Por su parte, fuentes de la Generalitat han recalcado que los
criterios de conservación y custodia de las imágenes «se limitan a un
máximo de un mes», de acuerdo a la legislación, y la portavoz del
Consell, Susana Camarero, ha subrayado que no se ha producido «ninguna
excepción» en este caso.
En la rueda de prensa tras la junta de síndics, PSPV y Compromís han
cargado contra el borrado de imágenes después de que el secretario
autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, Santiago
Lumbreras, haya contestado en un escrito a estas formaciones que
Presidencia de la Generalitat «ha cumplido con lo previsto en el
artículo 8 de la Ley orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se
regula el uso de cámaras de vídeo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en lugares públicos».
Dicho artículo, según han apuntado los socialistas, establece que las
grabaciones «serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su
captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o
administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, con
una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o
administrativo abierto».
De un lado, José Muñoz (PSPV) ha argumentado que su grupo había
pedido copia de las grabaciones de las cámaras para obtener información
de la actividad del jefe del Consell durante las horas decisivas de
aquella jornada, de la que hasta el momento «no sabemos nada».
«Y lo que
nos han dicho es que las han borrado», ha censurado.
Ante esta
situación, ha aprovechado para afear a la Generalitat que siempre «todo
lo hace fácil» --irónicamente-- al contestar «de manera complicada» a la
solicitud del PSPV con respuestas «complejas y obtusas».
«Dices que
respetas todo, pero no las pruebas que podrían dar luz respecto a tu
agenda», ha espetado a Mazón.
Dicho esto, se ha preguntado si la Generalitat «realmente tiene las
grabaciones» porque, por el contrario, «sí que tienen la foto del
Cecopi» en la que se ve el acceso del 'president' de la Generalitat a
las 20.28 horas del 29-O.
«Unas se borran y otras no (...), esto huele a
prevaricación», ha cuestionado. Además, Muñoz ha acusado al «presidente
de El Ventorro» de «destruir pruebas a martillazos» mientras luego dice
«que respeta la justicia de manera falsaria» y la ha retado a contestar
«si tiene o no» y si «ha borrado o no» las grabaciones del Palau.
«Si
las ha destruido a martillazos, dígalo», le ha exigido.
En esta misma línea, Joan Baldoví (Compromís) ha justificado la
solicitud de este mismo material por parte de su grupo con el fin de
«intentar contestar a la pregunta que no contesta nunca Mazón, que es
dónde estaba a las 19.00 horas --del 29 de octubre--, si estaba
realmente en el Palau, para saber a qué hora salió» de allí.
Sin
embargo, tras la contestación de Presidencia, ha afeado al jefe del
Consell que «sí que enseñe la foto de las cámaras de su entrada
triunfal» al Cecopi.
«No entendemos que sí que pueda tener acceso a esas grabaciones y por
qué a las que la oposición pedimos no nos las facilitan», ha lamentado.
Por esta razón, ha considerado que el Consell está tratando de
«esconder todo lo que tendría que facilitar para dar respuesta a una
pregunta que está en la mente de todos y que Mazón aún no ha despejado:
dónde estuvo toda la tarde del 29 de octubre hasta su llegada al Centro
de Emergencias».
En cualquier caso, Baldoví ha señalado que la respuesta de
Presidencia «no aclara si han destruido o no» las grabaciones, pero ha
considerado que, si «con posterioridad» enseñaron la imagen de Mazón
llegando al Cecopi, «entiende» que las imágenes de las cámaras del Palau
«no han sido destruidas».
«Tenemos todo el derecho a tener esas
grabaciones», ha reivindicado.
Mientras, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, preguntado por
estos hechos, ha afeado al PSPV y Compromís que saquen este tema «para
que no se hable» de la declaración de la delegada del Gobierno en la
Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, como testimonio ante la jueza que
investiga la gestión de la dana.
«No es casualidad», ha deslizado, y ha
acusado a ambas formaciones de tratar de «desviar la atención», encima
con Compromís como «telonero» de los socialistas.
«No me preocupan estas cuestiones», ha admitido, para seguidamente
subrayar que hay una investigación judicial «en marcha» y «muchos
informes ya remitidos» a la jueza por parte de la Generalitat, que, a su
juicio, con el tiempo «pondrán a cada uno en su lugar».
De cualquier
modo, preguntado por si sabe si la Generalitat ha borrado estas
imágenes, ha afirmado «desconocer la normativa en ese aspecto».
Por su parte, fuentes de Presidencia de la Generalitat han recalcado hoy que los criterios de conservación y custodia de las
imágenes «se limitan a un máximo de un mes», tal y como viene recogido
en la Ley Orgánica 4/1997 y en el artículo 6 de la instrucción 1/2006 de
8 de noviembre de la Agencia Española de Protección de Datos sobre el
tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de
sistemas de cámaras o videocámaras y que mantiene el Reglamento General
de Protección de Datos en aplicación desde el 25 de mayo de 2018,
«además de la normativa europea».
Además, han facilitado una nota informativa entre la Jefatura de la
Unidad Adscrita de la Policía Nacional y el departamento de Seguridad de
Presidencia, con fecha 4 de marzo de 2025, que recoge que «en estos
momentos las videocámaras del Palau de la Generalitat conservan las
imágenes un máximo de 15 días» y que, «pasado este tiempo y salvo que
hayan sido requeridas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la forma
prevista por la ley, éstas se borran». Y añade que el procedimiento de
borrado «se da por la superposición de nuevas grabaciones a las ya
existentes».
Asimismo, han aprovechado para recordar una respuesta a una petición
de información que realizó el PP en Les Corts durante la pasada
legislatura --cuando estaba en la oposición-- en la que la entonces jefa
de Servicio de Sistemas Corporativos de la Dirección General de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones respondió, en febrero
de 2023, que la información personal de datos de registro de acceso al
Palau de la Generalitat «se borraba cada mes».
Preguntada por este asunto en la rueda de prensa tras el pleno del
Consell, la vicepresidenta primera, portavoz y consellera de Servicios
Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha insistido en que las
imágenes «se borran cumpliendo con lo previsto» en la ley y ha hecho
alusión al mencionado informe policial, que se realiza «para contestar a
la pregunta parlamentaria», ha aclarado.
Dicho esto, ha defendido que el Consell «actúa de la misma manera que
se actúa siempre» y ha recalcado que no se ha producido «ninguna
excepción para el borrado de estas imágenes» porque es «algo que está
regulado y que se hace».
«¿Por qué se borra? Porque está en la ley y
porque lo establece el propio procedimiento. No hay un procedimiento
excepcional. No ha habido nadie que requiera que se mantengan esas
grabaciones y, por lo tanto, se hace lo mismo que cada día», ha zanjado.
