VALENCIA.- El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio
Rovira, ha recordado que los centros educativos "tienen la obligación
de guardar imparcialidad ante cualquier proceso", como el que se
desarrollará para elegir la lengua base, al tiempo que ha negado que
haya "presiones" desde su departamento.
Este viernes,
asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA), el colectivo
Famlílies pel Valencià y Compromís han acusado a la Conselleria de
Educación de "censura" después de que, según aseguran, la Inspección
Educativa haya retirado pancartas de centros educativos a favor de la
elección del valenciano en la consulta sobre la lengua vehícular.
Al respecto, el titular de Educación ha aseverado: "Ni hay
coacciones ni hay amenazas ni hay presiones. Eso pertenece a épocas
pasadas. La Conselleria es absolutamente neutral en un proceso en el que
lo importante es que las familias voten en libertad la lengua que
quieran".
Rovira ha señalado que la neutralidad en los centros
educativos "no es de ahora, está contemplada desde hace muchos años".
Así, ha recordado que la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del derecho a
la educación, en su artículo 18, señala que "todos los centros públicos
desarrollarán sus actividades con sujeción a los principios
constitucionales, garantía de neutralidad ideológica y respeto de las
opciones religiosas y morales a que hace referencia el artículo 27.3 de
la Constitución".
"Los centros educativos públicos son
administración y los docentes son funcionarios, por lo que están sujetos
al deber de guardar neutralidad. Así lo señala también el Decreto
Legislativo 5/2015, Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo
52 que recoge los deberes de los empleados públicos y el Código de
Conducta", ha señalado.
En dicho artículo se recoge: "Los
empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que
tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y
observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y
deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad,
integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad,
confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia,
ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción
del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre
mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados
públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados
en los artículos siguientes".
El responsable de la política educativa del Consell ha tachado las
críticas de Compromís de "absolutamente falaces", al tiempo que ha
señalado que revelan "un nerviosismo impropio ante una consulta en la
que se da voz a las familias para que voten en libertad".
"La
Conselleria respetará lo que voten las familias, porque las dos opciones
son válidas. Respetamos que haya partidos que aconsejen una opción,
pero desde Conselleria eso no se va a hacer, porque es la clave de la
libertad, aunque haya quien no lo entienda", ha añadido.
"No
sé por qué hay partidos y colectivos que consideran peligrosas a las
familias o que creen que no tienen capacidad de decidir por sí mismas,
pero este Gobierno se presentó con un compromiso a las elecciones de
2023 y lo va a cumplir", ha planteado.
El conseller ha
insistido en que "esta administración no se decanta por ninguna de las
dos lenguas, al revés que el Botànic, que ya sabemos que se decantó por
la inmersión lingüística, lo que le acarreó numerosas sentencias en
contra".
Así, ha puesto como ejemplo "vincular el peso de las horas lectivas en valenciano con una mayor carga de inglés, que es lo que hacía el Consell de Puig".
"Este Consell apuesta por un sistema
equilibrado donde se garantiza el aprendizaje de las dos lenguas", ha
señalado.
Por último, ha criticado que el anterior Consell
"quitó todas las competencias de la inspección educativa, vaciando a
este cuerpo de toda actividad".
"Eso ha cambiado. La inspección debe velar por el cumplimiento de las normas y si a Conselleria llegan denuncias de particulares sobre lo que se está haciendo en algunos centros debe actuar. Esto se llama simplemente cumplir la legalidad", ha zanjado.
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