La previsión es que el procedimiento quede resuelto este mismo mes mediante un trámite que será rápido, entre otras, cosas porque el afectado va a renunciar a presentar alegaciones, según confirmó el propio Uriarte.
El escrito del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, llegó al Congreso el pasado mes de julio es decir, en periodo inhábil a efectos parlamentarios. Por eso los plazos para su resolución no comenzaron a correr hasta el pasado 1 de septiembre, cuando la Cámara retomó su actividad. Desde ese día el Congreso cuenta con 60 días para adoptar una decisión sobre el suplicatorio. En el caso de que la Cámara negase la autorización, la causa contra el diputado se sobreseería.
Lo habitual es que ese periodo nunca se agote y esta premisa se cumplirá también en el caso de Uriarte. La Mesa del Congreso envió la solicitud la semana pasada a la Comisión del Estatuto del Diputado, cuyo presidente, el socialista Francesc Vallès, ha convocado una reunión el próximo martes para empezar a estudiar el asunto.
Lo primero que hará la comisión será abrir un plazo, que podría ser hasta de una semana, para que Uriarte, si lo considera pertinente, presente alegaciones. Según establece el Reglamento del Congreso, la Comisión del Estatuto del Diputado debe dar audiencia al afectado para que se explique personalmente o por escrito, un derecho al que Uriarte tiene decidido renunciar.
La Comisión del Estatuto del Diputado tiene 30 días para concluir su trabajo pero, una vez que Uriarte comunique oficialmente que no va registrar alegaciones, puede volver a reunirse y tomar una decisión sobre el suplicatorio.
Las normas de la Cámara determinan que el dictamen de la comisión debe elevarse al primer Pleno ordinario que se convoque. Es decir, la votación sobre el suplicatorio, que tiene carácter secreto, podría producirse en la sesión plenaria del 23 de septiembre o, a más tardar, en la del día 30 de este mes. El presidente del Congreso, José Bono, deberá informar del resultado al Tribunal Supremo en los siguientes ocho días.
El último suplicatorio tramitado por el Congreso fue solicitado por el Supremo hace poco más de un año, concretamente el 29 de julio de 2009. El alto tribunal pidió permiso para investigar al entonces diputado del PP por Segovia Jesús Merino por los presuntos delitos de fraude fiscal y cohecho, en el marco del 'caso Gürtel'. El suplicatorio fue concedido por el Pleno de la Cámara Baja el 15 de septiembre. Es decir, todo el procedimiento se realizó en apenas dos semanas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario