Las acusaciones piden que se juzguen las cuotas de la CAM desde su origen

MADRID.- Las acusaciones particulares pidieron este lunes en la primera sesión del juicio oral sobre la quiebra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que se añadan a la causa las cuotas participativas comercializadas por la entidad desde 2008, y que no se limite a las de 2011.

En el auto de procesamiento, la juez de Instrucción Carmen Lamela mantenía como parte de esta pieza principal únicamente las cuotas comercializadas entre las 13:03 horas del 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de ese año, fecha en que se hizo público el inicio del proceso de reestructuración de la CAM.

Pero ahora las acusaciones particulares en representación de los afectados solicitaron que se amplíe el perímetro, un criterio que no comparte el fiscal, Luis Rodríguez Sol.

Sí coincidió con las defensas al descartar que las citadas acusaciones puedan seguir reclamando indemnización alguna en este juicio que, dijo, se limita únicamente a quienes compraron cuotas participativas "fiándose de unas cuentas que no reflejaban la situación real de la entidad", esto es, que mostraban 65 millones de beneficio en vez de unas pérdidas de 1.136 millones.

Al igual que ya ocurriera durante el juicio contra 65 usuarios de tarjetas opacas de Caja Madrid, una veintena de afectados llegados desde Alicante -las cuotas participativas de la CAM que alcanzaron a unos 55.000 ahorradores- acudieron a la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares para increpar a los ocho exdirectivos acusados.

Entre los que pidieron que se amplíe a las cuotas emitidas desde 2008 figura el letrado Diego de Ramón, que representa a unos 1.000 afectados y que señaló que la falta de información veraz sobre dicho producto en estas primeras fechas "se constató en julio de 2011, cuando el Banco de España abrió un expediente a la caja por alteración contable de la información financiera y patrimonial".

Una decisión en la que insistió la defensa del ex director general de la CAM Roberto López Abad, Javier Boix, que alegó la falta de legitimidad de dos de las acusaciones particulares personadas en la causa, ya que los afectados a quienes representan suscribieron cuotas con anterioridad al citado periodo.

Al respecto, aseguró que de permitir que ambos letrados sigan en el juicio, "habría que solicitar su anulación" con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva de todos aquellos clientes que figuran en la pieza separada de cuotas participativas para que puedan incorporarse a las vistas.

La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a ocho exdirectivos de la CAM acusados de varios delitos societarios, entre ellos estafa continuada y falsedad contable en los estados financieros de 2010 y del primer semestre de 2011, así como de cobrar indebidamente 47,3 millones de euros de indemnizaciones.

La Fiscalía solicita las penas de prisión más elevadas, siete años y medio de cárcel y una multa de 180.000 euros, para los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, y el ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez, en calidad de autores, aunque exime de responsabilidad al que fuera presidente, Modesto Crespo.

A Crespo le acusa el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) como autor de un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, junto a Amorós y Sogorb, para quienes solicita nueve años de cárcel y multa de 144.000 euros.

El expresidente sufre una cardiopatía que "quizás, a la larga", dijo su abogada, Adriana de Buerba, "le pueda impedir" acudir al juicio con regularidad, ya que "se acentúa en situaciones de tensión".

El escrito de la Fiscalía incluye en esta operativa al exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y al exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa, para quienes la Fiscalía solicita un año y dos meses de prisión y 9.000 euros de multa, así como al ex director general de Recursos Vicente Soriano, que se enfrenta a la petición más baja, 10 meses de cárcel y 12.000 euros.

El juicio se reanudará mañana martes con la resolución de las cuestiones previas planteadas hoy, con lo que darán comienzo las declaraciones de los testigos.

Qatar exige a 'El Corte Inglés' que inicie el estudio de su proceso de salida a bolsa

MADRID.- El consejo de administración de El Corte Inglés está empezando a notar la presión de tener por primera vez en su historia a un accionista ajeno a la familia. Shahzad Shahbaz, el representante del jeque Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani, ha pedido una nueva hoja de ruta que permita cumplir con el plan estratégico que se lanzó cuando el inversor catarí adquirió el 10% de la compañía, informa hoy http://www.elconfidencial.com.

