El comité de dirección provincial del PP-Alicante se niega a presenciar el psicodrama de Camps

ALICANTE.- El comité de dirección del PP en la provincia de Alicante, incluido el presidente José Joaquín Ripoll, no acudió esta tarde a la reunión de la Junta Directiva regional del partido, convocada en apoyo del presidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, según confirmaron fuentes de la dirección provincial del PP.

La decisión de no acudir al encuentro fue adoptada este mediodía, sin que hayan trascendido los motivos, según las mismas fuentes, después de que el Tribunal Supremo decidiera hoy reabrir la causa contra Camps y otros altos cargos del PP en relación con la trama "Gürtel".

La vicesecretaria de Comunicación del PP en la provincia de Alicante, señaló que hoy "lo que toca es mucha prudencia", al tiempo que recordó que "el PP está por encima de todo".

Los miembros del comité de dirección que han optado por no ir a la reunión son el presidente provincial del PP, así como la secretaria general y alcaldesa de Orihuela (Alicante), Mónica Lorente, el vicesecretario de Política Sectorial y alcalde de Alcoy(Alicante), Jorge Sedano; el vicesecretario de Organización Miguel Ortiz; la vicesecretaria de Política Local y alcaldesa de Villena (Alicante), Celia Lledó; el diputado nacional Miguel Peralta, así como la vicesecretaria de Comunicación y directora del Patronato de Turismo Costa Blanca, Gema Amor.

Castedo clama adhesión

Por su parte, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, aseguró en Valencia a la salida de la junta directiva del PPCV convocada tras decidir el Tribunal Supremo reabrir la causa de los trajes presuntamente regalados por la trama Gürtel, que el PP de la provincia de Alicante "ha estado y seguirá estando con Camps" y "estamos aquí porque creímos en él y lo seguiremos haciendo", aseveró.

Castedo, en alusión a la ausencia de miembros destacados del PP de Aicante como su presidente provincial, José Joaquín Ripoll, señaló: "estamos los tenemos que estar y seguiremos estando los que siempre hemos estado" y que "nunca nadie dude que Alicante, su provincia, desde el primero hasta el último pueblo, están con el presidente de la Generalitat y de este partido".

La alcaldesa se dirigió a los medios acompañada por representantes alicantinos asistentes a la Junta y preguntada por la ausencia de Ripoll y si éste apoya a Camps dijo que habría que preguntarle a él.

Asimismo, afirmó que "aquí está una representación muy grande de toda la provincia de Alicante, incluida la capital" y dijo que la provincia de Alicante no era "una persona ni dos".

Sobre la ausencia del presidente provincial, "porque no haya podido o querido" dijo que "tampoco necesitamos a ninguna presencia de más".

"Somos más que suficiente los que desde Alicante estamos con Camps como para echar absolutamente a nadie en falta", apostilló.

Sobre los que no han asistido, declaró que "son ellos los que tienen que decir por qué no han estado".

"Lo que nadie puede dudar ni decir es que Alicante no está con Camps".

En cuanto a la reunión de la Junta Directiva Regional, Castedo subrayó que Alicante, "como siempre, en su momento estuvo con su presidente Paco Camps; Alicante está con el presidente de nuestro partido, Paco Camps y Alicante seguirá estando con el presidente de nuestro partido, Paco Camps".

Psicodrama

"Todo el mundo en España, los 45 millones de españoles, saben que soy honrado, que tengo lo mismo que tenía cuando llegué a la política y nadie se puede creer que el presidente de una comunidad autónoma pueda venderse por tres trajes", proclamó Camps en la reunión, y sostuvo que es "absurdo y no sólo lo creo, lo cree el PP, la Comunitat entera y todos mis compatriotas, desde Finisterre hasta el Cabo de Gata".

"Es de risa, el proceso es de risa, no se sostiene, si no no estaría aquí tan feliz", dijo, y recalcó: "la gente normal de la calle me para y me dice, presidente no me lo creo".

Recalcó que nadie "en el planeta tierra puede darnos lecciones al PP de nada que tenga ver con honestidad, honradez y honorabilidad", sentenció el cuestionado presidente de la Generalitat.

Carlos Fabra dice que Camps tiene todo su apoyo

CASTELLÓN.- El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, afirmó hoy que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, tiene "todo" su apoyo, y señaló que no tiene "ni la más mínima duda de que esto se resolverá favorablemente para él".

Fabra se pronunció en estos términos en un comunicado, el primero desde que dejó sus responsabilidades públicas por cuestiones de salud a mediados del mes de marzo, en referencia a la resolución del TS de reabrir la causa a Camps.

Al respecto, manifestó que desde su "más profundo respeto a las decisiones judiciales, Camps tiene "todo" su "apoyo" en estos momentos, y le trasladó que "no tengo ni la más mínima duda de que todo este proceso se resolverá favorablemente".

Asimismo, subrayó, una vez más, "la honestidad y honradez probada de Francisco Camps a lo largo de todo su mandato como presidente autonómico", puntualizó.

Las cajas de ahorro seguirán siendo públicas y no se privatizarán

MADRID.- El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró el miércoles que las cuotas participativas de las cajas tendrán limitados sus derechos políticos y no supondrán una privatización de este tipo de entidades.

"El hecho de que se admitan derechos a las cuotas participativas no supone que eso sea una privatización de las cajas", aseguró Zapatero en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados donde concretó sus medidas de austeridad adicionales para reducir el déficit público en 15.000 millones de euros en 2010 y 2011.

"Esas cuotas van a tener limitaciones para mantener su naturaleza jurídica (de las cajas)", dijo Zapatero.

Parte de la clase política, con las comunidades autónomas a la cabeza que disponen de una gran control sobre estas instituciones financieras, temen que otorgar derechos políticos abra la puerta a la privatización de las cajas.

Zapatero y el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, acordaron la semana pasada agilizar la reestructuración del sistema financiero y tener concluido el mapa definitivo del sector de las cajas de ahorros españolas antes del 30 de junio.

Ambos anunciaron además entre sus novedades conferir derechos políticos a las cuotas participativas como un mecanismo que les permita mejorar su solvencia.

Las cajas se están viendo especialmente afectadas por unos elevados ratios de morosidad y provisiones, que están consumiendo sus recursos propios.

Al contrario que los bancos, las cajas no pueden acudir a los mercados para ampliar capital y su actual sistema de venta de cuotas participativas resulta poco atractivo al no conceder derechos políticos al comprador y establecer límites máximos del 5 por ciento del capital.

Zapatero no dio más detalles sobre qué tipo de limitaciones tendrían esas cuotas si bien en el sector de las cajas se considera que podría haber diferentes topes atendiendo a las necesidades y a la naturaleza de cada caja.

El magistrado Flors continuará la tramitación de la causa que acordó seguir contra Camps

VALENCIA.- El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) José Flors continuará la tramitación de la causa que inició el pasado año contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros cargos del PP por presuntamente haber recibido trajes como regalo de la empresa Orange Market, relacionada con la 'trama Gürtel', "en la forma legalmente procedente".

En su día, este magistrado decidió que continuara la tramitación del procedimiento "con el mismo objeto" por el que se incoó, para investigar únicamente este presunto delito, y por el trámite del jurado.

El Tribunal Supremo acordó hoy por unanimidad declarar que ha lugar a los recursos de casación interpuestos por el ministerio fiscal y la acusación 'popular', ejercida por el PSPV, contra la decisión del TSJCV que acordó sobreseer la causa, en contra de la opinión del instructor, que en un auto de fecha 6 de julio de 2009, declaró terminadas las diligencias previas al entender que había "suficientes indicios racionales" para considerar que los hechos imputados a Camps; al ex secretario general del PPCV Ricardo Costa; al ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y al jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho previsto en el artículo 426 del Código Penal.

Con esta decisión de hoy, el alto tribunal estima el primero de los motivos alegados por ambas partes, relativos a la infracción de ley. La sala, que ha deliberado sobre este asunto durante unas tres horas, estaba integrada por el propio presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra (que será además ponente de la resolución que se dará a conocer en los próximos días) y por los magistrados Perfecto Andrés, Miguel Colmenero, Andrés Martínez Arrieta y Julián Sánchez Melgar.

El PSPV alegaba que el TSJCV, que sobreseyó las actuaciones al entender que no concurría la "necesaria relación causal" en el denominado tipo de cohecho pasivo impropio del artículo 426, había realizado una interpretación de la conexión de causalidad "irrazonable y arbitraria".

Por contra, indicaba que la jurisprudencia del Supremo exige una conexión causal "pero no entre la dádiva y el acto desplegado o a desplegar por la autoridad o funcionario, sino entre la dádiva o regalo y la condición de autoridad y funcionario". En esta línea, sostenía que el auto del TSJCV había caído en la "más absoluta incongruencia" y había "vaciado de contenido" el artículo 426 primer inciso.

El Ministerio Público sostenía por su parte que el TSJCV realizó en este caso una interpretación errónea del tipo penal de cohecho, puesto que, según el artículo 426 del Código, existe este delito desde el momento en que se realiza un regalo a un funcionario público en consideración a su cargo, sin que dicha dádiva suponga la realización inmediata de ningún acto concreto por parte de éste.

El TS ha aceptado estas alegaciones y ordena reenviar las actuaciones al instructor, quien acordó en ese auto del 6 de julio tramitar el procedimiento, con el mismo objeto por el que se dispuso su incoación y por los trámites establecidos para las causas ante el tribunal del jurado.

El magistrado celebró el 15 de julio del pasado año la comparencia prevista en la ley, de concreción de imputación, a cuyo acto, citó a todas las partes y personalmente a los imputados, que decidieron delegar en las defensas y no acudir.

A partir de este momento, Flors retomará la causa en este punto y habrá una nueva comparecencia en la que las partes alegarán lo que estimen oportuno e incluso se podrá pedir la práctica de nuevas pruebas si así lo deciden, previo a una posible apertura de juicio oral.

Las decisiones que adopte el instructor podrán asimismo ser recurridas ante la sala del TSJCV, y las de ésta al Tribunal Supremo, según fuentes judiciales consultadas por Europa Press.

La sala de lo civil y penal del TSJCV está formada por, además del instructor, los magistrados Carlos Climent --que no se ha pronunciado sobre este caso porque estaba de vacaciones cuando se decidió el sobreseimiento libre--; Juan Montero; Francisco Ceres y Juan Luis de la Rúa, presidente en funciones del alto tribunal valenciano, y que ha decidido no optar a la reelección.

La decisión sobre el sobreseimiento se adoptó con los votos a favor de De la Rúa --a quien la oposición atribuye una estrecha relación de amistad con Camps-- y José Ceres mientras que el magistrado Juan Montero entendía, en un voto particular, que el archivo sólo debía acordarse con respecto a Ricardo Costa.

El PSPV urge a Camps a dimitir ante las Corts, disolverlas y convocar elecciones en "un último acto de dignidad"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, pidió hoy al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que "tenga un último acto de dignidad" y "dimita ante las Cortes Valencianas".

"Que mañana vaya a las Cortes, que se convoque un pleno, que dé las explicaciones políticas que toque, las disuelva y se vaya y, por supuesto, que nos deje de vergüenzas, mentiras y reprobaciones", sentenció.

Alarte se pronunció así durante la rueda de prensa que ofreció, junto al portavoz del grupo socialista en las Corts, Ángel Luna, para valorar la decisión del Tribunal Supremo de reabrir la causa a Camps y a otros altos cargos del PP en relación con el 'caso Gürtel', en la que recalcó que "debe haber inmediatamente consecuencias políticas".

Así, reclamó al jefe del Consell que "no dimita entre los suyos, en un acto de autobombo y propaganda como siempre", en alusión a la reunión de la junta directiva regional del PPCV convocada para esta tarde, "después de que todos le digan que es un gran hombre, porque no lo es, ni como presidente ni tampoco como ciudadano".

"No hay más respuesta política ante la gravísima crisis de legitimidad institucional y de funcionamiento de todas nuestras instituciones que la disolución inmediata de las Cortes Valencianas y la convocatoria de elecciones anticipadas, y la retirada de la vida pública del presidente Camps y de todos y cuantos han participado en la trama Gürtel", insistió el líder del PSPV, quien recalcó que "es hora de más democracia y de más futuro para la Comunitat Valenciana".

Alarte urgió al PP a que "tome decisiones valientes y asuma sus responsabilidades políticas", por considerar que "tiene que tomar una decisión histórica: anteponer los intereses de los valencianos y las valencianas y nuestro futuro a los intereses de un imputado por graves delitos".

Igualmente hizo una "llamada a la responsabilidad a todos los militantes decentes del PP" y a "todos los dirigentes, concejales, alcaldes y diputados, a todos cuantos forman y constituyen el Partido Popular en esta comunidad y no son parte de la trama Gürtel" a que "exijan también democracia".

Alarte recalcó que "estamos ante una situación de crisis de legitimidad institucional sin precedentes en la historia de la Comunitat Valenciana", después de que "el alto tribunal, la más alta instancia judicial de nuestro país, acaba de reabrir el proceso penal contra el presidente de la Generalitat, acaba de volverlo a imputar por delitos de extrema gravedad, en este caso por cohecho, y acaba de decidir que cuanto determinó el magistrado Flors es correcto, se tiene que investigar y se debe llegar hasta el final".

Hizo hincapié en que, tras "meses de mentiras, de decir que no existía Gürtel, de someternos a la vergüenza de que nos engañaran deliberadamente y de que negaran la evidencia y la realidad, hoy no es ningún juez sospechoso, ningún funcionario que perseguir, ni ningún fiscal a quien cuestionar", sino que "es el más alto tribunal español el que ha considerado que Camps debe volver a estar imputado".

Alarte señaló que "Gürtel se montó, cada día parece más evidente, para hacer trampas en las elecciones, al igual que la actual dirección, y la anterior y la anterior, de la Ràdio Televisió Valenciana", y reivindicó que "esta trama dedicada a hacer trampas en la democracia, en la transparencia y en la honradez y normalidad democrática de nuestra comunidad, Gürtel y Canal 9, no pueden seguir determinando el devenir y el futuro de la Comunitat".

