VALENCIA.- El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio,
Vicente Martínez Mus, ha acusado al Consell de l'Horta de «bloquear» con
sus informes proyectos en barrancos como el del Poyo y la Saleta, dos
de los que se desbordaron con la dana
del 29 de octubre, y ha justificado la necesidad de modificar «ya» la
Ley de la Huerta y de revisar el Plan de Acción Territorial de carácter
sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat
Valenciana (Patricova) para «facilitar» actuaciones y que estas
herramientas no supongan «obstáculos».
De esta manera lo ha expuesto durante su comparecencia en la Comisión
de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio de Les Corts para
informar sobre las acciones de su departamento relacionadas con la dana
del pasado 29 de octubre, en la que ha cifrado en 2.600 millones de
euros la estimación económica necesaria de su departamento para
completar las tareas de reconstrucción.
Durante su exposición, Mus ha sostenido que los daños materiales
sobre las infraestructuras han sido en buena medida «difícilmente
evitables» teniendo en cuenta «el volumen y la intensidad de las
lluvias», así como la configuración y capacidad de ríos y barrancos o la
«escasa» ejecución de infraestructuras hidráulicas y estructurales para
la prevención de avenidas de agua recogidas en el plan hidrológico y en
el de gestión de riesgos de inundación «competencia del Gobierno de
España a través de la Confederación» Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Ante esta situación, ha justificado la necesidad de revisar el Plan
de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo
de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova), un instrumento que
ha considerado «muy útil».
Por ello, ha garantizado que la Generalitat, «de la mano» de los
ayuntamientos, estará «vigilante» y será «contundente» en sus exigencias
respecto a las actuaciones «que tiene que hacer la CHJ en el dominio
público hidráulico contra nuevas inundaciones».
Y ha subrayado que la
Administración autonómica «ya está poniendo todos los mecanismos para
evitar más obstáculos a las necesarias y urgentes actuaciones».
Para este fin, ha apostado también por modificar la Ley de la Huerta
con el objetivo de «facilitar» proyectos de actuación relativos a la
canalización de ríos y barrancos.
En este punto, ha acusado al Consell
de l'Horta de «bloquear» con sus informes actuaciones en barrancos como
el del Poyo y la Saleta, una situación que «definitivamente tiene que
cambiar», ha urgido.
Además, ha anunciado que su departamento trabaja en un marco
normativo «extraordinario y urgente» en materia urbanística, aplicable
«exclusivamente en los municipios afectados por las inundaciones», para
«facilitar la ubicación de instalaciones y equipamientos provisionales
para la reconstrucción o reparación los afectados» y, con el fin de
permitir la reparación o reconstrucción de edificaciones y
construcciones dañadas mediante «únicamente una declaración responsable»
y de la modificación de la planificación urbanística municipal en los
municipios con más grave afectación.
Asimismo, la Conselleria «considera» la regulación de la figura del
Plan Urbanístico Especial de Reconstrucción para crear y ordenar suelos
para la construcción de vivienda protegida o la reubicación de polígonos
industriales o terciarios.
Todas estas medidas, ha subrayado Martínez Mus, serán
«extraordinarias» en un momento en el que se necesita «agilidad
burocrática y facilidades» para los municipios afectados, con el fin de
«volver a la situación previa al 29 de octubre lo más pronto posible» y
tienen «un solo objetivo: la recuperación de los espacios en el menor
tiempo».
Paralelamente, el conseller ha llamado a aprender de las lecciones
que deja la dana, que son, según ha mencionado, «repensar nuestro modelo
de territorio», reclamar «con contundencia las obras que por justicia
corresponden a la Comunitat Valenciana y que no tienen otra competencia
que la del Gobierno de España» y reafirmar los compromisos con la
ciudadanía para «favorecer la tramitación de las actuaciones
necesarias».
«Tenemos que actuar siempre en el marco de la ley, pero de
una manera absolutamente excepcional», ha dicho.
En este contexto, y ante la situación de «infrafinanciación» que
sufre la Comunitat Valenciana, ha considerado «más necesario que nunca»
reivindicar recursos para completar las tareas de reconstrucción tras la
dana, que suman una estimación de 2.600 millones de euros que «es
necesario que el Gobierno de España atienda».
«El Gobierno de España
tiene que hacer una aportación mucho más importante de la que hasta el
momento ha anunciado, para cubrir no solo sus gastos, sino también una
parte de los de la Generalitat y de las administraciones locales», ha
sostenido.
Además, también ha instado al Ejecutivo central a colaborar con la
Administración autonómica para conseguir que la Unión Europea «asuma la
parte que sea necesaria» en estas labores de reconstrucción, un fin para
el que ha esperado contar con todos los grupos de Les Corts.
«Estoy
convencido de que, con la ayuda de todos, el pueblo valenciano superará
este reto», ha finalizado.
Entre los grupos de la oposición, Ana María Bellver (Vox) ha reclamado
una «reforma integral» de la Ley de la Huerta para poder ejecutar obras
pendientes y ha exigido la supresión del Consell de l'Horta, un
organismo que, a su juicio, «no ha mostrado otra cosa que su inutilidad»
pese a recibir «decenas de millones» de euros.
«El dinero público ahora
más que nunca ha de estar centrado en los valencianos y no en
organismos superfluos», ha argumentado.
Desde Compromís, Juan Bordera ha afeado a Mus que el Consell de
Carlos Mazón ha sido el que «ha recortado un 50 por ciento el
presupuesto de canalizaciones, ramblas y barrancos cuando llegaron al
gobierno» y ha reprochado al conseller que es «falso» que la Ley de la
Huerta «impida la ejecución de las obras de encauzamiento de los
barrancos del Poyo y la Saleta».
También ha censurado el proyecto de ley
de simplificación, que permite construir a 200 metros de la costa.
En esta misma línea, desde el PSPV, Rosario Navalón ha sostenido que
no existe «informe alguno» que bloquee la intervención en los barrancos
del Poyo y la Saleta y ha denunciado que el Consell «reduzca la función»
del Consell de l'Horta.
Además, ha emplazado al Gobierno valenciano a
dejar de «favorecer a las empresas de sus amigos» y a centrarse en
«buscar un desarrollo sostenible a futuro».
«Solo miran en el corto
plazo, favoreciendo los intereses de unos pocos», ha criticado.
Finalmente, Jesús Lecha (PP) se ha preguntado «si existe» un
presidente de la CHJ, un responsable al que ha acusado de estar
«desaparecido del mapa» durante la dana y de dar «la callada por
respuesta», y ha centrado sus críticas en el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez.
«Actúa de una forma completamente mezquina e inhumana»,
ha criticado. También ha avisado de que los afectados por la dana «no
han recibido ninguna ayuda» del Gobierno.
En su réplica, Martínez Mus ha alegado, tras las críticas del PSPV y
Compromís, que para el pasado 29 de octubre «no había manual para
actuar» ante una situación «absolutamente excepcional» y ha argumentado
que la Ley de la Huerta ha supuesto «un obstáculo» y no cumple «ninguna
de las funciones para las que había sido diseñada».
También ha considerado «inexplicable» que la ex ministra Teresa Ribera
no haya visitado Valencia y ha cuestionado al Gobierno si tenía
«voluntad política» para desarrollar las actuaciones pendientes en los
barrancos.
«Esa pregunta me sigue machacando cada día», ha señalado.
