El teniente general Luis Sáez Rocandio toma posesión como máxima autoridad militar de la Comunidad Valenciana

 

VALENCIA.- El general de ejército Amador Enseñat y Berea, jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), ha presidido este martes el acto de toma de posesión del teniente general Luis Sáez Rocandio como nuevo jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD) y del Cuartel General del Cuerpo de Despliegue Rápido de la OTAN en España (NRDC-ESP) en Valencia y, posteriormente, en Bétera.

Al acto en Valencia han asistido, otras autoridades civiles y militares, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, el Fiscal Superior de la Comunidad Valenciana, José Francisco Ortiz y la consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

El JEME ha destacado las cualidades personales y las capacidades, experiencia y prestigio profesionales del teniente general Sáez, idóneos para ejercer el cargo del CGTAD y HQ NRDC-ESP, especialmente el liderazgo, por su estilo de mando, carisma personal y ejemplaridad; la humildad, a través de su educación y buen estar con cada uno de los que le rodean, y la resistencia a la frustración, evitando caer en el conformismo por muy adversa que sea la situación, se presenten dificultades o surjan múltiples problemas.

Por su parte, el teniente general ha manifestado en su alocución su objetivo de mantener la disponibilidad y preparación del CGTAD, para cumplir con eficacia los cometidos encomendados y ha pedido a sus nuevos subordinados vocación de servicio, compromiso individual y espíritu de equipo.

El Teniente general Sáez Rocandio ingresó en la Academia General Militar en 1983, obteniendo su despacho de teniente de Infantería en julio de 1988. Es diplomado en el Colegio de Defensa de la OTAN, en Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y en Mando de Unidades de Operaciones Especiales y Paracaidistas.

Sus primeros destinos los desempeñó en unidades motorizadas, de operaciones especiales y paracaidistas. Asimismo, fue profesor en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales (Jaca, Huesca). 

Posteriormente, ocupó puestos de estado mayor en el Estado Mayor del Ejército de Tierra (jefe de la Sección de Preparación de la División de Operaciones), en los Cuarteles Generales del Mando de Canarias, del Cuerpo de Ejército Europeo (Estrasburgo), y en los extintos Mando Subregional Sudeste de la OTAN (Retamares, Madrid) y de la Fuerza de Acción Rápida (Madrid). 

Fue jefe de batallón en el Regimiento de Infantería Canarias 50 y general jefe de la Brigada Paracaidista Almogávares VI. Antes del CGTAD/HQ NRDC-ESP, su destino más reciente ha sido como Comandante General de Melilla.

Ha participado en cuatro misiones internacionales (ONUSAL, en El Salvador; EUFOR, en la República Democrática del Congo; KFOR en Kosovo e ISAF en Afganistán, lo que unido a sus destinos le confiere una amplia experiencia internacional. Habla inglés y francés. Está en posesión de diversas condecoraciones nacionales e internacionales.

El Consell recurrirá ante el Tribunal Constitucional si sale adelante el "golpe de estado fiscal" de Cataluña

 VALENCIA.- La consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, ha explicado que el gobierno valenciano recurriá ante el Tribunal Constitucional «si sigue adelante» el acuerdo que ha divulgado ERC con el PSC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña y que supondría gestionar el 100% de los impuestos que se recaudan en la región.

«Estamos ante un auténtico golpe de estado fiscal, bendecido, auspiciado y propiciado por (el presidente del Gobierno) Pedro Sánchez, que revienta así la Constitución para mantener los sillones y que cuenta además con la cooperación necesaria del PSPV», ha denunciado la consellera en una rueda de prensa convocada para valorar el acuerdo alcanzado en Cataluña, que a su juicio «supone la independencia fiscal de Cataluña».

Merino ha asegurado que el Consell llegará «hasta donde haga falta, con todos los medios jurídicos y políticos que estén a nuestro alcance», cuando tenga «más datos sobre el acuerdo». 

«Estamos convencidos de que este acuerdo, si finalmente es lo que parece y lo que han anunciado, es inconstitucional. Por lo tanto, si siguen adelante con él, por supuesto, tomaremos el camino jurídico correspondiente para recurrir al Constitucional», ha avanzado.

La titular de Hacienda ha aseverado que «nos encontramos ante probablemente la confirmación del mayor ataque que se ha perpetrado contra los intereses y contra el bienestar de los ciudadanos de este país, concretamente los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, porque desde que se firmó el pacto constitucional en 1978, probablemente estamos viviendo uno de los momentos de ruptura y de quiebra de todos aquellos valores que conseguimos darnos entre todos».

Además, ha afirmado que el pacto «perjudica concretamente a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, todavía más de lo que ya estaban siendo perjudicados». 

«Detrás de todo esto está la sanidad, la educación y los servicios sociales de todos. Ya nos estaba costando mucho dar unos servicios de calidad a todos los valencianos debido a esa infrafinanciación crónica que padecemos», ha apuntado.

Por ello, la consellera ha exigido conocer el contenido completo del acuerdo dado a conocer por ERC, que «el PSOE no ha desmentido» y que es una «quiebra total de los principios de igualdad y solidaridad fiscal entre ciudadanos y territorios». 

Así, ha calificado de «impresentable» que «le pongan el apellido de solidario».

Ruth Merino ha preguntado «qué va a ser lo próximo» y si el presidente del Gobierno «va a romper también con la unidad territorial y con la integridad de España» o con «la caja única de la Seguridad Social».

Asimismo, la responsable de las finanzas valencianas la reprochado la «hiprocresía» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y especialmente de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, porque «hace escasos quince días negaba rotundamente que se estuviera negociando nada similar y arremetía contra este sistema singular de financiación de Cataluña, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera».

«Mientras Sánchez nos intenta convencer de que todo esto lo está haciendo por la convivencia, lo que ocurre es totalmente lo contrario. Sánchez está dando alas al separatismo. Estamos viendo que están más crecidos que nunca. Nunca se han arrepentido de lo que hicieron, es más, siempre han dicho que lo volverían a hacer. Lo que están haciendo es, con este balón de oxígeno que de nuevo les vuelve a dar Pedro Sánchez, retomar el camino hacia la ruptura de la sociedad civil en Cataluña», ha advertido Ruth Merino.

En ese contexto, la consellera ha realizado un «llamamiento a los auténticos socialistas» que se sientan «avergonzados» por este acuerdo a que «levanten su voz», y se ha preguntado «dónde está ese Partido Socialista del País Valencià, dónde está (su secretaria general) Diana Morant», que «desde hace semanas» se han puesto «de perfil» e «incluso aplaudiendo esta singularidad fiscal de Cataluña».

Merino considera que «el PSOE de siempre ha desaparecido y han abandonado señas de identidad tan importantes, que siempre han defendido, como la progresividad fiscal».

Rovira asegura que los centros tienen "sobradamente capacidad" para adaptar sus programas plurilingües a la nueva ley

 VALENCIA.- El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, se muestra convencido de que los centros educativos «tienen sobradamente capacidad» para adaptar sus programas plurilingües a la nueva Ley de libertad educativa.

Así lo ha aseverado el titular de Educación en una entrevista en la que se ha referido a las instrucciones que ha enviado su departamento a los 221 centros educativos de la Comunitat Valenciana que hasta la finalización del curso 2023-2024 tenían autorizados programas plurilingües experimentales, al amparo de la Ley 4/2018 de plurilingüismo del Gobierno del Botànic con el fin de que, a partir del próximo curso, impartan al menos un 25% del tiempo lectivo en castellano.

Según resalta la Conselleria de Educación, en todos estos programas los centros tenían autorizados «sistemas de inmersión lingüística en valenciano en los que se posponía la presencia del castellano como lengua vehicular hasta la Educación Primaria».

Sin embargo, el envío de estas instrucciones ha provocado algunas críticas. Así, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) han lamentado que la Conselleria «se ha apresurado para aplicar la ley a dos días del inicio de las vacaciones de agosto y vuelve a complicar la vida en los centros educativos que tienen que rehacer deprisa y corriendo sus programas lingüísticos si no quieren trabajar en agosto». 

«Empieza la cacería de brujas contra la enseñanza en valenciano», lamenta la organización sindical.

Y por su parte, la Confederación de asociaciones de madres y padres de alumnos de la Comunitat Valenciana 'Gonzalo Anaya' ha reclamado «una moratoria para aplicar los cambios del nuevo plurilingüismo y un calendario de implantación, como se ha hecho siempre en los cambios que afectan a miles de alumnos del sistema educativo».

Al respecto, el conseller Rovira --que ha calificado de «curioso que siempre habla primero el STEPV y a continuación la Gonzalo Anaya, no sé si es que son amigos o qué»-- ha defendido que los centros tienen capacidad suficiente para llevar a cabo esta adaptación, «porque simplemente es dar la misma asignatura en un idioma o en otro».

"Y nuestros maestros están preparados en ambos idiomas, están preparados para dar clases en castellano o en valenciano", ha subrayado.

«Otra cosa es la voluntad política que pueda tener alguna persona, pero no es esa persona quien tiene que decidir en qué idioma dar su clase. Estamos en un Estado de Derecho con una legislación y ahora tenemos una normativa que dice que, al menos, tendrá que haber un 25 por ciento en castellano», ha razonado el responsable de la política educativa del Consell, que ha apostillado: «Queremos que los niños valencianos conozcan ambos idiomas».

La Audiencia destaca el "rol decisivo" de Alfonso Grau en la financiación irregular del PP

 VALENCIA.- Los magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia han destacado el «rol decisivo» del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau en la financiación irregular del PP en 2007 y 2011: «Se prevalió de su posición» en el Ayuntamiento y tenía una participación «relevante y activa» en las irregularidades cometidas.

Así se desprende de la sentencia --de 370 páginas-- dictada por este tribunal en la pieza A del caso Imelsa, relacionada con una financiación irregular en las campañas electorales del PP de València en 2007 y 2011 a través de donaciones y pagos de empresas.

El tribunal dedica en su resolución un apartado a Alfonso Grau, a quien impone cuatro años y medio de prisión por un delito de malversación de caudales públicos y le condena, también, por un delito continuado de cohecho.

«Grau fue quien tomó la decisión o participó de manera determinante en el encargo de la campaña de 2007 a Laterne Product Council (LPC), igual que participó activamente en la toma de la decisión de encargar la campaña de 2011 a Trasgos», comienza diciendo el tribunal.

Así mismo, destaca que Grau formaba parte del grupo de concejales y asesores que formaban los respectivos comités de campaña y tenía un papel «muy relevante» dentro de dichos comités, como revela el hecho de que fuera el encargado de elaborar el programa electoral, fuera quien contactara con los responsables de las empresas a las que se encargaba su organización y fuera la persona de los integrantes de dicho comité que acudía a la sede de LPC en 2007 a supervisar y tomar decisiones de campaña.

Grau, durante el juicio, negó haber cometido los hechos que se le atribuían. Negó haber tomado la decisión de contratar a LPC para la campaña de 2007, negó haberle entregado dinero a su ex asesor Jesús Gordillo para que pagara facturas de LPC por gastos de campaña; negó, igualmente, haber solicitado aportaciones a ninguna empresa para gastos de campaña o haber ordenado con ese fin desvío de fondos de entidades en cuyos órganos de dirección participara.

Refirió que siempre se actuó con conocimiento y aprobación de los órganos de dirección de los organismos en los que participaba en representación del Ayuntamiento y que sus cuentas estaban debidamente auditadas.

