VALENCIA.- El pleno de Les Corts Valencianes llevará a cabo el próximo jueves una votación pública por llamamiento en la que cada diputado deberá responder 'sí', 'no' o 'abstención' a una propuesta de Compromís que plantea instar a dimitir al president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana del 29 de octubre.
La iniciativa fue registrada el 3 de diciembre por Compromís y señala que ser president requiere de una "lealtad extrema y absoluta dedicación al cargo y a los intereses de valencianos y valencianas", pero Mazón ha demostrado con su gestión durante y después de las trágicas inundaciones "no estar a la altura de la responsabilidad".
Sin embargo, la petición de Compromís de que la votación fuera por llamamiento a cada diputado llevó a la Mesa de Les Corts, donde PP y Vox tiene la mayoría, a pedir un informe jurídico sobre si ese sistema de votación podía vulnerar los derechos de los parlamentarios que piden el voto telemático, lo que retrasó su tramitación e impidió debatirla en diciembre.
El informe de los letrados no vio problema en recurrir a esta forma de votación contemplada en el artículo 85 del reglamento de Les Corts, pero la iniciativa no se debatió en el pleno extraordinario de enero, que se centró en la convalidación de varios decretos leyes y no incluyó ninguna propuesta de los grupos parlamentarios.
Finalmente, la proposición no de ley de Compromís para instar a Mazón a dimitir de su cargo ha sido incluida en el orden del día del primer pleno del nuevo periodo de sesiones, de manera que se debatirá el próximo miércoles por la tarde -es el punto octavo- y se votará el jueves por la mañana, tras la sesión de control al president de la Generalitat.
Según el artículo 85 del reglamento, en la votación pública por llamamiento un secretario de la Mesa nombra a los diputados por orden alfabético del primer apellido, comenzando por el diputado cuyo nombre sea sacado a suerte, quienes responden 'sí', 'no' o 'abstención'. A continuación votan los miembros del Consell que sean diputados y finalmente la Mesa de Les Corts.
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha afirmado que están a la espera de ver qué vota Vox, partido que fue socio de gobierno del PP en la Generalitat hasta el pasado julio y que llamó "inepto" a Mazón por la gestión de la dana, ya que si se abstuvieran la iniciativa se aprobaría. Vox no ha querido avanzar el sentido del voto.
La Associació de Víctimes Dana 29 octubre 2024, recientemente constituida, ha convocado el jueves una concentración en el exterior de Les Corts para instar a los 99 diputados a "que tengan en cuenta el dolor de toda la población que se ahogaba mientras el president Mazón estaba de comida" y voten a favor.
El orden del día del pleno incluye asimismo la convalidación de cuatro decretos leyes relacionados con la dana. El primero se refiere a la movilidad de los funcionarios, que se retiró porque incluía la eliminación del tope salarial para los altos cargos , una medida a la que finalmente renunció el Consell y presentó un nuevo decreto sin ella.
También debatirán el decreto que amplía hasta el 30 de junio la reducción de las tarifas del transporte; el que crea la Comisión Interdepartamental para el Seguimiento y Coordinación de la Postemergencia Dana 2024; y el que modifica la ley de l'Horta para "abordar carencias" que afloró la dana y que según los ecologistas descataloga 3.800 hectáreas de terreno protegido y facilita su urbanización.
El pleno comenzará comenzará con la toma de posesión de Romina del Rey como nueva diputada del grupo socialista en sustitución de Gabriela Bravo, cuyo puesto en la Mesa de Les Corts como vicepresidenta segunda está vacante después de que el PP haya vinculado esa elección con la renovación de los órganos estatutarios pendientes.
La actividad parlamentaria de la semana comenzará el lunes con la reunión de la comisión de Medio Ambiente, en a que comparecerán varios expertos para opinar sobre el proyecto de ley de medidas urbanísticas urgentes para favorecer las tareas de reconstrucción tras los daños de la dana, que inicialmente fue tramitado como un decreto ley del Consell.
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