Uno de los aprendizajes que podemos hacer de los últimos meses es que las medidas de política económica necesarias ante la crisis deben adecuarse en intensidad y duración a las necesidades, y no sólo a las posibilidades de los Estados. Y que, si conseguir esto exige reformas institucionales, háganse.
Por ejemplo, las reuniones del G20. Aunque intentan suplir las divergencias entre magnitud del problema, necesidad de soluciones global y posibilidades de respuesta sólo en base nacional, son una demostración de las limitaciones generadas por decisiones políticas que fueron capaces de crear un sistema económico globalizado, pero se han demostrado incapaces, hasta la fecha, de complementarlo con reglas y órganos de regulación, supervisión y control del mismo ámbito global.Atascados en nuestras vanidades locales, dificultamos una solución a la altura de la gravedad del problema.Por eso, la verdadera cuestión de fondo en su reciente reunión no era la aparente dicotomía entre qué va primero, si regular el futuro del sistema financiero internacional o combatir el presente de la crisis. El problema es que, con esta estructura institucional tan deficiente, es muy difícil encontrar una solución adecuada y a tiempo a las graves dificultades existentes. Una cosa es una foto y un comunicado de prensa y, otra muy distinta, son los compromisos reales entorno a medidas comunes que surtan efecto y sean así percibidas por los ciudadanos de todos los países.
La gestión de los tiempos, siempre complicada como hemos dicho, es casi imposible en una reunión informal de más de 20 jefes de gobierno, cada uno de ellos excesivamente pendiente de su propia opinión pública nacional. De tal manera que corremos el riesgo de que, con el paso del tiempo, se vaya perdiendo el impulso reformista anunciado a bombo y platillo si no se encardina en instituciones concretas de gobernanza global.
Un segundo ejemplo sobre la importancia de una adecuada gestión del tiempo en política tiene que ver con nuestro propio debate patrio entorno a la crisis. Aunque ningún partido político ni analista fue capaz de anticiparla ni en sus plazos, ni en su intensidad y ni en su rapidez, antes de las elecciones de marzo de 2008, la sensación generalizada es que el Gobierno lo sabía -debía ser el único- pero lo ocultó por razones electorales.
Y esto, que no es cierto, se ha legitimado en la obstinación con la que el Gobierno se negó a darle a la crisis carta de naturaleza en el tiempo adecuado, que no era el de las estadísticas, sino el de las percepciones y las previsiones. Tenía razón el vicepresidente de Gobierno Pedro Solbes cuando, con una tasa de crecimiento interanual superior al 2,5% como estaba dando el INE, decía que no se podía hablar de crisis.
Sin embargo, también tenían razón quienes estábamos anticipando un futuro claro de desaceleración acelerada y brusca de la actividad económica, ante la que se exigía al Gobierno no ir por detrás de los acontecimientos. Llegar tarde, arrastrado, al reconocimiento de la situación, ha contaminado la credibilidad de las acciones adoptadas desde entonces, que han sido muchas.El tercer ejemplo que quiero tratar aquí sobre los problemas asociados a la gestión de los tiempos en la acción pública tiene que ver con la reciente intervención de la Caja de Castilla la Mancha y, en general, con todo lo relacionado con la solvencia de nuestro sistema financiero.
Llevamos meses sometidos a campañas de rumores, más o menos interesados, cuestionando la solidez de algunas entidades financieras españolas, ora unas, ora otras. Alguna, hasta tuvo que emitir, no hace mucho, un comunicado desmintiendo su presunta insolvencia.
A pesar de que el Gobierno garantiza los depósitos ante eventuales situaciones de riesgo y, a pesar de que el mecanismo español de intervención ha funcionado bien cuando lo hemos necesitado, el run run circula apoyándose sobre una catastrófica realidad de grandes bancos del mundo sometidos a intervenciones y nacionalizaciones; situación que hacía dudar sobre la pretendida inmunidad de los nuestros, cuando todos sabíamos que «España tiene sus propios activos tóxicos», como dijo el director del FMI, Dominique Strauss-Kahn.A pesar de las explicaciones del gobernador Miguel Angel Fernández Ordóñez en la Comisión de Economía del Congreso, me faltan datos para juzgar si la intervención del Banco de España sobre Caja Castilla la Mancha se produjo en el momento adecuado y si fue posible o no presionar más en la dirección de su fusión con Unicaja.
Pero, iniciado el proceso y apuntada por el propio gobernador la posibilidad de que puede no ser la última, se debe gestionar el tiempo de intervención con gran celeridad sin dejar que los problemas se pudran o que se extienda sobre el conjunto del sector una sombra de duda que parece muy acotada. Como quiero creer que el Banco de España tiene un mapa detallado de la situación estática y dinámica de todas las entidades, que determine pronto los riesgos de cada una, trace un procedimiento y actúe como cirujano de hierro con decisión y prontitud.
Y, por favor, que no se intente sacar provecho partidista de ello, ya que ni los problemas surgen por quien esté al frente de las instituciones, después de que han quebrado en todo el mundo entidades gestionadas por grandes profesionales, ni las actitudes proclives hacia el crédito inmobiliario en épocas de vacas gordas ha sido patrimonio exclusivo de nadie.Tres ejemplos distintos de una misma cuestión. Hay la necesidad no sólo de adoptar decisiones públicas adecuadas, sino también de hacerlo en el momento oportuno si queremos trasladar confianza a los ciudadanos. La importancia de la gestión de los tiempos en política, ya saben.
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