Defendió que "la gente necesita certidumbre y confianza, respuestas y un gobierno honorable, serio, en el que confiar" y ratificó la disposición del PSPV a "someterse a las urnas para plantear su propuesta de más democracia y de más empleo" y mostrar que "hay alternativa, proyecto y realidad para sustituir todo esto que a todos los valencianos de bien, da igual nuestra ideología o adscripción de partido político, nos avergüenza, nos sonroja y por supuesto, devalúa nuestras instituciones, nuestra democracia y nuestro autogobierno", sentenció.

Por último, informó de que mañana se reunirá la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV para "hacer un análisis a fondo" de lo ocurrido y aseguró que desean que Camps tenga "ese último acto de dignidad" por "el bien de las páginas de la historia de esta Comunidad".

Compromís dice que Camps debe asumir las responsabilidades políticas y "no seguir dañando" a la Generalitat

VALENCIA.- El síndic del grupo parlamentario Compromís, Enric Morera, afirmó hoy que lo que debe hacer el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, tras la decisión del TS de reabrir la causa de los trajes, es "asumir las responsabilidades políticas y no seguir dañando el prestigio de la Generalitat, cosa que viene haciendo desde hace más de un año".

Según Morera, "la justicia hoy ha dado un paso adelante por aclarar el oscuro entramado del 'caso Gürtel', un caso al que estamos vetados los partidos opositores y no tenemos acceso ni a las facturas ni a los contratos".

Además, indicó en un comunicado que Camps "nos ha mentido en muchas ocasiones en las Corts y va siendo hora de que diga la verdad y pida disculpas públicas al parlamento y al pueblo que representa".

Recordó que a lo largo d un año, su grupo ha denunciado la "parálisis total" del Consell por temas judiciales y, a su juicio, "hace falta una regeneración, hace falta un cambio en las instituciones valencianas y no estaría de más una convocatoria de elecciones, porque no pueden gobernarnos quienes están citados a declarar en un tribunal por presunto delito de corrupción".

Por su parte, la coordinadora de EUPV y diputada del grupo de No Adscritos en las Corts Valencianes, Marga Sanz, anunció hoy que su organización ha convocado para mañana por la tarde concentraciones en las principales ciudades de la Comunitat para exigir la "dimisión inmediata" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, después de que el Tribunal Supremo (TS) acordara hoy reabrir la causa abierta al jefe del Consell y otros altos cargos del PP en relación con la trama "Gürtel", en la que estaban siendo investigados por delito de cohecho impropio por haber recibido presuntamente trajes como regalo de la empresa Orange Market.

Sanz indicó en un comunicado que se pide la dimisión "inmediata" de Camps como presidente de la Generalitat "por la dignidad de las instituciones del autogobierno del pueblo valenciano". La dirigente de EUPV llamó a la ciudadanía valenciana "a sumarse a cuantas movilizaciones se produzcan para exigir la depuración de responsabilidades del Consell, comenzando por su presidente, que ahora mismo vuelve a estar imputado por cohecho".

La coordinadora de EUPV afirmó: "no podemos permitir que el presidente de la Generalitat llegue con esa condición al juicio en el Tribunal Superior de Justicia".

"Sería una situación sin precedentes en nuestra democracia; Camps debe ir como ciudadano particular, sin ostentar el cargo de president del Consell", manifestó.

Los principales recortes del plan de austeridad anunciado por el Gobierno

MADRID.- El recorte de los sueldos de los funcionarios, la congelación de las pensiones (salvo mínimas y no contributivas) o la supresión del llamado 'cheque bebé' son algunas de las medidas del plan de reducción del déficit público anunciado este miércoles por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Los sueldos de los empleados públicos se bajarán un 5% de media a partir del mes de junio y se congelarán en 2011, anunció Zapatero en el Congreso de los Diputados.

Los salarios de los altos cargos del funcionariado sufrirán los mayores recortes y los miembros del Gobierno reducirán su sueldo un 15%.

A partir del 1 de enero de 2011, se suprime la ayuda de 2.500 euros por hijo nacido, implantada en el año 2007. La inversión pública bajará en 6.000 millones de euros entre este año y el próximo.

El Gobierno pedirá a las comunidades autónomas y los ayuntamientos que ahorren 1.200 millones de euros.

La ayuda española al desarrollo entre este año y el próximo se reduce en 600 millones de euros.

Por otra parte, Zapatero dijo que no descarta una subida de impuestos para las rentas más altas. En enero, ya había anunciado un plan que contemplaba una reducción del 10% en la contratación de funcionarios, que se sumaba a un incremento de impuestos y un presupuesto reducido para 2010.

Opiniones autorizadas

El secretario general de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, cifró en 1.400 euros el ahorro en las arcas públicas como consecuencia de la rebaja del 5% del sueldo de los funcionarios, dentro de los 15.000 millones del plan de austeridad adicional anunciado por el presidente del Gobierno.

Mollinedo rechazó las medidas planteadas para acelerar la reducción del déficit, que contempla también la congelación de las pensiones, por lo que pidió reorientar el recorte adicional a acercar el peso de la economía sumergida a la media de la UE, del 23% al 10% del PIB, lo que equivaldría a incrementar los ingresos fiscales en alrededor 38.000 millones de euros al año.

