VALENCIA.- Los sindicatos CCOO-PV y UGT-PV han criticado
este miércoles la decisión del Consell de "liquidar" la Fundación
Servicio Valenciano de Empleo (SVE) apenas medio año después de lograr
acordar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a 34 de
sus 72 empleados "bajo la premisa de que iba a apostar por su
continuidad", con la consiguiente "sensación de fraude y engaño" entre
sus trabajadores.
Así lo ha señalado en rueda de prensa el secretario de
formación y recursos humanos de CCOO-PV, Raúl Alcocel, quien ha
comparecido junto a la secretaria de empleo y formación de UGT-PV,
Elvira Ródenas, y los responsables de empleo de CCOO-PV, Josep Tomàs
Marrades, y de acción sindical de UGT-PV, Gonzalo Pino, con motivo de la
reunión del Patronato de la Fundación convocada hoy para abordar su
cierre.
En esa reunión, que ha comenzado en torno a las 12.00 horas y
se ha prolongado durante cerca de dos horas, se ha dado luz verde a la
liquidación con los votos favorables de los cuatro representantes del
Consell y los cuatro de la patronal y con la oposición de los cuatro
representantes sindicales, dos de CCOO-PV y dos de UGT-PV. Además, se ha
constituido una comisión de liquidación que se encargará del proceso,
compuesta por dos miembros de la Generalitat, dos de la patronal y uno
de cada uno de los dos sindicatos mayoritarios.
Ródenas ha explicado que el
documento que les han entregado recoge que los servicios que prestaba
"van a ser asumidos por la administración pública u otros entes" y que
el secretario autonómico de Empleo "no ha querido contestar si se van a
privatizar o si esa medida conllevará más contrataciones".
La representante de UGT-PV da por hecho que se privatizarán y
sostiene que la administración "no liquida la fundación para tener menos
gasto público, sino para derivar esos fondos a otro sitio y que exista
menor control" al pasar a manos privadas y prescindir así de la
vigilancia y control que realizaban sindicatos y patronal.
Ródenas recalca que "es una fundación necesaria, ahora más que
nunca", que "se ha adaptado en cada momento a los servicios que el
Servef le ha encomendado" en sus 17 años de historia y que cuenta en su
haber con más de 136.000 colocaciones, más 86.000 ofertas gestionadas y
164.000 entrevistas ocupacionales. Además, ha subrayado que sus usuarios
le otorgan una valoración de ocho sobre diez.
En cuanto a las consecuencias de su cierre, apunta que el
coste de liquidarla y las prestaciones por desempleo a las que tienen
derecho sus trabajadores ascienden a 2,3 millones de euros mientras que
mantener la plantilla "supondría menos de 1,2 millones de euros".
Subraya, no obstante, que "lo más preocupante es qué va a
pasar con esos servicios" dado que "la intención es, con dinero público,
contratarlo a las agencias privadas de colocación y a las empresas de
trabajo temporal" y se desconoce "qué coste tendrá eso, en qué
condiciones se hará y qué garantía van a tener los parados de la
Comunitat de que no se van a vulnerar sus derechos laborales y
sociales", por ejemplo, al decidir sanciones por no aceptar ofertas.
Ródenas ha criticado la "política de expolio" del Consell y
remarca que "no tiene ningún sentido que suprima un servicio que es más
necesario que nunca y lo concierte con la iniciativa privada".
"No se
trata de ahorrar, sino de desmantelar lo público y cargarse el Estado de
Bienestar", ha apuntado Alcocel, quien critica que la Generalitat haya
"ignorado" la propuesta que le presentaron acerca de servicios, ahora
subcontratados, que podría asumir esta fundación.
Por su parte, el secretario de empleo de CCOO-PV ha alertado
de que la privatización de esos servicios de intermediación y de las
políticas de empleo perjudicará especialmente a los colectivos con más
dificultades de inserción, como jóvenes, mujeres y parados de larga
duración, ya que las empresas "tienen como función ganar dinero y, para
lograrlo, se dedicarán a las personas más empleables".
Por otro lado, CSI·F ha denunciado el cese este jueves de 123
empleados designados como personal de apoyo y refuerzos de modernización
del Servef encargados de atender a parados en busca de empleo, "por la
falta de recursos en el fondo de modernización de la Generalitat".
En un comunicado, alerta de que esa reducción de plantilla,
sumada a la de otros 126 empleados públicos de junio, provocará
un aumento de colas y reducirá la calidad de la atención dado que, en
algunas oficinas, pasarán de siete empleados a tres y la ratio superará
los 1.000 demandantes de empleo por trabajador.
