MADRID.- El Tribunal Supremo ha avalado el archivo por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de una queja que fue presentada por el PP contra juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por filtraciones a la prensa durante el periodo en el que instruyó el "caso Gürtel", relativo a una presunta trama de corrupción en la que estarían implicados responsables de este partido.
En una sentencia hecha pública este miércoles, el alto tribunal desestima el recurso contencioso-administrativo presentado por los abogados del PP contra la decisión adoptada en septiembre de 2009 por el órgano de gobierno de los jueces, cuando rechazó sancionar disciplinariamente a Garzón tras la publicación en diversos medios de la identidad de los inicialmente aforados en esta causa, entre los que se encuentra el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.
La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Lucas Murillo, concluye que la Comisión Disciplinaria del CGPJ realizó "una actividad investigadora suficiente" sobre los hechos relatados en la denuncia del PP para concluir que éstos carecían de relevancia disciplinaria, al tratarse de consideraciones subjetivas que los denunciantes deducían de cada actuación judicial de Garzón. A juicio del alto tribunal, esta conclusión "no es irrazonable".
Los servicios de Inspección del Consejo habían señalado sobre esta denuncia en particular que la queja del PP no incluía más que "consideraciones subjetivas expresadas por los interesados", quienes, de cada decisión adoptada por Garzón, deducen que su finalidad no es otra que darse publicidad, originar especulaciones sobre la existencia de nuevos aforados, perjudicar al Partido Popular o conseguir dilatar su inhibición del caso.
Según el escrito de queja presentado en su día por el abogado Juan Ramón Montero, en representación del PP, el hecho de que el juez levantase el secreto de sumario para dictar los autos de inhibición en favor de los tribunales superiores no tenía otro objetivo que "dar a los medios de comunicación titulares sensacionalistas, perjudiciales par el PP", además de darse publicidad "sacrificando el proceso legal y la garantía de las partes".
El PP había denunciado también como "irregular" la notificación del auto en el que Garzón se inhibió de esta investigación en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Relataba que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "recibió una llamada telefónica en su móvil, en torno a las 22.35 horas de esa misma noche, en la que un no identificado inspector de policía, que solo quiso acreditarse como 'miembro de la UDEF central' le requería para que se diera por notificado del auto, y para que le proporcionara un número de fax al que hacérselo llegar".
Igualmente, en la queja se criticaba la forma en que se notificó el auto al ex consejero valenciano Víctor Campos --a través de una llamada de un Inspector de Madrid a la Sede del PP de Castellón-- y al secretario provincial del PP valenciano Rafael Betoret, al que, según explica, le convocó a tal efecto a una comisaría de policía de Valencia en la tarde del viernes.
Denunciaba también el PP que el juez Garzón hubiera obtenido un permiso para dar una conferencia en el extranjero sin haber resuelto aún los autos de inhibición a los tribunales superiores de Valencia y de Madrid, lo que esta parte consideraba como una maniobra para retener el caso en su poder. A este respecto, el Tribunal Supremo señala que "solicitado y concedio el permiso, no cabe responsabilizarle (a Garzón) por ello".
Finalmente, y en coincidencia con el propio CGPJ y con la Abogacía del Estado, personada también en este incidente, el Tribunal Supremo ha destacado que con la información a la prensa de los autos de inhibición al TSJM y al TSJCM "el Gabinete de Prensa actuó siguiendo escrupulosamente el protocolo de la Comunicación de la Justicia, aprobado por el CGPJ el 7 de julio de 2004".
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