miércoles, 31 de octubre de 2012

Protestas a la llegada y salida de la Reina doña Sofía, presidente Fabra y alcaldesa Barberá en unos premios

VALENCIA.-   Cerca de un centenar de personas se ha concentrado ante la Lonja de Valencia para expresar su malestar contra los recortes de la Administración que afectan a diversos colectivos, los desahucios y los políticos, y a favor de la huelga general del 14 de noviembre, 14N. La protesta ha tenido lugar coincidiendo con el acto de entrega, en este edificio, de los Premios Jaime I, un acto que ha presidido la Reina Doña Sofía y otras autoridades. 

   Los concentrados han protestado durante más de dos horas, desde antes del inicio del acto, a las 11.30 horas, hasta su conclusión, pasadas las 13.30 horas, aunque han elevado el tono de sus reivindicaciones, con pitos, abucheos y silbatos, a la llegada y a la salida de su Majestad, del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra; de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León.
   La protesta ha sido protagonizada por el sindicato CGT, la Plataforma Stop Desahucios, el colectivo 15M, personas a favor del 14N, colectivos de discapacitados y otros del ámbito de la educación, así como ciudadanos individuales que mostraban sus propias pancartas, como una mujer que portaba en la cabeza una corona de cartón y levantaba una cartulina verde en la que se podía leer 'Reforma laboral a la Casa Real'. Asimismo, se han podido ver algunas banderas republicanas.  
   Todas estas personas se han reunido frente a la puerta principal de la Lonja, ante las paredes del Mercado Central, y acompañados por un grupo de 'dolçainers' que tocaban a las puertas de la Iglesia de los Santos Juanes, situada también enfrente del edificio histórico.
   Entre las consignas que coreaban, en valenciano y en castellano y que se escuchaban desde el interior de la Lonja, se oía 'Vergonya', 'El president a Picassent', 'On estan/ahi están el diners del valencians', 'Los delincuentes están ahí enfrente', 'Molta corbata, molt poca vergonya', 'Rita no te tapes' y 'Sánchez de León, dimisión'.

Puig asegura que Fabra ha planteado unos presupuestos "a la griega" que traerán "fractura social"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, considera que los presupuestos planteados por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, están hechos "a la griega" porque suponen "recortes sin límite, fractura social y recesión". En su opinión, estas cuentas demuestran la "incapacidad" del jefe del Consell para "ayudar a la Comunitat a salir de la crisis" y "van a traer más paro, más deuda y más fractura social". 

   Puig, que se ha expresado de esta manera en rueda de prensa, en relación a los presupuestos de la Generalitat para 2013, ha remarcado que la partida que más crece es la destinada a los bancos. "No son los presupuestos de las personas, son los presupuestos para pagar a los bancos", ha remarcado el líder socialista, quien ha apuntado que se "multiplican por dos los gastos" para entidades bancarias, pasando de 578 millones en 2012 a 1.160 millones en el próximo ejercicio.
   "Los bancos son los grandes beneficiarios de estos presupuestos, no las personas", ha remarcado el dirigente socialista, quien ha lamentado también que las políticas de grandes eventos "continúan por encima de las políticas para ayudar a dinamizar la Comunitat".
   Además, los presupuestos "atacan" los servicios públicos y desciende el gasto de sanidad un 21 por ciento el gasto de sanidad en relación a la anterior legislatura y un diez por ciento en educación, ha lamentado.
   Por ello, ha recordado que el grupo parlamentario socialista presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Presupuestos en las Corts Valencianes para que "vuelvan a los corrales".
   En relación al corte de luz que este martes sufrieron algunas dependencias de la Generalitat, Puig ha destacado que "ayer se apagaron las pocas luces que les quedaban y es momento de superar el apagón y abrir una nueva etapa de esperanza".
   Además, ha señalado que si el conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, está "indignado" por que le corten la luz, "entenderá la indignación" de aquellas personas que son desahuciadas por no poder pagar su casa.
   Así, Puig ha anunciado que plantearán una alternativa a estas cuentas que se fundamentarán en cinco puntos. En primer lugar, en el apartado de ingresos exigirán la "revisión urgente" del modelo de financiación y una "compensación a través de una inyección de recursos del Estado".
 "No es un segundo FLA", ha dicho, sino que se adelante "lo que se nos debe", ha precisado.
   En este apartado, también ha exigido la deuda histórica y, en este punto, ha dado "por buena" la cantidad de 11.000 millones que cifra el PP en esta materia. En el apartado fiscal, propone incrementar los impuestos de grandes patrimonios y gravar los bienes de lujo.
   Por lo que se refiere a los gastos, el PSPV propone mayores inversiones en política industrial y agraria, así como el plan de empleo con diputaciones que planteó en el Debate de Política General pero con 230 millones de euros, como cuarto punto. En quinto lugar, "poner más recursos" en educación y sanidad.
   Con este plan alternativo que se irá desgranando durante el proceso de tramitación de presupuestos, Puig ha querido transmitir a la sociedad que "hay otro camino" para salir de la crisis.
   Por otro lado, Ximo Puig ha criticado que el plan del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque, en su opinión, los ha utilizado con fines "electoralistas" en Galicia y para "apoyar la estabilidad" de la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudí.

La Generalitat confirma pagos con el FLA de 114 millones a farmacias

VALENCIA.- El conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, ha explicado que este martes se realizó un pago de 114 millones para las farmacias de la Comunitat con el dinero procedente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y ha apuntado que este miércoles se repartirán 30 millones para bienestar social, que incluye al colectivo de los dependientes.

   Vela se ha expresado de esta manera en declaraciones a los medios tras salir de la reunión con el grupo parlamentario 'popular' para explicar los presupuestos de la Generalitat, al ser preguntado por los pagos realizados con el dinero del FLA.
   Así, inquirido por las protestas de las farmacias y los paros indefinidos anunciados hasta que se resuelva la deuda que tienen con ellos, el conseller ha indicado que intentarán "satisfacer esos pagos lo antes que podamos".
   En este punto, ha señalado que esa situación "está provocada por las dificultades de los gobiernos regionales para colocar su endeudamiento" y, "en el momento que se pueda colocar todo vía FLA o por otros procedimientos, cobrarán los farmacéuticos".
   De esta manera, ha remarcado que "todo depende de la colocación de ese endeudamiento y lo que no puedo es saber cuándo lo van a permitir los mercados".
 "El problema se resume a eso", ha apostillado.
   También a preguntas de los medios, ha señalado que desconoce si la Conselleria de Sanidad ha planteado una mesa de negociación con los farmacéuticos para evitar los cierres.

Compromís considera que la dimisión de la gerente de FGV "no la libra de responsabilidades"

VALENCIA.- El diputado de Compromís en las Corts Juan Ponce ha señalado este miércoles que la dimisión de la directora gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Marisa Gracia, "no la libra de responsabilidades".

   Ponce, en un comunicado, ha asegurado que desde el accidente en la línea 1 del metro el 3 de julio de 2006 --que acabó con la vida de 43 personas--, Compromís ha llevado a cabo varias iniciativas "para esclarecer una de las gestiones más oscuras y siniestras del PP y que todavía está pendiente de responsables técnicos y políticos".
   "El que fue uno de los episodios más trágicos del país en los últimos años, se convirtió en un circo de mentiras obscenas, realidades ficticias y compra de silencios", ha denunciado el parlamentario de la coalición.
   Al respecto, ha indicado que "todavía hoy la asociación de víctimas continúa manifestándose periódicamente y varios medios de comunicación a nivel estatal continúan denunciando los claroscuros de uno de los capítulos más vergonzosos de la gestión del PP en el País Valenciano".
   Para Juan Ponce, el anuncio de dimisión de Marisa Gracia, que tuvo lugar en plena reunión del consejo de administración de FGV, "llega tarde y con el mismo oscurantismo que todos los procesos delicados por los que ha pasado la empresa: desde la comisión de investigación que resultó ser una farsa total, hasta la configuración de una directiva injustamente sobredimensionada".
   Según Ponce, "no podemos olvidar que Gracia organizó una comilona en una marisquería de Picanya para celebrar el triunfo de la mentira, de la falsedad, de la humillación a las víctimas del accidente del Metro y de sus familiares, y esto, es totalmente imperdonable para nosotros".
   "No olvidaremos a Gracia por esas acciones, como tampoco podemos olvidar que los presidentes que han permitido que Gracia fuera la gerente, Camps y Fabra, han demostrado una falta total de humanidad, por un lado, y de grande debilidad por otro", ha denunciado el diputado autonómico.
   Además, desde Compromís consideran que la exgerente de FGV, "no es ni será ningún referente positivo para el sector ferroviario público por más que lo diga la señora Bonig  ya que el ente adeuda cerca de 1.000 millones de euros y durante el mandato de Gracia la directiva de la empresa pasó de 17 a 70 miembros".
   "La consellera Bonig, después de hacer esas declaraciones, lo primero que tendría que hacer es pedir disculpas y rectificar por esas afirmaciones que no son otra cosa que insultantes para muchísimas familias valencianas", ha concluido Ponce.

