El PSPV pedirá la dimisión de Carlos Fabra por hacer pasar "vergüenza" a los castellonenses

CASTELLÓN.- El PSPV-PSOE pedirá la dimisión de Carlos Fabra tanto como presidente de la Diputación de Castellón como de concejal del Ayuntamiento de Castellón, en los dos plenos que se celebrarán esta semana en ambas instituciones, por considerar que su mantenimiento en el cargo es "incompatible con el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción pida cárcel por un presunto delito de falsificación de documentos con el fin de obtener licencias de productos fitosanitarios".

Además, desde el PSPV consideran "gravísimo" que los ciudadanos de la provincia "tengan que pasar la vergüenza de que el presidente de la Diputación y concejal del Ayuntamiento esté acusado por anticorrupción con petición de cárcel", según informaron fuentes socialistas en un comunicado.

En este sentido, el secretario general provincial y portavoz del grupo socialista en la Diputación, Francesc Colomer, y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, destacaron que supone "un ataque a la honorabilidad y a la imagen, no sólo de la ciudad de Castelló sino a toda la provincia, que una persona como Fabra se mantenga en los cargos a pesar de que se enfrenta a pena de cárcel por manipular sellos y firmas para que dos de sus empresas obtuvieran el mayor número posible de autorizaciones por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la época de Aznar, para la producción de productos fitosanitarios".

Colomer y Calles resaltaron que "afrenta a la democracia cada minuto que Fabra se mantiene en el cargo, y cada minuto que el resto del PP se lo permite". En este sentido, indicaron que "cualquier político decente habría dimitido desde el primer momento en que se confirmó la petición de cárcel por parte de Anticorrupción".

En opinión de los dirigentes socialistas, "a Fabra ya no le quedan excusas, porque, aunque intente restar importancia a todo el caso diciendo que es fruto de una denuncia falsa de un presidiario, lo cierto es que ese presidiario fue su compinche en los negocios, y, además, ahora la acusación viene de Anticorrupción".

Francesc Colomer y Juan María Calles se preguntaron "qué será lo próximo, ¿decir, si le condenan, que el juez estaba comprado?". Por último, insistieron en la "necesidad" de que abandone los cargos públicos "para no seguir manchando el nombre y el prestigio de Castellón, involucrado en tramas más propias de guión de cine negro que de lo que debería ser el correcto ejercicio de la política".