VALENCIA.- La Federación de Promotores Inmobiliarios de la Comunidad Valenciana, Feprova, patronal de la que forman parte las 300 empresas de la alicantina Provia, ha presentado una queja ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo en la que acusa a Iberdrola por un presunto abuso de poder que vulneraría las leyes comunitarias contra la libre competencia.
En concreto, los promotores advierten de que la empresa, amparada por la Ley del Sector Eléctrico, abusa de su posición dominante como única distribuidora de la energía eléctrica, exigiendo a las empresas unas condiciones a la hora de construir las infraestructuras para llevar la luz a las viviendas que provocan retrasos de obras y sobre costes de hasta 500.000 euros según sea el tamaño de la promoción. Gastos que repercuten finalmente en el precio que paga el comprador que, según Feprova, abona ahora mismo entre un cinco y un diez por ciento más.
Los promotores reclaman a Bruselas que tercie en el asunto y obligue al Gobierno a modificar la legislación para que las constructoras puedan negociar con diferentes operadoras a la hora de la construcción de las acometidas eléctricas.
Bruselas ha convocado a las partes a una sesión del comité el próximo miércoles en la que se estudiará la queja de los promotores y se decidirá si el expediente sigue adelante.
Un portavoz autorizado de Iberdrola negó las acusaciones y aseguró que actúan conforme a la ley. «El Real Decreto 1955/2000 establece que en las actuaciones urbanísticas el coste de las infraestructuras eléctricas es urbanístico». La misma fuentes aseveró que «estamos sorprendidos porque lo único que hacemos es ajustarnos a la ley». Según Iberdrola, el Tribunal Supremo ha rechazado dos denuncias en otras autonomías.
El modelo de distribución eléctrico español obliga a que el solicitante deba soportar el coste de las acometidas eléctricas necesarias para garantizar el suministro a las viviendas. La ley establece que la empresa distribuidora es la que fija las condiciones, lo que unido «al régimen de monopolio natural con el que trabaja la distribuidora en la Comunidad Valenciana, provoca una clarísima desigualdad e indefensión en la relación del peticionario del suministro y la propia empresa distribuidora», apuntaron fuentes de Feprova.
Los promotores, al margen de conseguir que se revise el modelo de distribución de energía eléctrica, esperan «hacer ver a Bruselas, a través de las innumerables denuncias, quejas y peticiones remitidas por las empresas que la concepción de un modelo de distribución eléctrica en el que no se permite la competencia produce en la práctica situaciones de desigualdad y termina generando prácticas abusivas que poco o nada tienen que ver con el espíritu y la regulación de la normativa comunitaria».
Los promotores denunciaron en un comunicado que el problema no se circunscribe a la Comunidad Valenciana sino que tiene ámbito nacional y cuentan con el respaldo de asociaciones de otras autonomías. Feprova planteará el miércoles que la Comisión Europea envíe una delegación de europarlamentarios para que compruebe el alcance de los hechos denunciados. «El proceso va a ser largo porque no solo están en juego los derechos de los ciudadanos sino también el posicionamiento de Bruselas con respecto al proteccionismo de los Estados miembros a sus empresas».
Feprova advierte en la denuncia que se debatirá el miércoles en Bruselas que las presuntas prácticas abusivas de la distribuidora de la energía eléctrica chocarían con una supuesta incompatibilidad entre la ley que regula el sector eléctrico en España y las directivas comunitarias. Hasta diciembre de 2005 la legislación española permitía que fueran varias las distribuidoras que podían operar en la Comunidad Valenciana. De esta forma, cuando las promotoras cedían la acometida eléctrica podían elegir al menos entre dos compañías.
La situación cambió con la modificación de la Ley del Sector Eléctrico ya que en su texto se introdujo una variación importante. «El texto que decía que la cesión gratuita de la infraestructura ejecutada por los promotores se hacía a una empresa distribuidora se corrigió para establecer que la cesión se haría a la empresa distribuidora».
Feprova sostiene que «la empresa maltrata al peticionario indefenso y carente de derechos pues la defensa de los mismos le puede resultar más gravosa que su renuncia», aseveraron los promotores.
En concreto, los promotores advierten de que la empresa, amparada por la Ley del Sector Eléctrico, abusa de su posición dominante como única distribuidora de la energía eléctrica, exigiendo a las empresas unas condiciones a la hora de construir las infraestructuras para llevar la luz a las viviendas que provocan retrasos de obras y sobre costes de hasta 500.000 euros según sea el tamaño de la promoción. Gastos que repercuten finalmente en el precio que paga el comprador que, según Feprova, abona ahora mismo entre un cinco y un diez por ciento más.
Los promotores reclaman a Bruselas que tercie en el asunto y obligue al Gobierno a modificar la legislación para que las constructoras puedan negociar con diferentes operadoras a la hora de la construcción de las acometidas eléctricas.
Bruselas ha convocado a las partes a una sesión del comité el próximo miércoles en la que se estudiará la queja de los promotores y se decidirá si el expediente sigue adelante.
Un portavoz autorizado de Iberdrola negó las acusaciones y aseguró que actúan conforme a la ley. «El Real Decreto 1955/2000 establece que en las actuaciones urbanísticas el coste de las infraestructuras eléctricas es urbanístico». La misma fuentes aseveró que «estamos sorprendidos porque lo único que hacemos es ajustarnos a la ley». Según Iberdrola, el Tribunal Supremo ha rechazado dos denuncias en otras autonomías.
El modelo de distribución eléctrico español obliga a que el solicitante deba soportar el coste de las acometidas eléctricas necesarias para garantizar el suministro a las viviendas. La ley establece que la empresa distribuidora es la que fija las condiciones, lo que unido «al régimen de monopolio natural con el que trabaja la distribuidora en la Comunidad Valenciana, provoca una clarísima desigualdad e indefensión en la relación del peticionario del suministro y la propia empresa distribuidora», apuntaron fuentes de Feprova.
Los promotores, al margen de conseguir que se revise el modelo de distribución de energía eléctrica, esperan «hacer ver a Bruselas, a través de las innumerables denuncias, quejas y peticiones remitidas por las empresas que la concepción de un modelo de distribución eléctrica en el que no se permite la competencia produce en la práctica situaciones de desigualdad y termina generando prácticas abusivas que poco o nada tienen que ver con el espíritu y la regulación de la normativa comunitaria».
Los promotores denunciaron en un comunicado que el problema no se circunscribe a la Comunidad Valenciana sino que tiene ámbito nacional y cuentan con el respaldo de asociaciones de otras autonomías. Feprova planteará el miércoles que la Comisión Europea envíe una delegación de europarlamentarios para que compruebe el alcance de los hechos denunciados. «El proceso va a ser largo porque no solo están en juego los derechos de los ciudadanos sino también el posicionamiento de Bruselas con respecto al proteccionismo de los Estados miembros a sus empresas».
Feprova advierte en la denuncia que se debatirá el miércoles en Bruselas que las presuntas prácticas abusivas de la distribuidora de la energía eléctrica chocarían con una supuesta incompatibilidad entre la ley que regula el sector eléctrico en España y las directivas comunitarias. Hasta diciembre de 2005 la legislación española permitía que fueran varias las distribuidoras que podían operar en la Comunidad Valenciana. De esta forma, cuando las promotoras cedían la acometida eléctrica podían elegir al menos entre dos compañías.
La situación cambió con la modificación de la Ley del Sector Eléctrico ya que en su texto se introdujo una variación importante. «El texto que decía que la cesión gratuita de la infraestructura ejecutada por los promotores se hacía a una empresa distribuidora se corrigió para establecer que la cesión se haría a la empresa distribuidora».
Feprova sostiene que «la empresa maltrata al peticionario indefenso y carente de derechos pues la defensa de los mismos le puede resultar más gravosa que su renuncia», aseveraron los promotores.
