VALENCIA.- El PP y Vox han presentado enmiendas de adición a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2025 para modificar la ley de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunit at Valenciana (AVAF) en las que piden, entre otras cuestiones, suprimir el artículo relativo a las sanciones establecidas por la entidad.
Por su parte, Vox pide eliminar también el
de infracciones, así como acabar con el consejo de participación y
modificar algunas causas del cese del director, cargo que actualmente
desempeña Eduardo Beut, propuesto por el PP.
La formación de
Santiago Abascal plantea, sobre esta última cuestión, que sea motivo de
cese del responsable de AVAF "la condena, mediante sentencia firme, por
delito doloso". Hasta ahora, la ley de Antifraude establece que lo sea
por "imputación con adopción de medidas cautelares, apertura de juicio
oral o condena por sentencia firme por comisión de un delito".
Ahora, Vox añade que, en caso de que la causa sea por condena, el cese
del director sea propuesto y aprobado "por una mayoría de tres quintas
partes" de los diputados por la comisión parlamentaria correspondiente.
Esta propuesta, agrega, "deberá ser elevada al pleno de Les Corts y
aprobada también por mayoría de tres quintas partes", mientras que en
los otros casos "corresponderá el cese a la presidencia" de la cámara
autonómica.
Además, incorpora un nuevo apartado al artículo 1
que recoge que la agencia "se constituye como la autoridad independiente
de protección del informante de la Comunitat Valenciana para su ámbito
de actuación" y tiene "asignadas las funciones que corresponden a las
instituciones o los órganos competentes de las comunidades autónomas".
También añade un artículo nuevo --5 bis-- sobre consultas y
solicitudes de información en el que establece que, dentro del ámbito de
actuación de la agencia, "cualquier persona podrá efectuar consultas,
solicitudes y alertas con carácter preventivo de expedientes
administrativos en tramitación, en los que no haya recaído resolución
definitiva".
Estas "deberán ser respondidas en el plazo máximo de un mes".
Por otro lado, en el apartado segundo
del artículo 5, se suprime que la agencia tenga que "proporcionar el
apoyo necesario, siendo un órgano de apoyo y colaboración con la
autoridad judicial y el ministerio fiscal cuando sea requerida" en caso
de que la justicia o la Fiscalía inicien un procedimiento para
determinar el relieve penal de unos hechos que constituyen al mismo
tiempo el objeto de actuaciones de investigación de la entidad, cuando
deberá de "interrumpir sus actuaciones y aportar toda la información".
También se elimina el apunte de que la AVAF "solicite a la Fiscalía
información periódica respecto del trámite en que se encuentran las
actuaciones iniciadas a instancia suya".
En el artículo 12,
sobre comprobación previa, determinación de verosimilitud y plazo para
el inicio de actuaciones, se añade que, una vez recibida una denuncia o
solicitud, la agencia "comprobará previamente que contiene una relación
descriptiva de hechos presuntamente cometidos, una identificación
detallada de personas presuntamente responsables de los mismos y que se
refiere a hechos comprendidos en el ámbito de actuación" de AVAF.
Además, en relación con la resolución del director sobre el inicio
del procedimiento o el archivo como resultado de una denuncia o
solicitud, se establece que no pueda exceder los tres meses, frente a
los actuales 30 días hábiles.
Mientras, en
el artículo 16, sobre conclusión de las actuaciones, Vox añade que la
AVAF, además de dirigir recomendaciones a administraciones y entidades
públicas en las que se sugiera la modificación, anulación, revisión de
actos o resoluciones administrativas, que también proponga "a los
órganos competentes la iniciación de procedimientos de reintegro o
minoración de obligaciones de carácter económico que se consideren
irregularmente concedidas, así como la inscripción en registros
oficiales de prohibiciones para contratar o ser perceptor de
subvenciones públicas".
Todo ello, matiza, "sin perjuicio de
la posibilidad de la agencia de remitir las actuaciones a los órganos
administrativos con competencia sustantiva en la materia para la
impugnación de los actos que se consideren irregularmente dictados".
Por su parte, el PP, que también ha presentado una enmienda de
adición relativa a Antifraude, pide también suprimir el artículo
relativo a las sanciones, mientras que, respecto al de las infracciones,
indica que AVAF "se adhiere a lo dispuesto en la ley reguladora de la
protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y
de lucha contra la corrupción o aquella que la sustituya".
Además, añade tres apartados al artículo 26, relativo al estatuto del
personal de la dirección de la agencia, en los que establece que
dependerán de manera directa del director la secretaría general de la
entidad y las áreas funcionales establecidas reglamentariamente.
Finalmente, incorpora un nuevo punto en este artículo para que el
director de la agencia pueda "nombrar hasta un máximo de seis asesores
no remunerados, de entre funcionarios que no estén ya en activo con
experiencia en las materias objeto" de la entidad.
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