VALENCIA.- La concejala del grupo municipal de EUPV, Rosa
Albert, ha criticado este sábado la "hipocresía" del equipo de gobierno
por "anunciar a bombo y platillo" un servicio para asesorar a deudores
de préstamos hipotecarios en riesgo de perder su vivienda habitual por
carecer de recursos y no poder hacer a sus obligaciones, mientras
interpone "demandas de desahucio por falta de pago en viviendas de
propiedad municipal" que "son utilizadas por personas sin recursos",
dentro del Plan de Erradicación de la Vivienda Precaria.
En un comunicado, Albert ha indicado que la alcaldesa, Rita
Barberá, el mes pasado "decía que con este servicio se atendían los
problemas económicos y sociales de los ciudadanos" y Valencia "se
convertía de nuevo en líder de servicios sociales".
En este sentido, la edil de EUPV cuestiona que "los servicios
jurídicos municipales interpongan una demanda a una familia que está en
una vivienda de propiedad municipal por el impago de una cantidad que no
alcanza los 3.000 euros" y se pregunta si "esa es la manera que tiene
el PP de ser líder en servicios sociales o mejor sería decir en
desahucios sociales".
Albert ha tenido conocimiento de dicha demanda a través de un
expediente aprobado este viernes por la Junta de Gobierno Local, en el
que se da cuenta de un decreto del juzgado de primera instancia de
Mislata.
No obstante, asegura que "desgraciadamente no es la primera vez
que el PP intenta dejar sin techo a una familia" dado que, en
septiembre, se aprobó el desahucio de otra familia por el impago del
alquiler, y en enero, iniciaron actuaciones para desahuciar a otra.
En su opinión, el equipo de gobierno "actúa como un banco en vez
de desarrollar políticas de integración social". Es más, teme que "esa
va a ser la pauta a seguir por el PP", algo que considera "muy grave" en
la situación de crisis actual.
Albert ha recordado que las personas beneficiarias de esos
arrendamientos están sujetas a un programa de intervención técnica
destinada a favorecer la adaptación a su entorno, disminuir o evitar los
riesgos de marginación social, prevenir y abordar las causas de sus
problemática actual y posibilitar su inserción social.
Por este motivo, ha reivindicado que "el Ayuntamiento de Valencia
no es un banco, y no debe actuar como tal, sino que su función es
garantizar los derechos de las personas por encima de cualquier otro
interés".
Además, la edil ha criticado que "no se le reclame a la
Generalitat la deuda que en materia de servicios sociales tiene con el
Ayuntamiento, en vez de actuar contra una familia".
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