Parece que se salva la SGR de la Comunidad Valenciana

VALENCIA.- La salvación de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana se acerca. SabadellCAM aseguró al diario Las Provincias:«la negociación sigue abierta, y esperamos que en breve plazo haya un resultado positivo porque ha habido avances en ese sentido». El acuerdo que permitiría la continuidad de esta sociedad consiste un crédito participativo en el que están las principales entidades financieras del país y, con especial relevancia, SabadellCAM, Bankia y Banco de Valencia. 

El próximo 9 de noviembre se celebrará la junta general de la entidad en la que se tendrá que poner encima de la mesa una solución para el agujero de, aproximadamente, 90 millones de euros que aún queda pese a la inyección de 60 millones de euros que inyectó la Generalitat el pasado mes de mayo.
Fuentes del consejo de la SGR, que hoy se reúne para preparar la junta de dentro de dos semanas, explicaron que el crédito participativo que espera la sociedad está «próximo» y que existe el convencimiento dentro del organismo de que se logrará desencallar la falta de recursos propios de los que adolece la SGR.
Aunque la opción propuesta es una reducción de capital que aleje la causa de disolución en la que se encuentra la SGR, fuentes de este mismo órgano aseguraron que se podría llegar incluso a una solución en la que no se tuviera que acudir a este mecanismo. El problema que implica la reducción de capital, mecanismo que sería habitual en una empresa privada con problemas similares a los de la SGR, es que hace sólo cinco meses la Generalitat realizó una aportación de capital de 60 millones de euros. Si se realizara la reducción de capital, el dinero aportado por la Generalitat habría sido a fondo perdido. Sin embargo, el hecho de no acudir a este mecanismo obliga a que el préstamo que tiene que otorgar la banca sea mayor sin que exista una mayor garantía para la operación. 
 
Fugas en el consejo
Mientras el acuerdo para salvar la SGR, la fuga de consejeros de la sociedad no cesa. Siete consejeros han presentado su dimisión pese a que fueron nombrados hace sólo seis meses. Todos han aludido el mismo motivo. El arduo trabajo que requiere la sociedad para solucionar sus graves problemas económicos obligan a una implicación que no es compatible con las otras responsabilidades que tienen ya sea a nivel empresarial o por representación en federaciones empresariales. «Prácticamente no hay retribución y el consejo de la SGRaunque requiere de mucho tiempo. Además, hay gente que entró y que no sabía exactamente dónde se había metido», dice uno de los consejeros de la SGR.
Los últimos en salir del consejo han sido Jesús Navarro y Joaquín Farnós, Antes se fueron Aldolfo Porcar, Joaquín Maldonado, Isabel Cosme, Salvador Lluch, y Manuel García Portillo. En el consejo siguen presentes Dolores Cortes, Santiago Santos, Fernando Díaz, Enrique Montes, Carlos Cabrera, Rafael Montero, Salvador Navarro, Juan Eloy Durá, Antonio Martínez, Antonio Alonso y Cristóbal Navarro.
40 despidos efectuará la SGR después del acuerdo con el que llegó con los trabajadores hace dos semanas. El acuerdo de indemnizaciones fue de 30 días por año trabajado hasta un máximo de catorce mensualidades.
60 millones de euros recibio la SGR de la Generalitat el pasado mes de mayo para evitar la quiebra de la entidad. Desde entonces se trabaja con varios bancos para la firma de un crédito participativo que sanée las cuentas.
90 millones de euros es la cantidad aproximada que se calcula que la SGR podría necesitar para reestablecer sus fondos propios y salir de la causa de disolución en la que se encuentra en estos momentos

Dos centenares de personas protestan por el centro de Valencia contra los recortes y la Reforma Laboral

VALENCIA.- Dos centenares de personas se han manifestado este miércoles en las calles del centro de la ciudad de Valencia para protestar contra los recortes y por la derogación de la reforma laboral bajo el lema 'Sin trabajo, sin futuro,...sin miedo'.

   La protesta, convocada por la CGT y a la que se ha adherido Intersindical Valenciana, ha comenzado a las 19 horas en la Plaza de San Agustín de Valencia y ha discurrido por la Calle San Vicente hasta la calle de la Paz. Desde ahí, se ha dirigido a la calle Colón, a través del Parterre, y hasta la Plaza del Ayuntamiento.
   Los manifestantes han lanzado proclamas que aniomaban a ir "Hacia la Huelga General" del próximo 14 de noviembre, entre otros cánticos del tipo: "La crisis que la paguen los capitalistas" o "Se va a acabar la paz social".
   El secretario general de la CGT PV, Enric Tarrida, ha señalado que se están preparando para la "jornada de lucha" que será la Huelga General y ha confiado en que sea "un éxito total" y suponga "un punto de inflexión para la clase trabajadora.  
   Tarrido ha exigido la derogación de la Reforma Laboral y terminar con los recortes sociales, aunque ha matizado que su sindicato "no está por volver a una situación anterior al 2007, donde vivímaos en una especie de paraíso".
   "No puede ser que se estén produciendo recortes sociales como servicios básicos como la sanidad y la educación que afectan a un 99 por ciento de la población para beneficiar a un escaso uno por ciento", ha lamentado el sindicalista.

Aena pacta con los sindicatos un ERE para un máximo de 1.600 trabajadores

MADRID.- Aena ha firmado con los sindicatos CCOO, UGT y USO un plan de viabilidad que recoge importantes medidas de flexibilidad interna, así como desvinculaciones voluntarias, al que podrán acogerse, hasta el próximo 31 de diciembre, todos los trabajadores del gestor aeroportuario hasta un máximo de 1.600.

En un comunicado, la compañía pública indicó que el plan suscrito con los sindicatos es un expediente de regulación de empleo (ERE) "en una empresa actualmente en pérdidas".

El gestor aeroportuario, que cuenta actualmente con una plantilla que ronda los 15.000 empleados, indicó que la medida "forma parte de las numerosas actuaciones contenidas en el Plan de Eficiencia Aeroportuaria para garantizar su futuro, entre las que destacan una significativa reducción de gastos de explotación, disminución de horarios operativos, rentabilización y optimización de las actuales infraestructuras, así como la fusión de sociedades para evitar duplicidad de costes".

En concreto, se trata de extinciones voluntarias de contrato a las que podrán acogerse todos los trabajadores fijos que se encuentren en activo. La preferencia a la hora de aceptar las solicitudes de bajas las tendrán los empleados de los aeropuertos deficitarios, después los de los Servicios Centrales y finalmente los trabajadores del resto de los centros.

La indemnización general será de 20 días por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades, cuantía que podrá ser incrementado en ocho días, si en el plazo de seis meses el trabajador no hubiera conseguido, a través de un plan de recolocación, encontrar un nuevo empleo.

Además, por su singularidad y mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, aquellos empleados de más de 55 años con una antigüedad mínima de 10 años en la empresa que transcurridos seis meses desde la extinción de su contrato no hayan logrado su recolocación, podrán ver incrementada su indemnización en 11 días adicionales (72% de media del salario total) con respecto al resto de los trabajadores que se acojan al plan.

La compañía indicó que "en ningún caso" se contempla la realización de nuevas contrataciones para la cobertura de las vacantes producidas por la aplicación del plan y que el coste de estas salidas no supondrá la utilización de dinero de los contribuyentes, sino que se asume íntegramente por Aena, toda vez que ésta "no percibe aportación económica alguna de los Presupuestos Generales del Estado".

Además, Aena se ha comprometido con el Ministerio de Empleo a hacerse cargo, cuando entre en beneficios, de las prestaciones por desempleo y las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores mayores de 50 años acogidos a este plan según lo dispuesto en el Real Decreto 1484/2012 de 29 de octubre sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de 50 o más años. 

El gestor aeroportuario es la primera empresa de España que aplicará esta reciente normativa laboral.

En el ámbito de este plan no se producirán jubilaciones anticipadas previstas legalmente para los trabajadores de 61 o 63 años. Así, la empresa financiará los Convenios Especiales con la Seguridad Social a partir de la extinción del contrato de los trabajadores y hasta su jubilación.

El Gobierno italiano aprueba la reducción del número de provincias de 86 a 51

ROMA.- El Gobierno italiano ha dado luz verde este miércoles a la ley que prevé la reducción del número de provincias del país de 86 a 51 a partir de 2014 con el objetivo de ahorra gastos al Estado, según ha anunciado el ministro de Función Pública, Filippo Patroni Griffi. Según el Gobierno, la medida ahorrará 40 millones de euros al año.

