Según informó en un comunicado la entidad, estos productos, que "en realidad son productos de inversión", se comercializaban vinculados a hipotecas, y criticó que las entidades bancarias "aseguraban un tipo de interés fijo, entre el 5 y el 6 por ciento, para que los consumidores no notaran las posibles subidas de tipos de interés".
"Esto ha hecho que los consumidores afronten pagos mensuales de 300 a 400 euros de media", lamentó.
La Asociación acusó a bancos y cajas de ahorro "por dejar atrapados a sus clientes, haciéndoles pagar tipos muy altos, con lo que no se han podido beneficiar de la espectacular bajada del Euribor, que ha cerrado junio en el 1,61 por ciento, su mínimo histórico, con el consiguiente alivio que conllevaría para las maltrechas economías domésticas".
Asimismo, explicó que estos productos son "de difícil comprensión para el cliente" y censuró que hayan sido vendidos "con falta de transparencia".
Por ello, Adicae insistió en que "la responsabilidad es de las entidades financieras que vendieron productos elaborados con opciones financieras disfrazados y vinculados a hipotecas" y reprobó que entre la terminología usada por los comerciales se emplearán las expresiones "seguro" y "sin coste", para que así "los consumidores no notaran las posibles subidas de tipos de interés".
Para Adicae, "estos productos, que son muy costosos de cancelar, se vendían disfrazados de seguro, pero ahora los consumidores se encuentran con un producto muy complejo que para nada es un seguro, y con costes de cancelación muy elevados en torno a 15.000 euros".
Por ello, la Asociación presentó una denuncia ante CNMV y Banco de España "para que comiencen un proceso investigador acerca de cómo se han comercializado estos productos, y de las posibles cláusulas abusivas que se encuentran en los contratos financieros que los formalizan". También denunció que en la Comunitat las Cajas de Ahorro han sido "las más activas" en la colocación de estos productos.
"La CNMV debería velar por el cumplimiento de la normativa MiFID, que protege a los consumidores minoristas desde noviembre del 2007, estableciendo controles para que los consumidores no puedan contratar productos complejos y de mucho riesgo sin pasar una serie de tests", explicó.
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