VALENCIA.- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca
(PAH) de la Comunitat Valenciana ha iniciado la recogida de firmas para
que el Congreso debata una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que
reclama la dación en pago con efectos retroactivos y promover el
alquiler social.
El colectivo ha dado el pistoletazo de salida a la recogida de
firmas en un acto celebrado en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia en
el que miembros de la plataforma han justificado la necesidad de
conseguir antes del 5 de noviembre las 500.000 necesarias para que se
discuta la medida.
La decena de personas presentes en el acto han coreado
consignas como 'sí se puede' o 'no puede ser: gente sin casa y casas sin
gente', mientras que en algunas pancartas podían leerse proclamas como
'no pongan techo a la deuda, pónganlo a las familias' o 'la usura es
basura'.
Uno de los miembros de la PAH, José Luis González, ha
detallado en declaraciones a los medios que la ILP persigue tres grandes
objetivos. El primero es la dación en pago con efectos retroactivos,
que beneficiaría también a aquellas personas a las que se ha subastado
la vivienda habitual y se han quedado con una deuda.
Asimismo, se pretende paralizar los desahucios y promover una
política de alquileres sociales "que permita a la gente vivir" bajo un
techo. "No tiene sentido que el sistema financiero eche a miles de
personas fuera de su casa y haya millones de viviendas vacías", ha
indicado José, para quien esta situación es "intolerable" y debe ser
frenada "de una forma radical y definitiva".
Según ha indicado, en los últimos cuatro años cerca de 350.000
personas han sido objeto de demandas hipotecarias, que "normalmente van
acompañadas de niños y personas mayores, y la Comunitat Valenciana
tiene la "honrosa" primera plaza en desahucios, ha agregado. La PAH
calcula que cada día más de 37 familias son desalojadas de sus casas en
la región.
Desde la plataforma han mostrado su oposición al código de
buenas prácticas aprobado por el Gobierno "por el mismo motivo por el
que la mayoría de entidades financieras se han adherido a él sin la
menor objeción: no cambia absolutamente nada y los bancos continuarán
teniendo la última palabra a la hora de decidir el desahucio".
Además, critican que establece unos requisitos para evitar el
embargo que, según sus estimaciones, tan sólo reúnen el 10 por ciento
de los afectados. Por tanto, sostienen desde la PAH que esta norma
"sigue sin solucionar el drama de las familias que cada día son
desalojadas de sus casas".
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