VALENCIA.- El Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana pide con urgencia un Decreto Ley que aclare cómo se deben recoger las consecuencias de dana a efectos tributarios, desde las pérdidas personales y de las empresas hasta las ayudas y donaciones, según ha informado la entidad colegial en un comunicado.
La presidenta del Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana, Lola Mor, ha recalcado al respecto: «No podemos permitir que una ola de solidaridad acabe generando problemas tributarios, ni a los colectivos que de manera altruista deciden ayudar, ni a los que ya han sufrido daños y requieren ahora mismo de todo nuestro apoyo y facilidades».
En este sentido, consideran que «la situación excepcional requiere de un marco normativo claro que sea lo más favorable posible para los colectivos afectados», y que «especifique cómo se debe contabilizar y registrar cada movimiento para evitar confusiones y complejidades en el proceso fiscal».
Así, una de las cuestiones que «más preocupa» al colectivo de auditores es la gestión de las ayudas y donaciones que se han puesto en marcha en el marco específico de la dana, y exigen que se aclare cuál es su tratamiento fiscal en este nuevo Decreto Ley.
Por ello, en el contexto del Día de la Auditoría que se ha celebrado en Valencia este viernes, requieren una regulación específica que aclare el tratamiento del IVA y del IRPF, pero también de todas las situaciones excepcionales que se han puesto en marcha y que tan solo se entienden en el contexto de la dana como, por ejemplo, las donaciones de maquinaria, las colaboraciones empresariales o las ayudas tanto económicas como en especie.
«Estamos hablando de cuestiones de fuerza mayor que deberían tener su propio tratamiento fiscal, porque todas estas acciones tan solo se entienden en el contexto de la dana», ha considerado Mor.
En este sentido, el Colegio de Auditores también pone como ejemplo las ayudas que las empresas están dando a sus propios empleados, ya sea en adelantos de sueldo, ayudas directas o apoyo material.
«Ahora mismo, estas ayudas se podrían interpretar como gasto o como donación, y por eso necesitamos un marco regulatorio que lo aclare para homogenizar todos los procesos, siempre teniendo en cuenta el beneficio superior de los afectados», ha continuado en este sentido.
«Lo que ahora mismo necesitan las personas y entidades que han sufrido los daños de la DANA es claridad y agilidad en los procesos y sobre todo, tener seguridad fiscal para que las pérdidas no puedan seguir generando problemas en el futuro, o las ayudas acaben teniendo un retorno negativo por la falta de regulación», ha defendido Mor.
Por ello, ha reclamado que el Decreto Ley se apruebe antes del cierre de año para recoger el ejercicio en el que se han dado los hechos. «Nuestra principal preocupación es que toda la ayuda se centre en la reconstrucción y recuperación de los afectados, y para eso hace falta seguridad», ha finalizado.
Por su parte, el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Víctor Alió, ha coincidido con Mor al reclamar un marco normativo «claro ante esta situación de excepcionalidad».
Así, ha recordado que el Pleno del Instituto, en su primera reunión tras la dana, decidió aprobar un paquete de ayudas para el personal del Colegio afectado y a Cruz Roja en su programa de ayuda a Valencia.
«Sabemos que es una contribución modesta si se tiene en cuenta la ingente labor que hay que realizar, pero para la Corporación es histórica porque nunca habíamos aprobado algo similar», dijo Alió.
Por su parte, el Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana también donará toda la recaudación de las suscripciones al Día de la Auditoría a los afectados por la dana a Casa Caridad.
Otro de los temas que también preocupa al sector de la auditoría es la regulación de los Informes de Sostenibilidad, una norma que obligará a las empresas a medir su impacto social y ambiental, su transparencia y buen gobierno a través de mediciones muy estrictas.
«Estamos a dos semanas de finalizar 2024 y las Administraciones todavía no han publicado la normativa, a pesar de que muchas empresas ya habían empezado a hacer las mediciones porque se suponía que iban a estar obligadas a ello. Y el año que viene, serán muchas más», ha explicado Mor.
En este sentido, ha detallado que, en 2024, eran las empresas de más de 500 trabajadores e interés público las que tenían que empezar a medir su impacto, para presentar el informe en 2025 cuando «teóricamente, el límite se ampliará a las que tienen más de 250 trabajadores, más de 40 millones de facturación o más de 20 millones en activos. Y, en los próximos años, se extenderá todavía más».
Por ello, el sector de la auditoría pide máxima «celeridad» en el proceso de regulación, para que las empresas «puedan tener toda la seguridad legal a la hora de abordar este nuevo reto de sostenibilidad».
«Es cierto que el retraso en la Ley de Información de Sostenibilidad genera incertidumbre, pero casi con total seguridad las empresas se van a ir incorporando a la Directiva al ritmo esperado y, por eso, tenemos que estar preparados para ello», ha indicado Alió.
Finalmente, ha destacado que el sector ha crecido este año un 3,2%. El dato de crecimiento se desprende de la venta de sellos durante los 10 primeros meses del año, lo que ya anticipa un cierre por encima de los datos del año anterior, según las mismas fuentes.
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