Una petición que tendría como objetivo final profesionalizar la compañía y comenzar a preparar la salida a bolsa a partir del próximo año. El contrato que dio entrada a Al Thani en el capital de El Corte Inglés establecía en una de sus cláusulas que dicho accionista podía solicitar en cualquier momento que se pusiera en marcha el estudio de una OPV del grupo, fijándose un periodo de año y medio para la realización del informe.

La verdad es que, aunque en un estadio muy preliminar, la operación ya está en marcha

Según las fuentes, el jeque ya se habría dirigido al consejo con el objeto de activar dicha cláusula. El propio presidente y consejero delegado de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, dejó caer en la XXXIII Reunión del Círculo de Economía de Sitges que no descartaba sacar a bolsa la compañía en un futuro, aunque matizó que no era una opción que estuviera sobre la mesa. La verdad es que, aunque en un estadio muy preliminar, la operación ya está en marcha.

Igualmente, Shahzad Shahbaz ha requerido a Cristina y a Marta Álvarez Guil, las dos herederas de Isidoro Álvarez, así como a Florencio Lasaga y Carlos Martínez Echevarría, en representación de la Fundación Ramón Areces, que aceleren la transformación del 'holding' debido a que, a pesar de la notable mejora del negocio en los últimos ejercicios, las cifras de crecimiento están lejos de lo que se estimó cuando en julio de 2015 entró en el capital.

Las mismas fuentes añaden que, a falta del cierre del ejercicio en curso —la compañía ya conoce los datos del año 2016-2017 acabado el 28 de febrero—, los objetivos se van a quedar cortos en cuanto a lo esperado por el catarí. Especialmente, en lo relativo al beneficio de explotación o ebitda, que se había calculado en 1.300 millones de euros para la temporada 2017-2018.

Este incumplimiento tendrá un impacto directo en el capital del grupo, ya que precisamente el jeque tendrá derecho a recibir una compensación en acciones por no alcanzar las cifras pactadas. Actualmente, Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani es dueño de un 10% desde una sociedad luxemburguesa, pero recibirá en julio del próximo año otro 2,5% porque los 1.000 millones de euros que invirtió por esa participación fueron en forma de un préstamo con un cupón anual del 5,25%.

Otras fuentes próximas al consejo de administración aseguran que el incumplimiento del contrato le dará otro 0,5%, por lo que en julio de 2018 tendrá como mínimo un 13% del capital. A ese porcentaje hay que añadir una penalización de un 1% adicional si, cuando se decida a salir a bolsa, la valoración de El Corte Inglés se queda por debajo de una tasación preliminar ya acordada. Se da por hecho así que llegará a cerca del 14%.

El jeque está preocupado por las disensiones internas entre los accionistas históricos del grupo, controlado por la Fundación Ramón Areces (37%) y Cartera IASA (24%), a su vez bajo el poder de Cristina y Marta Álvarez Guil y con la familia de Dimas Gimeno (7%), el actual presidente, en minoría. Una tensiones que se han suavizado con el nombramiento de Victor del Pozo como consejero delegado en funciones y Jesús Nuño de la Rosa como director general, pero que, no obstante, han retrasado la toma de decisiones estratégicas, lo que está dañando la cuenta de resultados.

La decisión estratégica principal es el cierre o transformación de una cuarta parte de los centros comerciales que no son rentables

La principal es el cierre o transformación de una cuarta parte de los centros comerciales que no son rentables. En concreto, de hasta 21 de sus 100 puntos de venta de grandes dimensiones que internamente se definen como improductivos. Gimeno ha chocado varias veces con la oposición de Lasaga y Martínez Echevarría, que se oponen a bajar la persiana de algunos de los grandes almacenes que abrieron entre 2000 y 2010 bajo su mandato y el de Isidoro Álvarez, en plena crisis económica. En este listado están los de Leganés (Arroyosur), Jaén, Oviedo, Elche, Guadalajara, Talavera, Albacete o Eibar.