Sin embargo, el tribunal difiere de estas manifestaciones. Afirma que Grau tuvo en las campañas electorales y, en particular, en la de 2007, un «rol decisivo» puesto que participó de manera relevante en la selección de la empresa a la que se encargó la campaña.

Consta, también, a juicio de los magistrados, que el ex vicealcalde participó activamente, según revela la prueba testifical, en la organización y seguimiento de los actos de campaña gestionados por LPC y se implicó directamente en el pago de deudas contraídas por LPC y que aún quedaban pendientes de pago en abril de 2008, hasta el punto de encargarse de recoger 350.000 euros y de entregárselos a Jesús Gordillo, que se ocupó de pagar a los acreedores mediante ingresos en cuenta.

Respecto a Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), el tribunal señala que Grau tuvo una participación «relevante» en gestionar que parte de los gastos de la campaña fueran abonados con cargo a la Asociación CEyD que presidía por delegación de la alcaldesa de Valencia y en la que ejercía funciones directivas una persona próxima, cercana a él, como era Eduardo Santón.

En cuanto a Fundación Turismo Valencia (FTVCB), señala que Grau también tuvo una participación «activa» en gestionar los mismos gastos para campaña. En la entidad, él era presidente del Patronato y ejercía funciones directivas una persona próxima cercana a él, como era José Salinas.

A juicio del tribunal, «la única respuesta que se revela congruente, a la vista de la información que ofrece la abundante prueba practicada y de las conclusiones que de manera progresiva se han ido alcanzando, es que Grau fue quien por sí, o por intermediación de alguna persona, contactó con empresas para que procedieran a efectuar pagos y que las empresas los hicieron atendiendo a quién era la persona que directa o indirectamente formulaba las peticiones».

«Debe tenerse en cuenta que Grau organizaba la campaña electoral y se ocupaba de gestionar sus problemas de financiación y de obtener, incluso, dinero en metálico para pagar deudas de campaña», recuerdan los magistrado.

En este contexto, y dada la posición que Grau ocupaba, «dada la naturaleza de las elecciones para cuya campaña se precisaba financiación, dada la inexistencia de justificación alternativa para los pagos efectuados por las empresas y para el modo común seguido para efectuarlos, la única explicación que aparece razonable es la que acogen las acusaciones: Grau se prevalió de la posición que ocupaba como Teniente de Alcalde del Ayuntamiento para conseguir que las empresas que mantenían relaciones económicas con el Ayuntamiento por importes relevantes o que podían tener interés en poder acceder a contratar con él y, en todo caso, en atención a su posición de poder y a la capacidad que podía haber desplegado o podía en el futuro desarrollar para poder influir en las tomas de decisiones en materia de contratación municipal, efectuaran las aportaciones económicas».

La Comunitat Valenciana recibirá 13.974 millones en entregas a cuenta en 2025, "las mayores de su historia"

 VALENCIA.- El Ministerio de Hacienda ha comunicado a la Comunitat Valenciana que recibirá 13.974 millones de euros en concepto de entregas a cuenta por el ejercicio 2025, en una carta donde aparecen tanto el importe provisional de las entregas a cuenta de los recursos del Sistema de Financiación del próximo año como la previsión de la liquidación definitiva de dicho sistema para 2023.

Se trata de «las mayores entregas a cuenta de la historia y suponen un incremento del 10,12% con respecto a los 12.690 millones de euros que recibe la Comunidad Valenciana en concepto de entregas a cuenta en 2024», ha explicado la Delegación de Gobierno en un comunicado.

Las entregas a cuenta son la parte sustancial del sistema de financiación autonómica y se calculan a partir de los recursos tributarios que se estima se ingresarán a lo largo del ejercicio en concepto de IRPF (la tarifa autonómica) y los porcentajes que marca la ley que corresponde a cada Comunidad Autónoma del IVA e Impuestos Especiales y que el Estado central adelanta.

Su cálculo está vinculado a la información disponible en el momento de elaboración del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Las comunidades autónomas percibirán 147.412 millones de euros en concepto de entregas a cuenta el próximo año. Es la mayor cifra de la historia y supone un aumento del 9,5% respecto al volumen de las de 2024.

Según el Gobierno, "el incremento de las entregas a cuenta es reflejo de la previsión de que prosiga el crecimiento económico de España y también es síntoma de que las medidas que desarrolló el Gobierno para mitigar las consecuencias económicas de la pandemia y ahora de la invasión de Ucrania surten efecto para dar continuidad a la recuperación y a la creación de empleo.

En cuanto a la previsión de la liquidación definitiva para el año 2023, la Comunitat Valenciana, por este concepto, percibirá 2.000 millones de euros.

Esto significa que dispondrá en total de 15.883 millones de euros provenientes del sistema de financiación autonómica, teniendo en cuenta la devolución de los anticipos por el aplazamiento de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009.

Por su parte, sumando la liquidación de 2023 y las entregas a cuenta de 2025, el conjunto de las Comunidades Autónomas de régimen común contará con recursos por un total de 158.167 millones el próximo año.

El Gobierno ha destacado que la Comunidad Valenciana, en la etapa del presidente Pedro Sánchez, habrá contado con recursos por valor de 92.524 millones de euros. Esta cifra incluye, además de la financiación ordinaria, el reparto de los fondos extraordinarios que el Ejecutivo movilizó para contrarrestar los efectos de la COVID-19. 

«Ello implica que en los últimos siete años esta Comunidad Autónoma habrá contado con financiación un 48,8% superior a la recibida en el mandato de Mariano Rajoy, es decir, 30.343,3 millones más», ha expuesto.

El exconcejal del Ayuntamiento de Valencia Alfonso Grau, condenado a cuatro años de prisión por la caja B del PP

 VALENCIA.- El exvicealcalde y exconcejal del Ayuntamiento de Valencia Alfonso Grau ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión por la pieza A del caso Imelsa, relacionada con una financiación irregular en las campañas electorales del PP de Valencia en 2007 y 2011 a través de donaciones y pagos de empresas.

