El impacto de esta medida va a ser enorme, teniendo en cuenta que hoy solo el 22% de estas ciudades, es decir, 33, ya tienen sus Zonas de Bajas Emisiones activas. Eso sí, en ellas ya las restricciones son muy importantes, afectando en muchas no solo a vehículos sin etiqueta medioambiental, sino también a coches con etiqueta B y, próximamente, incluso a los de etiqueta C, que representan la gran mayoría del parque español actual en circulación.
Con el objetivo así de debatir sobre el impacto de estas áreas ZBE obligatorias, Bilbao acogió la semana pasada la celebración de la XXII edición del Encuentro Ciudadano con la Movilidad, un evento organizado por el RAC Vasco Navarro y que contaba con la colaboración de Pons Mobility, Arag y Caser Seguros. Y allí expertos y abogados han cargado contra la implantación de una medida que va a afectar a miles de conductores y familias en nuestro país.
Quizá una de las conclusiones más importantes extraídas de este encuentro ha sido, como hemos avanzado al inicio, la falsa interpretación realizada sobre una directiva europea que supuestamente obligaba a activar estas Zonas de Bajas Emisiones.
El abogado Francisco Lopez Lera ha sido tajante al asegurar que, desde una perspectiva jurídica, “es erróneo y falso justificar la implantación de las ZBE, y en los formatos que proponen los Ayuntamientos, en base a una supuesta imposición por parte de Europa ya que la directiva europea establece una serie de recomendaciones y principios pero no imposiciones”.
El experto jurídico ha confirmado que “la norma o directriz europea recoge que es necesario elaborar planes de calidad del aire, donde hagan falta verdaderamente (en base a supuestos y circunstancias reales demostrables). Si no es necesario no deben establecerse teniendo en cuenta que afecta a sectores y genera desigualdades”.
Asimismo ha matizado que esta directiva europea incluye términos como “los municipios podrán” que no significa lo mismo que “deberán o tendrán la obligación de…”.
López de Lera también ha garantizado que, atendiendo a la directiva europea, “se proponen zonas de actuación pero no estrictamente en municipios de más de 50.000 habitantes tal y como se pretende aplicar en el ámbito de España”.
El abogado ha concluido su intervención criticando específicamente el caso de Bilbao, “por establecer criterios horarios y de lugar sin fundamento aparente. ¿Acaso fuera de la ZBE los vehículos dejan de contaminar y son menos? ¿Los fines de semana los vehículos no contaminan?”.
El experto jurídico considera finalmente que “los políticos necesitan recaudar y no van a descuadrar las cuentas por estas premisas. En un supuesto de que se hiciera o incluso en el supuesto de que desapareciesen los vehículos o se redujese el parque de forma significativa, se buscaría otra forma de recaudación que, seguramente, pasaría por una subida en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles)”.
En este mismo sentido se ha manifestado también el presidente del RACVN, Pedro Martínez de Artola, recordando “el carácter orientativo de la directiva de la Unión Europea (no obligatorio)” y señalando que “antes de su implantación, se debería considerar si es necesaria o no en cada circunstancia y, en segundo lugar, cómo aplicarla en base a supuestos, circunstancias y necesidades reales”.
Para el presidente del RACVN, “detrás de las ZBE, hay una repulsa al automóvil” y considera que “si todos los vehículos fuesen eléctricos se inventarían zonas de bajas intensidades o algo parecido”.
Martínez de Artola concluyó su intervención señalando que el compromiso por reducir las emisiones es compartido, pero matizaba que se debe realizar sin discriminar a los ciudadanos en función de su poder económico.
“Se señala al automóvil y se pretende acotar su uso, sobre todo en las ciudades, en base a la contaminación, pero hay otros elementos que contaminan tanto o más que el automóvil”, ha manifestado el presidente del RACVN.
El director general de GANVAM, Fernando Miguélez, también ha criticado la forma en la que se están implantando en España las ZBE, ya que “nadie está en contra de ellas o de la descarbonización, pero sí no en la forma en la que se llevan a cabo”.
“Es un error considerar a las ZBE sólo como medidas medioambientales, ya que las ZBE suponen nuevos modelos de negocio (movilidad personal y micromovilidad, etc.). La movilidad sostenible “se debe alcanzar pero sin poner en riesgo el tejido industrial, económico y social. Se debe favorecer la movilidad sostenible asequible”, ha concluido el director general de GANVAM, confirmando que además las primeras implantaciones, como la de Madrid, “no ha propiciado la renovación de vehículos, sino que ha trasladado los más viejos a otras zonas como las periferias o zonas rurales en una segunda vida o uso de los mismos”.
Por último, el director gerente del RACVN, Eduardo Martínez, clausuró la jornada mostrándose también muy crítico con las ZBE, “especialmente con aquellos municipios que la han aplicado de una forma más restrictiva y no proporcional”, destacando también el caso de Bilbao y recordando que esta medida está recurrida por el RACVN igual que la de San Sebastián, si finalmente se publica en los términos anunciados por el Consistorio.
El director del RACVN se mostró muy confiado en poder ganarlas en los Tribunales, según recoge la revista Autopista.
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