Según las mismas fuentes, el alcalde del PP en el año 2005 en la localidad valenciana de Riba-roja, Francisco Tarazona, se querelló contra Bort, entonces diputado provincial, por este asunto.
El juez, tras estudiar el caso, ha decidido absolver al edil al considerar que "cuando se ejercitan las libertades de expresión o de información, los límites permisibles de la crítica (...) son más amplios si estos se refieren a asuntos públicos y a personas que por dedicarse a actividades políticas (...) están expuestos a un más riguroso control de sus actitudes y manifestaciones (...), pues en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esta crítica es parte inseparable de todo cargo de relevancia pública (...)".
Asimismo, el magistrado argumenta que "cuando la crítica la hace otro político sobre otro político debe operarse con muchísima mayor cautela, en cuanto que esa crítica, casi impune en vía o sede parlamentaria, regional o local en actos propios de estas instituciones, no va a transformarse en punible por la sola circunstancia de que salga en la calle, como en este caso por vía de un comunicado, (...), pues en tal contingencia lo que se está haciendo es informar a la opinión pública, destinataria de la labor de los políticos en el desarrollo de su actividad en el campo que les afecta".
Desde Compromís se valora que la justicia "esté arruinando la estrategia de persecución constante del Partido Popular hacia todos aquellos que legítimamente hacen oposición y se posicionan en contra de la manera de gobernar del partido que preside Francisco Camps".
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