Así, Grau ha sido condenado a esta pena de prisión por un delito de malversación de caudales públicos con la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Además, estará inhabilitado durante nueve años para empleo o cargo público y deberá indemnizar al Ayuntamiento con un total de 388.150 euros.

Además, a Grau se le ha condenado por un delito continuado de cohecho con la atenuante analógica de dilaciones indebidas al pago de una multa de cinco millones de euros y a dos años de suspensión de empleo o cargo público.

Por su parte, al exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas se le ha impuesto una pena de cuatro años de cárcel como cooperador necesario de un delito de malversación y se le han fijado ocho años de inhabilitación. También deberá indemnizar al consistorio, conjunta y solidariamente con Grau, en un total de 210.000 euros.

Los otros dos acusados en esta pieza, el exedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón, y la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento Mari Carmen García Fuster, han sido absueltos, tal y como se desprende de la resolución que es recurrible ante el Tribunal Supremo en casación.

Un total de 16 localidades de Alicante pasarán una madrugada tórrida del miércoles

 ALICANTE.- Se prevé que 16 municipios valencianos pasen una madrugada del miércoles tórrida, con una temperatura mínima que superará los 28ºC en algún momento de la noche.

Se trata de las localidades de Crevillent; Agost; Aigües; Alicante; Busot; El Campello; Jijona/Xixona; Benidorm; Benimantell; Finestrat; la Nucia; Orxeta; Polop; Relleu; Sella y Villajoyosa/la Vila Joiosa.

Por otra parte, Sanidad activa la alerta roja por calor este martes en 284 municipios de la Comunitat.

Respecto a la alerta roja, en la comarca de El Alto Mijares se encuentran los municipios de Arañuel, Montán, Montanejos, Puebla de Arenoso, Fuente la Reina y Villanueva de Viver; en El Alto Palancia, los municipios de Altura, Castellnovo, Chóvar, Gaibiel, Geldo, Jérica, Navajas, Segorbe, Sot de Ferrer, Teresa, Torás y Viver; y en El Baix Maestrat, las localidades de la Pobla de Benifassà y la Salzadella.

En El Baix Segura, los municipios de Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Dolores, Granja de Rocamora, Jacarilla, Orihuela, Rafal, Redován y San Isidro y, en El Baix Vinalopó, Crevillent.

También se encuentran en alerta roja, en El Camp de Túria, los municipios de Riba-roja de Túria, Benaguasil, Benissanó, Bétera, Casinos, l'Eliana, la Pobla de Vallbona, Llíria, Marines, Olocau, San Antonio de Benagéber y Vilamarxant; en El Comtat, las localidades de Agres, Alcosser, Alfafara, Almudaina, Balones, Benasau, Beniarrés, Benilloba, Benillup, Benimarfull, Benimassot, Cocentaina, Gaianes, Gorga, l'Alqueria d'Asnar, Lorcha/l'Orxa, Millena, Muro de Alcoy, Planes y Quatretondeta.

En El Valle de Cofrentes-Ayora, Cofrentes; en El Vinalopó Mitjà, las localidades de Monforte del Cid, Algueña, el Pinós/Pinoso, Elda, la Romana, Monóvar/Monòver, Novelda, Aspe, el Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes; en Els Ports, los municipios de Cinctorres, Forcall, Herbers, la Mata de Morella, Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portell de Morella, Todolella, Vallibona, Villores, Zorita del Maestrazgo, Castellfort y Vilafranca/Villafranca del Cid.

Junto a ellos figuran, en la comarca de L'Alcalatén, la localidad de Useras/les Useres; en L'Alcoià, los munipicios de Alcoy/Alcoi, Banyeres de Mariola y Onil; en L'Alt Maestrat, Catí, Albocàsser, Ares del Maestrat, Benassal, la Torre d'En Besora, Tírig y Vilar de Canes; en L'Alt Vinalopó, las localidades de Beneixama, Biar, Campo de Mirra/el Camp de Mirra, Cañada, Salinas, Sax, Villena. L'Horta Nord: Godella, Moncada, Paterna y Rocafort.

En L'Horta Sud, los municipios de Alcàsser, Aldaia, Manises, Quart de Poblet, Alaquàs, Picassent y Torrent; en La Canal de Navarrés, los municipios de Millares, Anna, Bolbaite, Chella, Enguera, Navarrés y Quesa; en La Costera, Barxeta, Canals, Cerdà, el Genovés, Estubeny, l'Alcúdia de Crespins, la Font de la Figuera, la Granja de la Costera, la Llosa de Ranes, Llanera de Ranes, Llocnou d'En Fenollet, Mogente/Moixent, Montesa, Novelé/Novetlè, Rotglà i Corberà, Torrella, Vallada, Vallés y Xàtiva.

Así mismo, figuran en alerta roja, en la comarca de La Hoya de Buñol, las localidades de Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Godelleta, Macastre, Yátova y Dos Aguas; en La Marina Alta, Alcalalí, Beniarbeig, Benidoleig, el Ràfol d'Almúnia, el Verger, l'Atzúbia, Murla, Ondara, Orba, Pedreguer, Sagra, Sanet y Negrals y Tormos; en La Plana Alta, los municipios de Benlloc, la Torre d'en Doménec, les Coves de Vinromà, Sant Joan de Moró, Sierra Engarcerán, Vall d'Alba, Vilafamés y Vilanova d'Alcolea.

Además, en la comarca de La Plana Baixa figura Artana, Betxí, Eslida, la Vall d'Uixó, la Vilavella, Onda y Vila-real; en La Plana de Utiel-Requena, los municipios de Requena y Venta del Moro; y en La Ribera Alta, las localidades de Alberic, Alfarb, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Carlet, Catadau, Gavarda, Guadassuar, l'Alcúdia, Llombai, Massalavés, Tous, Turís, Montroi/Montroy, Montserrat, Real, Alcàntera de Xúquer, Beneixida, Càrcer, Castelló (Villanueva de Castellón), Cotes, l'Ènova, la Pobla Llarga, Manuel, Rafelguaraf, Sant Joanet, Sellent, Senyera y Sumacàrcer.

