Así lo ha advertido Espinosa, tras haber mantenido reuniones --junto
al también diputado Juan Bordera--, con varias asociaciones animalistas y
afectadas, que han expresado su «preocupación» ante este nuevo decreto
de caza, según ha detallado Compromís en un comunicado.
También se han mostrado en contra de la nueva normativa la Asociación
Profesional de Agentes Medioambientales por, a su juicio, «menoscabar
sus competencias».
Según Espinosa, «la Conselleria de Medio Ambiente
justifica la necesidad de una caza intensiva por una supuesta
sobrepoblación de ungulados, pero no ha presentado censos fiables ni
estudios científicos que sustenten esta afirmación».
«Hemos registrado una batería de preguntas y una solicitud de
documentación para que el gobierno del PP explique de dónde saca la
información en la que sustenta el decreto. Hasta que estos informes no
sean presentados, podemos decir que la normativa se basa en percepciones
y estimaciones difícilmente contrastables sobre el impacto de los
ungulados en cultivos, tráfico o transmisión de enfermedades», ha
sostenido.
Además de la «carencia de justificación científica», la coalición ha
señalado que la nueva normativa «supone un riesgo para la biodiversidad y
la seguridad ciudadana».
Entre las medidas «más preocupantes»,
Compromís ha denunciado que se permite la caza durante todo el año para
varias especies, que incluye a las hembras en época de cría, lo que
«puede afectar gravemente la regeneración natural de las poblaciones y
no respeta los ciclos de reproducción».
Espinosa ha censurado que «no se diferencian las especies según sus
tasas de reproducción al equiparar herbívoros de baja natalidad (como el
corzo o el ciervo) con especies de crecimiento poblacional más alto
como el jabalí», y que «se eliminan restricciones temporales que
anteriormente protegían las especies en periodos críticos como la
gestación y la crianza».
Con este decreto se permite el uso de rondas nocturnas, atrayentes
alimentarios, miras de visión térmica e infrarroja y armas con
iluminación artificial, por lo que «facilita la caza y abre la puerta a
abusos y caza furtiva», ha lamentado.
«También se permite la caza en parques urbanos, playas y caminos
públicos, aspecto que aumenta el riesgo para senderistas, ciclistas y
otros usuarios de estos espacios. Y se incluyen vareos y esperas
nocturnas sin descanso, provocando un estrés continuo en los animales»,
ha reprochado, a lo que ha agregado que «se desconsidera el papel
ecológico de los ungulados en la prevención de incendios forestales
mediante el control de la vegetación».
Además, Compromís ha defendido la «necesidad» de «establecer
controles de alcoholemia después de las jornadas de caza, una medida que
ayudaría a prevenir accidentes y garantizar la seguridad de todas las
personas implicadas» y ha criticado que el decreto «no prevé un aumento
de agentes medioambientales ni del Seprona para supervisar las cacerías y
evitar posibles infracciones o abusos».
«El gobierno del PP ha optado por una regulación descontrolada, sin
criterio ni garantías científicas, que pone en peligro tanto la
biodiversidad como la seguridad de la ciudadanía. Por eso, exigimos que
el Consell rectifique y presente los estudios necesarios que justifiquen
estas medidas, y que se escuche a los expertos y a las organizaciones
afectadas», ha concluido Espinosa.
