VALENCIA.- La Comissió Ciutat-Port ha celebrado este jueves la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anula parcialmente la
resolución por la cual la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) era el
órgano sustantivo que debía decidir sobre la validez de la Declaración
de Impacto Ambiental (DIA) de la ampliación del Puerto de Valencia.
Una
decisión judicial que, según ha valorado la plataforma, implica
«retrasar» el proceso de licitación de las obras de la terminal de
contenedores porque es Puertos del Estado quien debe pronunciarse.
Así lo han explicado responsables de la Comissió Ciutat-Port, en una
rueda de prensa para valorar la resolución de la dirección dependiente
del Ministerio para la Transición Ecológica y anunciar la convocatoria
de una manifestación en contra del proyecto que tendrá lugar el próximo
31 de mayo a las 18.30 horas en el centro de Valencia.
La sentencia, avanzada por eldiario.es,
estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado
por Per L'Horta --miembro de la Comissió-- contra la resolución del 30
de marzo de 2021 de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, por la que se sustituyó a Puertos del Estado por la APV como
órgano sustantivo competente para decidir sobre la validez de la DIA de
2007. La resolución puede ser recurrida en casación ante el Supremo.
En concreto, el TSJM concluye que la Dirección General, al trasladar a
la APV el carácter de órgano sustantivo, recurrió a un procedimiento de
rectificación de errores para «eludir tanto los procedimientos
aplicables en materia de sustitución de titularidad de órganos
administrativos como, especialmente, las consecuencias que, en materia
de inicio de procedimiento de fondo, conlleva el transcurso de 14 años
sin que nada haya acordado en tal respecto».
Se trata de una estimación
parcial del recurso porque solo se anula la sustitución del órgano
consultivo.
Desde Comissió Ciutat-Port, Francesc Herrera ha señalado que esta
sentencia implica que el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros y
que está en licitación «está incompleto» y «no es válido».
«No sabemos
si se paralizará por completo en este momento, pero evidentemente
Puertos del Estado se debe pronunciar», ha expuesto.
Herrera ha indicado que, aunque Puertos del Estado ha expresado su
posición a favor del proyecto y la validez de la DIA en «notas
informativas», «no hay ningún acto administrativo regulado y válido que
diga que avala la DIA de 2007», ya que han estado «pasándose la pelota
unos a otros».
«La pelota vuelve a Puertos del Estados y son ellos los
que ahora han de dirimir si hace falta una nueva DIA o no. Y
evidentemente, con las modificaciones y el paso de tantos años, hace
falta una nueva DIA», ha defendido.
El representante de la Comissió ha señalado que «esta sentencia,
primero de todo, es la primera victoria judicial contra la ampliación
del puerto de todas las que vendrán, y sobre todo lo que viene es a
reafirmar» los argumentos de Ciutat-Port, sobre que «todo el proceso
administrativo y el proyecto en sí está viciado desde el inicio».
También desde Comissió Ciutat-Port, para Andrea Márquez la resolución
del TSJM «afecta a la aprobación del proyecto constructivo del muelle
de contenedores de manera que queda anulada» y «retrasa» la licitación
«a la espera de que efectivamente Puertos del Estado se pronuncie de si
es necesaria una nueva DIA».
«A la APV se le ha quitado la competencia de poder decidir si el
proyecto de ampliación norte requería una nueva DIA de acuerdo con las
modificaciones que presenta el proyecto respecto al original del 2007»,
ha resumido.
Los representantes de la plataforma han criticado la «posición
irresponsable» de haber seguido adelante con la licitación a pesar de
que esta resolución estuviese suspendida cautelarmente y de los otros
procesos judiciales que hay en marcha sobre el proyecto.
«Lo razonable
habría sido parar, no han querido hacerlo y ahora se deberán atener a
las consecuencias», ha agregado Herrera.
Asimismo, han señalado que, ante esta sentencia, pedirán medidas
cautelares en el resto de causas abiertas contra la licitación de las
obras y la aprobación del proyecto constructivo.
La representante de la entidad Loreto Primo ha apuntado que estas
otras causas están en un «momento muy inicial» y que no se había
aprobado su petición de cautelares. Aunque ha reconocido que pueden
tener «problemas» porque no les «consideren parte legitimada» en la
licitación, ha asegurado que la plataforma va a «agotar todas las
instancias» ante una «agresión tan grave para el territorio, la salud y
la calidad de vida de las personas».
Asimismo, ha apelado al ministro de Transportes, Óscar Puente, para
que «reconsidere» si las «prisas» con las que se ha aprobado el proyecto
están «justificadas» y le ha emplazado a que haga «una reflexión
serena». También ha instado a que la ministra del Miteco, Teresa Ribera,
«pida disculpas por un procedimiento que se ha visto que no era el
adecuado».
La Comissió Ciutat-Port ha convocado a la ciudadanía a manifestarse
el 31 de mayo para «exigir que nuestro puerto y todos los del Estado
estén al servicio del interés general y no de las empresas, que
continúan especulando con nuestro territorio». La marcha saldrá a las
18.30 horas de La Alameda y se celebrarán charlas informativas previas a
la protesta.
Por su parte, desde la APV han señalado que «no consta en esta
Autoridad Portuaria ninguna resolución judicial que paralice ningún
trámite en marcha sobre la nueva terminal».