Asimismo, el secretario general de Gestha instó a prohibir los movimientos especulativos contra la deuda soberana de los países y contra el euro, ante el encarecimiento de las emisiones de deuda de 1.402 millones de euros, y abogó por incrementar en cinco puntos porcentuales el tipo impositivo de 295 entidades bancarias, con el fin de reportar 1.285 millones al Estado.

Como medidas alternativas a las propuesta por Rodríguez Zapatero, Mollinedo también apostó por recuperar el Impuesto de Patrimonio de las grandes fortunas, ya que más de 47.000 contribuyentes cuentan con un patrimonio superior a 1,5 millones, el equivalente a un aumento de los ingresos de 1.240 millones.

En esta misma línea, desde Gestha instaron a elevar la tarifa del Impuesto de la Renta a los ingresos superiores a 600.000 euros y a eliminar las ventajas de las rentas del ahorro a las ganancias patrimoniales especulativas (Sicav) y las ventajas de los extranjeros residentes con ingresos de hasta 600.000 euros anuales.

Finalmente el profesor de Economía de Esade, Fernando Ballabriga, señaló que el sueldo de los funcionarios sufrirá una bajada real del 2% a consecuencia del recorte anunciado hoy el Gobierno, ya que los salarios se incrementaron en un 3% en plena crisis.

En este sentido, Ballabriga explicó que "hay que tener en cuenta que en 2009, cuando el resto de la economía se estaba empezando a ajustar, se incrementó el sueldo de los funcionarios en más de un 3%".

Por tanto, si se toman como referencia los salarios de 2008, fecha de inicio de la crisis, la reducción real sería de un 2%, afirmó el experto, que calificó las medidas adoptadas por el Gobierno de "acertadas pero insuficientes".

Así, Ballariaga defendió que los recortes salariales a los funcionarios "deberían ser superiores" en favor de aumentar las partidas destinadas a las inversiones públicas, ya que generan puestos de trabajo.

En este sentido, Ballabriga explicó que "el 60% del recorte total provendrá del sector público y, dentro de este porcentaje, tan solo el 20% proviene del recorte del salario de los funcionarios, mientras que la partida más afectada es la inversión pública, con un 40%".

El experto señaló que el recorte de la inversión pública es el que "más afecta en términos económicos, puesto que supone una menor capacidad productiva para el futuro".

El Tribunal Supremo ordena al TSJV seguir investigando a Camps por recibir trajes

MADRID.- La Sala de lo Penal Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad reabrir la causa contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y otros altos cargos del PP en relación con la trama "Gürtel", en la que se investiga la presunta comisión de cohecho impropio por haber recibido trajes y otros regalos de la empresa Orange Market, que realizaba contratos con la Administración autonómica.

La resolución del alto tribunal, de la que solo se dio a conocer el fallo, supone la estimación de los recursos presentados por la Fiscalía y el PSOE valenciano (PSPV) contra la decisión que adoptó el pasado mes de agosto el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) de sobreseer la causa abierta al presidente de la Generalitat, al ex secretario general del PPCV Ricardo Costa; al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y al jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafel Betoret.

Concretamente, el fallo dado a conocer este miércoles ordena el reenvío de las actuaciones al instructor de la causa en Valencia, José Flors, "para que continúe su tramitación en la forma legalmente procedente". El alto tribunal estima uno de los motivos de infracción de ley alegados por ambas partes, relativos a la interpretación que debe darse al tipo penal de cohecho impropio.

La Sala, que ha deliberado sobre este asunto durante unas tres horas, está integrada por el propio presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra (que será además ponente de la resolución que se dará a conocer en los próximos días) y por los magistrados Perfecto Andrés, Miguel Colmenero, Andrés Martínez Arrieta y Julián Sánchez Melgar.

La resolución del TSJCV anulada ahora por el Tribunal Supremo consideró que los hechos por los Camps y resto de ex altos cargos fueron denunciados en relación con la trama valenciana del "caso Gürtel" no constituía delito, por lo que sobreseyó las actuaciones.

Por su parte, la Fiscalía defendió que el archivo del caso fue prematuro porque la investigación continuaba abierta y podía aportar datos nuevos "acerca de las dádivas investigadas y los concretos actos de contratación realizados por parte de la Administración Pública valenciana a la empresa Orange Market", ligada a la red de Francisco Correa.

Consideraba además el Ministerio Público que el Tribunal Superior valenciano realizó en este caso una interpretación errónea del tipo penal de cohecho, puesto que, según el artículo 426 del Código, existe este delito desde el momento en que se realiza un regalo a un funcionario público en consideración a su cargo, sin que dicha dádiva suponga la realización inmediata de ningún acto concreto por parte de éste.