Por su parte, en La Ribera Baixa están en alerta los municipios de Albalat de la Ribera, Almussafes, Benicull de Xúquer, Corbera, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola y Sollana; en La Safor, las localidades de Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflá, Castellonet de la Conquesta, el Real de Gandia, Guardamar de la Safor, l'Alqueria de la Comtessa, la Font d'en Carròs, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, Ròtova, Simat de la Valldigna y Vilallonga/Villalonga.

Por último, en la comarca de La Serranía, están en alerta Bugarra, Calles, Chulilla, Domeño, Gestalgar, Losa del Obispo, Pedralba, Sot de Chera y Villar del Arzobispo; y, en La Vall d'Albaida, los municipios de Otos, Ráfol de Salem, Agullent, Aielo de Malferit, Albaida, Alfarrasí, Atzeneta d'Albaida, Bèlgida, Bellús, Benigànim, Benissoda, Benissuera, Bufali, Carrícola, el Palomar, l'Olleria, la Pobla del Duc, Montaverner, Ontinyent y Pinet.

La depredación de la Universidad / Juan Manuel de Prada *

El mugriento caso de la catedrática Begoñisima nos invita a hacer una doliente reflexión sobre la depredación de la Universidad española que las oligarquías partitocráticas están perpetrando, hasta convertirla en una nueva versión de los establos de Augias. 

Resulta, en verdad, ignominioso que la Complutense, acaso la más prestigiosa entre las universidades públicas españolas, concediese una cátedra a una choni que carece de titulación universitaria, que ni siquiera aprobó la selectividad y que, como puede comprobarse en cualquiera de sus sonrrojantes alocuciones, es una analfabeta funcional y un lorito que no hace sino escupir alfalfa sistémica por esa boquita de piñón o piñata que Dios le dio.

Los paniaguados con púlpito mediático adscritos al negociado ideológico de izquierdas repiten machaconamente, para justificar esta trapacería indigna, que ninguna ley o reglamento universitario especifica que los másteres tengan que ser dirigidos por doctores, ni siquiera por licenciados.

 Tampoco se especifica que no los puedan dirigir personas que no saben leer ni escribir; sin embargo, el 'sensus iuris' –que es, ante todo, sentido común– nos enseña que un máster universitario debe dirigirlo un doctor, perito en la disciplina que imparte. 

Las universidades fueron creadas para custodiar y transmitir el saber; y las personas encargadas de custodiarlo y transmitirlo deben reunir los méritos académicos debidos. Pero, ¿qué méritos académicos son exigibles para dirigir una fantochesca «cátedra de Transformación Social Corporativa» y dirigir un máster sobre «captación de fondos públicos»? ¿Qué tienen que ver tales monsergas y truhanerías, propias del patio de Monipodio, con el saber académico?

Y aquí nos adentramos en terreno todavía más pantanoso. Pues no se trata tan sólo de que una universidad de presunto prestigio como la Complutense conceda una cátedra y la dirección de un máster a una choni sin más estudios que unos cursillos de la señorita Pepis. 

Se trata de que esa universidad, en lugar de consagrarse a la labor para la que fue creada (que es la transmisión del saber), se convierta en una grimosa escuela de coaching que recolecta sus alumnos entre aprovechateguis que quieren «captar fondos públicos», arrimándose a la señora de quien corta y reparte el bacalao. 

Es todo de una indecencia superlativa; y repugna que la Universidad, que en otro tiempo acogió en sus aulas a algunas de las personalidades más egregias de nuestra cultura, se dedique a chanchullos tan sórdidos. 

Si en España no hubiésemos extraviado por completo la dignidad institucional, el rector que autorizó la creación de ese máster chanchullero y otorgó tan livianamente una cátedra a una señora por completo ignara, no sólo habría tenido que dimitir; sino que a estas horas se habría tenido que exiliar en Groenlandia, después de falsificar su identidad. 

Pero en esta España postrada que ha perdido el decoro intelectual tenemos a ese rector de chichinabo defendiendo tan pichi la trapisonda, con el apoyo explícito o tácito de muchas gentecillas paniaguadas de su gremio.

A nadie se le escapa que la implantación del llamado Plan Bolonia arrasó con los últimos vestigios del saber académico, convirtiendo la Universidad en un muladar donde los mediocres y los cipayos sistémicos hacen su pitanza. 

La Universidad, que en otro tiempo fue custodia y transmisora del saber, se ha convertido en un asqueroso negociado mercantil que expide títulos grotescos, con menos valor que una etiqueta de anís del Mono, mientras suplanta el amor al conocimiento por un batiburrillo de saberes instrumentales que aparentemente se ofrecen para brindar mejores 'salidas' a los estudiantes; pero que, por supuesto, están diseñados para satisfacer los fines de dominio social del Poder y del Dinero. 

Esta es la verdadera razón por la que la Universidad Complutense concedió una cátedra y puso a dirigir un máster a Begoñísima.

Gentes lacayas del Poder y del Dinero como las que se rindieron a los manejos de Begoñísima están arruinando el prestigio de la institución universitaria, imponiendo criterios de 'gestión' propios del marketing empresarial y expidiendo títulos paparruchescos. 

Pero estas gentes lacayas no habrían podido perpetrar tales marrullerías y estropicios si España no estuviese sometida a un Régimen corrupto y corruptor que permite a las oligarquías políticas enseñorearse de todas las instituciones para después depredarlas. 

Recordemos, por ejemplo, lo que en su día hicieron con las beneméritas cajas de ahorro; y eso mismo quieren hacer con la Universidad, utilizándola como cebo y tapadera de sus chanchullos infames. 

Si el papelón desempeñado por el rector de la Complutense resulta, en verdad, oprobioso, no menos indigna se nos antoja la actitud de la inmensa mayoría de sus profesores, que han callado cual profesionales del amor mercenario ante este grave abuso que denigra el prestigio de su alma mater, en lugar de denunciar por tierra, mar y aire los torpes manejos que han arrastrado por el fango el prestigio de la Complutense, convirtiéndola en felpudo de sucios manejos políticos y del capricho de una choni con ínfulas.

Ya Torres Villarroel nos advertía contra quienes se gradúan con nocturnidad, «entre gallos y medianoche, y comprando la borla incurren en una simonía civil de las muchas que se cometen en la Corte». 

Pero nunca esta «simonía civil» se había perpetrado con tan envilecedor desahogo.

 

 

(*) Escritor y articulista de Abc

Compromís y PSPV exigen a Catalá "reclamar hasta el último céntimo robado por el PP" tras la condena a Grau

 VALENCIA.- Compromís y PSPV han recalcado que la condena al ex vicealcalde y ex concejal del Ayuntamiento de Valencia Alfonso Grau a cuatro años y medio de prisión por la caja B del PP "demuestra la corrupción sistemática" que existía en el Ayuntamiento en esa época y, por ello, han exigido a la actual alcaldesa, la 'popular' Maria José Catalá, que "pida perdón y reclame hasta el último céntimo robado por el PP".

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a Grau a cuatro años y medio de prisión por la pieza A del caso Imelsa, relacionada con una financiación irregular en las campañas electorales del PP de Valencia en 2007 y 2011 a través de donaciones y pagos de empresas.

Al respecto, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha recordado que se han mantenido "firmes" en su personación en este caso "de corrupción del PP" y que "ahora, con esta sentencia se confirma lo que Compromís siempre denunciamos: la corrupción sistemática que existía en el Ayuntamiento, el dopaje electoral del PP y el enriquecimiento personal de Barberá y su entorno".

Por eso exige, a la actual alcaldesa del PP María José Catalá, que ha nombrado en el último año a Rita Barberá como alcaldesa honoraria de Valencia y ha puesto su nombre en el Pont de les Flors, que retire estos reconocimientos institucionales.

"Ha devuelto la vergüenza a Valencia, costó mucho tiempo levantar a nuestra ciudad del mapa de la corrupción y ahora Catalá ha vuelto a ponernos en él", ha lamentado. 

Por eso, con esta sentencia en la mano, ha exigido a que "retire los honores que ha otorgado a Barberá tras quedar acreditada la financiación irregular del gobierno del PP y el dopaje con dinero corrupto de sus campañas electorales", le ha reclamado.

Para la portavoz de Compromís per València "la esperada condena al PP por el caso 'Pitufeo' ya ha visto la luz. Una sentencia que condena a la mano derecha de Barberá a cuatro años de cárcel, el cargo más alto vivo de su gobierno y exigimos a Catalá recuperar hasta el último céntimo robado por su partido", ha apostillado.

Del mismo modo, el portavoz del Grupo Municipal Socialista Borja Sanjuán ha afirmado que esta condena "certifica que los socialistas siempre tuvimos razón al denunciar que el PP había convertido el Ayuntamiento en un instrumento para enriquecerse".

Sanjuan ha recordado que la ex portavoz socialista y ex vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, "logró sentar en el banquillo a Alfonso Grau por el caso Nóos y gracias a ello logró que dimitiera como vicealcalde de Valencia en una rueda de prensa en la que compareció ante los medios de comunicación junto con Barberá, quien llegó a compararlo con Winston Churchill".

"Catalá le puso un puente a Rita Barberá para reivindicar esta época", ha advertido Sanjuán y le ha exigido que "dé la cara inmediatamente para pedir perdón por todos los años en los que el PP utilizó el Ayuntamiento de Valencia y el dinero de los valencianos y las valencianas para financiarse ilegalmente".

"Igual ahora vuelve a no conocer a la señora Barberá", ha afirmado en referencia al momento en el que Catalá apoyó que expulsaran a la ex alcaldesa del PP. Así, ha insistido en que la condena Alfonso Grau "certifica años de corrupción en los que el PP se financió de manera irregular y que el modelo de Catalá no solamente está fracasado, sino que se está referenciando en un modelo profundamente corrupto que los valencianos y valencianas no tienen por qué volver a padecer".

"Le puso un puente a Barberá, pero no tendrá el valor para salir a pedir perdón a los valencianos y valencianas por los 24 años que el PP estuvo aprovechándose de lo que es de todos para hacer negocio y enriquecerse", ha concluido.

Fernando Sanz (RFEF) recalca que es FIFA quien "marca las normas" para las sedes del Mundial 2030

 VALENCIA.- Fernando Sanz, principal responsable de la RFEF en la parte española de la candidatura para la organización junto a Marruecos y Portugal del Mundial de Fútbol de 2030, recalcó este martes, ante la polémica con las sedes elegidas, que es la FIFA quién "marca las normas" para estas elecciones. 

Por su parte, María Tato, miembro del Comité Técnico del proyecto, asegura que le han dado "muchísimos plazos" a Valencia para cumplir con todos los requisitos, aludiendo como "pieza clave" a un "documento de compromiso" del Nou Mestalla.

El directivo, en su participación en la Asamblea General de la RFEF, ha explicado que hubo "15 sedes" que mostraron "interés en la participación en el proceso", a las cuales se han realizado visitas técnicas "rigurosas y exhaustivas".

"Se han visitado los estadios y las ciudades y se han mantenido reuniones con las instituciones, se han visitado sedes y subsedes y ha habido un trabajo serio y riguroso para conocer a fondo las propuestas recibidas, teniendo en cuenta los requerimientos que tiene y que pide FIFA, que es la que marca las normas y lo que es necesario cumplir", advirtió Sanz.

