VALENCIA.- El portavoz adjunto de EUPV en las Corts,
Ignacio Blanco, se ha mostrado "tranquilo" ante las declaraciones
efectuadas por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava, en las que
ha manifestado que se reserva la posibilidad de emprender acciones
legales contra la formación por difamación, y ha anunciado que su grupo
"va a seguir denunciando el despilfarro" a pesar de esta "velada
amenaza".
El diputado ha señalado que no ve
"por ningún sitio" el motivo por el cual el arquitecto podría emprender
acciones judiciales, ya que EUPV tan sólo "ha cumplido su función
fiscalizadora", ha hecho uso de su libertad de expresar opiniones
políticas y ha difundido información veraz proporcionada por CACSA.
Blanco anunció el jueves, después de pasar cuatro jornadas en
CACSA consultando los proyectos, contratos, informes previos a la
contratación, pagos y facturas-- que la Generalitat pagó al arquitecto
un total de 94 millones de euros en concepto de honorarios por el
proyecto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, un
proyecto que contempló una inversión final cifrada algo más de 1.100
millones de euros.
Este sábado, el arquitecto ha salido al paso de la polémica
generada en torno a los pagos y ha señalado que "pretender aprovechar la
coyuntura económica para criticar un proyecto cuyas bondades nadie ha
discutido es una actitud incalificable". Asimismo, ha lamentado la
"falta de interés" de EUPV por conocer los hechos" y ha anunciado que se
reserva "las posibles acciones judiciales que puedan proceder".
Ignacio Blanco ha asegurado, por su parte, que "no entiende" a qué
se refiere Calatrava con esta "velada amenaza", ya que la información
aportada por EUPV se basa en documentos reales. Por ello, ha insistido
en que continuarán con su labor fiscalizadora de los documentos
públicos, "máxime cuando se trata de contratos que son tan onerosos para
las arcas públicas". "No nos va a callar", ha agregado.
El diputado de la formación de izquierdas ha precisado también que
no están acusando a Calatrava de nada, sino a la Administración por
haber suscrito los citados contratos para ejecutar un proyecto que se ha
convertido en "un pozo sin fondo". "Él saca lo que puede, negocia", ha
apuntado Blanco, que ha señalado que es la Generalitat quien debe
defender los intereses de los valencianos a la hora de firmar un
contrato.
Por otra parte, respecto a las declaraciones del arquitecto en las
que defiende que los honorarios percibidos han sido "siempre, desde el
primer contrato, ajustados a la calidad del trabajo desarrollado" y al
volumen de la obra, ha indicado que desde EUPV no han entrado a valorar
la calidad del proyecto, sino que se centran en la fiscalización de los
pagos.
Asimismo, en cuanto a los beneficios económicos generados por el
complejo esgrimidos por Calatrava, ha apuntado que se trata de una
cuestión "opinable" y ha recalcado que, en cualquier caso, lo que es
indudable es "el magnífico beneficio que ha obtenido él personalmente".
También ha recalcado que, a pesar de tener la residencia familiar y
profesional en Suiza, dado que el arquitecto realizó la mayor parte del
trabajo de diseño y el seguimiento de la ejecución de la obra de la CAC
desde Valencia, donde tiene una oficina, la facturación debería haberse
realizado en esta ciudad.
Por último, ha aclarado que el pasado año el abogado del
arquitecto se puso en contacto con el abogado de la diputada de EUPV
Marina Albiol para mantener una reunión "de abogado a abogado", a lo que
la formación "nunca se ha negado". No obstante, ha agregado Blanco, el
interés por parte del letrado de Calatrava "desapareció".
"Nosotros
estamos abiertos al diálogo, nos interesaría conocer su opinión", ha
concluido.
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