Por su parte, los socialistas valencianos alegaban en su recurso que la decisión del alto tribunal valenciano supuso una "infracción de ley" al realizar una interpretación "distinta" de la que se venía haciendo en este órgano del artículo 426 del Código Penal, que es el que tipifica el cohecho impropio.

Este tipo penal castiga con pena de multa de tres a seis meses a toda autoridad o funcionario público "que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente".

Según el PSPV, la interpretación realizada en esta causa por dos de los magistrados del tribunal valenciano --José Ceres y el presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa--, es distinta de la que hizo el propio tribunal abril del pasado año, cuando se declaró competente para asumir las investigaciones del caso y acordó abrir diligencias previas por "posible delito de cohecho".

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobreseyó el caso con el voto particular de uno de los magistrados, Juan Montero, que entendía que este archivo sólo debía acordarse con respecto a Ricardo Costa.

Los magistrados a favor del archivo sostuvieron por su parte que no había una relación "de causalidad" entre dádivas y la adjudicación de contratos a Orange Market, sociedad dirigida por Álvaro Pérez, 'El Bigotes' e investigada en el marco de la 'operación Gürtel'.

Por ello, resolvieron favorablemente los recursos de apelación planteados por los cuatro dirigentes del PPCV contra el auto del magistrado instructor de la causa, José Flors, quien sí había entendido que había indicios de cohecho pasivo en su actuación por haber aceptado supuestamente regalos de Orange Market.

El Banco de España presiona a la CAM para que busque una fusión inmediata

VALENCIA.- La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) lleva meses intentado una fusión o un Sistema de Protección Institucional (SIP) con diversas entidades sin conseguirlo. El último intento con Caja Murcia se frustró el pasado lunes después de que ésta exigiera que la sede social estuviera radicada en la Región de Murcia. Pero antes de que esta posibilidad se fuera al traste, del mismo modo que se fue hace meses con la misma entidad, la CAM lo había intentado con Sa Nostra, la caja de las Islas Baleares, y un SIP con Caja Madrid. Ninguna de estas operaciones llegó a cuajar, según 'El País'.

La pregunta que ayer circulaba en el sector financiero valenciana era: "¿Cómo es posible que la cuarta caja de ahorros española no sea capaz de alcanzar ningún acuerdo pese a los esfuerzos que lleva realizando en los últimos tiempos?" Todas las respuestas, con mayor o menor intensidad, eran coincidentes: la CAM negocia bajo una fuerte presión del Banco de España, que insta una fusión inmediata ante su preocupante situación.

Carlos Egea, presidente de Caja Murcia, es sabedor de esta circunstancia y juega sus bazas para sacar el máximo provecho en las negociaciones. La sede social de la entidad que surgiera de la fusión fue un elemento determinante de la ruptura de las negociaciones, pese al acuerdo global alcanzado entre Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel.

Descartada la operación con Caja Murcia, una parte del consejo de administración daba por hecho que la solución más viable es la fusión o un SIP con Caja Madrid. El Banco de España, de hecho, presiona en esa dirección. Una opción que en su día fue mejor vista por la CAM, pero que ahora cuenta con la oposición de una parte de la entidad alicantina.

El consejo de ayer fue "triste", según un miembro del mismo, por la sensación de que la caja es la única entidad a la que presiona el Banco de España. Hubo algún miembro del consejo que expresó la sensación de que en unos días podría anunciarse la operación con Caja Madrid. Otro incidió en que cualquier decisión podía anunciarse en breve.

La tercera opción y la más problemática es la de Bancaja. La debilidad del Consell complica todavía más una fusión de la CAM con Bancaja, a diferencia de lo ocurrido con las cajas gallegas.

Un hecho cierto es que la CAM evidencia las presiones del Banco de España mucho más que el resto de entidades de ahorro. Si a finales de este año el presidente de la caja alicantina, Modesto Crespo, aseguraba en Madrid que la CAM sólo aceptaría fusiones que pudiera liderar e imponer su filosofía, el comunicado del consejo de administración celebrado ayer -que inicialmente se iba a convocar para aprobar el inicio del proceso de fusión con Caja Murcia- revelaba un estado de ánimo distinto.

"La CAM", rezaba la nota oficial, "está en una situación óptima para mantenerse entre los líderes del sector y ser competitiva a futuro, tanto si participa en algún proceso de integración como si no. Cualquier operación debe garantizar un avance cualitativo y cuantitativo para la capacidad competitiva de Caja Mediterráneo. (...) En un eventual proceso de unión con otra entidad, el mantenimiento de la actividad social será clave".

Si la CAM está "en una situación óptima", porqué evidencia tanto la necesidad de una fusión. Si sólo busca garantías parece claro que renuncia a liderar fusión alguna. Y queda clara su voluntad por mantener la Obra Social como está.