   El consejo de ministros ha aprobado el decreto ley de reforma y con ello se ha puesto en marcha el "proceso irreversible" de reducción del número de provincias, ha explicado. "A partir de enero, y en coherencia con la gobernanza, se reducirán la juntas provinciales", ha indicado el ministro, si bien la supresión definitiva de las provincias tendrá lugar en enero de 2014.
   Según ha explicado Patroni Griffi, en noviembre de 2013 se celebrarán las elecciones para elegir los gobiernos de provincias, que serán "completamente nuevas tanto por sus dimensiones como por sus funciones".
   El objetivo del Gobierno de Mario Monti, además de reducir gastos, es racionalizar competencias como la gestión de las carreteras o de la educación, y además permitirá que algunos ayuntamientos puedan pasar a otra provincia más cercana y con la que tienen mayor afinidad.
   La nueva ley también prevé la creación a partir del 1 de enero de 2014 de las ciudades metropolitanas que sustituirán las provincias de los principales núcleos urbanos del país. En concreto, se constituirán diez ciudades metropolitanas: Roma, Turín, Milán, Venecia, Génova, Bolonia, Nápoles y Reggio Calabria.

martes, 30 de octubre de 2012

Los presupuestos de la Generalitat para 2013 caen un 9,08%, hasta los 13.940,45 millones, y la inversión baja un 42%


VALENCIA.-   Los presupuestos de la Generalitat valenciana para 2013 a nivel consolidado --administración general, empresas y demás organismos dependientes-- caen un 9,08 por ciento con respecto a los del ejercicio anterior, hasta los 13.940,45 millones de euros, mientras que la inversión se reduce en un 42,1 por ciento.

   Así lo ha indicado el titular de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell en el que se ha aprobado el anteproyecto de ley de Presupuestos. Vela ha destacado que son unos presupuestos "elaborados para salir de la crisis", marcados por la "austeridad", así como "realistas y responsables" y, sobre todo, "sociales y comprometidos con las personas, que mantienen todas las prestaciones sociales".
   En el apartado de gasto, el capítulo I --personal-- cae "algo más del 6,6 por ciento", aunque aumenta su peso relativo en el presupuesto, y el II --gastos de funcionamiento--, con un 91,5 por ciento para políticas sociales, desciende un 1,64 por ciento.
   Los gastos financieros --capítulo III-- aumentan un 55,3 por ciento debido al "aumento de estos gastos por la situacion de los mercados de deuda, al mecanismo extraordinario previsto por el Gobierno central de pago a proveedores y, por último, causado por la puesta en marcha del Fondo de Liquidez Autonómica".
   Por su parte, las transferencias corrientes --IV-- caen un 20,5 por ciento gracias a la "política de austeridad emprendida desde la Generalitat" y a su "política muy conservadora, pero que al mismo tiempo persigue la eficacia, en la concesión de subvenciones", mientras que las operaciones de capital --capítulos VI y VII-- caen un 20,6 por ciento.
   Por áreas, el gasto social representa el 88,9 por ciento del gasto total no financiero de las cuentas y, en concreto, Sanidad aglutina el 38,8 por ciento, Educación un 32,1 por ciento y Justicia y Bienestar Social un 7,4 por ciento.
   Según ha apuntado Vela, la mayor disminución corresponde a la Conselleria de Cultura, Turismo y Deporte, y el aumento a Gobernación, único departamento que crece.

El Consell augura un 2013 "de recesión" aunque "más suave" que la experimentada este año

VALENCIA.- El conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, ha manifestado este martes que "2013 seguirá siendo un año de recesión, aunque será una recesión más suave que la experimentada en el ejercicio actual". 

   Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell en el que se ha aprobado el anteproyecto de ley de Presupuestos, que caen un 9,08 por ciento a nivel consolidado, hasta los 13.940,45 millones de euros, y un 42,1 por ciento en inversiones.
   Vela ha destacado que los presupuestos para el próximo año "ponen los medios para contribuir a salir de la crisis, para que se abra la puerta al crecimiento económico y a la creación de empleo y, en definitiva, para que se abra también la puerta de la confianza de los ciudadanos, pese a que 2013 seguirá siendo un año de recesión, aunque más suave que la experimentada en el ejercicio actual", ha dicho.
   El conseller ha repasado la coyuntura económica y las previsiones macroeconómicas a nivel internacional y europeo y, sobre la economía española, ha indicado que el Ministerio de Economía sitúa la tasa de variación interanual del PIB real en 2012 en -1,5% y en -0,5% en 2013, mientras que otros organismos auguran una contracción "algo más acentuada" del PIB español, del 1,8% en 2012 según la Comisión Europea, y del 1,6% y 1,5% según la OCDE y el FMI, respectivamente.
   Respecto a la economía de la Comunitat Valenciana, ha apuntado que, de acuerdo con el escenario previsto por la Dirección General de Economía y de la Universitat de València, "en términos reales, mostrará una contracción del 1,8% en 2012 y del 0,6% en 2013", con una aportación del sector exterior a ese crecimiento "positiva en 2012 y más aun en 2013, y superior a la de España".
   "Se espera que el pulso de la economía se recupere en la segunda mitad del 2013, como consecuencia de la capitalización del sector bancario", ha subrayado Vela, quien ha agregado que "se prevé que las medidas de política económica encaminadas en este sentido se llevarán a cabo entre finales de este año y principios de 2013".
   En ese contexto, la Generalitat ha elaborado unos presupuestos "para salir de la crisis, austeros", y en los que "las prestaciones sociales siguen siendo una prioridad para el Gobierno valenciano y se mantienen absolutamente todas ellas", en palabras del conseller, quien ha apuntado que "lógicamente, se enmarcan en el marco del Plan Económico Financiero de Reequilibrio de la Generalitat".
   El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha destacado que esas cuentas plasman su voluntad de "afrontar la complicada coyuntura actual con las medidas necesarias para cumplir con el objetivo del déficit, garantizar al mismo tiempo actuaciones que permitan recuperar la senda del crecimiento económico y preservar las políticas sociales que todos los valencianos merecen".
   A su juicio, las administraciones públicas deben "ser sostenibles con el nivel actual de ingresos, que es mucho menor que el de hace unos pocos años, para poder contribuir a la salida de la crisis". 
"No se puede gastar lo que no se tiene, y a esa máxima se someten estos presupuestos", ha sentenciado Císcar, quien sostiene que cumplir el déficit "es garantía de sostenibilidad económica y financiera".
   Preguntado por si es partidario de continuar con la política de austeridad o considera que se debería relajar, Vela ha subrayado que "la austeridad no tiene por qué ser desfavorable al crecimiento económico" y que, ante la caída de ingresos, "se disminuye o se quita lo que se considera menos prioritario".
   No obstante, ha apuntado que "la austeridad tiene un límite" y que "a poco que se recupere la economía, los presupuestos de la Generalitat lo notarán". De hecho, no descarta que, en dos años, las cuentas del Consell puedan crecer en 1.500 millones de euros.
   Por otro lado, a preguntas por la recepción de las primeras cantidades del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), ha confirmado que efectivamente "llegaron ayer y hoy se efectúan ya los pagos", y que "todavía tiene que llegar una entrega en noviembre y otra entrega en el mes de diciembre" y que en 2013 se abrirá "un nuevo FLA".
   En cuanto al reparto de fondos de ese mecanismo, ha indicado que una vez descontada la cantidad para los vencimientos de comunidades autónomas, el montante restante se dedica a la segunda línea de liquidez y se reparte entre las autonomías adheridas al FLA.
   Además, ha explicado que esa cantidad a repartir se ve incrementada cada vez que se producen vencimientos de autonomías que no se han acogido al FLA y que, por tanto, no hacen uso de los fondos reservados a tal efecto. "A las comunidades autónomas del FLA les interesa que cuantos menos se acojan, mejor, porque la base a repartir será mayor para poder atender pagos", ha admitido Vela.
   En cuanto a la reivindicación de obtener más inversión de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Císcar ha reiterado que hablan "continuamente y constantemente" con miembros del Gobierno central, incluido su presidente, al tiempo que ha remarcado que Mariano Rajoy "tiene sensibilidad con la Comunitat" y que, de hecho, "en menos de un año, ha hecho más que el otro en siete años".
   "Los presupuestos no nos gustan nada, pero los porcentajes no son equiparables porque la circunstancia era diferente", ha recalcado el vicepresidente, quien apunta que "si se hubieran tomado las medidas adecuadas, seguramente hoy habría más recursos".

Las farmacias de Valencia y Alicante cerrarán indefinidamente a partir del 5 de noviembre por los impagos del Consell

VALENCIA.- El Colegio de Farmacéuticos de Valencia y Alicante han aprobado por votación en sus respectivas asambleas el cierre indefinido a partir del lunes, 5 de noviembre, en el que cada día solamente abrirá al público una de cada tres farmacias, en turnos rotatorios, según han indicado fuentes del colegio de Farmacéuticos de Valencia.

   Este cierre indefinido viene provocado por la situación de impagos por parte del Consell hacia las farmacias, que las han situado en una "dramática situación que les ha forzado al cierre indefinido", según han indicado estas mismas fuentes.
   El Consell adeuda a los farmacéuticos cinco meses y medio después de abonar medio mes de abril y otro medio mes de mayo con los fondos del FLA. Un hecho que según interpretan desde el Colegio de Farmacéuticos "nos deja igual que estábamos, ya que este miércoles se sumará otro mes a la deuda".
   Este lunes los farmacéuticos ya se reunieron ante la "situación extrema de liquidez" que afrontan estos establecimientos que "hace imposible el normal abastecimiento de medicamentos para atender a la población" y que califican de "auténtica emergencia", según indicaron en un comunicado.
   Los farmacéuticos han calificado de "incompresible" que la Generalitat valenciana haya incluido en el primer tramo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) "sólo una factura de las cinco y media que adeuda a las oficinas de farmacia", a las que este mismo miércoles "debe añadirse otra correspondiente a las recetas dispensadas en septiembre".
   Por ello, ante una situación "de auténtica emergencia", y para evitar el "colapso total" de la prestación farmacéutica en la Comunitat, el Consejo de colegios y Confar han decidido proponer los cierres indefinidos, que se realizarán "hasta que abone el importe total de la deuda de la Generalitat, o cuando una nueva asamblea decida suspender o cancelar la medida".

Cañete afirma que el acuerdo con Marruecos tendrá un efecto "muy limitado" sobre las producciones

MADRID.- El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha sostenido este martes en el Senado que el acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos tendrá un "efecto muy limitado a corto y medio plazo" sobre las producciones españolas y europeas, al tiempo que ha subrayado que la apertura del mercado marroquí constituye una "oportunidad".

   Arias Cañete ha señalado, no obstante, que para que el impacto de este protocolo sea realmente limitado es preciso que los mecanismos de protección que se han establecido "funcionen adecuadamente".
   "El Gobierno no escatimará en esfuerzos para ello", ha asegurado durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta.
   En este sentido, el ministro ha asegurado que su departamento hará un seguimiento de los precios a los que se comercializan los productos procedentes de Marruecos, especialmente los considerados más sensibles, como el tomate o el calabacín. Igualmente, en coordinación con la UE, se hará un seguimiento de los contingentes en las aduanas.
   Por otro lado, Arias Cañete ha explicado los aspectos de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que, a juicio de España, "deben ser analizados, modificados o matizados".
   En concreto, ha recalcado que el "presupuesto mínimo aceptable" para España es el que aparece en la propuesta de la Comisión y que mantiene la financiación de la PAC dentro del Marco Financiero Plurianual 2014-2020 en el nivel de 2013: 371.700 millones para el conjunto del periodo. "El alcance de la reforma debe estar supeditado al mantenimiento de dicha dotación presupuestaria", ha subrayado.

Los entes públicos podrán hacer despidos colectivos con 20 días por año

MADRID.- Los entes, organismos y entidades públicas podrán acogerse al procedimiento de despido colectivo por causas económicas (con indemnizaciones de 20 días por año trabajado) para desprenderse de personal laboral si la Administración Pública de la que forman parte hubiera tenido déficit presupuestario en el ejercicio anterior y si el crédito presupuestario del ente, organismo y entidad afectada se hubiera minorado en un 5% en el ejercicio en curso y en un 7% en los dos ejercicios anteriores.

   A estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las reducciones efectuadas en el presupuesto inicial como, respecto al ejercicio corriente, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria, según consta en el reglamento de los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada aprobado el viernes en el Consejo de Ministros y publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
   El reglamento, en vigor desde este miércoles, describe los pasos a seguir cuando las empresas privadas quieran hacer ERE de extinción (despidos colectivos), de suspensión y de reducción de jornada, y regula además el procedimiento que deberá utilizar el sector público en estos mismos casos y sólo con efectos sobre su personal laboral.
   En cuanto a los ERE del sector público, en el reglamento se especifica que se entenderán que concurren causas económicas cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria "sobrevenida y persistente" para la financiación de los servicios públicos, considerándose que es persistente si se alarga durante tres trimestres consecutivos.
   Se precisa, no obstante, que se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria cuando se den las siguientes circunstancias: que la Administración Pública en la que se integra el departamento, órgano, ente organismo o entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario en el ejercicio anterior y "que los créditos del departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores".
   Se podrá iniciar un procedimiento de despido colectivo en el supuesto en el que, en un periodo de 90 días, el despido colectivo afecte al menos a diez trabajadores en aquellos departamentos ministeriales, entes y organismos dependientes de la Administración General del Estado, consejerías de las comunidades autónomas o entes vinculados a las mismas y entidades de la Administración Local que ocupen a menos de 100 trabajadores.
   También se podrá poner en marcha el despido colectivo si los afectados son el 10% de los laborales de una plantilla compuesta por entre 100 y 300 trabajadores o si el número de afectados es de 30 trabajadores en una plantilla de más de 300 trabajadores.
   El personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo tendrá prioridad de permanencia en los entes públicos afectados por el despido colectivo. Si la entidad promotora del procedimiento no hubiera establecido esta prioridad, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o autoridad autonómica equivalente podrán aplicar dicha prioridad si lo ven adecuado a las circunstancias.  
   El procedimiento de despido colectivo se iniciará por escrito mediante la comunicación de la apertura del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores y, con independencia de la causa alegada (económicas, técnicas, organizativas o de producción), dicha comunicación deberá contener una memoria explicativa de las causas del despido "y su relación con los objetivos de estabilidad presupuestaria", así como los criterios que se han tenido en cuenta para el establecimiento de la prioridad del personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición tras un proceso selectivo.
   En los despidos colectivos por causas económicas, las administraciones públicas deberán acreditar que existe la mencionada situación de insuficiencia presupuestaria, los presupuestos de los dos últimos ejercicios y, en su caso, las modificaciones de los créditos presupuestarios, la plantilla del personal laboral, el plan de ordenación de recursos humanos (si éste se ha tramitado), y una certificación del responsable de la oficina presupuestaria u órgano contable donde conste que concurre la citada insuficiencia presupuestaria.
   Además de a los representantes de los trabajadores, el organismo promotor del despido tendrá que enviar una copia de la comunicación de apertura del procedimiento a la autoridad laboral. También tendrá que informar al Ministerio de Hacienda o a la autoridad autonómica equivalente en el caso de que el despido afecte, respectivamente, al personal laboral de la Administración General del Estado o a las comunidades autónomas, quienes podrán acordar la aplicación de la prioridad antes mencionada, con carácter vinculante, y emitir informe sobre el procedimiento.
   El periodo de consultas con los representantes de los trabajadores en los ERE del sector público se regirá por normas similares a las fijadas para los procedimientos iniciados por empresas privadas: al menos dos reuniones en empresas de menos de 50 trabajadores y al menos tres en empresas de 50 o más trabajadores. En el primer caso, el periodo de consultas no podrá superar los 15 días naturales y en el segundo no podrá sobrepasar los 30 días.
   No obstante, el periodo de consultas podrá darse por finalizado cuando las partes alcancen un acuerdo o cuando no se vean capaces de alcanzarlo, lo que deberán comunicar expresamente a la autoridad laboral.
   Las empresas públicas (también las privadas) que pretendan un despido colectivo de más de 50 trabajadores deberán incluir en la documentación inicial un plan de recolocación externa para los afectados por el ERE. En el caso del sector público, dicho plan será elaborado por el servicio público de empleo y en el caso de las empresas privadas, por empresas de recolocación autorizadas.
   Al finalizar el periodo de consultas, se informará del resultado a la autoridad laboral competente, al Ministerio de Hacienda (en el caso de que el despido afecte a la Administración General del Estado) o a la Dirección General competente (en el caso de comunidades autónomas).

lunes, 29 de octubre de 2012

Valenciaport alcanza un tráfico de 48,78 millones de toneladas hasta septiembre, un 1,07% menos


VALENCIA.-  Valenciaport ha alcanzado los 48,78 millones de toneladas en el 
acumulado hasta septiembre, según las cifras publicadas en el boletín estadístico de la Autoridad Portuaria de Valencia, lo que representa un descenso del 1,03 por ciento. Por el contrario, el tráfico de contenedores mantiene registros positivos al aumentar un 2,17 por ciento hasta los 3.308.855 TEUs.

   Según ha destacado la APV en un comunicado, del análisis del indicador de las mercancías containerizadas se desprende que ene ste periodo las importaciones han descendido un 16,03 por ciento por la caída del consumo interno, mientras que las exportaciones crecen un 21,47 por ciento.
   El tráfico de import-export, que avanza un 7,82 por ciento, unido al que aporta el tránsito internacional (con una caída del 2,63 por ciento), "consolida la masa crítica necesaria para mantener la atracción de las líneas transoceánicas de navegación", según la APV.
   El crecimiento del tráfico de contenedores de Valenciaport (actualmente quinto puerto de Europa) se sitúa en la media del incremento experimentado en los principales puertos del continente. En el primer semestre del año, Valenciaport superó los 2,16 millones de TEU, con un incremento del 2,80 por ciento respecto al ejercicio anterior.
   La mercancía general containerizada alcanzó los 38,68 millones de toneladas, lo que supone un crecimiento del 1,85 por ciento. Entre las mercancías más importantes destacan los materiales de construcción elaborados, con un movimiento de 6,79 millones de toneladas y un avance del 9,93 por ciento. Le siguen los productos químicos, con un 17,09 por ciento más y un tráfico de 4,65 millones de toneladas, y maquinaria, herramientas y repuestos, con 1,85 millones de toneladas y un aumento del 11,32 por ciento.
   La mercancia general no containerizada experimenta un descenso del 4,88 por ciento con 5,56 millones de toneladas, como consecuencia de la influencia del tráfico ro-ro que, con un movimiento de 1,7 millones de toneladas, disminuye un 6,83 por ciento y de los productos siderúrgicos que, con un tráfico de 1,44 millones de toneladas, retroceden un 4,19 por ciento.
   Por su parte, el tráfico de automóviles y sus piezas se mantiene estable con un movimiento de 503.000 toneladas. En cuanto al tráfico de vehículos, Valenciaport ha manipulado un total de 287.994 unidades, lo que supone un retroceso del 7,46 por ciento.
   Los graneles líquidos decrecen un 21,33 por ciento, con un tráfico  total de 2,7 millones de toneladas. La mercancía más significativa en este apartado es el gas natural, con 1,44 millones de toneladas y un descenso del 35,12 por ciento. En contraposición, el gasoil, con un tráfico de 367.000 toneladas aumenta un 4,86 por ciento, y el fuel oil, con 308.000 toneladas, incrementa su tráfico en un 86,67 por ciento.
   Los graneles sólidos descienden un 16,40 por ciento con un movimiento total de 1,52 millones de toneladas. Los abonos naturales y articiales registran un total de 341.000 toneladas (un 0,87 por ciento) mientras que el tráfico de cemento y clinker alcanza las 313.000 toneladas (, con un descenso del 31,96 por ciento). Por el contrario, los cereales y sus harinas aumentan un 14,90 por ciento con 532.000 toneladas.
   Respecto al tráfico de cruceros, en el acumulado hasta el mes de septiembre se ha registrado un aumento del 23,79 por ciento con respecto al año anterior, con la llegada de 358.059 turistas. Por el contrario, el tráfico de línea regular ha sufrido un descenso de 18,61 por ciento con 233.945 pasajeros. En total, hasta septiembre, 592.004 personas han utilizado el recinto del Grao para sus desplazamientos marítimos, un 2,66 por ciento más que el año anterior.
   Los cinco países que mayor volumen de mercancías han canalizado a través de Valenciaport han sido China, con 5,71 millones de toneladas (un 6,04 por ciento menos); el comercio con España, con 4,73 millones de toneladas (-1,94 por ciento); Italia, con 3,61 millones de toneladas y un crecimiento del 9,83 por ciento; Argelia, con 3,28 millones de toneladas y un crecimiento del 31,85 por ciento y Estados Unidos, con 2,49 millones de toneladas y un descenso del 2,42 por ciento.
   Por áreas geográficas destaca el área del Mediterráneo y Mar Negro con un total de 12,98 millones de toneladas y un aumento del 7,99 por ciento, el Lejano Oriente con un tráfico de 7,74 millones de toneladas (-6,98 por ciento) y España, con un movimiento de 4,73 millones de toneladas (-1,94 por ciento).

Fabra afirma sentirse "agraviado" después de que se hayan rechazado las enmiendas al PGE por 144 millones de euros

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha reconocido sentirse "agraviado" después de que el Congreso haya rechazado las enmiendas de los 'populares' valencianos por 144 millones de euros a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2013.

   Fabra ha realizado estas manifestaciones tras inaugurar las jornadas culturales y de convivencia de la Federación de Asociaciones Gitanas de la Comunitat Valenciana (FAGA) en Valencia. El presidente ha indicado que entiende la situación del Gobierno "en cuanto a las dificultades económicas".
   El jefe del Consell ha explicado que estas dificultades se deben a la "herencia" que les dejó el PSOE. Por este motivo, estos presupuestos "no puedan ser ni expansivos, ni puedan cubrir todas las necesidades" de las comunidades autónomas, pero la Comunitat "se siente agraviada en cuanto a que no han respondido, al igual que en otras comunidades, a las necesidades que se podían tener".
   Fabra ha reconocido que estos presupuestos "no mejoran la situación" de la Comunitat Valenciana y ha anunciado que el Consell "seguirá trabajando con los distintos ministerios para ir resolviendo. a lo largo del año. esas carencias que creemos que tienen los presupuestos".
   El presidente cree que la clave es "seguir trabajando, esforzándose y llevar el mensaje y la reivindicación al Gobierno" para que durante el año "se sigan corrigiendo estas situaciones y puedan verse muchas de las cuestiones que estamos reclamando". Además ha destacado que desde la Generalitat se seguirá "en permanente contacto" con los distintos ministerios y la vicepresidencia para "reclamar aquello que consideramos justo para los valencianos".
   Fabra ha sido preguntado por su ha mantenido alguna conversación con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, después de que se hayan rechazado las enmienda. "He hablado con vicepresidencia y ministros, pero no con Rajoy", ha indicado. Al mismo tiempo ha adelantado que "se trabajará desde la compresión económica que tiene el país, pero también desde las necesidades que se tienen en la Comunitat para seguir generando confianza, posibilidades y oportunidades a nuestro pueblo".
   El presidente de la Generalitat ha instado al Consell a "trabajar con honestidad" y por eso se anunciaron enmiendas por valor de 144 millones de euros porque que "lo que tenemos que defender lo tenemos que decir". "Pretendíamos que se reflejara en los Presupuestos y además con mucho sentido común en aquellas cuestiones que se tenían que reflejar", ha añadido.
   Sin embargo, por parte del Gobierno ha habido un acuerdo de no modificarlo ante las dificultades del momento, pero hay que "seguir trabajando y reclamando ese dinero para corregir situaciones en las que creemos que nos tratan de forma injusta" a la Comunidad Valenciana. "Lo haremos todos los días y a todos los ministerios", ha agregado.
   Fabra considera que el camino para reclamar es "mantener los cauces establecidos para luchar por lo que se considere ante los ministerios".
 "Hay que decirlo y luego trabajar para que esos cambios se produzcan a lo largo del año", ha finalizado.

Ximo Puig afirma que el rechazo a las enmiendas a los PGE muestra la "absoluta incapacidad" y "nula influencia" de Fabra

VALENCIA.- El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha manifestado este lunes que el rechazo en el Congreso de las enmiendas los 'populares' valencianos por 144 millones de euros a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2013, demuestra la "absoluta incapacidad" del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y su "nula influencia" en el PP y el Gobierno de Mariano Rajoy, ya que "no solo no ha incorporado ninguna enmienda para aumentar las inversiones en la Comunitat, sino que incluso ha presentado propuestas que nos quitan dinero". 

   Puig, que ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa tras reunirse con el secretariado de la Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE, ha lamentado que los dirigentes populares "incluso se han atrevido a quitar más inversiones de un presupuesto ya ridículo". "El PP de Fabra nos ha arruinado y el de Rajoy está intentando dejar caer a la Comunitat de una manera definitiva".
   En este sentido, ha llamado la atención sobre una enmienda para la A-33 a su paso por Murcia, en el tramo Jumilla-Yecla, "que se refuerza mediante lo que se quita de la N-334, a su paso por Peñíscola-Benicarló-Vinarós, ya que, ésta pierde 4 millones de euros para 2014 y 10 para 2015", ha alertado.
   Ante esta situación, ha anunciado que el PSPV se dirigirá a todos los diputados y senadores del PP para que apoyen las enmiendas socialistas que buscan "mejorar las inversiones para la Comunitat". En concreto quiere aumentar el apoyo a infraestructuras como el Corredor Mediterráneo, dar impulso a la reindustrialización de la región, la regeneración de las costas e iniciativas culturales.
   En su momento, los socialistas valencianos "apoyamos" las enmiendas del PPCV, "ahora les pedimos que hagan los mismo "si quieren defender los intereses de la Comunitat", ha instado Puig.
   Para el dirigente socialista, el Gobierno de Fabra es "el gobierno del despropósito". Tanto "la sociedad civil valenciana como los partidos políticos hemos coincidido en denunciar que son los peores presupuestos de la historia para nuestra Comunitat" y sin embargo, "lo único que se evidencia es que los presupuestos que está preparando (el ministro de Hacienda, Cristóbal) Montoro serán aún peores que los del Estado".
   Además, se espera el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) "como si fuera el Gordo de Navidad", cuando la realidad, "supondrá una hipoteca de casi 1000 millones de intereses" a partir del segundo año. Así, tras dos años de carencia, a partir de 2015 la Comunitat tendrá que pagar cerca de mil millones en intereses.
   A preguntas de los medios de comunicación, el líder de los socialistas valencianos se ha referido también a las declaraciones del secretario general del PPCV, Serafín Castellano, que este mismo lunes ha asegurado que "hay otras vías alternativas que no pasan por presentar enmiendas a los presupuestos". Al respecto, Puig ha señalado que espera que Castellano "crea en el sistema. Las vías de conseguir cambiar los presupuestos son a través de las enmiendas y la vía legislativa, no hay otro camino".
   A su juicio, si Fabra "tuviera vergüenza hubiera comparecido ante los ciudadanos y se hubiera rebelado ante la situación con la que ha dejado Rajoy a la Comunitat". Por ello, ha lamentado el "desnorte absoluto del PP" y ha advertido de que "no pueden plantear estos mensajes que lo único que hacen es debilitar el funcionamiento de las instituciones".

EUPV cree que Fabra ha sido "ninguneado" por Rajoy en los PGE y le insta a que los diputados del PP voten en contra

VALENCIA.- El portavoz adjunto de EUPV en las Corts Valencianes, Ignacio Blanco, considera que el jefe del Consell, Alberto Fabra, ha sido "ninguneado, chuleado y desautorizado" por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en relación con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013. 

   En este sentido, Blanco ha indicado que "si de verdad" Fabra "tuviera coherencia, haría lo mismo que hicieron con Zapatero: plantear en las Cortes una propuesta de reprobación y ordenar a los diputados valencianos que voten en contra de los Presupuestos del PP en el Congreso".
   Al respecto, ha advertido de que si el presidente de la Generalitat no hace esto, "es que no tiene ya credibilidad y, simplemente, llora para quedar bien ante los valencianos y valencianas, cuando lo que tendría que hacer es presentar su dimisión", ha manifestado en un comunicado.
   El diputado de EUPV ha tildado de "ridículas" las palabras de Fabra en las que afirma sentirse "agraviado" porque Rajoy no acepte las enmiendas presentadas por los diputados del PP a los Presupuestos.
   "Tenemos que recordarle al señor Fabra que el agravio no es para él, sino para todos los valencianos y valencianas, que vamos a sufrir una vez más una inversión de los Presupuestos Generales del Estado muy por abajo de la media del Estado", ha denunciado Ignacio Blanco.

Rubalcaba reconoce que el PSOE ha "descuidado" la Comunitat Valenciana

MADRID.- El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reconocido que el PSOE debe trabajar para recuperar su marca en algunos sitios, especialmente en Madrid y la Comunidad Valenciana, una comunidad que cree que el PSOE -"el de aquí, el de Madrid, no el valenciano"- ha "descuidado".

   En su opinión, para un partido que aspira a gobernar en España es preocupante tener resultados muy malos en algunos territorios, pero ha advertido que tanto o más "dramático" es lo que le pasa al PP en Cataluña y el País Vasco: "Para un país que tiene dificultades territoriales, que la derecha tenga malos resultados en Cataluña y el País Vasco no es buena cosa, algo le falta a la derecha española para entender lo que es España".

Unos 73.000 empleados del textil engrosan las listas del paro desde 2002, tras cerrar 7.000 empresas

MADRID.-   Unos 73.000 trabajadores del sector textil engrosaron las listas del paro desde 2002, tras el cierre de casi 7.000 empresas, cerca de la mitad de las contabilizadas ese año, cuando se registró el máximo de compañías dedicadas a este negocio, con un total de 16.185, según un estudio de EAE Business School. 

   La competencia internacional y en concreto los productos textiles más económicos procedentes de Asia y China ha generado el cierre de empresas entre 2002 y 2011 y como consecuencia el desempleo, con la mayoría de los afectados en las comunidades autónomas de Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y Andalucía.
   En concreto, entre 2002 y 2007 cerraron 3.400 empresa de confección textil, el 21% del total, una situación que se pronunció entre 2007 y 2011, periodo en el que echaron el cierre cerca de 3.700 compañías.
   Las comunidades autónomas que más han visto reducido su volumen de empresas de confección textil entre 2002 y 2007 fueron Extremadura (36%), Aragón (35%), Navarra (35%) y La Rioja (31%), mientras que entre 2007 y 2011 aquellos que registraron mayor cantidad de cierre de empresas son Navarra (42%), Castilla-La Mancha (35%), Extremadura (34%) y Cataluña (33%).
   El gasto medio por habitante se ha reducido en un 22 por ciento entre 2007 y 2011, al pasar de 564,4 euros a 440 euros el pasado año, según revela el informe.
   La mayor reducción del gasto medio por habitante lo presentan las comunidades de Murcia, Castilla y León, y La Rioja, con disminuciones de 40,5%, 34,6% y 34,0% respectivamente. Aquellas comunidades autónomas que evidencian menores reducciones en su gasto medio por habitante son Extremadura y Canarias, con disminuciones del 8% y 9,2% respectivamente.
   País Vasco, Navarra y Cantabria son las que más gastaron en prendas de vestir en 2011, con 573,2 euros, 540 euros y 532 euros por habitante respectivamente. En el lado contrario figuran Murcia, Canarias e Islas Baleares, con 334,3 euros, 377,8 euros y 378,7 euros por habitante respectivamente.
   Respecto a la evolución del gasto textil en España hasta 2016, se espera, según el informe, que el consumo textil en España siga bajando hasta 2013 inclusive, y que a partir de ahí comience una recuperación en el nivel de gasto familiar que no será representativa antes de 2015.
   Así, se prevé que entre 2011 y 2016 el gasto global en prendas de vestir crezca un 10,8%, pasando de 20.308 millones de euros en 2011 a 22.509 millones de euros en 2016, al tiempo que el gasto medio por habitante crecerá un 8,5% entre 2011 y 2016, pasando de 440 euros a 477,6 euros.
   El gasto total en prendas de vestir por regiones en 2016 mantiene la misma concentración observada en 2011. Cinco comunidades concentrarán el 66% del gasto español: Andalucía (18,4%), Cataluña (16,7%), Madrid (14,5%), Comunidad Valenciana (10,2%) y Galicia (6,4%).
   Las comunidades autónomas para las cuales se espera que haya mayor crecimiento entre 2011 y 2016 son Murcia (36,5%), Castilla y León (20,2%) y Asturias (19,9%), mientras que aquellas que presentarán mayores reducciones serán Canarias (5,5%), País Vasco (3,5%) y las Islas Baleares (3,2%).

domingo, 28 de octubre de 2012

El PP seguirá permitiendo sueldos públicos desproporcionados en las diputaciones

MADRID.- La décimo novena Unión Intermunicipal que ha celebrado esta semana el Partido Popular ha servido para dejar claro lo que ya sabíamos. A saber, Mariano Rajoy y su equipo interpretan la reforma de la Administración Pública Local reforzando aquellas instituciones donde su presencia es mayoritaria.
En tanto que el PSOE y UPyD abogan por suprimir las diputaciones provinciales, los conservadores pretenden reforzar el ámbito competencial de una figura creada tras las invasiones napoleónicas. Esto implica más presencia en los órganos de poder, más influencia, más sueldos públicos para sus cargos electos, más subvenciones para los grupos populares, más asesores y cargos de confianza y más control sobre los presupuestos públicos, en este caso, sobre los planes provinciales, médula del gasto de las diputaciones. Además, no podemos olvidar que cada cargo aporta un porcentaje de su sueldo al PP, cifra que desconocemos pese a haber solicitado el dato a varios diputados, alcaldes y concejales.
El camino emprendido por el Gobierno seguirá permitiendo que muchos presidentes de diputaciones y otros cargos o asesores de las mismas perciban unos sueldos públicos totalmente desproporcionados con el resto de retribuciones de cargos públicos. Sin ir más lejos, el presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve cobra 14 pagas de 8.265 euros brutos, además de las dietas que percibe del Ayuntamiento de Martorell. El viernes, el director de Sueldos Públicos presentó un escrito por registro de entrada para solicitando los criterios utilizados para fijar unos sueldos que entendemos, a todas luces, fuera de lugar. No se entiende, por ejemplo que el jefe de Prensa, cargo de confianza, nombrado 'a dedo' cobre más de 70.000 euros brutos, cifra que supera lo que cobra un ministro. El presidente de la Diputación de Almería, el de Valencia o Zaragoza también son ejemplos de cargos que cobran más que Gallardón, Arias Cañete o De Guindos.
Los diputados provinciales no los eligen directamente los ciudadanos con su voto. Su elección es indirecta ya que son los propios concejales y alcaldes que han obtenido el respaldo de los votantes los que tienen la última palabra. Es decir, son los compañeros de partido los que deciden quién es diputado provincial.

Más competencias

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta afirmó en la Intermunicipal que "se persigue un modelo territorial que valore el papel del municipalismo y garantice una prestación adecuada de servicios". "Hay que potenciar el papel de las diputaciones", ha subrayado.
Tras realizar un repaso al papel histórico de las diputaciones en nuestro país, Beteta insistió en que se necesita un modelo "que fortalezca el ámbito competencial, apoyo y complemento de los municipios, respetando las peculiaridades establecidas por las Comunidades Autónomas con competencias en materia de régimen local".
Asimismo, el secretario de Estado señaló que nuestro país necesita "un modelo en el que las diputaciones aglutinen competencias y servicios a prestar en el territorio de forma subsidiaria cuando los procesos de evaluación de los estándares de calidad que se fijen o las ineficiencias así lo determinen".
  "Las diputaciones deberán asumir su nuevo carácter organizativo, técnico y cultural para desarrollar funciones prestadoras de servicios directos, lo que exigirá una capacidad de control y una cultura de gestión muy determinada para no perder los valores del servicio público", sostiene.
Una supuesta supresión de las diputaciones debería venir acompañada de una fusión de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Actualmente, en España hay 8.116 municipios.
El trabajo de las diputaciones es fundamental, pero ¿lo es es de sus cargos públicos?

Las EOI de la Comunitat cuentan con más de 2.800 plazas libres para este curso

VALENCIA.-   Las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de la Comunitat Valenciana cuentan con un total de 2.831 plazas libres en los diferentes idiomas que se ofrecen en los 44 centros oficiales, del total de 74.109 plazas ofertadas para el presente curso académico, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

   Así, de este total de plazas ofertadas, un 3,8 por ciento están todavía sin cubrir y a la espera de nuevos procesos de matriculación durante estas semanas. Alrededor de 200 plazas libres corresponden al primer curso de nivel básico, de las que 61 son de valenciano, 34 de alemán, 30 de francés y 23 de inglés, los cuatro idiomas que suman más vacantes en los centros de la Comunitat Valenciana.
   Para el resto de niveles, que acumulan más de 2.500 vacantes, es necesario superar una prueba de nivel o estar en posesión del título necesario para acceder a ellos. La EOI que con más plazas cuenta es la de Alicante, con 685 vacantes entre todos los idiomas (inglés, alemán, francés, árabe, español, griego, italiano, portugués, ruso, valenciano y chino).
   Por su parte, la EOI de Valencia suma 347 vacantes en esos mismos idiomas excepto en inglés y en griego, mientras que los centros de Castellón cuentan con más de 150 plazas libres. En Utiel y los aularios de Chiva y Requena hay un total de 327 vacantes, mientras que la EOI de Torrevieja suma 306 plazas libres entre su centro y el aulario de Almoradí.
   La consellera de Educación, Formación y Empleo, María José Català, ha resaltado el incremento de la oferta de plazas realizado este año, con la creación de 12.539 nuevas plazas (6.468 plazas en el nivel básico, 4.296 plazas en el intermedio y 1.775 plazas en el avanzado), un 22 por ciento más que en el último curso, en el cual se matricularon 60.786 alumnos.
   "Hemos aumentado el número de plazas para estudiar idiomas en las EOI y seguiremos aumentándolo en los próximos cursos, en una apuesta por los idiomas como una salida profesional", ha apuntado Català.
   El número de plazas se ha incrementado en un 74,5 por ciento con respecto al curso 2007-08 y prácticamente se ha triplicado desde el año 1995, cuando el número de estudiantes era de 26.787.
   Para este curso las plazas que se ofertan alcanzan un total de 74.109 puestos para toda la Comunitat, de los cuales 34.651 serán en inglés (5.896 son nuevas plazas), 8.482 en alemán, 1.289 en árabe, 1.288 en chino, 2.584 en castellano para extranjeros, 12.100 en francés, 156 en griego, 4.438 en italiano, 983 en portugués, 816 en ruso, 3.018 en That's English y 4.304 en valenciano.
   En las EOI de la región 670 plazas vacantes de los idiomas inglés y francés para el curso 2012-2013, de las que 520 corresponden a francés y 238 a inglés. La EOI con mayor número de vacantes en ambos idiomas es la de Utiel, junto con sus aularios de Chiva y Requena, que suma 132 plazas en francés entre todos los niveles y otras 55 en inglés en nivel básico, segundo de intermedio y segundo de avanzado.
   En la provincia de Alicante, la EOI con más vacantes en estos dos idiomas es la de Torrevieja, que entre el propio centro y el aulario de Almoradí suma otras 132 plazas sin cubrir en estos dos idiomas. En francés cuenta con 64 plazas entre nivel básico y nivel intermedio, mientras que en inglés suma 68 entre ambos niveles.
   El resto de EOI y aularios suman en francés 329 plazas libres: en Quart de Poblet hay 79; en Alcoi, 65; en Elda, 64; en Valencia, 37; en Castellón, 31; en Dénia 31 y en Alicante 22. Además, Gandia y Xàtiva cuentan con algunas vacantes en este idioma. Por lo que respecta al inglés, Orihuela suma 40 vacantes, Castellón cuenta con 23, Elda tiene 17; Alicante, 16 y Crevillent, 10. Además, Llíria y Cullera cuentan con algunas plazas para estudiantes de este idioma.
   En el resto de idiomas quedan vacantes 784 plazas en valenciano, 462 en alemán, 187 en árabe, 165 en español, 158 en italiano, 147 en chino, 49 en portugués y 35 en griego.

sábado, 27 de octubre de 2012

El Gobierno aprueba el reglamento para despedir a empleados públicos

MADRID.- El sector público podrá recurrir a los Expedientes de Regulación de Empleo de forma similar a como lo hace el sector privado, según Libre Mercado. La medida no afectará a los funcionarios, que tienen su puesto asegurado por ley, pero sí al resto de empleados de las administraciones y de las empresas públicas, que tendrán un modelo disciplinario similar al del resto de los trabajadores.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. Las principales novedades, presentadas por Fátima Báñez en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete, son los cambios en los ERE de la función pública y el endurecimiento de las prejubilaciones para los mayores de 50 años.
La reforma laboral ya contempla la posibilidad de despedir empleados públicos, pero su plena aplicación está a la esperaba de desarrollo reglamentario. El borrador del proyecto se elaboró el pasado julio y clarifica las circunstancias en las que se podrá despedir empleados públicos no funcionarios.
Por un lado, las empresas propiedad del Estado, las autonomías o los ayuntamientos podrán despedir a sus empleados por causas económicas, al igual que hacen las compañías 100% privadas.
En el caso de las administraciones públicas, también se abre la puerta para que puedan aplicar despidos colectivos, aunque estos no afectarán a los funcionarios, sino al resto del personal laboral. El reglamento incluye "tres garantías reforzadas en relación al sector privado":
  • Será necesario un informe previo vinculante del órgano competente en materia de función pública. Intervendrá la Inspección de Trabajo cuando afecte al Estado o las autonomías.
  • Se refuerzan los requerimientos de documentación justificativa.
  • Cuando se trate de causas económicas, la documentación exigida también es más rigurosa, incluyendo los presupuestos del organismo en cuestión.
Además, también en materia de ERE el Gobierno ha anunciado un endurecimiento de las condiciones de los despidos colectivos para los mayores de 50 años. En realidad, con esta medida de lo que se trata es de limitar el uso de las prejubilaciones. Se trata de endurecer la llamada Enmienda Telefónica que puso en marcha el anterior Gobierno socialista y que se conoce así porque se puso en marcha después del último proceso de prejubilaciones puesto en marcha por la compañía de telecomunicaciones.
Quizás sea más sencillo explicar la situación con un ejemplo. Imaginemos que una empresa quería prejubilar a algunos sus trabajadores. Hasta ahora, lo que hacía era llegar a un pacto con estos empleados: primero se iban al paro dos años y cobraban de los servicios públicos de empleo. Por ejemplo, alguien de 55 años en el momento de la prejubilación cobraba dos años el paro y luego pasaba a recibir su paga de la empresa desde los 57 años hasta su jubilación. Normalmente el pacto era cobrar algo menos que su último sueldo (lo habitual era estar entre el 60 y el 80%) durante esos ocho años. Con este esquema, la empresa se ahorraba el pago del paro durante los dos primeros años tras la prejubilación.
Pues bien, con la nueva reforma, las empresas con más de 100 trabajadores que hayan tenido beneficios en los dos últimos años y que inicien o hayan iniciado desde el 27 de abril de 2011 despidos colectivos que incluyan a trabajadores de 50 años o más tendrán que pagar la prestación por desempleo de estos empleados. Este nuevo real decreto amplía la normativa que al respecto sacó adelante el Gobierno socialista en 2011, ya que entonces la obligación de pagar el desempleo de trabajadores de 50 años o mas se limitaba a las empresas de más de 500 trabajadores y siempre que el ERE afectara al menos a un centenar de empleados.
Por último, el Real Decreto que desarrolla este nuevo reglamento, incluye nuevas disposiciones que afectarán a todos los ERE, con el objetivo, según ha declarado la propia Fátima Báñez de "proteger a los trabajadores" ante este tipo de despidos colectivos:
  • Nuevo papel de la autoridad laboral: tendrá funciones de vigilancia y control de cómo se desarrolla el período de consultas. También ayudará a las partes implicadas en el procedimientos.
  • Regula las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a quien le corresponde la emisión de informe preceptivo.
  • Delimita "de modo más objetivo" las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.
  • Regula de manera detallada el período de consultas con los representantes de los trabajadores, con el objetivo de las partes lleguen a un acuerdo para tratar de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias.
  • Concreta toda la información que el empresario debe aportar a los representantes de los trabajadores.
  • Para los supuestos de despido colectivo que afecten a más de cincuenta trabajadores, se establece la obligación de elaborar un plan de recolocación externa.
  • En los procedimientos de extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada motivados por fuerza mayor, continúa exigiendo la constatación previa por parte de la autoridad laboral del suceso que motiva dicha fuerza mayor.

