MADRID.- El Ministerio de Hacienda está estudiando la
petición que le han realizado las corporaciones locales para crear un
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los edificios singulares que, en
la actualidad, no pagan este tributo, según informaron
fuentes del Ejecutivo.
El planteamiento que está analizando el Ministerio se basa en
la posibilidad de suprimir la exención que hay actualmente para
edificios históricos o singulares. Pero la intención es aplicarla a los
edificios que tienen algún tipo de actividad comercial, de tal forma que
quedarían excluidos de la medida los de la Iglesia, que probablemente
agrupa al grueso de este tipo de edificiaciones.
La supresión de esta excención fiscal, de aprobarse, afectaría
probablemente a numerosos hoteles repartidos por toda la geografía
nacional, tan simbólicos como el Ritz o el Palace de Madrid, así como
edificios que albergan oficinas u otras actividades comerciales.
Esta petición de las corporaciones locales a Hacienda se
enmarca en la necesidad que tienen los ayuntamientos de lograr nuevas
vías de ingresos, después del recorte que han sufrido este año en los
Presupuestos Generales del Estado, donde se contempla una rebaja de las
transferencias del 8 por ciento.
No obstante, la reordenación en profundidad de la
administración local y sus competencias se viene abordando entre
Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), que trabajan desde hace tiempo para acordar las
reformas que el Gobierno quiere llevar adelante.
Uno de estos encuentros tendrá lugar el jueves, cuando ambas
partes revisarán el informe que ha concluído la FEMP sobre este asunto,
cómo reformar el catálogo de competencias siguiendo el principio
establecido por Mariano Rajoy de "una administración, una competencia".
Hasta ahora, los municipios españoles están destinando una
media del 25 por ciento del gasto a lo que se llaman "competencias
impropias", es decir, las desempeñadas por las corporaciones locales
aunque no les corresponda ejercerlas. Se trata en su mayoría de
cuestiones sociales.
Para todo ello, el Gobierno reformará la Ley de Bases de
Régimen Local, que regula la vida de los municipios y del resto de
entidades locales, como diputaciones y comarcas. Se desconocen las
intenciones concretas del Ejecutivo, aunque varios ministros insisten en
que el número de ayuntamientos, de 8.000, es excesivo para las
dimensiones de España.
Dada la autonomía municipal, no se puede obligar a dos
ayuntamientos a fusionarse, pero el Ejecutivo podría decidir que las
competencias de las localidades más pequeñas sean ejercidas por otra
entidad, por ejemplo, las diputaciones, y que esos ayuntamientos al
carecer de competencias, tengan menos sentido y se vean obligados a
asociarse.
Una de las opciones que se han contemplado, aunque no hay
ninguna decisión tomada al respecto, es la de aplicar el corte en los
municipios de 5.000 habitantes. Es decir, que los menores de esta
población se vean obligados a agruparse por no poder prestar
determinados servicios o ejercer competencias en solitario.
Lo que parece tener meridianamente claro el Ejecutivo es que
mantendrá las diputaciones provinciales. De hecho, Mariano Rajoy siempre
ha defendido con intensidad su permanencia. Lo que no está tan claro es
qué ocurrirá con las mancomunidades.
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