El exfutbolista asegura que han dado "fe de lo que había" y que "se han tenido en cuenta en estos requisitos, siguiendo las pautas de la candidatura", reiterando que la elección de las 11 sedes y 45 subsedes "se realiza siguiendo los criterios de FIFA y marcados también por un hecho concreto" que es que el ente rector del fútbol mundial pone como 20 el "número máximo de estadios para una candidatura". 

"Y ese número, en una candidatura tripartita, debe negociarse como no es de otra forma", zanja.

Sin embargo, tras su discurso, Enric Ortega, representante del Crevillente Deportivo, ha reclamado explicaciones por la ausencia de Valencia como sede mundialista, a lo que ha respondido María Tato, encargada de esa ciudad dentro del comité y que ha advertido que "hay unas piezas claves que son los contratos de la ciudad y los contratos del estadio porque eso es lo que le da seguridad jurídica a FIFA".

"Ese documento de compromiso del estadio era la pieza clave para que Valencia pudiera estar", remarca la directiva, que puntualiza que habían dado "suficientes plazos, muchísimos" a la ciudad, llegando a "una fecha tope" que Marruecos y Portugal "ya no resistían más".

Tato detalla que el proceso de elegir sede "no es un hecho baladí" y "condiciona el resto de trabajo de los otros compañeros".

 "Nosotros nos teníamos que desplazar a Agadir (Marruecos) el día 26, 27, 28 de junio y desde Valencia se nos pidió un plazo máximo hasta el 24", declaró.

"Nosotros el 27 tuvimos que enviar un correo electrónico diciendo que ya no podíamos contar con Valencia porque los plazos ya se habían superado", replica, dejando claro que "los interlocutores" que han tenido desde la capital del Turia son los que "representan al club y a la Administración popular".

 "No es un tema de desprecio, es un tema de un procedimiento legal con una serie de trámites", incide Tato.

Finalmente, Salvador Gomar, presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, ha subrayado que "Valencia va a seguir luchando por ser sede, no sé si sustituyendo alguna o añadiendo alguna más que pueda necesitar la FIFA".

"Que no se dude que desde la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia y por supuesto el Valencia CF, que es el propietario del estadio, se va a hacer todo lo posible para que Valencia sea sede del Mundial 2030 como creo que se merece", ha proclamado.

El mandatario ha agradecido el trabajo de la Comisión Ejecutiva de la candidatura y ha recordado que se ha enviado "un burofax pidiendo explicaciones" a los responsables del proyecto en la ciudad. 

"Nos han contestado y vamos a solicitar también la visita para que nos enseñen esa documentación, pero creo que nadie duda del trabajo bien hecho porque he estado presente y ya digo que las circunstancias han sido las circunstancias y ya se ha resuelto a última hora todo", aclara.

"Vuelvo a insistir que vamos a solicitarlo otra vez y vamos a insistir en que Valencia debe ser incluida, si no bien ahora, que no puede ser, pues más adelante en la forma que sea y vamos a pues a seguir solicitándolo hasta que sea incluida", sentencia Gomar.

Valencia apuesta por frenar el crecimiento "exponencial" de accidentes con patinetes mediante un medidor "pionero"

 VALENCIA.- La Policía Local de Valencia estrena un medidor "pionero en España" para sacar de la circulación "todos aquellos patines eléctricos que excedan la velocidad y la potencia establecidas para este tipo de VMP (vehículos de movilidad personal)". El objetivo de esta nueva herramienta --desarrollada de manera coordinada entre una empresa valenciana de ingeniería y la Universitat Politècnica de València-- es plantar cara al crecimiento "exponencial" de accidentes.

De hecho, desde 2018 "se ha doblado" el número de siniestros con participación de los patinetes y en 2023 "se alcanzó una cifra superior a unos 900". Por tanto, "es una obligación por parte de las administraciones públicas hacer algo al respecto".

Así lo ha remarcado el concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Valencia, Jesús Carbonell, que ha asistido este martes, junto al jefe de la Policía Local, José Vicente Herrera, y el comisario jefe de la División de Seguridad Vial de la Policía Local de Valencia, Paulino Parrilla, al primer control realizado con este instrumento en la calle Játiva a la altura de la Plaza de Toros.

El dinamómetro ha sido adquirido por la Policía Local de Valencia después de trabajar durante unos nueve meses con la universidad y la empresa para desarrollar este modelo, que está homologado y que va a permitir sancionar a todos aquellos vehículos que superen la potencia o velocidad permitida (25 km/h).

En este sentido, el edil ha precisado que los patinetes que suelen superar la potencia o velocidad permitida "son solo en torno a un 5% de los vehículos de movilidad personal que circulan por nuestras calles", pero ha remarcado que "realmente son muy peligrosos y puedan ocasionar graves daños".

El modelo, además, "permite tramitar las sanciones con todas las garantías porque facilita obtener un informe que sirva efectos de prueba y que dé seguridad jurídica para los procedimientos". 

 "Hasta la fecha no existía esta posibilidad y, a partir de ahora la Policía Local de Valencia, va a poder sancionar con todas las garantías y es una medida pionera en España", ha apostillado.

El responsable de Movilidad ha subrayado que, a través de la campaña que el consistorio ha puesto en marcha para controlar los patinetes, se constata que "los incumplimientos derivados de este tipo de vehículos de movilidad personal superan con mucho los de las bicicletas" y, por tanto, "hay que hacer especial hincapié".

Preguntado por las críticas de la oposición acerca de que el equipo de gobierno enfatiza demasiado la 'caza' a estos vehículos, Carbonell lo ha negado y ha defendido que "la seguridad vial es fundamental para el Ayuntamiento", tanto la de los peatones como la de los propios conductores.

Por su parte, el comisario Paulino Parrilla ha recalcado que "no se trata de ir contra los VMP, porque es una movilidad que ha venido para quedarse". 

"Es una cuestión de que, después de la pandemia cuando empezaron a proliferar, tenemos que convivir distintos usuarios de la vía".

"No se trata de criminalizar este tipo de transporte, al contrario, hay que favorecerlo, pero los cumplimientos manifiestamente ilegales hay que retirarlos de la vía", ha aseverado el comisario, que ha detallado que la sanción al reglamento general de vehículos contempla 500 euros y, además, conlleva, siempre que supere la velocidad o la potencia, la inmovilización del vehículo.

El comisario ha reconocido la preocupación del cuerpo de seguridad ante el crecimiento "exponencial" de la siniestralidad con resultados "cada vez más graves". 

"Un VMP que circula a más de 50 kilómetros por hora, cuando colisiona con un peatón, es una bomba", ha exclamado.

Y ha añadido que "era preocupante no poder controlar lo que estaba pasando en la ciudad, sobre todo la gravedad". Por ello, ha comparado las nuevas medidas de control con el momento en el que el casco comenzó a ser obligatorio para los motoristas.

 "Costó adaptarse pero, al final, hoy sería imposible ver conducir a alguien sin casco; la intención es esa, que se cumplan las normas".

Interrogado por los patinetes 'trucados', Parrilla ha comentado que los hay, especialmente algunos que se venden por plataformas de venta on line, donde no hay ningún control, o, incluso, por medios de algunos talleres. 

En este sentido, ha apuntado que cada vez cuesta más detectarlos debido al avance de las tecnologías. Ante esta situación, ha abogado por normativas que regulen el correcto uso de estos vehículos.

La Confederación 'Gonzalo Anaya' reclama una moratoria y un calendario de implantación del nuevo plurilingüismo

 VALENCIA.- La Confederación de asociaciones de madres y padres de alumnos de la Comunitat Valenciana 'Gonzalo Anaya' reclama "una moratoria para aplicar los cambios del nuevo plurilingüismo y un calendario de implantación, como se ha hecho siempre en los cambios que afectan a miles de alumnos del sistema educativo".

Desde la organización mayoritaria de AMPA, sugieren al conseller de Educación, José Antonio Rovira, y al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que "no pongan una presión innecesaria a los centros educativos y planifiquen los cambios por el bien del proceso de enseñanza de los escolares valencianos".

Este pronunciamiento de las AMPA llega un día después de que la Consellería de Educación anunciara que ha enviado instrucciones a los 221 centros educativos de la Comunitat Valenciana que hasta la finalización del curso 2023-2024 tenían autorizados programas plurilingües experimentales, al amparo de la Ley 4/2018 de plurilingüismo del Gobierno del Botànic con el fin de que, a partir del próximo curso, impartan al menos un 25% del tiempo lectivo en castellano.

Según explica la administración educativa, en todos estos programas los centros tenían autorizados "sistemas de inmersión lingüística en valenciano en los que se posponía la presencia del castellano como lengua vehicular hasta la Educación Primaria".

Por su parte, la Gonzalo Anaya defiende, en un comunicado, que "el debate siempre es necesario y el derecho a participar de las familias en los Consejos Escolares de Centro está reconocido en la LOMLOE, y más aún cuando los proyectos educativos de los centros están afectados".

"Es por esta razón --continúan-- que piden una moratoria de un curso como fórmula legal e iniciar la negociación de un calendario de implantación del plurilingüismo que permita el diálogo de todos los sectores, la decisión fundamentada a los consejos escolares de centro; la organización interna de los centros a través de los claustros y equipos directivos de las materias y las lenguas vehiculares y todos los materiales didácticos y Xarxa Llibres adaptada a los cambios normativos que propongan y que avalen las comunidades educativas de los centros".

"Es de sentido común que ningún cambio, ninguna adaptación normativa que afecte las escuelas y los IES se puede hacer en siete días laborables, porque eso perjudica al alumnado directamente", enfatiza el presidente de la confederación, Rubén Pacheco.

La Confederación Gonzalo Anaya está integrada por FAMPA Castelló Penyagolosa, FAMPA-València y FAMPA Enric Valor Alicante y un total de 1.101 AMPA/AFA de los centros educativos públicos.

Mazón promete hacer frente al "golpe de estado fiscal" de Cataluña

 TORREVIEJA.- El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha avanzado que el Consell dará "todos los pasos hacia adelante" para defenderse del que ha calificado de "golpe de estado fiscal", en relación al acuerdo que ha divulgado ERC con el PSC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña y que supondría gestionar el 100% de los impuestos que se recaudan en la región.

 "La solidaridad está a punto de morir en España gracias al PSOE y esto no lo vamos a tolerar", ha aseverado Mazón.

Así se ha manifestado este martes el jefe del Consell en declaraciones a los medios de comunicación en Torrevieja, sobre el acuerdo alcanzado en Cataluña entre el PSC y ERC.

Al respecto, Mazón ha sostenido que "la Comunidad Valenciana ni va a estar callada, ni se puede permitir el lujo de permanecer callada ante un golpe de Estado fiscal, que es tanto como un golpe de Estado de hecho a la igualdad de los españoles".

"Socialismo se ha convertido en una especie de fondo buitre con sede en Barcelona, que lo que está haciendo es que tengamos todos muchos más problemas al final de la corrida para poder financiar nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales, porque de eso va la financiación", ha insistido.

Por ello, ha prometido que la Comunitat "no solamente no va a dar ningún paso atrás, sino que para defender esto va a dar todos los pasos hacia adelante legales, sociales, políticos e institucionales que estén al alcance, para defender los derechos que tienen más de cinco millones de españoles que viven en la Comunitat Valenciana en su sanidad, en su educación pública y en sus servicios sociales y en su igualdad", ha zanjado.