VALENCIA.- La Generalitat allana el camino para que el Gobierno de España pueda ejecutar "sin demora" los proyectos para encauzar los barrancos del Poyo y la Saleta, dos de los protagonistas de la riada que el 29 de octubre anegó los pueblos de la comarca de L'Horta Sud de Valencia, según avanza El Mundo.
El pleno del Consell aprobó este martes con un decreto ley la modificación de la Ley de Protección de la Huerta que desarrolló el Gobierno de Ximo Puig en 2018 que fue un lastre para la ejecución de esas infraestructuras hidráulicas, según reconoció la propia Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), cuya licitación vuelve a activarse en este primer trimestre de 2025.
El Ejecutivo de Carlos Mazón considera que era de "urgente necesidad" una modificación que, si bien llevaba trabajando en ella varios meses- se ha visto acelerada por la dana para, por una parte, "no demorar la ejecución de las obras" y, por otra, "simplificar las tareas administrativas" para poder acometer la reconstrucción, según explicó el conseller de Territorio, Vicente Martínez Mus.
Entre los cambios más relevantes se incluya la desaparición del llamado Consell de L'Horta, un organismo autónomo integrado por diversas consejerías, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia, organizaciones agrarias y entidades de defensa de la Huerta.
Según la norma aprobada por el Botànic, sus informes eran preceptivos y vinculantes, y fueron desfavorables a la alternativa que se presentó para encauzar el barranco del Poyo.
El informe del Consell de L'Horta se convirtió en relevante porque este proyecto tuvo que arrancar de nuevo en 2018, bajo el paraguas de esta nueva legislación del Botànic. Estaba encima de la mesa desde 2009 su bifurcación en dos ramales: uno con desembocadura en la L'Albufera y otro al cauce del Turia.
Esas obras, que obtuvieron la declaración de impacto ambiental positiva en 2011, fueron consideradas "urgentes" por los técnicos pero quedaron bloqueadas porque bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, entre 2016 y 2017, caducó esa declaración obligando a arrancar desde cero. Y ahí es donde se encontró con el bloqueo de la Ley de la Huerta.
Si bien la idea antes de la dana era que este Consell sólo se manifestara en cuestiones agrícolas, la determinación final ha sido hacerlo desaparecer "para simplificar estructuras administrativas, ahorrar costes y evitar duplicidades", explicó el conseller. Sus competencias serán asumidas directamente por la Conselleria de Infraestructuras y Territorio y la de Agricultura.
Además, y con especial afectación estas obras hidráulicas, el Consell suprime el carácter vinculante de todos los informes en materia de paisaje, de manera que se agilice la tramitación y no aparezcan obstáculos.
"Desde hoy ya no habrá informes negativos, porque dejan de ser vinculantes y no supondrán obstáculos para las obras, como sabemos que han sido en momentos anteriores", aclaró el conseller Martínez Mus.
Este decreto ley, que será convalidado en las Cortes con el apoyo seguro de Vox, también modifica el Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia a consecuencia de la dana.
Se suprimen límites urbanísticos marcados en las zonas de huerta y se permitirá el uso residencial y dotacional en las zonas de Huerta de grado 3, que califica "a las zonas más degradadas o de más ocupación arbórea" en todos los municipios directamente afectados por la riada.
Con esta medida, el Gobierno quiere responder a la "emergencia habitacional" provocada por la riada permitiendo construir viviendas y nuevas dotaciones en toda la comarca de l'Horta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario