MADRID.- El ministro de Industria, Energía y Turismo,
José Manuel Soria, ha presentado al Consejo de Ministros el informe de
los técnicos sobre los seísmos registrados desde mediados de septiembre
frente a la costa de Vinaròs (Castellón), que confirma que hay una
"probabilidad alta de que haya una relación directa" entre estos
movimientos y las inyecciones de gas que se han introducido desde el 13
de junio y el 16 de septiembre en el almacén de Castor. Además,
consideran "limitado" un riesgo sísmico más relevante.
Así, ha asegurado que "la situación no es preocupante" y que el
Gobierno está haciendo un seguimiento de la situación y está "preparado"
para actuar.
Según ha explicado, el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el resto de expertos que
están siendo consultados aseguran que el riesgo de que haya movimientos
sísmicos relevantes es un riesgo limitado. "El riesgo es limitado", ha
apostillado.
El ministro ha recordado que desde el 26 de septiembre, a raíz del
seísmo de magnitud superior a 3,5 en la escala Richter que se produjo
dos días antes, su departamento emitió una resolución ordenando la
paralización de cualquier tipo de inyección de gas adicional en el
almacenamiento subterráneo.
Además, ha añadido que están paradas todas las actividades y que
la paralización seguirá vigente hasta que no existan garantías absolutas
de seguridad al 100 por 100 para la población. Hasta entonces "no se
pueden reanudar las actividades" en el almacén subterráneo, según Soria.
"Un movimiento de 3,6 magnitud Richter fue lo suficientemente
importante para el Gobierno como para frenar y parar cualquier tipo de
inyección adicional de gas", ha comentado.
Asimismo, ha indicado que hay un grupo que está integrado por
expertos del IGN, del IGME, de Protección Civil y de la empresa que está
haciendo recomendaciones que el Gobierno está "llevando a cabo" y se ha
creado también un grupo de trabajo interministerial.
Por ello, entre otras medidas, este fin de semana se van a
instalar dos sismógrafos adicionales (a los dos existentes) para tener
mayor precisión de los posibles movimientos telúricos.
En todo caso, ha asegurado que el Gobierno está "totalmente
preparado para actuar ante cualquier tipo de situación" y que las
comunidades autónomas de Cataluña y Comunitat Valenciana han activado
sus respectivos planes de sismicidad, en su nivel más bajo, el nivel 0
porque la situación no es preocupante para elevar de nivel dichos
planes.
Soria ha insistido en que el Gobierno está haciendo un seguimiento
exhaustivo de la situación y está en contacto permanente con las
autoridades de Cataluña y de la Comunitat Valenciana para lo que se ha
convocado una reunión el lunes en la sede del Ministerio a la que
asistirán representantes de las comunidades autónomas, de las
delegaciones del Gobierno en estas regiones y a los alcaldes de los
municipios afectados en la zona.
Por otro lado, Soria ha apuntado que el procedimiento
administrativo existente para autorizar una instalación de estas
características está reglado y que se ha seguido "en todos sus pasos".
Concretamente, ha precisado que en 2008 se consiguió la
autorización para la explotación de un almacenamiento subterráneo de
gas; en 2009 se aprobó en el Consejo de Ministros la Declaración de
Impacto Ambiental y en 2010 se concedió la autorización administrativa.
"Todo el procedimiento se otorgó correctamente", ha confirmado el
ministro que ha añadido que, en base a esto, en 2012 su departamento
entregó a la empresa el acta por la que autorizaba al puesta en marcha
del proyecto.
Finalmente, ha dicho que este proyecto, igual que el resto, ha
sido expuesto a información pública por lo que ha dado por entendido que
la población de la zona estaba enterada del mismo.
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