Los ayuntamientos tendrán que enviar a Hacienda el listado de facturas pendientes antes del 15 de marzo

MADRID.- La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado al término de la reunión semanal del Consejo de Ministros que los ayuntamientos tendrán de plazo hasta el 15 de marzo para enviar al ministerio de Hacienda el listado de facturas pendientes de pagar a sus proveedores a fecha del 31 de diciembre pasado. La medida es el primer paso, según explicó la vicepresidenta, para diseñar y poner en marcha el mecanismo de pago a las pymes y autónomos, en graves dificultades por la morosidad de las administraciones públicas.

Junto al listado de facturas, también deberán remitir al departamento de Cristóbal Montoro un plan de ajuste que les posibilite hacer frente en el futuro al pago de las citadas deudas. Dicho plan de ajuste tendrá que estar en el ministerio antes del 31 del mes próximo. «Se trata de conocer de una vez por todas lo que hay y que las administraciones públicas cumplan los criterios de sostenibilidad financiera», subrayó Sáenz de Santamaría, que insistió en la necesidad de «poner orden» y cuantificar realmente el importe de los impagos.

Aunque no adelantó detalles sobre cómo será el plan de abono, del que Montoro sí dijo esta semana que implicaría al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a las entidades bancarias, la portavoz del Gobierno sí comentó que habría una «modificación temporal y puntual» de la normativa para permitir al Estado establecer garantías para hacer frente al pago de las deudas comerciales de las administraciones públicas.

Sáenz de Santamaría no se pronunció tampoco sobre el plazo en el que el mecanismo financiero -sobre el que decidirá la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que preside Rajoy- se pondrá en marcha, limitándose a señalar que será el más «breve» posible.

Los familiares del Yak-42: “Es un agravio que Trillo sea embajador en Londres”

MADRID.- Las familias de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42, en 2003, conocieron el pasado 3 de febrero que el juez Fernando Grande-Marlaska decretaba el "sobreseimiento libre" de la cúpula militar de la etapa de Federico Trillo al frente de Defensa, por considerar que no existió "responsabilidad penal relevante" en la mayor catástrofe de las Fuerzas Armadas españolas en tiempo de paz. Es el tercer archivo del caso, contra el que ya han presentado recurso, según revela hoy 'El País'. 

Pocos días después recibieron otra noticia que también les cayó  como un jarro de agua fría: el nombramiento del exministro de Defensa como nuevo embajador español en Londres. “Queremos expresar nuestro sufrimiento moral por esta decisión, para nosotros es un agravio”, han lamentado esta mañana.

La asociación de víctimas del accidente insiste en la responsabilidad penal de los mandos militares en el siniestro del avión ucranio. "Era vox populi que los aviones eran inseguros, hubo negligencia", ha defendido el presidente, Miguel Ángel Sencianes. Por eso han recurrido el auto de Grande-Marlaska, una decisión a la que se ha adherido la Fiscalía. El Ministerio Público estimó que los mandos incurrieron en una "imprudencia grave" y una "absoluta falta de diligencia, pese a tener conocimiento de las enormes deficiencias e irregularidades que caracterizaban" ese tipo de vuelos. Todo ello, dijo el fiscal, "hacía previsible que pudiera suceder [un siniestro] que hubiera sido evitable".

“Pedimos al juez que reabra al caso y que tenga en cuenta que es una cuestión de honor”, han asegurado. Grande-Marlaska acaba de ser nombrado presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pero ellos no creen que la nueva organización, con el responsable de cerrar el caso a la cabeza, vaya a perjudicarles: “Llevamos nueve años confiando en la justicia, eso no se quiebra por un nombramiento”, ha afirmado su abogado, Leopoldo Gay.

El proceso judicial se alarga ya nueve años, y están cansados de esperar: “Por salud mental, por todo, necesitamos un plazo, que los juicios no se alarguen tanto. Esto debía de acortarse porque no hay quien lo resista”, se quejaba Granada Ripollés, hermana de uno de los fallecidos. En opinión de la asociación, existen razones políticas para el retraso judicial. Federico Trillo, dicen, es la “mano negra” que lo obstaculiza. “Sigue sobrevolando, tiene mucho poder, más de lo que la gente se imagina”, añadía Francisco Parada, otro de los miembros.

Los familiares solicitan también al Gobierno que no conceda el indulto a los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sanz, condenados por la Audiencia Nacional en 2009 por falsear las identidades de 30 de los 62 militares fallecidos en el Yak-42, en un sumario separado del que investigaba las irregularidades que rodearon la contratación del avión ucraniano. "Nunca han pedido perdón, no han mostrado arrepentimiento", defienden. La ejecución de la sentencia se ha paralizado por la petición de indulto que tiene que resolver el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La asociación ha solicitado además audiencia con los ministros de Interior y Defensa, pero aún no ha obtenido respuesta.

Cobrar el paro es "casi inasumible para España", según la CEOE

MADRID.- El presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE, Jesús Terciado, ha asegurado este viernes que el gasto que hace España en protección por desempleo "es, en estos momentos, casi inasumible" y ha apostado por introducir cambios en el modelo.

Terciado, en declaraciones a Telecinco, ha señalado que el año pasado se dedicaron 30.000 millones a pagar prestaciones a los desempleados, cifra que en 2007 era cuatro veces inferior (unos 7.000 millones de euros). 

"Hay que hacer lo posible para que esa situación cambie. Está habiendo propuestas, desde perder la prestación por rechazar una oferta, hasta modularlo a una tercera oferta de trabajo. Pero hay que hacer algo porque el coste es prácticamente inasumible, al igual que en sanidad y en servicios sociales. Tenemos que hacerlo sostenible y hacerlo sostenible no es ingresar más sino gastar menos", ha precisado.

Terciado ha recordado que las declaraciones del presidente de la Comisión de Economía de la CEOE, José Luis Feito, sobre aceptar trabajos en Laponia eran a título personal y no representan la opinión de la CEOE, y ha explicado que lo que están intentando los empresarios es enviar mensajes a la sociedad, a los partidos políticos y a los sindicatos para "reaccionar".

"Lo que tenemos estamos seguros de que no vale. Hay que cambiar la prestación por desempleo. Tenemos en el mercado laboral muchos elementos que estamos seguros de que pueden mejorar la situación, y no debemos cerrarnos, porque en esos debates puede haber soluciones", ha dicho.

Terciado ha subrayado además que España debe hacer un esfuerzo para intentar cumplir con sus compromisos en Bruselas y ha señalado que el cumplimiento en el objetivo del déficit público (4,4% del PIB para este año si no hay cambios) obligará al país a hacer "un ajuste importantísimo del gasto".

"Hay que hacer un esfuerzo para intentar cumplir con nuestros compromisos, porque necesitamos que los mercados internacionales y nuestros socios europeos confíen en nosotros", ha afirmado.