica que la descripción de los hechos "lo es en términos sumamente genéricos, sin que aparezca la necesaria precisión y concreción fáctica cuya necesaria exigencia" se había apuntado en una resolución anterior.
   El instructor insiste en que estos hechos "aparecen desprovistos de todo mínimo de detalle y concreción, careciendo de una específica imputación fáctica y jurídica" y subraya que tampoco se menciona "siquiera la concreta contratación en que haya podido tener lugar las presuntas irregularidades a que alude genéricamente ni en qué éstas hayan podido consistir, ni las personas que hayan podido participar en las mismas por parte de la administración o de la mercantil", excepto la referencia a Correa y Álvaro Pérez, ni el momento temporal.
   Asimismo, apunta que tampoco se ejercita la acción penal contra ningún aforado ante el TSJCV, cuando es este requisito el determinante de la competencia asumida por éste órgano, sino que se dirige contra dos personas no aforadas en cuanto gestores de la mercantil. Al respecto, hace hincapié en que si éste fuera el primer escrito que inicia la causa, este tribunal no se podría declarar competente para investigarla.

El número de empresas de transporte de carga creció un 2,3% en Europa 2011

BRUSELAS.- El número de empresas de transporte de carga europeas creció un 2,3% durante 2011, de forma que a cierre del ejercicio sumaban hasta 252.937 sociedades, tras la creación  de 11.893 compañías, según datos de Teleroute, líder paneuropeo de bolsas de cargas 'online'.

   Holanda, Alemania y Polonia presentaron crecimientos superiores a la media europea en cuanto a número de empresas de transporte de mercancías el pasado año.
   Pese a ello, Teleroute considera que el sector "se enfrenta a una desaparición del 5% de las empresas de transporte por liquidación en el último año", lo que, en opinión de la empresa, "hace necesario articular un mercado seguro, con socios solventes y fiables".
   Con este fin de aumentar la seguridad de mercado del transporte, Teleroute, en colaboración con Creditsafe, ha desarrollado un nuevo servicio, denominado 'Informes Financieros', que ofrece a los usuarios de la empresa "la información que les permite comprobar la solvencia de un posible cliente o colaborador en un solo 'click'".

La Generalitat Valenciana integrará sus 13 oficinas comerciales del exterior en la red del Estado

VALENCIA.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, firmarán la próxima semana un acuerdo para integrar las 13 oficinas comerciales de la Generalitat, dependientes del Instituto Valenciano de Exportación (IVEX), en la red del Estado. 

   En total, once de las oficinas valencianas en el exterior se integrarán en las oficinas económicas y comerciales del Estado, dependientes del Ministerio de Economía y Competitividad, y dos más pasarán a formar parte de consulados dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, según ha informado Economía y Competitividad en un comunicado.
   Mediante este proceso de integración, que comenzará este mismo año, los delegados comerciales de esta comunidad autónoma prestarán los servicios de representación, promoción y asesoría comercial a las empresas valencianas desde la red de oficinas estatal, de una forma más coordinada y ahorrando costes de estructura.
   La Generalitat valenciana se convierte así en la primera comunidad autónoma en llevar a efecto la propuesta del Gobierno, que el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, verbalizó en la reunión del Consejo Interterritorial de Internacionalización, celebrado el pasado mes de febrero, y que se ha comunicado además por carta desde el Ministerio de Economía a todas las Comunidades Autónomas.
   "España no se puede permitir tener 120 oficinas comerciales en el exterior de comunidades autónomas, además de las 100 del Estado y que en una ciudad como Sao Paulo haya 11 oficinas comerciales de Comunidades Autónomas además de la del Estado", resaltó García-Legaz tras la reunión del Consejo Interterritorial.
   La iniciativa de integrar la red de oficinas comerciales de las comunidades autónomas en la del Estado está destinada a "ahorrar dinero al contribuyente y proyectar una imagen más seria de España en el extranjero" así como a "mejorar la marca España y evitar duplicidades y disfunciones", según García-Legaz.
   La integración de las oficinas comerciales autonómicas en la red del Estado forma parte de las medidas de impulso a la internacionalización en las que trabaja el Gobierno, entre las que figura la mejora de la coordinación para evitar duplicidades entre los distintos organismos de apoyo a la internacionalización, como son las Oficinas Económicas y Comerciales de las Embajadas de España en el Exterior y los centros u oficinas de representación y promoción comercial que las autonomías mantienen abiertas fuera de España.
   La medida permitirá a las comunidades autónomas reducir costes en sus tareas de apoyo a la internacionalización de sus empresas, conseguir la mejor coordinación en las actuaciones en el exterior del Estado y las comunidades autónomas, contribuir a reforzar la imagen exterior de la marca España y atender a una demanda cada vez más extendida entre el empresariado español de coordinación entre los agentes de apoyo a la internacionalización.

