Una idea que entronca con las tesis de los vecinos que se oponen al plan de la alcaldesa, Rita Barberá (PP). El arquitecto y vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Cabanyal-Canyamelar, Vicent Gallart, expone que la avenida "rompería y aislaría a El Cabanyal, ya que la gente vendría desde el centro a la playa por una vía rápida y sin pasar por el barrio".
Ante esta perspectiva, Gallart asegura que los comercios se orientarían hacia la avenida y las calles históricas quedarían en segundo plano. Pero hay un tercer elemento. ¿Qué pasaría con la legión de pobres que habitan las casas abandonadas y los traficantes que aprovechan edificios en ruinas para vender droga? Gallart ve muy probable una diáspora a ambos lados de la avenida en busca de oportunidades por el resto de la trama histórica.
Además de la cuestión de la degradación social, el informe de la Academia profundiza en los valores arquitectónicos de los edificios del barrio y critica los intentos del Gobierno valenciano por llevar adelante los derribos en contra de las decisiones del Ministerio de Cultura, el Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional.
El texto se muestra especialmente duro con una reforma en la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano que introdujo el PP en 2004 haciendo uso de su mayoría absoluta y que permite al Consell hacer "modificaciones de la estructura urbana" cuando la zona histórica "mejore su relación con el entorno", "se eviten los usos degradantes" o se trate "de actuaciones de interés general".
La reforma de esta normativa autonómica fue muy criticada en su día por la oposición, al entender que daba luz verde a la prolongación de Blasco Ibáñez por encima de El Cabanyal, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1993 por "su peculiar trama en retícula derivada de las alineaciones de las antiguas barracas, en la que se desarrolla una arquitectura popular de clara raigambre eclecticista".
Por este motivo, la Academia de San Fernando entiende que debe prevalecer la legislación estatal, que defiende que los BIC deben mantener "la estructura urbana y arquitectónica". Por último, se alinea con las tesis de Cultura de paralizar el plan para evitar "el expolio" de El Cabanyal y promover un proyecto de rehabilitación integral.
Por otro lado, PP y PSOE llegaron ayer en el ayuntamiento a un acuerdo de mínimos para paralizar los derribos en la zona declarada BIC.
La declaración es más simbólica que efectiva, porque desde que el plan de El Cabanyal llegó al Tribunal Constitucional el 1 de febrero, la legalidad reside en la Orden que Cultura emitió el 29 de diciembre y que paraliza todo el proyecto, no sólo el que afecta a la zona BIC, e insta al consistorio a la revitalización del barrio.
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