Primero fue solucionar el futuro de Caja Castilla-La Mancha (CCM), que decidió intervenir una vez comprobado que "la solución privada" (fusión con Unicaja) era imposible. Después, en dos intervenciones voluntarias (una el martes en el Foro de Cinco Días que tenía comprometida desde hacía tiempo, y por tanto casual, y otra en el Congreso de los Diputados que él pidió expresamente para explicar la intervención), desgranó sus principales preocupaciones y, de paso, trazó las líneas directrices de su política.
Hay dos temas que se han convertido en una obsesión para el gobernador, además de las reformas estructurales y su predilección por el mercado laboral. No se sabe muy bien en qué orden, pero los dos tienen que ver con las cajas de ahorros y los políticos: la incidencia de las disputas políticas en la gestión de las cajas y la modificación de la Ley de Cajas, que deben aprobar las Cortes, es decir, los políticos. No quiere decir esto que el Banco de España haya dejado de lado al resto de entidades financieras, pero parece que le aprietan bastante menos el zapato.
A MAFO le parece imprescindible la modificación de la Ley de Cajas y así se lo ha transmitido al Gobierno y al PP. En roman paladino, lo que plantea es permitir que las cajas puedan ampliar capital como lo hacen los bancos mediante instrumentos tales como participaciones preferentes o las cuotas participativas, ya existientes pero que sólo ha aplicado la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Además, cuenta con el respaldo del sector, según ha reconocido el presidente de la Confederación de Cajas de Ahorsos (CECA), Juan Ramón Quintás.
El gobernador lo dijo el jueves muy claro y en sede parlamentaria, delante de una cincuentena de diputados pertenecientes de la Comisión de Economía. Sin embargo, allí mismo recibió el rechazo frontal de Convergencia i Uniò por boca del veterano diputado, Josep Sánchez Llibre. Es curioso, pero precisamente a los únicos políticos que MAFO ha alabado es a los catalanes por no entrometerse en la gestión de las cajas.
Porque a MAFO le trae por la calle de la amargura la injerencia política en las cajas, que, a su juicio, "hace enormemente difícil la búsqueda ágil y eficaz de soluciones". El gobernador quiere desterrar a los políticos del poder de las cajas; pero a buen seguro que lo tendrá muy complicado. La presencia política en los órganos de gobierno de las cajas, debida principalmente al engarce con las comunidades autónomas y los ayuntamientos por sus obligaciones en obra social, hace muy difícil cualquier intento de reeestructuración del sector.
En algunos casos, las cajas se convierten en campos abonados para la batalla entre las fuerzas mayoritarias (caso claro de la CCM); pero, en otros se producen pactos para una convivencia interesada de reparto para todos. Esta segunda no es necesariamente mala si dejan la gestión a los técnicos.
Estas circunstancias reducen las posibilidades de abordar cualquier proceso de reestructuración de los que habla MAFO y que responde a una corriente internacional y que lleva a reducir el número de entidades -de bancos y cajas- y que las que queden sean más grandes y solventes.
El proceso parece irremediable. Según los expertos -y así lo sostiene el llamado informe Turner que debe su nombre al presidente de la Financial Services Authority (el supervisor financiero británico), Adair Turner, no sólo el Banco de España-, el futuro exige entidades con mayores niveles de capital (frente a los requisitos de Basilea II), para evitar colapsos como los que se han producido en varias entidades financieras de primer orden. Ninguna española.
Las recetas de Turner fueron recogidas, como acabar con las altas retribuciones de los banqueros y que se estreche el control sobre los fondos de inversión libre (hedge funds), en la cumbre del G-20. Turner puso como ejemplo la creación de provisiones contracíclicas como las que creó el Banco de España en el año 2000, para contolar la morosidad en los periodos de contracción de la economía.
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