VALENCIA.- El magistrado José Ceres, que instruye en el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el
conocido como 'caso Gürtel', ha vuelto a citar a declarar, en calidad de
imputada, a la gerente del PPCV, Cristina Ibáñez, por la supuesta
financiación irregular del partido. Tendrá que acudir de nuevo al
tribunal valenciano el próximo 12 de diciembre, a las 10.00 horas.
Así consta en el calendario de declaraciones previsto para este
mes de noviembre y diciembre, en el que también se cita, entre otros, a
tres empresarios: el presidente del grupo PIAF, Antonio Pons; el
empresario Tomás Martínez Berna; y el delegado en Valencia de Enrique Ortiz e Hijos, José Bevía.
Este último ya prestó declaración en el tribunal pero en calidad de
testigo. Esta vez --mañana, día 27-- lo hará como imputado.
En total, hay previstas para los días 27 y 28 de noviembre, y 11 y
12 de diciembre, 15 citaciones, cuatro de ellas en calidad de imputados
--Ibáñez, Pons, Bevía y Martínez Berna--. El resto son testigos
propuestos, en su mayoría, por el ministerio fiscal.
En concreto, para este martes, día 27, está citado José Bevía,
a las 12.00 horas; y previamente acudirán al tribunal valenciano otros
dos testigos. Bevía ya prestó declaración en el TSJCV el pasado 24 de
septiembre en calidad de testigo, por los contratos de promoción
firmados entre la empresa Enrique Ortiz y Orange Market. Al
respecto, el responsable de la mercantil declaró ante el juez que un
trabajador suyo --José Bevía-- era el encargado de negociar estos
asuntos.
Para el miércoles, día 28, está previsto que declaren tres testigos más y, en calidad de imputado, el empresario Tomás Martínez Berna,
quien tendrá que acudir a las 11.30 horas. Este empresario ya fue
citado anteriormente, pero su declaración tuvo que suspenderse y tendrá
que ser interrogado mañana.
Asimismo, el día 11 de diciembre declararán otros seis testigos; y
el día 12 dos imputados: Cristina Ibáñez y Antonio Pons. Este último
también había sido citado el mismo día que Tomás Martínez Berna, pero su interrogatorio también tuvo que suspenderse y se ha fijado para el día 12.
Respecto a Cristina Ibáñez, imputada por un presunto delito
electoral en las elecciones autonómicas 2007, declaró ante el
magistrado, en su primera citación, que autorizó varios pagos durante la
campaña del partido, y resaltó que todos ellos estuvieron ajustados a
la ley.
Con todas estas declaraciones, el juez trata de aclarar si
determinadas empresas pagaban actos electorales del PP en la Comunitat.
Las firmas supuestamente ingresaban el dinero a Orange Market, que era
la que organizaba los actos electorales al PPCV, y la firma del
empresario imputado Francisco Correa, emitía facturas falsas por
servicios no prestados.
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