Ayer en el consejo de administración se explicaron las razones por las que no ha podido acordarse la fusión con Caja Murcia. Un acuerdo que saltó por los aires el lunes por la noche. Los murcianos, según diversas fuentes de la entidad, fueron endureciendo sus demandas conforme avanzaba la negociación. Hasta tal punto que el presidente de la caja alicantina, Modesto Crespo, llegó a renunciar a seguir en el cargo en la entidad que saliera de la fusión.

El Gobierno de la Región Murcia, que preside el popular Ramón Luis Valcárcel, mantiene su postura oficial favorable a las fusiones, "siempre que se haga de forma profesional, y por el bien de los ciudadanos", precisa Inmaculada García, consejera de Economía.

El Ejecutivo de Valcárcel no desdeña la unión de Caja Murcia con la CAM, aunque fuentes oficiales aseguran que el objetivo del Gobierno murciano en materia de fusiones es mucho más ambicioso y apuesta por un gran grupo, surgido de la integración entre Caja Murcia, la CAM y Caja Madrid. La nueva entidad sería la segunda caja de España, pisando los talones a La Caixa.

La triple fusión fue unas de las condiciones que puso sobre la mesa el Gobierno murciano antes de materializar el primer paso para unirse con la caja alicantina. Precisamente, y según fuentes financieras, la delicada situación financiera de la CAM, detectada por el Banco de España, junto con la fecha tope del 20 de junio para poder acogerse al plan de ayudas del fondo para la reestructuración bancaria, justificarían la "urgencia" de la CAM por alcanzar una fusión.

"Si la CAM no se fusiona, a partir del 30 de junio podría pasar del 4º al 6º o 7º puesto en la lista de cajas españolas", apuntaron esas fuentes. Esas mismas fuentes aseguran que para materializar una fusión con Caja Murcia, el presidente de la CAM, Modesto Crespo (en la imagen), aceptaría una presidencia compartida el primer año, "e incluso cedería la presidencia a Murcia el segundo año".

Antes del consejo, los responsables de área y directores de oficina de la CAM fueron convocados para transmitirles un mensaje de tranquilidad.

Bancaja sustituye a Caja Murcia para la urgencia de la CAM

VALENCIA.-Tras el desaire de Caja Murcia, Caja Mediterráneo (CAM) se ha quedado sola. La caja que preside Modesto Crespo busca con quién fusionarse ante la presión del Banco de España. Sus condiciones se han suavizado bastante.La cúpula directiva de Caja Mediterráneo (CAM) expuso ayer a su consejo, reunido en sesión extraordinaria, la necesidad de cerrar en el plazo de dos semanas algún tipo de acuerdo tendente a una fusión -como pretende el Banco de España- o una integración.

La premura de tiempo viene marcada por el final del plazo para optar a las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que expira el 30 de junio.

El presidente de la CAM, Modesto Crespo, y el director general, Roberto López, expusieron al consejo que las opciones pasan por Caja Madrid. Este lunes, ABC avanzaba la voluntad de la entidad que preside Rodrigo Rato de reactivar esta operación.

Con todo, el principal elemento novedoso en la reunión mantenida ayer por el máximo órgano de gobierno de la CAM fue la alternativa de Bancaja. Por primera vez, los responsables de la entidad alicantina plantearon una eventual fusión con la entidad vecina.

De acuerdo con las versiones de los consejeros recabadas por este periódico, la opción de Bancaja «supondría actuar más con el corazón que con la cabeza». Además, diferentes informes indican que esta operación supondría la pérdida de 4.500 empleos y el cierre de 400 oficinas, por su solapamiento.

Con todo, la Generalitat y el empresariado de la Comunidad Valenciana apuesta mayoritariamente por una fusión que no trascienda los límites autonómicos. Una posición que choca con la pactada la pasada semana entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, que alimenta las opciones de Caja Madrid.

Hasta el último momento, los responsables de la CAM intentaron fraguar una fusión en la que ejercieran como entidad absorbente.

Como publicó ayer ABC, se produjeron contactos con Caja Murcia. Sin embargo, las pretensiones de esta entidad dieron al traste con cualquier opción de entendimiento, según se explicó ayer en el consejo.

A pesar de que la reunión se celebró en un ambiente «de despedida», según la opinión de algunos consejeros, la cúpula de la entidad trasladó un mensaje en positivo respecto a la solvencia y el futuro de la caja.

En este sentido, la CAM emitió un comunicado a través del cual su presidente resaltó que se hallan en «situación óptima» para mantener el liderazgo en el sector.

El consejo de administración de Caja Mediterráneo (CAM) se reunió ayer con la sensación de que el encuentro ya no tenía sentido. Convocado la semana pasada con una urgencia que se trató de matizar asegurando que se trataba de una reunión ordinaria, la reunión tenía como objetivo real dar el pistoletazo de salida a la fusión con Caja Murcia.

Sin embargo, tras dos días de intensas negociaciones y hasta un principio de acuerdo, la negativa de la caja que preside Carlos Egea supuso a un varapalo para la entidad con sede en Alicante, según 'Cinco Días'.

