MADRID.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(Miteco) considera "inaceptable" e "irresponsable" que se siga
atribuyendo responsabilidad a la Confederación Hidrográfica del Júcar
(CHJ) o a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por la dana que el
29 de octubre de 2024 dejó 230 víctimas mortales en la provincia de
Valencia y subraya que la jueza de Catarroja que investiga la gestión de
la tragedia en sus autos establece "de forma reiterada, clara y
contundente" que la actuación de los organismos del Estado fue "correcta
y ajustada" a sus competencias.
Así lo han señalado fuentes del Miteco tras la comparecencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso en la que el líder de los 'populares' ha reconocido que ninguna administración estuvo "al nivel exigible" teniendo en cuenta sus "responsabilidades" en la gestión de la dana pero ha señalado a la CHJ como la "máxima responsable" de la tragedia por su "falta de información adecuada y puntual" sobre la riada.
Desde el Miteco han señalado que, en relación con la Aemet, la instructora considera que las advertencias meteorológicas fueron "claras, reiteradas y emitidas" con "antelación suficiente", ya que desde el 26 y 27 de octubre apuntaban a que el día 29 sería el más adverso del episodio. Asimismo, han indicado que los avisos especiales identificaron el "momento álgido" del fenómeno y las previsiones se cumplieron con las lluvias registradas.
Respecto a la CHJ (en la imagen su sede en Valencia), han añadido que la jueza sostiene en sus resoluciones que la información hidrológica estuvo disponible tanto a través del sistema SAIH como mediante los canales de comunicación habituales; que no tiene atribuida la competencia de alertar a la población ni de activar medidas de emergencia, funciones que corresponden a la administración autonómica y que no se le puede responsabilizar de que otras administraciones no consultaran los datos disponibles, no los analizaran o no actuaran en consecuencia.
En cuanto a la vigilancia de cauces, han recalcado que los escritos remitidos por la Generalitat a la jueza de Catarroja "reconocen expresamente que la vigilancia de ríos, ramblas y barrancos durante episodios de fuertes lluvias es una competencia autonómica, que se ejerce, entre otros medios, a través de los agentes medioambientales, en el marco del Plan Especial de Inundaciones de la Comunitat Valenciana".
Sin embargo, inciden en que, pese a ello, consta en el procedimiento que el 29 de octubre "la propia Conselleria de Medio Ambiente dio instrucciones para que los agentes medioambientales que estaban de turno no realizaran su trabajo en el medio natural, indicándoles que se desplazaran a oficinas y quedaran a disposición de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias".
El plan autonómico de inundaciones establece "además que en la vigilancia de caudales participan no solo las confederaciones hidrográficas, sino también los servicios de intervención desplegados en el territorio, como agentes medioambientales, bomberos, Guardia Civil y otros efectivos, lo que desmonta cualquier intento de atribuir esa responsabilidad de forma exclusiva a la CHJ", según el Miteco.
Asimismo, han agregado que los autos judiciales desmienten el relato del supuesto "apagón informativo" y califican de "completamente absurda" la "insistencia en atribuir responsabilidades a la CHJ, a la Aemet e incluso a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé".
Desde el Ministerio han subrayado que persistir en acusaciones ya desmentidas por los órganos judiciales "no solo falta a la verdad, sino que debilita el sistema de prevención y gestión de emergencias", y han resaltado que los avisos "existieron, los datos estuvieron disponibles, los sistemas funcionaron y las competencias estaban perfectamente delimitadas".
Así lo han señalado fuentes del Miteco tras la comparecencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso en la que el líder de los 'populares' ha reconocido que ninguna administración estuvo "al nivel exigible" teniendo en cuenta sus "responsabilidades" en la gestión de la dana pero ha señalado a la CHJ como la "máxima responsable" de la tragedia por su "falta de información adecuada y puntual" sobre la riada.
Desde el Miteco han señalado que, en relación con la Aemet, la instructora considera que las advertencias meteorológicas fueron "claras, reiteradas y emitidas" con "antelación suficiente", ya que desde el 26 y 27 de octubre apuntaban a que el día 29 sería el más adverso del episodio. Asimismo, han indicado que los avisos especiales identificaron el "momento álgido" del fenómeno y las previsiones se cumplieron con las lluvias registradas.
Respecto a la CHJ (en la imagen su sede en Valencia), han añadido que la jueza sostiene en sus resoluciones que la información hidrológica estuvo disponible tanto a través del sistema SAIH como mediante los canales de comunicación habituales; que no tiene atribuida la competencia de alertar a la población ni de activar medidas de emergencia, funciones que corresponden a la administración autonómica y que no se le puede responsabilizar de que otras administraciones no consultaran los datos disponibles, no los analizaran o no actuaran en consecuencia.
En cuanto a la vigilancia de cauces, han recalcado que los escritos remitidos por la Generalitat a la jueza de Catarroja "reconocen expresamente que la vigilancia de ríos, ramblas y barrancos durante episodios de fuertes lluvias es una competencia autonómica, que se ejerce, entre otros medios, a través de los agentes medioambientales, en el marco del Plan Especial de Inundaciones de la Comunitat Valenciana".
Sin embargo, inciden en que, pese a ello, consta en el procedimiento que el 29 de octubre "la propia Conselleria de Medio Ambiente dio instrucciones para que los agentes medioambientales que estaban de turno no realizaran su trabajo en el medio natural, indicándoles que se desplazaran a oficinas y quedaran a disposición de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias".
El plan autonómico de inundaciones establece "además que en la vigilancia de caudales participan no solo las confederaciones hidrográficas, sino también los servicios de intervención desplegados en el territorio, como agentes medioambientales, bomberos, Guardia Civil y otros efectivos, lo que desmonta cualquier intento de atribuir esa responsabilidad de forma exclusiva a la CHJ", según el Miteco.
Asimismo, han agregado que los autos judiciales desmienten el relato del supuesto "apagón informativo" y califican de "completamente absurda" la "insistencia en atribuir responsabilidades a la CHJ, a la Aemet e incluso a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé".
Desde el Ministerio han subrayado que persistir en acusaciones ya desmentidas por los órganos judiciales "no solo falta a la verdad, sino que debilita el sistema de prevención y gestión de emergencias", y han resaltado que los avisos "existieron, los datos estuvieron disponibles, los sistemas funcionaron y las competencias estaban perfectamente delimitadas".
