MADRID.- El Grupo Socialista en el Senado ha solicitado la comparecencia en la comisión de investigación sobre la gestión de la dana en el Senado del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas o el actual vicepresidente y conseller para la Recuperación, el teniente Francisco José Gan Pampols.
Así consta en la lista de comparecientes que el PSOE ha presentado este martes en la Junta de Portavoces de la Cámara Alta, que también incluye a otros miembros del gabinete de Mazón; a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; al secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; al jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el teniente general Francisco Javier Marcos Izquierdo, así como cargos estatales y autonómicos de Emergencias.
Junto a esos nombres se incluye el de la periodista que comió con Mazón el día de la dana, Maribel Vilaplana; el de los integrantes del Comité Asesor del Cecopi el 29 de octubre; al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo; la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones; al jefe de climatología de la AEMET en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.
Por su parte, Compromís ha solicitado que comparezcan en la comisión de investigación sobre la dana en el Senado representantes autonómicos y estatales como el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón; las dos exconselleras que dejaron su puesto tras la catástrofe, Salomé Pradas y Nuria Montes; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la entonces responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Además, la coalición valencianista ha propuesto llamar a comparecer a "los 29 representantes de organismos convocados al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) celebrado en la tarde-noche del 29 de octubre por Salomé Pradas, o las personas físicas que fueran convocadas, según la relación que consta en el documento remitido por la Generalitat al Juzgado de Instrucción nº 3 de Catarroja".
Otros comparecientes solicitados por Compromís son el presidente de la Asociación de Damnificados por la dana en l'Horta Sud, Christian Lasaec; el representante legal de la Asociación de Victimas de la dana de 29 de octubre con sede en Catarroja y los alcaldes de alrededor de 30 municipios afectados: València, Paiporta, Catarroja, Algemesí, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Sedaví, Massanassa, Picanya, Riba-roja de Túria, Alaquàs, Albal, L'Alcúdia, Chiva, Torrent, Beniparrell, Guadassuar, Montserrat, Xirivella, Quart de Poblet, Utiel, Cheste, Turís, Alginet, Godelleta y Alzira.
En el marco de la comisión de investigación, la coalición quiere "explicaciones directas de Feijóo sobre qué información manejaba y si avaló la inacción de Mazón". También que Sánchez, Marlaska y Ribera esclarezcan "por qué, a pesar de las evidencias meteorológicas y los datos que ahora se conocen que estaban en su poder, el Gobierno central no activó una situación de preemergencia adecuada".
En un comunicado, el senador Enric Morera denuncia que la falta de activación de la alerta masiva durante la dana "no fue un error técnico, sino una decisión política deliberada de Mazón, influido por su dependencia del gobierno de coalición con Vox y avalado por el líder del Partido Popular".
"Esta irresponsabilidad costó 224 vidas en la provincia de Valencia y generó daños materiales superiores a los 30.000 millones de euros", asevera.
Morera sostiene que la negativa a emitir una alerta inmediata y la falta de medidas de confinamiento fueron "decisiones políticas que priorizaron la economía sobre la seguridad de la ciudadanía".
"Esta misma actitud negacionista fue defendida por Vox y el PP durante la pandemia, cuando cuestionaron las medidas de confinamiento para proteger a la población", recuerda.
Por contra, defiende que "con la información que se tenía en el momento, la población debió ser alertada y protegida, como ocurre en Estados Unidos ante tornados o en otros lugares con fenómenos meteorológicos".
Considera así "insultante" que desde el Consell "digan que no podían comunicarse, que no se localizaban", cuando "jugaron a huir de tomar decisiones, unos y otros, y esa falta de diligencia tuvo grandes costes humanos y materiales que merecen una sanción política".
Y subraya: "La gravedad de esta investigación se ve reforzada por la reciente revelación de la Conselleria de Emergencias ante la jueza que instruye la causa, donde se reconoce que Pradas fue la única mencionada como responsable en el Cecopi del 29 de octubre.
Sin embargo, la jueza ha requerido al Consell que aclare si Mazón participó en las decisiones clave, ya que su nombre no figuraba en la lista oficial. La magistrada pretende determinar quién ordenó el envío de la alerta masiva a las 20:11, más de tres horas después de la convocatoria del Cecopi, cuando la catástrofe ya se había desatado".
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