CAM mantuvo la convocatoria del consejo, tras el cual lanzó un comunicado en el que, sin hacer ninguna referencia a las negociaciones con Cajamurcia, fija los objetivos que tendría que cumplir cualquier operación en la que participara.

Frente a discursos anteriores, CAM ya no hace referencia a una condición que en otros momentos consideraba esencial, la de liderar la operación de reestructuración del sector en la que participe.

"Cualquier operación debe garantizar un avance cualitativo y cuantitativo para la capacidad competitiva de CAM, por lo que deberá responder a un racional económico, mejorar la capacidad comercial y potenciar el acceso preferente a la financiación de los mercados mayoristas", explicó en el comunicado.

Sobre uno de los aspectos clave, el del mantenimiento de la sede operativa en Alicante, no hay ninguna referencia. CAM se resigna a que "en un eventual proceso de unión se mantenga la actividad social". También reclama que continúe "la apuesta por el desarrollo económico de los territorios en los que está presente".

Sin más condiciones, CAM se ofrece al mercado ante la urgencia a la que le ha sometido el Banco de España, según fuentes del regulador, aunque insiste en que puede seguir en solitario. El problema para la caja que preside Modesto Crespo es que tres de las opciones que se han barajado en estos últimos meses están ahora casi vetadas.

Caja Murcia ha dicho que no por segunda vez, Caja Madrid no quiere asumir el empeoramiento de sus ratios que le aportaría CAM, y Caixa Galicia ya va por su cuenta.

Bancaja guarda silencio

Sus vecinos del norte han asistido a estos dos días de movimientos en Caja Mediterráneo con una cierta estupefacción. El lunes por la mañana en la sede de Bancaja empezaron a sonar los rumores de un posible acuerdo entre CAM y Caja Murcia.

La entidad que preside José Luis Olivas, aunque no entraba en el pacto que se estaba negociando durante el fin de semana, quiso saber de qué iba aquella historia en la que, además, los Gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana y de Murcia estaban jugando un papel destacado.

Bancaja ha guardado silencio durante estos días, pero está alerta por las repercusiones que pueda desencadenar la necesidad en la que parece embarcada CAM de encontrar alguien con quien compartir sus males. Ayer volvió a aparecer el viejo fantasma de la fusión Bancaja-CAM.

Hacienda halla irregularidades contables en el PP de Valencia

MADRID.- Un informe de la Agencia Tributaria apunta presuntas irregularidades en la contabilidad del PP valenciano, que podría haberse beneficiado de donaciones indirectas de determinadas empresas que sustituían al partido a la hora de abonar servicios a la empresa Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, considerado el responsable de la trama Gürtel en esa Comunidad.

El citado documento de Hacienda fue solicitado el pasado 6 de mayo por Antonio Pedreira, juez del tribunal superior de Madrid (TSJM), y analiza los pagos y cobros de Orange Market en el 2007, año en que se celebraron elecciones autonómicas.

La dirección popular, al conocer que se había difundido este informe, montó en colera: entiende que se ha buscado condicionar la decisión del Supremo en torno a Camps y anunció una querella contra el funcionario responsable del dosier, «por falsedad de documento público y prevaricación».

«Habiéndose rebasado el límite de lo admisible en el uso torticero y oscuro de las instituciones del Estado, el PPCV hará uso de todos y cada uno de los instrumentos que le asisten en un Estado de derecho para poner fin a la campaña estatal orquestada por el Gobierno socialista para dañar la imagen de este partido», avisó el PP en un comunicado.

En el ya mencionado informe de la Agencia Tributaria se señala que Orange Market, en el 2007, documentó mediante facturas e incluyó en su contabilidad «solamente una parte de los servicios realizados», pese a que también prestó otros «que no incluyó en su contabilidad, ocultando también el cobro recibido por ellos».

La Agencia Tributaria destaca que el receptor «único o principal» de estos servicios que dan lugar a cobros opacos «es el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV)». La conclusión es que «del gasto total de la campaña, incluyendo la parte correspondiente a la cuota del IVA repercutido –en los casos en que Orange Market emitió factura–, una parte fue pagada por el PPCV y otra por terceros».

En este contexto, se agrega que la «opacidad» con la que se entregan las cantidades a la empresa del Bigotes para el pago de los gastos de campaña electoral «hace presumir que no se correspondan con recursos declarados o transparentes».

«Por ello presumimos que esos pagos del PPCV se corresponden con donaciones o aportaciones anónimas recibidas de terceros», se sentencia.

Los conservadores aseguran no entender por qué la Agencia Tributaria se dedica ahora a sacar conclusiones de esta índole. «Nunca un informe sobre la actividad de un proveedor puede valorar la legalidad o ilegalidad de uno de sus clientes, máxime cuando el cliente en cuestión, el PPCV, tiene al día sus responsabilidades tributarias, fiscales y de control», dicen los populares.