WASHINGTON.- El incremento de la competencia en
la agricultura a ambos lados del Atlántico es uno de los argumentos que
pesan en el sector respecto al futuro TTIP, un ambicioso acuerdo que
Estados Unidos y la Unión Europea (UE) quieren cerrar antes de que acabe
el año para impulsar el crecimiento de sus economías y la creación de
empleo.
Las exportaciones agrícolas de EEUU hacia la UE llegaron en 2015
hasta 13.000 millones de dólares, mientras que las europeas hacia ese
país fueron de 25.000 millones de dólares, según fuentes
estadounidenses.
Para ambas partes, que subrayan tener una relación estratégica
sustentada en valores comunes y que va más allá de los lazos económicos,
las negociaciones sobre agricultura son un asunto sensible.
Lo son en especial por los productos agrícolas, la seguridad de los
alimentos y la presencia de los Organismos Genéticamente Modificados
(OGM), el acceso a los mercados, los aspectos regulatorios y las
indicaciones geográficas.
El etiquetado es igualmente uno
de los puntos en que chocan las posiciones entre europeos y
estadounidenses en esta negociación comercial.
Mientras la UE permite a sus veintiocho socios restringir o prohibir
los cultivos que contengan OGM o transgénicos en sus propios
territorios, la legislación estadounidense federal no contempla esa
posibilidad aunque sí lo hacen algunos estados, preocupados como los
europeos en el impacto sobre la salud.
Los transgénicos son comunes en la agricultura estadounidense, en
especial en los cultivos de soja y de maíz, y según datos de la
organización estadounidense Centro para la Seguridad Alimentaria (CFS)
derivados de esos organismos están presentes en el 60 a 70% de los
alimentos procesados.
Esta organización, favorable a que en EEUU haya etiquetado de los
alimentos que contengan transgénicos, es crítica con una ley que sobre
ese asunto se tramita en el Congreso con apoyo de demócratas y
republicanos.
Esa ley, que se conoce en el sector como "Dark act (ley oscura)", si
se a aprueba evitará que los estados adopten legislación sobre el
etiquetado, como ya han hecho los de Vermont, Maine y Connecticut,
mientras que otros 30 preparan proyectos similares.
Algunos legisladores avalan su posición con el argumento de que el
etiquetado de los alimentos con OGM supondrá un potencial aumento de los
costes para los consumidores, lo que niega el CFS.
La posición oficial estadounidense, que insisten en que el acuerdo
final con la UE tiene que incluir una verdadera liberalización del
comercio en todos los sectores, es que el etiquetado de los transgénicos
debe "hacerse sobre bases científicas", lo que representa un elemento
de confrontación en las negociaciones del TTIP.
"Sin la liberalización de la agricultura, el Congreso de Estados
Unidos no dará su aprobación al TTIP", ha señalado al respecto el asesor
del Departamento de Comercio e integrante del equipo negociador de este
país, Robert Spitzer.
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