MADRID.- La fase final del saneamiento de los bancos
en España se encuentra atascada en medio de un debate sobre cómo
financiarla, si con fondos públicos, como reclaman organismos como el FMI, o con dinero privado, como exige el Gobierno.
La discusión se ha intensificado esta semana con la intervención del
Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la agencia de calificación
Standard & Poor's, que han puesto en evidencia sus dudas de que el
Gobierno concluya la reestructuración bancaria sin poner dinero publico.
Una opinión que no comparte el Ejecutivo, que insiste en que el Estado, para no afectar al déficit, no sufragará el proceso.
Su argumento sigue siendo que los fondos necesarios sean aportados
exclusivamente por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre
de las aportaciones de los bancos.
El problema es que dicho fondo ya se ha utilizado para financiar varias subastas de entidades nacionalizadas, la CAM y Unnim, lo que le ha dejado sin recursos para hacer frente a nuevas operaciones como la del Banco de Valencia, que acaba de arrancar.
Aunque el Gobierno busca vías de financiación, como el aumento de las aportaciones
de la banca o la concesión de un crédito del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB), el FMI ya se ha pronunciado al respecto.
Así, ha advertido en un informe publicado esta semana que "pueden ser
necesarias" inyecciones de capital público para este proceso, una vez
se agoten las aportaciones de los bancos.
Para el FMI es urgente que las entidades saneen sus balances y ve
como una opción viable la constitución de un "banco malo" o sociedad a
la que trasladar los activos inmobiliarios, posibilidad a la que el
Gobierno se había negado hasta ahora.
Ahora, ante la constancia de que el saneamiento realizado no ha
servido para desbloquear la concesión de crédito, el Ministerio de
Economía y el Banco de España han comenzado a abrazar la posibilidad de
que los bancos saquen de su balance los activos "tóxicos".
Las grandes entidades españolas son reticentes a esta opción, porque
tienen capacidad suficiente para soportar el peso de sus activos morosos
sin sacarlos de sus balances, aunque no se niegan a que los más
pequeños lo hagan.
Una opinión que han compartido esta semana tanto el consejero
delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, como el del BBVA, Ángel
Cano, o el director general Corporativo y de Finanzas del Banco Popular,
Jacobo González-Robatto.
El consejero delegado del Banco Sabadell, Jaume Guardiola, o la de
Bankinter, María Dolores Dancausa, también han asegurado que estas
entidades no necesitan el "banco malo", un instrumento que cuenta además
con el apoyo de entidades internacionales.
El banco Goldman Sachs alertaba hace unos días de que a los casi
54.000 millones que ha supuesto la primera fase del saneamiento del
sector, habría que sumarle otros 58.000 millones en una segunda fase por
el empeoramiento de la economía, salvo que se cree un "banco malo", en
cuyo caso la factura se reduciría a 21.000 millones.
La posibilidad de que el Estado tenga que financiar con más ayudas
públicas la reestructuración ha sido uno de los argumentos que ha
utilizado la agencia Standard & Poor's (S&P) para rebajar la
calificación de la deuda española hasta situarla en "BBB+".
En concreto, la agencia ha explicado que esta rebaja es consecuencia
del deterioro de la trayectoria del déficit presupuestario del país y el
aumento de las probabilidades de que el Gobierno necesite proveer de
mayores ayudas fiscales al sector bancario.
En el caso de que el Estado tuviera que ayudar a la banca con dinero
público, el déficit podría verse afectado, por lo que otra de las
opciones podría ser que el sector demande recursos europeos, algo que ha
descartado tajantemente en los últimos días el secretario de Estado de
Economía, Fernando Jiménez Latorre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario