VALENCIA.- Los representantes de los distintos partidos
de la oposición en las Corts se han felicitado, después de que la
sección séptima de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Supremo (TS) ha declarado la nulidad de la adjudicación, decidida por
la Generalitat en enero de 2006, de las concesiones locales de
Televisión Digital Terrestre (TDT) en la Comunitat Valenciana, mientras
que el portavoz en funciones del PP, Rafael Maluenda, no haya querido
valorar la sentencia "por no tener el contenido".
Maluenda ha reconocido, al término de la junta de portavoces, que o
conocía la sentencia, pero "el PP tiene el máximo respeto por las
decisiones de los tribunales, se comparta o no se comparta la
sentencia". El portavoz en funciones ha explicado que "habrá que
estudiar la sentencia y analizarla".
Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario socialista en
las Corts, Antonio Torres, ha recordado que los socialistas valencianos
ya denunciaron en su día que había "amiguismo y nepotismo" en la
resolución de las concesiones. "Y una prueba evidente de ello", ha
añadido el síndic socialista, "es que la mayoría de las que se hicieron
fueron a parar a una sola mano".
Torres, que se ha referido así a preguntas de los periodistas y
tras asistir a la junta de síndics. El portavoz ha recordado que el
volumen "más importante" de concesiones se hizo a una persona
"relacionada con Gürtel y con la financiación irregular del PP" que era
quien estaba "conformando las empresas audiovisuales a objeto de
conseguir el máximo número de licencias", ha denunciado.
Por su parte, el diputado socialista, Josep Moreno, ha incidido,
en un comunicado, que la sentencia, "sitúa una vez más" al gobierno del
Partido Popular de Fabra y "de su compañero de mesa de hace unas horas,
Esteban González Pons, en el centro de los escándalos políticos de este
país". El diputado socialista ha instado al PP a que "pida disculpas
públicamente y dé garantías de que la nueva adjudicación de las TDT
valencianas sería sencillamente legal".
La diputada de Compromís Mireia Mollà ha asegurado, en un
comunicado, que con la decisión de revocar las concesiones de TDT
locales, el Tribunal Supremo "pone fin a uno de los mayores ataques a la
democracia y a la libertad de expresión que se han registrado en el
País Valenciano".
Mollà ha indicado que el Gobierno de Camps otorgó las licencias de
TDT a empresas que "incumplían de manera evidente" los plazos de
emisión o "el pliego de condiciones para no emitir programación local",
pero contaban con el requisito "fundamental" para el PP: "ser medios
afines a la Conferencia Episcopal o a la extrema derecha, entre los
cuales se encuentran también empresas relacionadas con la trama Gürtel".
Ante este "regalo" a las cadenas "amigas", el Gobierno de Camps y
también el de Fabra "han marginado y acosado" a diferentes televisiones
con una reconocida trayectoria profesional y que emitían programación
local, como TeleElx, InfoTV, Gandia TV o Localia, "minando la pluralidad
informativa de nuestro territorio", ha explicado.
Ante la sentencia del TS, Mollà ha anunciado que el grupo
parlamentario de Compromís en las Corts ha solicitado realizar una
interpelación al pleno y ha pedido la comparecencia del conseller de
Presidencia, José Císcar, para conocer "cuál será la política que ponga
en marcha a partir de ahora el Gobierno del PP".
Por su parte, la síndica del grupo parlamentario de EUPV, Marga
Sanz, ha recordado que "en aquel momento" EUPV ya denunció que la
adjudicación se había hecho con unos criterios que "obedecía más a
afinidades políticas e ideológicas, que a lo que era la pluralidad
informativa y por tanto una adjudicación transparente".
Sanz se ha "alegrado" de la sentencia y ahora su partido planteará
al Consell que se vuelvan a realizar estas adjudicaciones de forma
"transparente" y con unas condiciones en las que puedan colaborar el
resto de grupos parlamentarios.
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