VALENCIA.- El PP ha cerrado definitivamente la comisión
de investigación sobre Emarsa, seis meses después de aprobarse y tras
siete reuniones, con la aprobación en solitario en el pleno de las Corts
del dictamen con las conclusiones que este grupo ha redactado y que
atribuye la responsabilidad del agujero económico de más de 25 millones
de euros a los gestores de la empresa Emarsa, responsable de la gestión
de la depuradora de Pinedo: Enrique Crespo, Esteban Cuesta y Enrique
Arnal --presidente, gerente y director financiero, respectivamente--.
También han descartado responsabilidades fuera de la gestión directa de
la empresa.
Los grupos de la oposición han coincidido en señalar que el
PP, con estas conclusiones, están cerrando "en falso" una comisión en la
que los 'populares "han ocultado información y han obstaculizado la
investigación" al impedir la comparecencia de los que consideran que son
los responsables de los nombramientos de los gestores de Emarsa: la
alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el presidente de las Corts, Juan
Cotino, este último en su etapa al frente de la Conselleria de Medio
Ambiente. Ninguno de los dos ha estado durante el debate, salvo Cotino
que ha llegado para ordenar la votación.
La comisión también se cierra sin esperar al informe jurídico
de las Corts solicitado por la Mesa en relación a la negativa a
comparecer del jefe de explotación de la Epsar, José Juan Morenilla,
imputado en el caso Emarsa. La Epsar es la entidad pública encargada de
designar a las empresas que controlan las depuradoras. En este sentido,
la oposición ha denunciado el "doble rasero" con la comisión de la CAM,
donde se ha advertido a quienes han rechazado comparecer con llevar el
asunto ante Fiscalía.
Al respecto, han advertido de que Emarsa es la "punta del
iceberg" y que hay "otros casos" similares en otras depuradoras de la
Comunitat, ya que "las mismas empresas que debían controlar a Emarsa y
no lo hicieron deben controlar ahora la mayoría de depuradoras.
En este sentido, la portavoz del PSPV en la comisión, Carmen
Martínez, ha dicho que, tras conocerse las últimas informaciones sobre
este asunto, "entiende por qué --el PP-- no quería investigar la Epsar" y
les hace "responsables" de lo ocurrido. Martínez, asimismo, ha pedido
que el Parlamento valenciano abra una comisión de investigación sobre la
Epsar.
Martínez ha lamentado que el PP ha trabajado en la comisión
para que "no les pillen si esto vuelve a pasar" y, en este sentido, ha
agregado que no le extraña que el presidente del PP, Mariano Rajoy, "no
quiera" ir al congreso del PPCV en Alicante este fin de semana "por si
le roban el móvil".
Por su parte, la síndica adjunta de Compromís, Mónica Oltra,
ha subrayado que en esta comisión "no se ha podido investigar" y ha
asegurado que el PP, con la votación de este dictamen, "está poniendo
los mimbres para que esto vuelva a suceder". Oltra también ha denunciado
que con el trabajo de la comisión "no se ha podido investigar" quiénes
han sido los responsables últimos de lo sucedido para que haya un
agujero millonario en Emarsa.
Del mismo modo, la portavoz de EUPV, Marga Sanz, ha
cuestionado la acción del PP en la comisión porque "ha pretendido
limpiar sus responsabilidades políticas" a pesar de que "la impunidad"
con la que han actuado los gestores de Emarsa "ha sido posible por la
mayoría 'popular' en los órganos de dirección de la empresa.
Tras las quejas de la oposición a las conclusiones de la
comisión, Sanz ha advertido al presidente de la Generalitat, Alberto
Fabra, que avaló la creación de la comisión, de que "no puede mantenerse
al margen" de este "cierre en falso" de esta investigación porque sino
será señalado como "encubridor" de lo sucedido en la gestión de la
depuradora de Pinedo.
La encargada de defender la postura del PP ha sido la diputada
Alicia de Miguel, que ha valorado el resultado de la comisión y la ha
calificado de "útil" e "importante" porque se ha llegado a "decisiones
importantes", como la presentación de unas medidas para desarrollar los
principios de transparencia en la administración. Unas medidas para
"corregir errores y desviaciones de una actitud que tiene que ser
intachable" por parte de los administradores y se aplicará "caiga quien
caiga", ha aseverado.
De Miguel ha asegurado que el trabajo del PP está enfocado a
que esto "no vuelva a pasar". Asimismo, considera que la decisión de
abrir la comisión de investigación y de elaborar estas medidas reflejan
el "paradigma" de lo que es el PP y de ello se sienten "orgullosos", ha
afirmado.
Por ello, los 'populares' han presentado una serie de medidas
para desarrollar los "principios de transparencia y buen gobierno en la
nueva administración valenciana".
Entre los principios del PP para el "buen gobierno" de las
entidades dependientes de la administración, entienden que los miembros
designados por las entidades públicas para sus sociedades deberían ser
"profesionales o expertos de reconocido prestigio" y si son políticos,
que reciban formación o asesoramiento.
Asimismo, el personal directivo deberá acreditar su capacidad y
formación y su nombramiento estará sometido al proceso de publicidad y
concurrencia, antes de ser designado. Y, en caso de irregularidades con
perjuicio económico, que recaiga sobre quien la justicia declara
responsable.
También considera conveniente que la Generalitat promulgue las
normas legales que permitan la adaptación de las entidades y organismos
públicos a los principios de la nueva administración y el buen
gobierno.
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