VALENCIA.- La Fiscalía ha solicitado al titular del juzgado de Instrucción nº 3 de Valencia, que instruye la querella interpuesta por la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval) contra el Consejo de Administración de la entidad por dos delitos societarios --uno de falsedad contable y otro de administración desleal--, que recabe documentación registral e informes a esta entidad bancaria y a Banco de España, según han confirmado hoy fuentes conocedoras del caso.
El ministerio público dispone, en la actualidad, de la querella interpuesta por la asociación y de la documentación adjuntada por la misma, material que considera insuficiente para poder comenzar con las declaraciones de los 27 imputados que hay en este procedimiento, entre los que se encuentra el ex presidente de Banco de Valencia y actual presidente de Bancaja, José Luis Olivas.
Por este motivo, solicitó al juzgado que aplazase las declaraciones previstas para el próximo 25 de abril, hasta que disponga de más documentación sobre el caso, entre ella, libros de actas de Banco de Valencia, informes de las inspecciones realizadas por Banco de España a esta primera entidad, créditos concedidos y operaciones de compra/venta de acciones o de riesgo.
Esta misma documentación también fue requerida por Diego Muñoz-Cobo, letrado de la asociación de pequeños accionistas, en la querella que presentó el pasado 28 de febrero con la adhesión de 137 accionistas que representan el 1% del capital de Banco de Valencia. Este abogado también pidió a la mercantil Deloitte S.A., encargada de auditar las cuentas de la entidad, las cuentas individuales del banco y una relación de todas las personas físicas que han intervenido durante los últimos cinco años en las tareas de auditoría.
Asimismo, en la querella se desgranan los motivos por los que la asociación considera que Banco de Valencia, que fue intervenido el pasado mes de noviembre, cometió dos delitos societarios. Respecto al primero, el referente a la falsedad contable, en el escrito se indica que el 28 de enero de 2011, los querellados, todos ellos miembros del Consejo de Administración de Banco de Valencia, "falsearon" y formularon las cuentas anuales individuales y consolidadas del banco "a sabiendas de que no reflejaban la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad", de conformidad a la ley.
Además, entiende que los querellados Deloitte S.L., y su representante legal, en fecha 31 de enero del mismo ejercicio, validaron con su firma las cuentas del banco, "con conocimiento y a sabiendas de que eran falsas".
La asociación llega a estas conclusiones después de que el Banco de España, en fecha 21 de noviembre de 2011, a raíz de una inspección realizada sobre las cuentas de Banco de Valencia, decidiera su reestructuración ordenada, a través del FROB, destituyendo al Consejo de Administración y estimando en sus cuentas un déficit de 562 millones de euros. Hacía unos meses, la entidad bancaria había declarado un beneficio de unos 63 millones. Estas actitudes han causado a los querellantes "importantes perjuicios económicos", según se señala en la querella.
Por otro lado, en cuanto al delito societario de administración desleal, abusiva y fraudulenta, en la querella se explica que el Consejo de Administración del banco, a lo largo de 2008, 2009 y 2010, dispuso de los recursos de la sociedad, "contrayendo obligaciones con abuso de sus funciones, realizando actos impropios de un administrador leal, comprometiendo el patrimonio de la sociedad y causándole pérdidas al banco que no se correspondían con operaciones propias de la actividad de la entidad o de sus participadas".
En este punto, la querella contempla que algunas operaciones realizadas, con relación a empresas participadas por el Banco de Valencia, "llaman poderosamente la atención y deben ser investigadas en profundidad". Así, indica que la toma de riesgos de inversión en sociedades dirigidas por personas afines a la cúpula del banco "ha terminado con pérdidas que se han saldado con la toma de participación en dichas sociedades, liberando totalmente a sus promotores y causando pérdidas a la entidad".
Asimismo, en la querella se refieren, en el tema de las participadas, a las inversiones en empresas que desarrollan su actividad en el sector energético y en el campo de las energías renovables, en las que, en algunas de ellas, el banco llegó a acuerdos con personas que debían asumir un 25% del capital social, asumiendo el banco el 75% restante, pese a lo cual "el banco financió también la aportación de capital de los socios que ahora se ha visto obligada a ejecutar con grave perjuicio para la entidad", sostiene.
Por todo, los pequeños accionistas afirman en su escrito presentado en el juzgado que "no cabe ninguna duda" de que pasar de un resultado de beneficios antes de impuestos de 63.977 miles de euros a una pérdida de 500.000 miles de euros, supone un desfase de tal magnitud que "hace imposible aceptar que tanto el órgano de administración como los auditores no conocieran, con absoluta certeza, que cuando formularon los primeros las cuentas anuales, y cuando validó el segundo el informe de auditoría sin salvedades, supieses que las cuentas eran falsas".
De esta forma, entienden que existió una "connivencia" entre el Consejo de Administración y los auditores para presentar unas cuentas falsas "con la finalidad de no mostrar la imagen fiel del patrimonio y de los estados financieros para perpetuarse unos y otros en la situación de privilegio de la que disfrutaban como administradores y supervisores de la entidad, y en perjuicio de los accionistas e inversores".
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