Un euro en descubierto en cuenta corriente puede costarle 35 al titular

MADRID.- La necesidad de captar liquidez por parte de los bancos debido a la bajada de su actividad crediticia ha hecho que estas entidades vean en las comisiones de las cuentas bancarias una fuente extra y continua de ingresos. Según el Banco de España (BdE), desde 2011 hasta ahora las comisiones de las cuentas bancarias han subido en España un 15,73%. Este aumento ha hecho que los bancos ingresaran por comisiones más de 9.000 millones de euros en el primer semestre de 2012. Una cantidad a la que las comisiones por descubierto aportan un elevado porcentaje. 

Según Fernando López, responsable de Asuntos Económicos de la confederación de consumidores Ceaccu, las comisiones por descubierto han subido en el último año más de un 20% y, por ello, recomienda a los usuarios de servicios bancarios que no se queden en números rojos, ya que “por un descubierto de un euro los bancos pueden cobrarte entre 15 y 35 euros debido a que tienen una comisión fija, independientemente del valor del descubierto”.

Entre las comisiones que más han subido en los dos últimos años, según el BdE, destacan las de mantenimiento de cuenta corriente, con un incremento del 21,78%, hasta alcanzar los 27,34 euros; la de mantenimiento de cuenta de ahorro, con una subida del 22,36%, y un coste de 26,70 euros, las cobradas por transferencias nacionales (+41,56%), que alcanzan los 4,53 euros, o las cuotas anuales de las tarjetas de débito (+11,66%), que suponen 20,02 euros y las de crédito (+8,99%), por las que el usuario paga unos 37,48 euros. A ellas se suman las comisiones por descubierto cuyo incremento medio ha sido del 20%, pero hay casos en que este ascenso ha llegado hasta el 40%, asegura Fernando López.


El motivo de estas comisiones “desproporcionadas”, según él, es que los bancos tienen unas comisiones fijas, mínimas y máximas, que aplican a los descubiertos independientemente del valor al que asciendan estos. Por ello, “un descubierto de uno o dos euros puede costar al usuario entre 15 y 35 euros, a lo que hay que añadir el interés que te cobra el banco por prestarte ese dinero”, afirma Fernando López.


Estos datos reflejan que en el mercado bancario actual un descubierto en cuenta puede resultar un descuido “muy costoso” para el ciudadano, y el comparador de productos bancarios Helpmycash ofrece un ejemplo: una persona con la cuenta a cero que reciba una factura de la luz por valor de 100 euros, si ésta es abonada por su banco, el usuario le tendrá que pagar los 100 euros más 50,8 euros en gastos y comisiones de descubierto, ya que le aplicarían tres conceptos: unos 35 euros por gastos de reclamación por posiciones deudoras; la comisión por descubierto que, aunque en la mayoría de los bancos es del 4,5%, se establece un mínimo a pagar de 15 euros, y, por último, el interés de demora que responde al ‘préstamo’ que le ha hecho el banco mientras dura el descubierto y que ronda el 29% TAE.


Al aumento de las comisiones ha contribuido de manera directa la entrada en vigor en abril de este año de la Orden de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, según la cual “las comisiones percibidas por servicios prestados por las entidades de crédito serán las que se fijen libremente entre dichas entidades y los clientes”. Las asociaciones de consumidores aseguran que esta norma, “a pesar de su nombre, no aboga precisamente por la protección del cliente”.


Ahora el Banco de España no pone ningún límite a los bancos en relación a sus comisiones. Lo único que les exige es publicar las comisiones que suelen aplicar con mayor frecuencia, es decir, ni todas ni las máximas, por lo que “muchos bancos juegan con la legalidad y con el desconocimiento de los usuarios”, afirma Fernando López. Para evitarlo, considera que el BdE “debe de establecer un tope máximo en el precio de las comisiones para evitar desequilibrios que perjudican al consumidor”.


Aunque las comisiones bancarias “exprimen” los presupuestos de muchos ciudadanos, la mayor parte desconocen lo que pagan por ellas. Las más desconocidas son, según las asociaciones de consumidores, la emisión de cheques bancarios, por las que llegan a cobrar 18 euros, la solicitud de talonarios de cheques que hay entidades que cobran 2 euros por cheque (20 euros el talonario de 10), la reposición de tarjetas por la que cobran 3 euros o ingreso de dinero en efectivo por no titulares que pueden ir de 1,5 euros a 2.


Negociar o pagar


Para evitar el pago de las comisiones bancarias que, como ya adelantó ARNdigital en junio (http://arndigital.com/articulo.php?idarticulo=2561), al usuario pueden costarle entre 350 y 567 euros al año, el afectado puede emprender una serie de iniciativas. Antonio Acosta, letrado de los Servicios Jurídicos de la Asociación de Consumidores Ausbanc, recomienda negociar con el banco. “Todo se puede negociar con la entidad. Si soy un cliente importante de ese banco puedo amenazarles con irme a otro si me siguen cobrando comisiones”. 

También aconseja negociar con la entidad una tarifa plana, es decir, pagar una única comisión por un solo concepto, “por ejemplo, pagar seis euros al mes y así me dejan de cobrar el resto de comisiones que puedan aplicarme”. Por último, propone al usuario acudir a entidades que tienen vinculadas el coste cero de comisiones a la fidelización del cliente. “Si tienes contratado con ese banco un seguro, un fondo de pensiones o tienes domiciliada en él la nómina o la pensión es más fácil que te quiten las comisiones”.

Siempre que se llegue a un acuerdo con la entidad debe reflejarse por escrito, recomienda Antonio Acosta. “No debe limitarse a un acuerdo verbal sino que quede reflejado en un documento, ya que hay bancos que dicen que no cobrarán comisiones y después sí cobran la comisión por descubierto. Hay que dejar claro si esta comisión está incluida o no en el acuerdo”. Además, asegura que cuando un banco decide no cobrar comisiones lo hace voluntariamente, como una atención comercial, pero “dentro de un tiempo, por necesidades de la entidad, puede volver a cobrarla, por ello es importante que cuando se llegue a un acuerdo todo tiene que quedar especificado por escrito”.


Pagan los que menos tienen


Pero no todos los clientes de los bancos pueden ahorrarse las comisiones. “Depende de qué tipo de cliente seas y del número de ceros de tus cuentas”, asegura Fernando López. “El comportamiento de los bancos no es igual con todos sus usuarios, hay una discriminación absoluta que depende de los beneficios que generes a tu entidad. A menor poder adquisitivo menor margen de negociación del cliente y más comisiones tiene que pagar. Cuanto menos dinero tengas más comisiones te cobrará el banco”.


El ascenso continúa


Tras los últimos datos del Banco de España sobre la subida de las comisiones –un 15,73% en los últimos dos años–, todo parece indicar que su ascenso no ha tocado techo y más si se tiene en cuenta la caída de los márgenes de las entidades bancarias y su necesidad de dinero efectivo. A ello hay que añadir los elevados ingresos que obtienen los bancos por este concepto, más de 9.000 millones de euros en el primer semestre de 2012.


Según Antonio Acosta, “la situación por la que atraviesan determinadas entidades financieras les lleva a maximizar hasta el extremo la obtención de liquidez y la subida de las comisiones es una de las maneras de conseguirla, como lo demuestra que antes de la crisis los bancos llegaban a autofinanciar sus gastos corrientes con las comisiones que cobraban a sus clientes”.

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