La exconsejera Angélica Such, imputada en la causa de financiación irregular

VALENCIA.- El magistrado José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la causa abierta por los presuntos delitos de financiación irregular del PPCV, electoral y falsedad mercantil, dentro del 'caso Gürtel', ha imputado en el procedimiento a la exconsejera de Turismo y actual secretaria primera de la Mesa de las Corts, Angélica Such, y le ha citado a prestar declaración el próximo 30 de mayo, según ha informado el tribunal valenciano en un comunicado.

   Such, quien también es diputada del PP, tendrá que acudir a declarar a las 10.30 horas, en una investigación en la que el magistrado pretende ir despejando dudas sobre las mesas de contratación que adjudicaron contratos a Orange Market, entidad que administraba Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', considerado uno de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel.
   Las primeras citaciones, después de varias modificaciones, serán el 26 de abril, día en que tendrán que acudir al TSJCV el exjefe de área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Isaac Vidal (9.30 horas); el jefe del servicio de Promoción de la agencia, Jorge Guarro (12.15 horas); y la directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la Generalitat valenciana, Dora Ibars (16.00 horas).
   Al día siguiente, el 27, están citados la exadministradora de varias empresas de la conocida como trama Gürtel, Felisa Jordán; y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret (11.30 horas). Asimismo, el 8 de mayo, a las 12.00 horas, tendrá que prestar declaración, también en calidad de imputada, la exconsejera de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez.
   En total, el número de imputados en esta causa ascienden, por el momento, a 26, ocho de los cuales son representantes legales de varias empresas. Entre los 26 imputados se encuentran cinco diputados de las Cortes Valencianas, algunos de ellos con cargos en el PPCV: Yolanda García --extesorera del PP--; David Serra --vicesecretario de Organización del partido--; Ricardo Costa --exsecretario general del PP--; Vicente Rambla, expresidente de la Generalitat valenciana y exconsejero de Industria, Comercio e Innovación.
   Junto a ellos, hay imputadas otras personas que han ocupado o desempeñan diferentes cargos en la Generalitat valenciana: Milagrosa Martínez; Rafael Betoret; Jorge Guarro; Dora Ibars; Angélica Such e Isaac Vidal.
   Asimismo, figura como imputada Cristina Ibáñez, exgerente del PP valenciano; la empresaria Isabel Jordán; y el empresario Rafael Martínez --expresidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa)--.
   Además, en este procedimiento están imputados algunos de los presuntos cabecillas de la trama: el que fuera dueño de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', el exconsejero delegado de esta mercantil, Cándido Herrero; el expresidente de Special Events, Pablo Crespo; el presunto líder de la trama y propietario de estas empresas, Francisco Correa; y el excontable de las empresas de Correa, José Luis Izquierdo.
   Otros de los imputados, en concreto, ocho, son representantes legales de las mercantiles Facsa, Enrique Ortiz e Hijos, PIAF, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallada, Construcciones Hormigones Martínez, Lubasa Desarrollos Inmobiliarios y Sedesa.
   La causa de presunta financiación irregular del PPCV llegó a Valencia el 25 de mayo de 2011, cuando el TSJCV acordó aceptar la inhibición parcial planteada por el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, dentro del 'caso Gürtel'. Además, el tribunal valenciano decidió no acumular esta causa con la de los trajes, al no ver relación directa entre el pago de prendas de vestir y los actos de contratación por parte de la Generalitat valenciana.
   En concreto, el magistrado instruye la causa por presunta financiación irregular, por un delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007, y por falsedad mercantil en los comicios de 2008.