MADRID.- El Consejo de Ministros aprobó esta semana la
tramitación de un nuevo contrato para deportar a extranjeros en avión.
Bajo el eufemismo de “servicios de transporte aéreo de personas en vuelos no comerciales”,
el Ministerio del Interior prepara ya la nueva licitación para enviar a
sus países de origen a los foráneos que tengan orden de expulsión. El
coste presupuestado es de 16,3 millones de euros. El contrato
actualmente en vigor fue adjudicado en enero de 2023 por 9,9 millones de
euros y vence este verano.
Realmente, los
vuelos que se van a contratar son de varios tipos. En primer lugar, se
trata de viajes dentro de territorio nacional para trasladar a “aquellos
ciudadanos extranjeros que se encuentran bajo la custodia de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y deben ser alojados en Centros de Internamiento,
o que estando ya ingresados en dichos centros deben ser trasladados a
otros”. Por ejemplo, migrantes en situación irregular que han arribado
en patera a Canarias e Interior decide que deben ser trasladados a la Península.
Interior,
alegando razones de seguridad, no suele dar información de estos
vuelos. A ello se suma el compromiso de “confidencialidad”
que el ministerio obliga a firmar a las aerolíneas adjudicatarias,
incluido siempre como requisito en todos los contratos. No habrá
excepciones en la nueva licitación, que recogerá una cláusula específica
que obligará a las compañías a formar a toda la tripulación y al resto
de personal involucrado para que guarde “la adecuada reserva y
confidencialidad” en lo relativo a “fechas, horas, aeropuertos, número
de personas que se transportan, equipaje y en general, cualquier dato
que pueda ser relevante” para el operativo.
Según los datos que maneja la agencia de noticias EFE, hasta junio de 2023 se habían ejecutado 1.942 expulsiones y devoluciones. En 2022 fueron 3.642 y en 2021, 3.594.
Las cifras de estos últimos tres años están muy alejadas de las que se
registraban antes de la pandemia: 11.153 personas expulsadas o devueltas
en 2019 y 11.384 en 2018. Lo que refleja que, después de que los vuelos
quedaran en suspenso en 2020 por el coronavirus, el ritmo de las
repatriaciones sigue estando muy por debajo del registrado en los años
previos.
El Gobierno tampoco desglosa las cifras por nacionalidades.
Hacerlo, argumenta, podría generar “problemas” en las relaciones
exteriores de España con los países afectados y dificultar en el futuro
la documentación de los inmigrantes irregulares en sus respectivas
embajadas y consulados, lo que “afectaría gravemente a la eficacia de
nuevas expulsiones”.
A
la espera de que se redacte el pliego de condiciones, Interior suele
estipular el coste de los viajes en función de varios parámetros: las horas de vuelo,
un suplemento por posicionamiento de los aviones cuando los viajes se
inicien en cualquier aeropuerto distinto al de Barajas, y la hora de
estancia en tierra en determinadas situaciones.
Así, por ejemplo, si el
avión fletado tiene un máximo de 75 plazas el coste por hora de vuelo es
de 9.900 euros. La hora de permanencia en tierra son 1.500 euros
extras. Si el vuelo sale desde Canarias el suplemento es de 14.000
euros.
La
Comisaría General de Extranjería y Fronteras realiza al principio de
cada trimestre una previsión con la estimación de vuelos a realizar en
este periodo de tiempo, indicando itinerarios, número de personas a
transportar y fechas estimativas.
Esta previsión, de carácter meramente
informativo y sin valor vinculante, tiene por objeto facilitar una
gestión eficaz de los recursos por parte del adjudicatario, que
actualmente es la UTE Evelop-Air Nostrum. Interior solicita estos
vuelos con una antelación mínima de 48 horas para traslados nacionales y
de ocho días naturales para los vuelos internacionales.