En el seno de El Corte Inglés preocupan y mucho las noticias de los cierres masivos que se están produciendo en Estados Unidos por el impacto del comercio 'online'. En lo que va de año, se han clausurado 3.600 establecimientos, y la previsión para el conjunto del ejercicio es de 10.000, según la consultora especializada en el sector F&D Reports. 

Por su parte, Moody's ha advertido de que un 13,5% de las compañías 'retailers' que cubren sus analistas de crédito está en grave riesgo de quiebra. La situación por la que atraviesa Sears, el gran 'holding' de la distribución estadounidense, ha alarmado al jeque catarí y a Gimeno, que ven con inquietud cómo sus acciones se han desplomado un 56% en nueve meses tras advertir de que duda sobre su capacidad para seguir con sus puertas abiertas el próximo año.

De momento, tras constituir un comité de dirección y otro de auditoría, el jeque ha pedido la creación de una comisión de nombramientos y retribuciones. El objetivo principal es separar la propiedad de la gestión a la hora de designar a la cúpula directiva o los próximos consejeros. Una decisión que se interpreta como un paso de cara a la futura salida a bolsa.

Juzgan desde hoy a la antigua cúpula de la CAM por las irregularidades que condujeron a la quiebra

MADRID.- La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzga a partir de hoy lunes, a punto de cumplirse cinco años desde que comenzó la instrucción de la denominada pieza principal de las siete abiertas por la gestión de la CAM, a los siete ex directivos que formaban parte de la cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que autorizaron todas las irregularidades que condujeron a la entidad a la quiebra en 2011. 

La vista oral se fijó en un primer momento entre los meses de enero y marzo, pero la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal modificó el calendario. El juicio comenzó a las diez de la mañana y se prolongará hasta el próximo 21 de julio. La CAM llegó a ser la cuarta caja del país y acabó vendiéndose a Banco Sabadell por el precio simbólico de un euro.

Para el ex director general de la CAM Roberto López Abad, la ex directora general adjunta Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el ex director general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez García, la Fiscalía pide siete años y medio de cárcel y 180.000 euros de multa para cada uno. 

Asimismo, el Ministerio Público reclama una pena de un año y dos meses de prisión y multa de 9.000 euros para el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y para el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa. Para el ex director general de Recursos de la CAM Vicente Soriano, el fiscal solicita una pena de diez meses de cárcel y multa de 12.000 euros.

Decomiso de las cantidades sustraídas

De igual modo, la Fiscalía pide el decomiso de determinadas cantidades en poder de los acusados: más de 1,4 millones de euros para Roberto López; 150.632 euros para Dolores Amorós; 122.623 euros para Francisco José Martínez; 108.615 euros para Teófilo Sogorb; y 429.475 euros para Vicente Soriano.

Según explica el escrito de acusación, los ex directivos de la CAM impulsaron un mecanismo para incrementar de forma ficticia los beneficios de la entidad en 2010, reclasificando como normales créditos dudosos y fallidos, de manera que consiguieron alterar el balance y la cuenta de resultados. También recurrieron a la titulización de activos y su incorrecta contabilización.

Uno de los motivos que llevó a la antigua cúpula a incrementar los beneficios de forma ficticia fue la integración con otras cajas para crear el Banco Base, pero también buscaban "asegurarse en 2011 el pago de una serie de complementos retributivos a los que sólo se tenía derecho si se alcanzaban determinados resultados al cierre del ejercicio anterior".

"De esta manera, los acusados se aseguraron que iban a cobrar, cuando la situación de la CAM ya era crítica, unas remuneraciones adicionales que no tenían derecho a percibir", indica el escrito del Ministerio Público.

Los acusados cobraron, así, paga de beneficios, aportaciones al plan de pensiones, incentivos anuales, un bono extraordinario a largo plazo y indemnizaciones por jubilación. En total, la CAM desembolsó indebidamente por todos estos conceptos algo más de 20 millones de euros.

En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros. 

Se les imputan los delitos de estafa, falsedad, apropiación indebida y administración desleal, entre otros.

Una sala formada por los magistrados Juan Francisco Martel, Ángela Murillo y Paloma González (quien ya fue parte del tribunal del primer juicio de la CAM) tendrá que dilucidar a lo largo de las 20 sesiones señaladas si quedan probados unos hechos que la instructora concretó en tres apartados. 

Primero: «la posible alteración de las cuentas anuales de la CAM en los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, que incluyen conductas dirigidas a no reflejar la imagen fiel de la sociedad, como las referentes a la calificación de los créditos subestándar, dudosos o fallidos». Segundo: «Los posibles perjuicios concretos causados a los inversores como consecuencia directa de la publicidad de dichas cuentas anuales presuntamente falseadas». 

Y tercero: «Los supuestos perjuicios derivados de las presuntas irregularidades en materia de prejubilaciones, previsión social complementaria, incentivos y bono extraordinario a largo plazo». 

A instancias del fiscal, este proceso da también cobertura a aquellos compradores de cuotas participativas que las adquirieron durante el periodo en que presuntamente las cuentas no correspondían al estado real de la entidad dado que las transacciones, que el acusador público cifra en unas 46.000, no se hicieron de acuerdo al valor de estos títulos sino al que se publicó siendo presuntamente falso.

El Ministerio Público considera que Roberto López Abad, que ya estuvo en prisión provisional, y Dolores Amorós eran quienes "tomaban las decisiones económicas de CAM al más alto nivel". A ambos les imputa un delito continuado de falsedad contable más otro de estafa agravada y, alternativamente, de apropiación indebida en concurso con uno de administración desleal por el cobro de retribuciones indebidas.

Para cada uno pide una pena de siete años y medio de prisión y multa de quince meses con una cuota diaria de 400 euros. El castigo más leve es para Vicente Soriano, ex director general de Medios, para el que solicita diez meses de cárcel.

El fiscal no imputa a Modesto Crespo, expresidente no ejecutivo, a diferencia de otras acusaciones. "No consta que conociera la irregularidad de las operaciones realizadas para reflejar beneficios ficticios en las cuentas", dice su escrito.  
Modesto Crespo, el último presidente de la CAM ha presentado en el juicio un certificado médico en el que acredita que padece una cardiopatía, lo que podría dificultar su asistencia a todas las sesiones del juicio.

En el banquillo, y junto al fiscal Luis Rodríguez Sol, se sienta la Fundación CAM y el Fondo de Garantía de Depósitos además de la acusación popular que, bajo la representación letrada del abogado murciano Diego de Ramón (en la imagen), da voz a cerca de un millar de afectados por la compra de cuotas, además de los letrados de otros afectados por este producto.
Durante el juicio la Fundación CAM, el Banco de Sabadell y la mitad de los acusados han pedido que se expulse a los afectados por las cuotas. 

La Sala ha aceptado la mayoría de las pruebas solicitadas por las partes, entre ellas la declaración, en calidad de testigos o de peritos, de cuatro inspectores del Banco de España que reclamaban el fiscal, la Fundación y el Fondo.

Como responsable civil directo se señala a la aseguradora Caser (titular de la póliza de responsabilidad civil de los antiguos directivos) y al Banco Sabadell y a la Fundación como subsidiarios.

El Tribunal deberá determinar si la mala gestión de la cúpula es constitutiva de delito penal por todos o parte de los ocho acusados que se sientan en el banquillo. Dictará sentencia Ángela Murillo, la misma magistrada que condenó en febrero a exconsejeros de Caja Madrid por el caso de las tarjetas black.

El salvamento de la CAM fue sufragado por la banca a través del Fondo de Garantía de Depósitos y costó 5.249 millones de euros. Por eso este fondo está personado como acusación particular en el juicio.

La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.