BARCELONA.- Mientras ultima una nueva oferta de financiación autonómica, que salvo sorpresas de última hora aún quedará muy lejos de las aspiraciones catalanas, al vicepresidente Pedro Solbes se le acumulan los informes que demuestran las disfunciones del sistema en vigor, dice "El Periódico de Catalunya".
El último, obra de un centro de estudios del propio Ministerio de Economía, revela que la financiación pactada en el 2001 por el Gobierno del PP y CiU desvía parte de la aportación de Catalunya a la solidaridad hacia autonomías tan boyantes como Madrid, Murcia o la Comunidad Valenciana, todas con más crecimiento económico que Catalunya e incrementos de población superiores o similares.
El Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente del ministerio de Solbes, lleva varios años analizando el reparto de los recursos públicos a partir de las liquidaciones anuales del modelo de financiación que realiza Hacienda. Su más reciente trabajo, centrado en la liquidación del 2006, ofrece una interesante perspectiva sobre la evolución de este sistema tras cinco años de aplicación.
Cotejando este estudio con los precedentes, se constata que Catalunya mantiene inalterable su posición como contribuyente neta a la solidaridad interterritorial, con unos ingresos por habitante siempre por debajo de la media. Pero también se advierte que, en cambio, otros territorios con rentas igualmente altas mejoran paulatinamente su financiación per cápita.
Tal es el caso de la Comunidad de Madrid: pese a que en el 2006 su riqueza --el producto interior bruto (PIB) por habitante-- superaba en 2.700 euros la de Catalunya, su financiación per cápita experimentó hasta ese año un crecimento del 41,8%. En ese mismo periodo, del 2002 al 2006, los ingresos por catalán solo aumentaron un 31,7%, diez puntos menos que los de Madrid.
Si los recursos per cápita de Catalunya hubieran crecido igual que los de Madrid, la Generalitat habría ingresado unos 1.200 millones adicionales cada año. Aproximadamente la mitad de las ganancias que, a juicio de CiU, el nuevo sistema de financiación debería proporcionar a Catalunya solo en el 2009.
Esta brecha entre Catalunya y Madrid solo se justificaría si el impacto de la llegada de inmigrantes hubiera sido muy superior en la primera que en la segunda, de modo que, al dividir los ingresos entre el número de habitantes, la cifra catalana se desplomase y se disparase la madrileña. No es el caso.
En los cinco años analizados, el censo catalán aumentó un 9,6% y el madrileño un 8,6%, solo un punto menos. Y en la Comunidad Valenciana, donde la población aumentó más del 11%, los ingresos por habitante crecieron casi un tercio, más que en Catalunya. Otro tanto sucedió en Andalucía (38,4%) y Murcia (37,2%).
¿Por qué al redistribuir los recursos el vigente modelo de financiación premia a autonomías ricas --y por tanto llamadas a ser solidarias--, como Madrid o Valencia, y sin embargo castiga a otra que es contribuyente neta, como Catalunya? El informe del IEF atribuye esta "dispersión en los resultados" a la "negociación bilateral" que cada gobierno autonómico mantuvo con el Ejecutivo del PP en el 2001 para fijar las "garantías de mínimos" y las "reglas de modulación" que determinarían los ingresos de cada comunidad.
En otras palabras, el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón arrancó al Estado unas garantías de ingresos que han dado más beneficios a la Comunidad de Madrid que las obtenidas por la Generalitat, con Jordi Pujol de president y Artur Mas de negociador. De entre las autonomías económicamente más dinámicas, solo Baleares sale peor parada.
A resultas de estos pactos, en suma, el actual sistema de financiación impone a los catalanes un doble esfuerzo de solidaridad: de entrada, con los territorios más deprimidos, todos ellos con unos ingresos por habitante más altos que Catalunya; y, al pasar el tiempo, con las comunidades más boyantes, donde la financiación per cápita aumenta significativamente, mientras la catalana sigue por debajo de la media.
El último, obra de un centro de estudios del propio Ministerio de Economía, revela que la financiación pactada en el 2001 por el Gobierno del PP y CiU desvía parte de la aportación de Catalunya a la solidaridad hacia autonomías tan boyantes como Madrid, Murcia o la Comunidad Valenciana, todas con más crecimiento económico que Catalunya e incrementos de población superiores o similares.
El Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente del ministerio de Solbes, lleva varios años analizando el reparto de los recursos públicos a partir de las liquidaciones anuales del modelo de financiación que realiza Hacienda. Su más reciente trabajo, centrado en la liquidación del 2006, ofrece una interesante perspectiva sobre la evolución de este sistema tras cinco años de aplicación.
Cotejando este estudio con los precedentes, se constata que Catalunya mantiene inalterable su posición como contribuyente neta a la solidaridad interterritorial, con unos ingresos por habitante siempre por debajo de la media. Pero también se advierte que, en cambio, otros territorios con rentas igualmente altas mejoran paulatinamente su financiación per cápita.
Tal es el caso de la Comunidad de Madrid: pese a que en el 2006 su riqueza --el producto interior bruto (PIB) por habitante-- superaba en 2.700 euros la de Catalunya, su financiación per cápita experimentó hasta ese año un crecimento del 41,8%. En ese mismo periodo, del 2002 al 2006, los ingresos por catalán solo aumentaron un 31,7%, diez puntos menos que los de Madrid.
Si los recursos per cápita de Catalunya hubieran crecido igual que los de Madrid, la Generalitat habría ingresado unos 1.200 millones adicionales cada año. Aproximadamente la mitad de las ganancias que, a juicio de CiU, el nuevo sistema de financiación debería proporcionar a Catalunya solo en el 2009.
Esta brecha entre Catalunya y Madrid solo se justificaría si el impacto de la llegada de inmigrantes hubiera sido muy superior en la primera que en la segunda, de modo que, al dividir los ingresos entre el número de habitantes, la cifra catalana se desplomase y se disparase la madrileña. No es el caso.
En los cinco años analizados, el censo catalán aumentó un 9,6% y el madrileño un 8,6%, solo un punto menos. Y en la Comunidad Valenciana, donde la población aumentó más del 11%, los ingresos por habitante crecieron casi un tercio, más que en Catalunya. Otro tanto sucedió en Andalucía (38,4%) y Murcia (37,2%).
¿Por qué al redistribuir los recursos el vigente modelo de financiación premia a autonomías ricas --y por tanto llamadas a ser solidarias--, como Madrid o Valencia, y sin embargo castiga a otra que es contribuyente neta, como Catalunya? El informe del IEF atribuye esta "dispersión en los resultados" a la "negociación bilateral" que cada gobierno autonómico mantuvo con el Ejecutivo del PP en el 2001 para fijar las "garantías de mínimos" y las "reglas de modulación" que determinarían los ingresos de cada comunidad.
En otras palabras, el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón arrancó al Estado unas garantías de ingresos que han dado más beneficios a la Comunidad de Madrid que las obtenidas por la Generalitat, con Jordi Pujol de president y Artur Mas de negociador. De entre las autonomías económicamente más dinámicas, solo Baleares sale peor parada.
A resultas de estos pactos, en suma, el actual sistema de financiación impone a los catalanes un doble esfuerzo de solidaridad: de entrada, con los territorios más deprimidos, todos ellos con unos ingresos por habitante más altos que Catalunya; y, al pasar el tiempo, con las comunidades más boyantes, donde la financiación per cápita aumenta significativamente, mientras la catalana sigue por debajo de la media.
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