El responsable de la campaña de energía de Greenpeace, Carlos Bravo, apostó en primer lugar por poner en marcha un "plan de cierre progresivo pero urgente de centrales nucleares" para dejar de producir residuos radiactivos y para albergar los residuos ya existentes subrayó que la mejor opción son los almacenes individualizados como los ya existentes en Trillo o Zorita, los futuros como en Ascó o los probables como Garoña.
En el caso de los centralizados, como el que se podría construir en Zarra, el gasto es mucho mayor y hay más peligro, puesto que hay que hacer "transportes sumamente peligrosos hasta llegar a esa zona".
"La solución menos mala y la más barata es dejar los residuos en las propias centrales nucleares en almacenes en seco y en superficie", explicó.
Así, cifró en unos 1.200 millones de euros la cantidad de dinero que supondría para las arcas del Estado, mientras que los individualizados sólo suponen unos 25 millones. "En época de crisis invertir ese dinero público habría que pensárselo", añadió.
En el caso de Zarra, donde previsiblemente se instalará el ATC, Bravo argumentó que existen "problemas urbanísticos", puesto que el terreno ofertado no tiene la calificación de industria. "Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que dice que es un suelo no urbanizable rústico", completó.